¡Viva el triunfo de los
mineros y el pueblo de Río Turbio
“El 11 de mayo, la asamblea
general de los mineros de Río Turbio aprobó por aclamación y dio mandato a
la dirección del sindicato minero para que firme el acta de acuerdo con la
patronal menemista de Y.C.R.T. S.A. En dicha acta, la empresa se
rinde ante la movilización y organización popular de la cuenca carbonífera.
Las negociaciones se habían iniciado el jueves 10 en un Hotel a
pocos kilómetros de los dos pueblos de la cuenca (28 de Noviembre y Río Turbio)
en donde grupos de obreros y, en general, todo el pueblo se encontraba
pendiente de las negociaciones especialmente los sectores nucleados en torno al
conflicto minero en la Coordinadora Obrero-Estudiantil.
En
la reunión participaron el representante de la empresa, la Comisión
Directiva de ATE Río Turbio, un representante de ATE Nacional radicado en Río
Gallegos, representantes de los trabajadores contratados de las empresas
tercerizadas, intendentes, diputados provinciales y concejales, el representante
de la Subsecretaría de Trabajo y de la Dirección de Trabajo de Río Turbio.
Estas
conversaciones culminaron con un cuarto intermedio hasta la mañana del día
11, momento en que los trabajadores realizaran una primera evaluación del
borrador delActa de acuerdo. Se realizaron observaciones para que sean
incorporadas al Acta definitiva.
En
la tarde del 11, luego de que el representante de la empresa aceptara
incorporar la mayoría de las modificaciones planteadas, la Asamblea
General aprobó por aclamación los términos de la misma y dio mandato a la
Comisión Directiva para firmarla.
En
el camino quedaban maniobras e intentos de la patronal por quebrar la huelga
enviando cerca de 60 cartas de intimación a trabajar bajo amenaza de
despido, enviando un representante sin atribuciones ejecutivas y a un
miembro de la FATLYF (Fed. Arg. de Trabajadores de Luz y Fuerza, socio patronal
en la concesión) que se presentó como mediador, y no pagando los
salarios de mayo.
En
el marco de las negociaciones los intendentes de los pueblos propusieron
realizar un aporte económico de los municipios para la continuidad laboral de
nueve contratados, lo cual fue rechazado por los mineros que plantearon
que la empresa debía hacerse cargo de esos gastos. En el acta se
detalla el reclamo de los mineros, de la cual resumimos sus puntos:
Deberán
quedar sin efecto las intimaciones a reintegrarse al trabajo de la totalidad
del personal tercerizado. Los cuatro despedidos debían ser
reincorporados sin la pérdida de la continuidad laboral ni
deducciones salariales ni modificación del régimen laboral y salarial. Los
contratados a los cuales se les vencían los contratos deben ser
recontratados. Antes del 30 de mayo y bajo condiciones establecidas por la
asamblea se escalonen los pagos de las deudas salariales reclamadas.
En el día de la fecha deben abonarse los sueldos de la totalidad del personal
por ser una medida extorsiva que no los hayan abonado. La empresa no debe
descontar los días de paro. Los contratados que trabajan por producción deben
recibir un salario mínimo estipulado (no menor a $ 600 promedio). "Los
esfuerzos para recuperar la producción perdida serán dentro de las jornadas
convencionadas y/o acordadas sin modificar los actuales regímenes
laborales".
El
representante de la empresa plantea que "…Acepta las correcciones
efectuadas por la A.T.E. en conformidad al petitorio de los puntos en
discusión”.
El triunfo de los mineros de Río
Turbio es un paso muy importante en el proceso de reconstrucción de una nueva
dirección obrera en la zona, que abre perspectivas más amplias hacia
el conjunto del país,…en la perspectiva planteada por la Lista Negra y la
Agrupación 3 de Abril, que se apoyan en una propuesta clasista y
anticapitalista, asentada en el método de la democracia directa de las
asambleas del conjunto de los trabajadores, y con la perspectiva de
conquistar una "sociedad de hombres libres" de la explotación
capitalista.
No dudamos de que el conjunto de
los trabajadores y pobladores de la cuenca manifiestan un sentido reconocimiento
a todos quienes manifestaron su solidaridad y mantuvieron su atención
puesta en el desarrollo de la lucha.
