FRANCISCO "PACHO" CORTES

DIRIGENTE SOCIAL CAMPESINO Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

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-Comité de solidaridad por la libertad de Pacho Cortés-

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Chonchocoro, enero de 2004

Bolivia

Compañeras y compañeros,

Reciban mi saludo fraterno con la esperanza que se encuentren bien.

El próximo 10 de febrero estaré cumpliendo nueve meses de presidio, en una celda de dos por dos metros cuadrados, en un penal de máxima seguridad, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, con una temperatura entre los menos 10 y los 10 grados centígrados.

Por ahora sólo estamos imputados, la fiscalía boliviana se encuentra realizando las investigaciones y montajes necesarios para hacer la acusación oficial. Mientras tanto me encuentro en condiciones críticas, enfermo, preocupado, y lo peor de todo, lejos, ausente de mi tierra y de mi pueblo. Durante el gobierno de Sánchez de Lozada las determinaciones jurídicas estaban supeditadas a las necesidades políticas del Ejecutivo, situación que esperamos que ahora cambie, debido al giro histórico que está experimentando Bolivia tras el mes de octubre. Sin embargo, continuamos privados de la libertad, bajo condiciones infrahumanas, sufriendo nuestros problemas de salud además de las precarias situaciones que deben enfrentar nuestras familias tanto en lo económico como en lo social, cuando en Latinoamérica y el mundo entero se impone una estigmatización del trabajo de los dirigentes sociales y una persecusión a los defensores de derechos humanos.

Nuestra detención ocurrió el 10 de abril del 2003, con graves irregularidades, entre ellas, la hora del allanamiento, 6:30 de la mañana, cuando el horario establecido para estos procesos es otro, violando el derecho a la intimidad. Además la policía llegó encapuchada, vestida de diferente manera y con armas de todos los calibres, tanto así que pensamos que eran ladrones que se estaban entrando a robar la casa. Al llegar abrieron las puertas hacia el exterior, así mientras unos estaban permitiendo el ingreso de los medios de comunicación, otros estaban mandándonos de cabezas al suelo. Dos mujeres que estaban en la casa, menores de edad, las sacaron desnudas a los medios de comunicación, violando no sólo los derechos humanos sino la ley boliviana que prohibe exhibir a los menores detenidos a los medios de comunicación. Nos tuvieron unos quince minutos en el patio, medio desnudos, con un arma en la cabeza, una tortura terrible, sin dejarnos mirar qué estaba sucediendo. Finalmente nos sacan, mi compadre y su hija en un carro, Carmelo y yo en otro, a la otra mujer la dejan, la trasladan más tarde a la PTJ (Policía Técnica Judicial, policía investigativa).

Las irregularidades durante la detención se agravan con dos hechos. Por  una parte, el acta que el Fiscal y la PTJ hacen está fabricada, sin nuestra presencia, sin nuestros abogados, sin nadie cercano a nosotros. Es un acta a su manera, firmada por los vecinos, incluida una mujer que hasta donde tengo entendido es la esposa de un policía. El hecho es de una gravedad inmensa porque esta acta dice que encontraron municiones, documentos de propaganda subversiva, que fuimos tratados excelentemente, sin golpe ni maltrato, firmada por gente que nosotros no conocemos, sin nuestra presencia, con el objeto de lograr que la policía descargue sus responsabilidades por las irregularidades cometidas. Por otra parte, dos o tres horas después de concluido formal y legalmente el proceso de detención y allanamiento, se hace un segundo en el que se encuentra droga, lo cual pone en evidencia la intromisión política que sobre este caso ha existido desde el inicio.

En conclusión, son variados y abundantes los hechos que precisan una capitulación, con el fin de captarlos en su magnitud. Primero, es sospechoso que algunos medios de comunicación hayan llegado con la PTJ y la Fiscalía a hacer un allanamiento, algunos periodistas, incluso seguidores de Sánchez de Lozada, denunciaron que fue la embajada norteamericana la que convocó en la madrugada del 10 de abril a estos específicos medios de comunicación para un operativo no definido en El Alto. Segundo, es sospecho que un día antes de la detención, el 9 de abril, día en el que se celebra la revolución del 52, un día antes de nuestra detención, el presidente de la república de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien hoy es ex presidente a causa detoda la corrupción y el mal manejo que hizo como mandatario del país, anunciara que la democracia la iba a defender con las armas. Tercero, un día después de nuestra detención aparece por la televisión el ministro de Gobierno Yerkoc Kukoc diciendo que va a emprender una lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción, cuando a posteriori se ha comprobado que el gobierno de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no tenía ninguna autoridad para detener a nadie, porque el mayor terrorista de Bolivia era dicho gobierno, que entre muchas otras cosas asesinó a más de cien personas en un par de días en El Alto y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Tambi’en hemos sufrido. Mi hijo ha sido amenazado, mi familia en Colombia está amenazada, han llegado cartas, llamadas, sufragios, amenazas directas. Nuestros abogados en Bolivia recibieron llamadas a sus teléfonos celulares en las que les decían que se retiraran de la defensa para que se evitaran problemas a futuro. En ese mismo sentido también viene el robo de bienes. A mi compadre se le entraron a su casa, y aproximadamente un mes y medio volvieron a robarle pero esta vez en su chaco, en su tierrita. A uno de los abogados se le robaron varios documentos del auto. A esto hay que sumarle los montajes, como el que sufrieron en la Asunta, la comunidad de mi compadre Claudio Ramírez, en donde en los mismos días de nuestra detención unos militares dejaron unos explosivos para hacerle creer a la comunidad que gente de ellos estaba involucrada en la fabricación de explosivos. Afortunadamente la gente se dio cuenta y de manera rápida los obligaron a retirarlos. Posteriormente en Cochabamba detienen a una persona que viajaba en una bicicleta e iba con droga y documentos del ELN, pero nunca más se volvió a decir absolutamente nada. Luego, durante varios problemas de orden público en el Chapare entre la fuerza pública y gente de la región, resultaron algunos heridos, sobre los cuales la Fiscalía declaró que obedecían órdenes que Cortés había preparado. Después detienen a una señora llamada Juanita, una sindicalista de la región, muy reconocida como dirigente, a la que le ponen explosivos. En medio de las jornadas de septiembre y octubre, detienen a un tal Marcelino, que iba también con explosivos. Todos ellos públicamente y sin pruebas ligados al caso Cortés. Luego aparece una carta falsificada del Ministro del Interior de Colombia, en la que se recomendaba a uno de los abogados para el caso, con el fin de hacer creer que Cortés o sus abogados estarían falsificando documentos y firmas. Y para concluir con esta etapa nos trasladan de la cárcel de San Pedro para Chonchocoro, con un montaje: un teniente apareció diciendo que nosotros estaríamos involucrados en un plan de fuga.

