A casi 90 días de su segunda huelga de hambre, con doce compañeros internados con serios síntomas de desnutrición y problemas físicos irreversibles, De la Rúa, junto a todo el gobierno de la Alianza, siguen haciendo caso omiso de los reclamos de la CIDH y de los pronunciamientos, en favor de su libertad, de numerosas personalidades a escala internacional.

¿Por qué actúan de esta manera? En primer lugar, porque fue también un gobierno radical –de la mano de Nosiglia y Alfonsín– el que, amparado en la realidad de aquellos años, montó la provocación de hacer creer que se venía una nueva intentona golpista por parte de los militares.

Fue así que una vez que los militantes del MTP se encontraban dentro del cuartel, Alfonsín llamó al Gral. Arrillaga (responsable de "La noche de las corbatas" en 1977, cuando desaparecieron en la ciudad de Mar del Plata varios abogados de DD.HH.) para que reprimiera el copamiento. En el operativo de "recuperación" del cuartel, no sólo se fusiló, torturó y desapareció a compañeros, sino que también se utilizaron bombas de fósforo, las mismas cuyo uso fue prohibido en todo el mundo después de la guerra de Vietnam. Una filmación permitió ver el momento en que Ricardo Veiga, Iván Ruiz y José Díaz intentaban huir envueltos en llamas; pero murieron fusilados.

El comisario Pirker –por entonces jefe de la Policía, fallecido poco tiempo después de los hechos– declaró en aquellos días que "bastaba con gases lacrimógenos para recuperar el cuartel en media hora". Por el contrario, la represión desplegada por el Ejército –fiel a sus años de dictadura genocida– se extendió a lo largo del 23 y 24 de enero de 1989.

Ya con Menem en el gobierno, los militantes del MTP que sobrevivieron a la represión, fueron juzgados bajo la "Ley de defensa de la democracia" (fundamento jurídico por el que se les priva de la posibilidad de apelación).

En la causa intervinieron tribunales especiales que violaron todas las garantías constitucionales para los acusados. Aceptaron testimonios falsos e hicieron "la vista gorda" a las torturas, fusilamientos y desapariciones denunciadas (y comprobadas). Una foto mostraba el momento en que Pablo Ramos era apresado por militares, y luego apareció muerto. Carlos Samojedny fue secuestrado y jamás apareció su cadáver.

Enrique Gorriarán Merlo, sindicado como responsable del operativo, fue secuestrado en México por los servicios de inteligencia de ese país y de la Argentina, violando las más elementales normas del derecho de asilo internacional. Una farsa judicial se montó para dar cobertura a una condena a perpetuidad anunciada de antemano.

El PJ y sus funcionarios durante el decanato menemista, están embarrados hasta el cuello en estas aberrantes condenas. Y ahora tienen la canallesca actitud de boicotear el quórum en el parlamento, para asegurar que el tema ni siquiera sea tratado. Ellos quieren forzar que, si se tomara alguna medida en favor de la libertad de los presos, sólo sea por la vía de un indulto presidencial, para que De la Rúa complete su identificación con Menem. Cualquier miserable especulación electoral, está por encima de los padecimientos de casi doce años prisión, y del riesgo serio que hoy corre la vida de los compañeros.

Pero por miserable que sea esta especulación electoral, lo cierto es que De la Rúa es el que tiene en sus manos la llave maestra que permitiría salvar la vida de los presos.

Pero, por encima de todo, De la Rúa, la Alianza, el PJ, y la justicia del gran capital, privilegian la cohesión de las fuerzas armadas con una dirigencia política que las necesita preparadas para la represión al pueblo y dispuestas a integrarse a los operativos de intervención militar en Colombia –y desde allí, en toda Latinoamérica– que está llevando adelante Estados Unidos. En ese contexto, la vida de los presos de La Tablada es para ellos material descartable.

El mismo Congreso que dictó leyes para dejar en libertad a los genocidas, dicta otras, como la ley "De la Rúa" que sólo es utilizada para lavarse la cara ante la OEA, y forzar a los huelguistas a levantar la medida, además de mantenerlos estabilizados con suero para después devolverlos a la cárcel.

El reclamo de los presos es por demás modesto: sólo piden que se revea la causa y se les posibilite apelar en segunda instancia.

La posibilidad de salvar sus vidas, está en masificar la campaña de solidaridad. Y es a la vez, la única posibilidad de preservar la vida de los más elementales derechos democráticos en el país.