Río Turbio,
12 de Mayo de 2001”
(Comunicado de la Comisión Directiva Minera)
Tel./Fax:
02902-421318
www.portalrioturbio.com.ar
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El 9 de mayo el gobernador de
Córdoba, José Manuel de la Sota, anunció la concreción de la privatización del
sector de distribución y comercialización de la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (Epec).
La concesión será por 35 años,
los primeros 10 serían monopólicos ya que luego se desregularía el mercado, y
el monto total que se espera recaudar ronda los $ 1.000 millones, de los cuales
se cobrarían anticipadamente entre $ 600 y 700 millones, que podrán
efectivizarse, hasta un 60%, en certificados de cancelación de la deuda
financiera que el Estado provincial mantiene con diferentes bancos, entre ellos
el Río, el Galicia y el Francés.
Algunas de las empresas
interesadas son el Exxel Group en posible asociación con el grupo Roggio,
quienes ya tuvieron la concesión de las empresas de electricidad privatizadas
en Salta, San Luis y La Rioja; la española Endesa, con participación en Edesur
y recién retirada de Edenor; y Electricité de France con mayoría accionaria en
Edenor, entre otras.
Con un simple cálculo saltan a
la vista las dimensiones de este meganegocio: la facturación de Epec durante el
año 2000 fue de $ 327 millones, según lo cual en sólo unos pocos años el monto
pagado será amortizado y el resto serán puras ganancias para la empresa que se
adjudique la privatización. Además, el gobierno provincial autorizó que la
tarifa que paga el consumidor sea fijada en dólares y esté atada a la inflación
de Estados Unidos, muy superior a la nativa en la última década. Además negoció
una baja del 10% en el precio de la energía que una de las mayoristas le
suministra a Epec por contrato hasta el 2006.
Por otro lado, el Estado
provincial mantiene una deuda con su empresa por casi $ 30 millones por
facturas no abonadas, monedas que seguramente caerán en los bolsillos de la
empresa que gane la concesión.
Por último, como la provincia de
Santa Fe está en igual proceso de privatización de la Empresa Provincial de
Energía, De la Sota acordó con el gobernador Carlos Reuteman turnarse en el
llamado a licitación para que las empresas privadas puedan presentarse en ambas
como oferentes, sin perderse ninguno de los negocios.
Los argumentos para la
privatización son que la empresa brinda un servicio caro y precario por la
falta de inversión estatal dada la escasez de recursos, que pierde un 22% de lo
que genera o distribuye por deficiencias técnicas, que paga sobreprecios por la
energía que compra en contratos desventajosos a largo plazo, y que mantiene una
relación laboral atada a un convenio colectivo de trabajo inconveniente para su
rentabilidad.
La
resistencia
De la Sota le hará otra gauchada
al futuro concesionario: piensa entregar la empresa en agosto con un 25% (600
trabajadores) menos de personal.
Con esta perspectiva, y fruto de
la experiencia de las privatizaciones en el ámbito nacional, los trabajadores y
el sindicato de Luz y Fuerza preparan la resistencia. El mismo día que se
anunció la salida a la venta de los pliegos para la licitación, llevaron a cabo
un paro de 48 horas con asistencia a los lugares de trabajo, que terminó con
219 trabajadores detenidos por la policía. También organizaron movilizaciones,
acordaron el quite de colaboraciones y paros sorpresivos de 2 horas por turno.
El día del paro, media ciudad de Córdoba se quedó sin luz y durante el fin de
semana siguiente, 40 barrios alternativamente sufrieron cortes de energía.
Esta es la diferencia con el
proceso privatizador-entregador de la década menemista: la resistencia que ofrecen
los trabajadores a que Epec pase a manos privadas. Saben que, de concretarse,
lo que les espera es desocupación y miseria, como bien lo expresa Aerolíneas;
más despidos, aumento de tarifas y deterioro del servicio para el pueblo
cordobés (basta recordar el apagón de Edesur durante 10 días en la Capital
Federal en febrero del ’99); y grandes ganancias para los capitalistas.
