ECUADOR: CRISIS, HUELGA Y REPRESION

En medio de una crísis política-económica, con el precedente del impune asesinato de Jaime Hurtado, y en medio de la huelga nacional llamada por organizaciones de trabajadores e indígenas, que piden la renuncia del actual presidente Jamil Mahuad, el gobierno ecuatoriano decretó el estado de emergencia (virtual estado de sitio). La movilización de los trabajadores y el pueblo en 15 de las 22 provincias corrió como un reguero de pólvora por Ecuador que, con 12 millones de habitantes, tiene un índice de pobreza de 63%, y cuya desocupación, calculada moderadamente, asciende a un 17%. Ante tal situación, la única receta que tiene para ofrecer el estado burgués ecuatoriano es represión, con suba de impuestos, y balas para los opositores a sus gobierno. Así sucedió el miércoles 17 de febrero a plena luz del día, a una cuadra de la sede del Congreso, donde fue asesinado a quemarropa el ex-candidato a la presidencia (alcanzando alrededor del 20% de los votos) y reconocido dirigente de la izquierda, Jaime Hurtado (Movimiento Popular Democrático) junto a dos de sus asistentes. El gobierno de Jamil Mahuad decretó el estado de sitio por sesenta días y, ante el temor de un estallido social, salió a reprimir con el ejército la huelga declarada por los sindicatos privados agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y los sindicatos estatales de petroleros y eléctricos. De esta manera Mahuad redobló su apuesta dado que el estado de sitio le confiere facultades extraordinarias, como cobrar anticipadamente los impuestos, enviar leyes urgentes al parlamento, y militarizar la sociedad. La crisis económica en Ecuador entró en una pendiente pronunciada: el PBI es de US$ 20 mil millones anuales (igual que el de Uruguay, con cuatro veces menos población); el precio de su principal fuente de divisas, el petroleo, cayó alrededor del 30% en el último año en el mercado mundial; la inflación anual es del 40%; las tasas de interés rondaron el 130% anual, etcétera. En esta última semana, producto de una fuga de US$ 400 millones hubo una fuerte devaluación del sucre, grandes subas de precios, y el gobierno decidió decretar feriado bancario obligatorio por una semana, para frenar la fuga de capitales por ese lapso pero rematando la escasa liquidez. A la vez, anunció el plan económico para enfrentar la crisis con un recetario de medidas que incluye congelamiento de salarios, eliminación de los subsidios estatales al gas y la electricidad (que generó un alza del 400% en las tarifas), cobro por adelantado de servicios, aumento del IVA de un 5%, aumento de combustibles, etcétera. La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar: huelga nacional con cortes de rutas de campesinos y transportistas, marchas de trabajores y universitarios en diferentes ciudades, saqueo a los supermercados (éstos sólo reciben dólares, rechazan el sucre, tarjetas y cheques) y enfrentamientos con la policía y el ejército. La realidad no deja demasiado lugar al optimismo de ningún burgués, y todos los analistas coinciden en que el principal escollo a resolver es la crisis política desatada junto con la peor crisis económica de los últimos cincuenta años. La burguesía se prepara con armas y bagajes para defender su poder, así tenga que liquidar los retaceados vestigios de su forma de dominación política y, así, proliferan los rumores sobre un golpe de estado o un autogolpe del gobierno, al estilo Fujimori. En su crisis, el gobierno y el aparato de estado, exponen al pueblo sistemáticamente a la más cruenta violencia. Así lo demostraron al entrar en la guerra fronteriza con Perú (1995), al asesinar impunemente a un líder de la oposición y al reprimir a los trabajadores y el pueblo. De la capacidad de respuesta y organización de estos últimos, dependerá, en buena medida, para que lado se desequilibre el platillo de la balanza de la lucha de clases.

BLAROUSON