En el número anterior de Bandera Roja dedicamos un artículo a mostrar la más escandalosa implicancia que traía consigo la aprobación de la ley de emergencia económica delarruísta, por medio de los senadores y tras las bambalinas del escándalo en su propia Cámara, que logró que pasaran desapercibidas las consecuencias más nefastas de dicha ley.

El punto a destacar era la emisión de bonos para cancelación de deudas asumidas por el Estado desde 1991 y que tienen sentencia firme de la Corte Suprema. Es interesante examinar la distribución del paquete, que configura una acción casi delictiva. Más del 40% está constituido por bonos a 16 años para militares retirados (3.000 millones de dólares). El resto se divide entre más de 100.000 jubilados y contratistas y proveedores, adjudicando 2.000 millones a cada sector.

Los militares beneficiados, cuya enorme mayoría son asesinos del Proceso, que forman una corporación de tipo parasitario, son premiados con esa suculenta partida mientras que los jubilados son postergados eternamente.

El estado capitalista, de este modo, lleva a cabo sus metas fiscalistas aliado doblemente a la muerte. Premia a sus guardianes armados y patea para adelante su deuda previsional apostando a que la biología haga, indiferente, su trabajo (por supuesto, todo al amparo de la "legalidad").

Retrospectivamente, la clase dominante da las "gracias por los servicios prestados" a quienes supieron defenderla a sangre, fuego y picana.

Desde la asunción del actual gobierno, se viene viendo una ofensiva de los militares, no para dar un golpe de estado, pero sí para forzar el reconocimiento de la legitimidad de su accionar represivo en la década de los ’70. Hay una división de tareas implícita. Los R.E (Díaz Bessone, Harguindeguy, Menéndez y demás ralea de la vieja época) se juntan y expulsan a Balza del Círculo Militar. Por más hipócrita que fuera la autocrítica de Balza el hecho revela que los genocidas no aceptan el programa democratista de "reconciliación y olvido": quieren que la democracia patronal se saque la careta y los reivindique.

Más públicamente, se expresan por medio de Brinzoni, el actual jefe del Estado Mayor, quien se ha solidarizado con los oficiales que no se presentan a los superlimitados "juicios por la verdad" y consiguió del gobierno que les cancelara la obligación de declarar. El discurso de Brinzoni en el aniversario del intento de copamiento del regimiento de Formosa por parte de Montoneros, en 1975, fue una virtual declaración de guerra contra los organismos de derechos humanos y de cualquier persona mínimamente democrática.

El ejército, dentro de sus posibilidades, está en operaciones y en plena campaña política. Despreciado por una franja amplia de la sociedad pretende limpiar su pasado mediante el juego simultáneo de presiones y alianzas con el gobierno. Pero es como si una mujer embarazada quisiera convencernos de su virginidad.

Los hechos existen y, puestos en su contexto, resultan bastante explícitos. La situación por la que atraviesa la cuestión militar debe ser analizada como parte integrante de la política de conjunto del estado capitalista. Esta ley es un eslabón de la cadena con la que se quiere ajustar a los trabajadores y el pueblo.

Este repunte de los militares está muy relacionado con el Plan Colombia. El estado capitalista argentino está jugado a fondo con la política regional norteamericana. Esta busca evitar intervenir con sus propias tropas en Colombia, y se juega a que la infantería la aporten los ejércitos de la región (es decir, que los muertos que provoque su intervención, los aporten los latinoamericanos).

Otro aspecto concreto de la política de la administración De la Rúa en el terreno militar, está expresada en la proliferación de los ejercicios y maniobras conjuntas realizados en el territorio argentino (uno de ellos a las puertas del Delta) con otros ejércitos de la región y con la presencia de cientos de marines yanquis.

Las relaciones militares de la Alianza con el imperialismo, muestran la profundización de lo que fueron las "relaciones carnales" de Menem. A mediados de octubre, en la cumbre de ministros de Defensa realizada en Manaos (Brasil), se firmó un acuerdo militar secreto entre el representante de Estados Unidos (William Cohen) y el ministro de Defensa Ricardo López Murphy. Según palabras de Cohen, el acuerdo "refleja que tenemos una relación cada vez más íntima". Para el año próximo, Estados Unidos se ha comprometido a entregar una flota de helicópteros para conformar una "fuerza de acción" rápida que refuerce el "batallón de asalto aéreo que está en Buenos Aires", para "ser empleada cuando el Presidente lo requiera (_) en situaciones de crisis militar", según palabras de Brinzoni.

Para el conjunto de esta política, el gobierno De la Rúa necesita un ejército con moral de combate. Es decir, un ejército contento con el papel que le toca y satisfecho en sus reivindicaciones de ayer y de hoy.