Como
aspirina para moribundo
La concesión de la distribución
y comercialización de Epec es sólo el primer paso de una larga lista de
privatizaciones: la producción y transporte de energía, el Banco de Córdoba, el
cobro de impuestos y la Lotería, que espera desprenderse de 300 empleados. En
el Banco, entre retiros voluntarios y despidos, 1.500 trabajadores quedarían
desocupados. El principal interesado en hacerse cargo de su control es el lavadinero
Citibank.
Más allá de los argumentos
oficiales, esta andanada privatizadora busca sacar del constante rojo la
economía provincial, que dejó un déficit oficial de $ 116 millones en el 2000 aunque
la cifra real se calcula en bastante más dado que el pago a contratistas y
proveedores fue pateado para este año. La deuda financiera que posee el
Estado cordobés ronda los
$ 1.450 millones; el 40% pretende ser cancelado con la privatización de Epec.
Esta agonía en las cuentas, y la
bicicleta financiera a la que lleva, no es exclusiva de Córdoba sino que la
gran mayoría de las provincias se encuentra en igual o peor situación, producto
de la desaparición de las economías regionales, de la crisis capitalista en
general y del vaciamiento de las arcas provinciales que hicieron los diferentes
partidos.
La experiencia en el ámbito
nacional no permite engañarse: las privatizaciones no lograron sacar de la
crisis al Estado sino que la pospusieron en el tiempo. Los grandes beneficios
se los llevaron los capitalistas, y los políticos patronales recibieron una
retribución a cambio de concretar el “favor”.
Por todo esto saludamos la lucha
de los trabajadores cordobeses, con la certeza de que es el único camino para
la resistencia a la privatización, y creemos de vital importancia su extensión
a todo el pueblo de la provincia, en coordinación con los diferentes sindicatos
y organizaciones de trabajadores y estudiantes, en lucha por sus propias
reivindicaciones.
MOLOTe
A
Córdoba volvió la dictadura
El 11 de mayo pasado, 219
empleados de la planta de Villa Revol de Epec fueron detenidos, acusados de
sabotear la planta y provocar un corte de luz que dejó a más de 50.000 usuarios
de la ciudad de Córdoba sin energía. La metodología con que se llevaron a cabo
las detenciones es particularmente preocupante. El operativo recordaba los
tiempos de la última dictadura militar genocida. Por un lado, se los sacó de la
planta con un amplio operativo policial cuando cumplían un paro con asistencia
a los lugares de trabajo. Por el otro, el ministro de Obras Públicas
provincial, Carlos Caserio, argumentó como causa de la detención: “Los
activistas más reconocidos estaban en ese momento en Villa Revol. Entonces, nos
da que pensar que todo esto no puede ser casual“ (La Voz del Interior,
12/5/2001).
Con este método, José Manuel de
la Sota intenta desarticular la resistencia de los trabajadores a la
privatización de Epec. Lograr la derrota de los trabajadores es de vital
importancia para el gobierno para poder facilitar la entrega de la empresa al
futuro concesionario, sumándole el atractivo de una planta con menores costos
laborales (es decir, un plantel de personal reducido a su mínima expresión).
Tanto el paro como las
movilizaciones y asambleas forman parte de la lucha que están llevando adelante
los trabajadores y el Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad capital, en
oposición a la privatización de la empresa.
Luz y Fuerza Córdoba, denuncia
que hay sobre los trabajadores 150 órdenes de captura y 70 aún permanecen
detenidos. Es necesario ampliar la difusión y extender los pronunciamientos de
repudio a estos hechos. Hay que parar ese rumbo represivo antiobrero, o se
terminará de liquidar toda libertad para los trabajadores, aun cuando no haya
uniformes al frente de las instituciones del Estado.
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Los futbolistas le tiraron un
hermoso caño a las patronales. Eso sí, ahora hay que estar dispuestos a la
furiosa ofensiva de los dueños de la pelota (y del referí, las canchas, las
camisetas y la televisión; de los arcos, los choripanes y el Prode; de las
escuelas, los hospitales y la Justicia; de las fábricas, los cines y la
policía...)
¡Pero qué hermoso caño tiraron!
El
1º de mayo, bello día para comenzar con una pelea, los futbolistas de todos los
planteles de Primera A (salvo Unión de Santa Fe), Nacional B y Primera B,
declararon un paro por tiempo indeterminado en reclamo de la deuda que los
clubes mantenían con los diferentes planteles. Dejó de negociarse
individualmente con los dirigentes y se pasó a exigir el pago al conjunto de
los futbolistas profesionales. Los $ 55 millones, en concepto de sueldos y
premios atrasados, fueron el principal reclamo.
