A casi 90 días de su segunda huelga de hambre, con doce compañeros internados con serios síntomas de desnutrición y problemas físicos irreversibles, De la Rúa, junto a todo el gobierno de la Alianza, siguen haciendo caso omiso de los reclamos de la CIDH y de los pronunciamientos, en favor de su libertad, de numerosas personalidades a escala internacional.

¿Por qué actúan de esta manera? En primer lugar, porque fue también un gobierno radical –de la mano de Nosiglia y Alfonsín– el que, amparado en la realidad de aquellos años, montó la provocación de hacer creer que se venía una nueva intentona golpista por parte de los militares.

Fue así que una vez que los militantes del MTP se encontraban dentro del cuartel, Alfonsín llamó al Gral. Arrillaga (responsable de "La noche de las corbatas" en 1977, cuando desaparecieron en la ciudad de Mar del Plata varios abogados de DD.HH.) para que reprimiera el copamiento. En el operativo de "recuperación" del cuartel, no sólo se fusiló, torturó y desapareció a compañeros, sino que también se utilizaron bombas de fósforo, las mismas cuyo uso fue prohibido en todo el mundo después de la guerra de Vietnam. Una filmación permitió ver el momento en que Ricardo Veiga, Iván Ruiz y José Díaz intentaban huir envueltos en llamas; pero murieron fusilados.

El comisario Pirker –por entonces jefe de la Policía, fallecido poco tiempo después de los hechos– declaró en aquellos días que "bastaba con gases lacrimógenos para recuperar el cuartel en media hora". Por el contrario, la represión desplegada por el Ejército –fiel a sus años de dictadura genocida– se extendió a lo largo del 23 y 24 de enero de 1989.

Ya con Menem en el gobierno, los militantes del MTP que sobrevivieron a la represión, fueron juzgados bajo la "Ley de defensa de la democracia" (fundamento jurídico por el que se les priva de la posibilidad de apelación).

En la causa intervinieron tribunales especiales que violaron todas las garantías constitucionales para los acusados. Aceptaron testimonios falsos e hicieron "la vista gorda" a las torturas, fusilamientos y desapariciones denunciadas (y comprobadas). Una foto mostraba el momento en que Pablo Ramos era apresado por militares, y luego apareció muerto. Carlos Samojedny fue secuestrado y jamás apareció su cadáver.

Enrique Gorriarán Merlo, sindicado como responsable del operativo, fue secuestrado en México por los servicios de inteligencia de ese país y de la Argentina, violando las más elementales normas del derecho de asilo internacional. Una farsa judicial se montó para dar cobertura a una condena a perpetuidad anunciada de antemano.

El PJ y sus funcionarios durante el decanato menemista, están embarrados hasta el cuello en estas aberrantes condenas. Y ahora tienen la canallesca actitud de boicotear el quórum en el parlamento, para asegurar que el tema ni siquiera sea tratado. Ellos quieren forzar que, si se tomara alguna medida en favor de la libertad de los presos, sólo sea por la vía de un indulto presidencial, para que De la Rúa complete su identificación con Menem. Cualquier miserable especulación electoral, está por encima de los padecimientos de casi doce años prisión, y del riesgo serio que hoy corre la vida de los compañeros.

Pero por miserable que sea esta especulación electoral, lo cierto es que De la Rúa es el que tiene en sus manos la llave maestra que permitiría salvar la vida de los presos.

Pero, por encima de todo, De la Rúa, la Alianza, el PJ, y la justicia del gran capital, privilegian la cohesión de las fuerzas armadas con una dirigencia política que las necesita preparadas para la represión al pueblo y dispuestas a integrarse a los operativos de intervención militar en Colombia –y desde allí, en toda Latinoamérica– que está llevando adelante Estados Unidos. En ese contexto, la vida de los presos de La Tablada es para ellos material descartable.

El mismo Congreso que dictó leyes para dejar en libertad a los genocidas, dicta otras, como la ley "De la Rúa" que sólo es utilizada para lavarse la cara ante la OEA, y forzar a los huelguistas a levantar la medida, además de mantenerlos estabilizados con suero para después devolverlos a la cárcel.

El reclamo de los presos es por demás modesto: sólo piden que se revea la causa y se les posibilite apelar en segunda instancia.

La posibilidad de salvar sus vidas, está en masificar la campaña de solidaridad. Y es a la vez, la única posibilidad de preservar la vida de los más elementales derechos democráticos en el país.