Como parte de ella, está dispuesto a dejar morir en prisión a los presos políticos de La Tablada. Por eso, la única "sugerencia" de los organismos internacionales del imperialismo que no está dispuesto a escuchar, es la recomendación de la CIDH acerca del derecho a una segunda instancia judicial para el caso Tablada. La posición dura de los militares ha encontrado un aliado en el PJ. Y los radicales –y lo que queda de la Alianza– buscan, mediante rodeos, el mismo objetivo.

La prensa capitalista hace mutis por el foro con respecto a todas estas informaciones, lo que no puede sorprendernos. Lo que sí sorprende es que, más allá de las diferencias o matices que pudieran existir acerca de ellos, estos temas estén prácticamente ausentes en las publicaciones y la propaganda de la abrumadora mayoría de las organizaciones de izquierda.

El enemigo, como es lógico, hace su juego. Y no sólo oculta información sino que promueve la fragmentación del pensamiento y de todo lo que sucede: cada problema, si aparece, aparece absolutamente desconectado de los demás.

Los marxistas tenemos el deber de desarrollar la crítica más implacable sobre todo el desenvolvimiento de la sociedad capitalista. Esto cobra aun más validez, cuando de lo que se trata es de desnudar al reaseguro de su poder: el aparato represivo armado.

Desde el punto de vista de la LSR, es urgente e imprescindible revertir la actual situación de la izquierda, y comenzar a desplegar una sistemática campaña antimilitarista, estrechamente vinculada a la propaganda antimperialista y anticapitalista. No sólo como un alerta y contrarrestante de la propaganda ideológica del enemigo de clase sobre la conciencia de los trabajadores, tarea que compete también a toda persona que se reclame mínimamente defensora de las libertades democráticas. Es también un problema de supervivencia para el destino de la propia izquierda marxista, que sólo puede reivindicarse como tal si es capaz de reconocer por dónde pasan los resortes esenciales de la dominación capitalista: su estado y su monopolio de la violencia.

rubiales - Foxley

Ultimamente Hebe de Bonafini fue acusada por el gobierno de José María Aznar y la Fiscalía española, de una presunta vinculación con la ETA, por lo que hasta se la tildó de "terrorista". Entre otras cosas, las calumnias lanzadas desde el Estado ibérico, tienen como consecuencia práctica el retirarle todo tipo de apoyo económico a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y su Universidad Popular.

Bonafini respondió con la ratificación de su denuncia de Aznar como un gobierno franquista, y de estar "dirigiendo un estado terrorista". "Me ratifico en todo. No estoy de acuerdo con los crímenes y no creo que haga falta repetirlo". Y reiteró su denuncia de la persecución que sufren el diario y la radio Egin, que fueron cerrados por ser voceros de la causa por la independencia del País Vasco y de las torturas a que son sometidos los presos políticos a quienes se les niega, además, el derecho a ser trasladados a prisiones del territorio vasco.

Vergonzosamente, algunos representantes de otros organismos llamados de Derechos Humanos, avalaron la persecución macartista contra Bonafini, que inaugura un curso extremadamente peligroso para todo aquel que se atreva a defender la libertad de pensamiento y de opinión.

Desde la Liga Socialista Revolucionaria, nos solidarizamos plenamente con Madres de Plaza de Mayo, y con todas sus denuncias, que compartimos.

A poco de cumplir dos años de prisión, el 27 de noviembre se inició el juicio oral y público contra Raúl Castells en el Tribunal de Lomas de Zamora. "Ustedes ya tienen la decisión tomada", acusó el acusado. Y denunció: "Este es un proceso burdo y ridículo, plagado de anomalías y barbaridades jurídicas que no puedo avalar". Tras esas palabras, Castells forzó a la interrupción del juicio, revocando a sus abogados defensores, "en señal de repudio a un proceso armado con el único objetivo de perseguirnos políticamente".

A las denuncias de Castells, con las cuales nos solidarizamos, hay que agregar que fue detenido por orden de Wal Mart, cuando reclamaba comida ante la sede de Avellaneda, al frente de una movilización de jubilados. Los únicos testimonios que se aceptaron en la causa fueron los de los policías que lo detuvieron y los de representantes de la empresa, mientras se rechazaron los de 300 jubilados que se ofrecieron a testimoniar en su favor.