Las
“estrellas”, imprescindibles para que la medida tuviera éxito, cambiaron gambetas
por una cerrada defensa. Varias voces repetían: “Queremos refundar al fútbol
argentino para que esto no vuelva a pasar y que los dirigentes no nos vivan
prometiendo cosas que nunca cumplen”.
Con
la primera plana de los diarios asegurada y confiando en que su protesta se
convirtiera pronto en política de Estado para el Gobierno, los jugadores
salieron al noveno paro desde la entrada del fútbol al profesionalismo, allá
por 1931. De ninguna de las anteriores protestas se retiraron derrotados y,
desde José Félix Uriburu hasta Carlos Menem, siempre contaron con una
dedicación particular de los gobernantes. ¡Que no faltendistracciones en la
cabeza de los explotados! La Alianza, no escapa a esta ley.
A
las pocas horas de lanzado el paro, Julio Grondona, presidente de la AFA,
ofreció un “blindaje” de 15 millones para que el fin de semana el creciente
riesgo país se ahogara en un grito de gol.
(El conflicto de Aerolíneas
Argentinas levantaba temperatura y los empleados de Epec se oponían a la
privatización de la empresa cordobesa de electricidad.)
No
hubo caso, los futbolistas estaban firmes y querían toda la plata de la deuda.
No sólo eso, querían garantías de no volver a pasar por lo mismo. Los
innumerables programas de fútbol se alimentaron entonces de escenas en blanco y
negro y sesudos debates, mientras repetían 1.000 veces las imágenes del gol de
Maradona a los ingleses en el ’86, y el de Cárdenas contra el Celthic en el
’67.
Grondona
pasó a la ofensiva nuevamente y presionó a todos los dirigentes de clubes.
“Terminemos con la orgía –sugería el presidente de la AFA–, van a tener que
pagar los 35 millones que reclaman y al club que no lo haga lo mando al
descenso”. No, don Julio, son $ 55 millones. Aunque no figure en la AFA la
parte que se paga comúnmente en negro, los futbolistas no aceptaron menos que
esa cifra.
Con
un segundo rechazo en su haber y la amenaza de otro domingo sin fútbol,
Grondona, Patricia Bullrich (ministra de Trabajo), Chrystian Colombo (jefe de
Gabinete), Daniel Scioli (titular de la Comisión de Deportes), la crema de la
dirigencia de los clubes (sólo faltaba el Séptimo de Caballería), sellaron un
tramposo acuerdo: se reconocía el total de la deuda, la AFA salía como garante
(luego de un acuerdo con Repsol) de los clubes que pudieran pagar y se
sancionaría con el descenso de categoría a los clubes morosos.
Pero
pese a esta concesión, vino un nuevo rechazo de los futbolistas (3 a 0).
Querían garantías de que si algún club era sancionado por no pagar, no
sufrieran las consecuencias los futbolistas, y que la AFA se comprometiera a
respetar el contrato anterior a la sanción.
(Cavallo estaba por anunciar las
nuevas medidas. 219 trabajadores de Epec eran detenidos y 17 de ellos heridos
por la policía. Aeroparque se transformaba en un campamento de trabajadores en
protesta. El sindicato de boleteros y empleados deportivos se declaraba en
estado de alerta en solidaridad con los futbolistas y con reclamos propios, al
igual que la Asociación de Entrenadores.)
“Quiero
fútbol sí o sí”, trinó De la Rúa y mandó a Colombo a terminar lo que la
camaleónica ministra de Trabajo no había logrado solucionar en diez días. Los
dirigentes aceptaron esta última exigencia de los futbolistas, presionados por
don Julio. Don Julio aceptó presionado por el Gobierno. El Gobierno aceptó
presionado por el desgobierno.
El
11 de mayo, día del Himno Nacional –feo día para terminar con una pelea–
Independiente perdía con Argentinos Juniors por dos a cero.
Se viene el
contraataque
De
todas las concesiones que la AFA hizo a los futbolistas surge una pregunta:
¿Cómo harán los clubes, la mayoría de ellos en quiebra, para poder cumplir con
sus deudas y evitar ser sancionados? Deberán, indefectiblemente, abrir sus
puertas al capital privado en cualquiera de las variantes intermedias hasta
llegar por fin a los Clubes SA, el gran proyecto de Grondona y los popes que
sólo piensan convertir este deporte en oro. Ta-ta-ta Gooold!
Los
primeros resultados de las medidas propuestas desde la AFA ya están a la vista:
en la fecha posterior al levantamiento del paro, Belgrano de Córdoba salió a la
cancha con una enorme foto del cantante Rodrigo en el frente de su habitual
camiseta celeste. La idea pertenece a una empresa de telefonía celular que, a
cambio de un dinerillo, se encargaría de vender la original prenda ($ 30 cada
una) a los “piratas” fanáticos del “Potro”. Pocas horas antes, autoridades de
Independiente volaban a England para conseguir un préstamo de 5 millones, dando
como garantía de pago el pase de varios jugadores. Boca anunció una disminución
del 30% del presupuesto para el fútbol.
Varios
clubes anunciaron que recortarán su plantilla de jugadores de 25 a 16
profesionales y que bajarán sueldos y primas. Teniendo en cuenta que son pocas
las estrellas que se salvan con un pase al exterior, y que las cifras que
manejan Boca o River distan años luz del resto, el grueso de los futbolistas
deberá enfrentar ahora las arremetidas de una temible delantera: recortes,
despidos y privatizaciones.
Los
trabajadores de Epec y Aerolíneas Argentinas demostraron que saben de qué se
trata, y cómo enfrentarlo.
Julio
Hernández
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Alfredo se dispone a tomar el vuelo de las 12 con
destino a los Estados Unidos. Se baja del taxi que lo llevó hasta Ezeiza y,
apenas levanta la mirada, duda un segundo y piensa: “Este tachero hijo de una
gran puta me trajo a una villa”.
Claro, Alfredo no leyó los
diarios. No sabe que, en realidad, está ante una medida de protesta de los
empleados de Aerolíneas Argentinas (AA) que reclaman sus sueldos del mes de
abril. Tampoco sabe que la Sepi (Sociedad deParticipaciones Industriales de
España), que es dueña del 85% de las acciones de Aerolíneas, es la que debe los
sueldos de abril y está negociando con los técnicos de mantenimiento (nucleados
en la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico) la reincorporación de más de
500 despedidos sin causa justificada.
Ahora bien, cuando Alfredo cruce
a través de esa turba de personajes que duermen en colchones tirados en el hall
del modernísimo espigón internacional, cuidando que la olla popular no le deje
olor a guiso de arroz en el saco, tal vez algún periodista (u otro viajero un
poco más informado) le cuente el porqué de la protesta. Le dirán que, debido al
déficit operativo de US$ 360 millones declarado por la Sepi, se impuso
unilateralmente el “Plan Director”: una especie de salto cualitativo y
cuantitativo en la explotación de los trabajadores, que incluye aumento de la
carga horaria, reducción de salarios, incremento de la sinergia
Austral-Aerolíneas (lo que, irónicamente, implica una disminución de la
cantidad de vuelos y, por ende, de recaudación) y, por supuesto, despidos,
despidos y más despidos.
Cuando los trabajadores se
enteraron de este proyecto, en octubre del año pasado, empezaron los paros y el
gobierno intervino acordando que no habría despidos. La Sepi acató la orden
como quien le dice que sí a un locoy en marzo del 2001 comenzó con los
despidos, por lo que los trabajadores retomaron las medidas de fuerza. El
gobierno impuso la conciliación obligatoria por lo que la empresa debía dar
marcha atrás en la baja de salariosy en los despidos, y consensuar codo a codo
con los sindicatos un “plan maestro” para sacar adelante a “nuestra” línea de
bandera con el sacrificio de todos, de la empresa y de los compañeros
trabajadores… (Sí, claro.)
De los siete sindicatos que
agrupan a los trabajadores de Aerolíneas, cinco estuvieron de acuerdo en seguir
con el Plan Director (No, Alfredo, yo tampoco puedo creerlo) y dos se
opusieron, el ya mencionado Apta y la Asociación de Azafatas, con Alicia Castro
al frente, que nuclea también a los comisarios de a bordo. A fines de abril
empezaron a llegar los telegramas de despidos, con la excusa de que el tiempo
de negociar ya se había acabado.