La desocupación, el hambre, la flexibilización laboral, seguirán azotando a los trabajadores. Y junto a la represión abierta contra las protestas sociales, el Poder Judicial se muestra abiertamente como un empleado a sueldo de los grandes capitalistas. Por eso hay denunciados más de dos mil casos de persecución judicial y procesamientos contra luchadores sindicales y populares.

La causa de Castells es idéntica a la que también mantiene en prisión a Emilio Alí. Lo que cambia es el nombre del patrón (en su caso, se trató de un reclamo ante Casa Tía de Mar del Plata). Lo que no cambia es el hambre y la injusticia, ni tampoco la clase social que los padece: los trabajadores y el pueblo pobre.

El pasado 25 de noviembre se realizó en la ciudad de Córdoba este sexto encuentro organizado por la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba y Unidhos (Unión por los derechos humanos) y en el cual participaron distintas regionales de Correpi, Unidhos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de victimas de "gatillo fácil", distintas organizaciones barriales y sociales, CTA, PL, PRL, MAS, PO, PTS y LSR.

La discusión se dividió en varias comisiones:

Comisión 1: Represión, Criminalización y Judicialización de la pobreza, el conflicto social y la protesta social. Discurso de Seguridad y Mano Dura: Elaboración del contra discurso.

Comisión 2: Rol de los organismos de Derechos Humanos ante la problemática actual.

Comisión 3: Internacional: Plan Colombia, Justicia Internacional, Solidaridad con los pueblos.

El debate en la comisión 1 giró en torno a un documento base (presentado por los organizadores del Encuentro), que denunciaba la continuidad del aparato represivo, la agudización de la pobreza debido a una política de hambre y exclusión por parte del Estado, la penalización de la protesta social, el discurso oficial de la seguridad adjudicando a los pobres la delincuencia, la creación de cárceles como respuesta represiva ligada a la "Tolerancia Cero" y " Mano Dura", la justicia clasista, la pobreza que afecta a todos los países de Latinoamérica y una salida de ligazón de los organismos antirrepresivos con las luchas populares.

En el debate se expresó una interpretación de clase de la realidad y la necesidad de acabar con el sistema capitalista, único responsable del "gatillo facil", la pobreza, la exclusión, la persecución y la agudización de la represión en los sectores populares.

Al mismo tiempo, hubo acuerdo para impulsar la exigencia de castigo y el escrache a todos los culpables del "gatillo fácil", promoviendo la realización de actividades comunes.

Hubo una gran preocupación por la libertad de todos los presos políticos y la anulación de los más de 2.500 procesos contra los luchadores. Se acordó impulsar actividades en común por la libertad de los presos políticos.

El trabajo de la comisión 2 se dividió en dos partes: la primera era la clasificación y diferenciación de los distintos organismos de derechos humanos. Se caracterizaron tres grupos: a)los derechos humanos como escudo del imperialismo y los gobiernos para "justificar" la intervención militar y represión contra los pueblos; b) los que pretenden unificar, sin ninguna diferenciación de clase, la violación a los derechos humanos y con cualquier tipo de acción agresiva (mala atención en alguna oficina de servicios o ejemplos similares). Y, c) un tercer grupo, en el cual estarían incluidos los organismos convocantes y participantes de este encuentro. En él se adopta una denuncia antisistémica y se considera violación a los derechos humanos todo hecho que, desde el poder del aparato de Estado, se cometa contra la población. Se hizo hincapié a que el término impunidad es bastardeado por el Estado burgués, entendiendo por impunidad los que libra a la clase dominante de toda responsabilidad ante sus propios crímenes, utilizando todas las instituciones del Estado en su favor.

El otro tema tocado en esta comisión es la libertad de los presos políticos en todo el mundo y el desprocesamiento de los luchadores populares. Se hizo mucho énfasis en la libertad de los presos de La Tablada en sus 82 días de huelga de hambre, así como también a Raúl Castells (cuyo juicio comenzó el lunes 27) y Emilio Alí.

La comisión 3 discutió la problemática internacional en torno a un documento presentado por el compañero Osvaldo González.

En el debate se acordó caracterizar al Plan Colombia como una necesidad del imperialismo yanqui para dominar la región; denunciar a la OTAN y su papel de fuerza de dominación, la pelea interimperialista entre Estados Unidos y Europa para la dominación económica de Latinoamérica, la denuncia al Estado sionista.

Nuestros planteos tuvieron eje en el común denominador de la falta de justicia y los atropellos a los Derechos Humanos, dado que tienen su origen en el sistema capitalista. No puede haber democracia cuando el 20% de la humanidad no tiene agua corriente, el 40% no tiene cloacas, hay casi mil millones de desocupados y al aumento de la pobreza la respuesta que se da es menos libertades democráticas y represión. Como lo demuestran entre algunos ejemplos los casos de Clarín y sus despidos y el hecho que sufrieron los trabajadores en Córdoba durante una asamblea que fue gaseada con lamgrimógenos.