Esta vez sólo el gremio de los
técnicos, con Ricardo Cirielli a la cabeza, retomó el paro y dejó en stand
by todos los vuelos de la empresa. Con esto, comenzó una especie de truco
gallo entre el Estado argentino, la empresa y los trabajadores. El Ministerio
de Trabajo decía que el Estado español y la empresa debían enfrentar la
situación reincorporando a los más de 500 despedidos; la empresa argumentaba
que necesitaba la ayuda del Estado argentino para afrontar la deuda de US$ 850
millones (de los cuales US$ 550 fueron pagados en papeles de deuda) y los
trabajadores insistían en que ésta es una cuestión política entre los dos
estados, y hacen hincapié en el obvio vaciamiento.
Resultado: nuevamente a la
conciliación obligatoria. Se levanta el paro luego de diez días.
A estas idas y venidas se le
suma la perversa figura del empresario Eurnekian, quien quiere hincarle el
colmillo a la ya agonizante AA, a cambio de que la Sepi termine de hacer rodar
las cabezas de los trabajadores que se resisten al Plan Director. La concreción
definitiva de ese plan implicaría una capitalización de US$ 650 millones, a
costa del despido real de 1.400 empleados. El presidente de la Sepi, Pedro
Ferreras, se mostró muy entusiasmado (incluso durante la conciliación
obligatoria) por llevar hasta las últimas consecuencias el ajustazo. ¿Estos son
los que se van a sentar a negociar?
Vine,
Vi y Vacié
Alfredo ya está mareado. Y ni
siquiera está en el avión. Se pregunta cómo puede ser que en una empresa “termina”
un conflicto y luego empieza otro. Piensa en los subtes, en el agua, en el gas,
en la luz, etc. Todas esas cosas funcionan mejor desde que están privatizadas.
Bah, eso cree. Se dispone a embarcar. Al fin y al cabo, él vive en Estados
Unidos desde hace dos años…
Lo que Alfredo no sabe es que
estas cosas no son nuevas: expresan el indisimulable vaciamiento que se está
llevando a cabo en AA. Siendo una de las empresas más rentables del Estado, fue
privatizada en 1990, al comienzo del menemato. En esa época, ocupaba a 11.500
personas, contaba con una flota de 29 aviones (todavía no controlaba Austral)
de los cuales 28 eran propios, facturaba US$ 1.600 millones y declaraba
ganancias netas de US$ 90 millones. Hoy, casi diez años después, emplea a 5.500
personas (¡y vamos por menos!), controla 44 naves, de las cuales 43 son
alquiladas. Sus ventas cayeron de US$ 1.600 a 1.000 millones anuales. ¿Cómo
llegó a esto? ¿La gente dejó de viajar en avión repentinamente? Ciertamente,
no. ¿Entonces?
El decreto de transferencia
firmado en 1990 establecía que, para que Iberia percibiera el 85% de las
acciones de Aerolíneas, debía pagar US$ 260 millones en efectivo y US$ 1.610
millones en títulos de deuda, pero una cláusula autorizaba a Iberia a endeudar
Aerolíneas para pagar su propia privatización (!). Ya en 1991 presentaba un
pasivo de US$ 390 millones.
En el ’95 los accionistas
empezaron a rifar los bienes: oficinas en Nueva York, París, Francfort y dos
edificios en Buenos Aires (uno de ellos era su sede central).
Hasta octubre del 2000
pertenecía en un 5% al Estado argentino, 10% a los trabajadores y 85% al holding
Interinvest que se repartía entre Iberia, American Airlines (8,5% cada una) y
Andes Holding (68%). Esta, a su vez, tenía tres socios: la Sepi (45%) y los bancos
Merril Lynch y Bankers Trust (55%). Se han licuado cuatro socios minoritarios
ya que, considerando las últimas negociaciones, quedaría la Sepi como único
accionista.
No hay duda alguna de que esto
es un vaciamiento, y uno que sigue todas las reglas del manual: entramos,
rifamos todo y rajamos. (El último apague la luz, muchachos.)