Se planteó de la necesidad de unir la lucha por los derechos humanos con la movilización y las luchas actuales con un claro perfil anticapitalista, antimperialista y antiburocrático.

En el plano internacional, resaltamos el hecho de la mentira de la democracia cuando el país de la "democracia" (Estados Unidos) no puede saber quién es su presidente después de 20 días pasados de que se votó. Al mismo tiempo denunciamos al Plan Colombia como la jugada del imperialismo yanqui para militarizar la región y disputársela en la pelea interimperialista con Europa por el dominio de Latinoamérica.

La actual condición del proletariado mundial en los distintos planos que planteamos se debe al avance de la degradación y a la barbarie que sufre el sistema capitalista, como se expresa en forma terrible en la virtual anulación de la vieja ley de 8 horas para gran parte de los trabajadores en actividad.

Queremos remarcar que todas las discusiones tanto en las comisiones como en el plenario de cierre, donde se leyeron las conclusiones de cada comisión, se dio en un marco de fraternidad y respeto a todas las posiciones de los distintos organismos de derechos Humanos, sociales y organizaciones políticas que participaron.

Isadora

Los días 14, 15 y 16 de octubre se realizó el XV Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Paraná, al que concurrieron 12.000 mujeres de todo el territorio argentino.

Se organizaron 34 talleres, de variados temas, entre ellos siete de anticoncepción, cinco de organizaciones barriales, tres de familias, dos rurales, además de aborigen, derechos humanos, desocupación, educación, etc. Aún no tenemos en material detallado las conclusiones de los talleres, pero sí la sede del próximo encuentro, que será en La Plata.

Desde lo personal, creo que las organizaciones de izquierda, no le dieron, ni le dan, la importancia que se debe a lo que significa que, de pronto, se puedan movilizar tantas mujeres, que empiezan a sacudir de sus cabezas, estructuras de pensamiento momificadas.

Esto es justamente lo que quiero resaltar: la importancia de ver la participación, por primera vez, de mujeres en este ámbito, favorable para que las mujeres piensen sus problemas individuales, pero no sólo desde una óptica individual sino social. Es ver el cambio de mujeres que se atreven a hablar, a decir lo que les pasa, en un ambiente donde son tratadas con respecto e igualdad.

"Yo nunca pensé que, por tres días seguidos, iba a aprender, a divertirme, a sentirme querida, entre mujeres". Esta es la expresión de una conocida que por primera vez participó en el Encuentro.

Al margen de que la parte organizativa no fue del todo buena, lo que primó fue la solidaridad entre las participantes, que se las arreglaron para acomodarse en los lugares pocos disponibles y apropiados. Parte del problema organizativo tiene que ver con la "interna" entre los grupos organizadores. Pero al margen de las diferencias entre éstos, lo importante es seguir manteniendo los encuentros y tratar de que crezcan nacional e internacionalmente.

Por otro lado quisiera resaltar que los sectores que venían participando desde los primeros encuentros hasta los últimos fueron variando. En este último hubo mucha participación de los sectores populares empobrecidos y por ello se expresó con mucha claridad la crisis, la falta de trabajo, es decir la realidad social. Y en este sentido se notó el esfuerzo que muchas hicieron por llegar y por quedarse, la mayoría tenía el mango justo para moverse durante el Encuentro.

En lo personal, participo de estos ámbitos porque aspiro a que la gente se organice, en pos de ir buscando el camino para el necesario cambio social. En este sentido apuesto a la radicalización de estos espacios.

Participo porque son ámbitos que permiten empezar a cuestionar el rol de la mujer en todos los ámbitos sociales, intentando romper con el lugar relegado que ocupamos. Porque abren la posibilidad, en primer lugar en nuestras cabezas, de sabernos capaces de discutir de economía, de política, de sexualidad, de crear artísticamente; y de ser capaces de corrernos del lugar de "madres" como única función en la vida.

Sabemos que ese lugar no es casual, y que está determinado socialmente por la relación capitalista explotador-explotado. Sabemos que los hombres no son nuestros enemigos: que nuestros enemigos son tanto hombres y mujeres de la clase que detenta el poder económico-político-social. Y sabemos que nuestra lucha es contra ellos, a la vez que peleamos por nuestros derechos como mujeres.

Susana (claypole)