Un
amor real es como vivir en aeropuertos
La conciliación obligatoria
venció finalmente el viernes 18, y no se llegó a nada. En consecuencia, la
ministra de Trabajo se calzó el uniforme de referí y al grito de “Esto es lo
último que el Estado puede hacer por ustedes”, se propuso como árbitro entre
los sindicatos y la patronal. A cambio de que se abonen sin falta los haberes
atrasados, todos los sindicatos firmaron un acta aceptando el arbitraje
estatal. Todos menos Apta, a lo que la Ministra (con la sutileza y delicadeza
que la caracterizan) respondió acusando a su secretario general, Cirielli, de
ser el culpable de que el conflicto no se pueda solucionar.
La empresa ignoró olímpicamente
los convenios firmados en octubre último, la conciliación obligatoria y todos
los ultimátum del Estado argentino.
Llegó el martes 22 (fecha límite
para el pago de los salarios) y ni la plata ni los patrones aparecieron. A los
que dormían en el hall del aeropuerto los despertó una circular que
decía que la Sepi no es el único accionista, ni tampoco es la empresa (¿ah,
no?), por lo tanto no estaba obligada a pagar. Claro, los otros accionistas son
los mismos trabajadores y el Estado argentino. Y como accionista, según lo
acordado en los compromisos asumidos en octubre del 2000, el Estado debe
aportar US$ 32 millones para la capitalización de AA. O sea, la empresa le dice
al gobierno: nosotros no vamos a poner un mango, el quilombo se lo van a comer
ustedes porque nosotros estamos a miles de kilómetros de distancia...
Con los números en rojo y todo,
el gobierno va a poner US$ 16,5 millones que sacará del presupuesto del
Ministerio de Infraestructura y Vivienda (¡justo de ahí!) para salvar el
puchero. Ahora, si este gobierno miserable se pone con la plata, es porque
entiende que la empresa se plantó: o hace “rentable” a AA –concretando los
despidos–, o la quiebra. En ambos casos, los trabajadores pierden (excepto que
también se planten, como hicieron los técnicos hasta ahora). Y a quienes piden
la re-nacionalización de AA, basta recordarles que el Estado no es precisamente
“nuestro”.
Sin embargo, el conflicto ya
salió a la calle con marchas de los sindicatos y del aparato de la CTA a la
Embajada de España. El gobierno, por su parte, mandará a Bullrich a negociar a
España, en el marco del arbitraje firmado por seis de los siete sindicatos.
Según la Ministra, irá a exigirle a los españoles que pongan en marcha un plan
de reactivación de AA, pero sin despidos, ni deuda de haberes y con la garantía
de estabilidad por dos años (¡grande, Pato!).
Qué resultados tendrá el
arbitraje es un misterio a medias. No olvidemos que Bullrich responde
directamente al actual presidente (perdón, ministro de Economía) Cavallo, quien
fue decisivo en la privatización-saqueo que derivó en este vaciamiento.
La pregunta es qué va a pasar
si, como es muy probable, no se llega a ninguna solución. Porque a la posición
de la patronal hay que sumarle el apetito de Eurnekian.
Si el Estado se borra, la
quiebra va a ser un hecho y 7.000 familias van a quedar en la lona o acampando
en el Aeropuerto para siempre. Y si el arbitraje logra sus objetivos: ¿qué dos
años de estabilidad puede asegurar una empresa vacía y endeudada?, ¿quién
asegura que en pocos meses (o días) no se violen unilateralmente los pactos,
como viene sucediendo? ¿Quién garantiza?, ¿el Estado español?, ¿Bullrich?,
¿Cavallo?
El interés de los trabajadores
pasa por no dejarse llevar por las burocracias que, incluso conscientes del
vaciamiento que se producía no actuaron a tiempo, siendo en parte responsables
de que el futuro de Aerolíneas (y el de sus trabajadores) penda de un hilo.
Organizarse por debajo,
democráticamente y con la convicción de no dar un paso atrás frente a la actitud
depredadora de las patronales y “su” Estado, cuyo único objetivo es exprimir
los bienes de la empresa, incluidos los trabajadores. Y dejarla tan vacía como el estómago de
los miles de desempleados que pretende generar.
Nabu a.p.d.t.
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