Aquí en Chonchocoro han continuado las irregularidades y violaciones. Nos tuvieron aislados casi ocho meses. Cuando nos trajeron nos golpearon con palos, nos metieron a la ducha con agua fría y aunque yo estaba resfriado nos dejaron así como quince minutos. Por otro lado se han buscado las maneras de hostigarnos para que nos metamos en problemas, los comentarios de la policía nos hacen preveer amenazas a nuestra integridad, contra nuestra vida. Con el mayor Téllez, uno de los encargados del Penal, ha habido varios problemas, la población ha presentado varias denunias contra él porque abusa contra los derechos de la gente privada de la libertad. En los últimos meses se suma la presión de Régimen Penitenciario para prohibir nuestro traslado de la zona de asilamiento a la población. El traslado lo conseguimos apenas hace un mes, en diciembre, y sólo porque el director nacional estaba personalmente facilitándolo. Una vez trasladado a la población he sido ingresado en esta pieza en el peor pabellón, el más peligroso. En la mayoría de los casos a los presos los dejan cambiar de celda a los pocos días, pero a mí no me han dejado mover.

Actualmente estoy representando a 23 extranjeros presos, en el espíritu de conseguir medicamentos, tramitar documentos con los consulados y embajadas, los trámites en materia de libertad y derechos, hemos conformado una coordinacón de la cual he sido elegido delegado. Ni el gobernador del Penal ni nadie me permiten participar porque según ellos eso no hace parte de la Ley. Los derechos de los extranjeros son los más vulnerados en la prisión, por eso nos movemos con mucho cuidado, no podemos recibir alimentos de todo mundo, no podemos andar a cualquier hora ni solos, la seguridad personal está en bastante riesgo. Yo sé que mi vida en Chonchocoro corre peligro. Además de verse atacada de manera sutil pero constante gracias a la manipulación de la prensa que dice lo que a la Fiscalía le conviene. Por las carátulas que sacan, las figuras, las noticias de televisión, los suplementos de periódicos completamente amplios y bien pagados, se puede saber que tras este caso hay toda una campaña de desprestigio de mi imagen, violando el derecho a la legítima defensa y los prinicipios de la Ley.

Pese a este panorama, estoy convencido de que debemos aprovechar esta coyuntura constituida por varios factores, y aprovechar la ventaja de que no estamos acusados. Primero, tenemos un nuevo gobierno, un poco más abierto a tratar las cosas y existe algún interés internacional de solidaridad, como es el caso de la Vía Campesina, parlamentarios y diputados internacionales, organizaciones de derechos humanos, gente de diferentes movimientos políticos, de jóvenes, de mujeres. Segundo, existe una crisis social y de gobernabilidad en Colombia, se cayó el referéndum, las cárceles están llenas de presos políticos y sociales. Y por último, el gobierno de Bolivia que me puso preso y me tendió el montaje acaba de salir bastante desprestigiado. Por todas estas situaciones que expreso con el fin de romper el silencio y el aislamiento que intensifica la prisión, les propongo apoyarnos en la lucha por nuestra libertad y derecho a una defensa legítima, en el marco de los derechos humanos. Por eso se necesita veeduría internacional, acompañamiento, misiones humanitarias, acciones concretas en las embajadas bolivianas en el mundo. Porque tal cual cómo se comporta esta arremetida del imperialismo norteamericanos en Latinoamérica, mi defensa debe estar dirijida en dos líneas, la política y la jurídica, y en ambas necesitamos apoyo y solidaridad, tanto económica como de acciones que permitan avanzar y desvertebrar los intereses de quienes buscan reprimir la organización social para abrirle espacio a la inversión extranjera en la región, fundamentalmente para controlar la producción de hoja de coca y el comercio de droga.

He sido un convencido de las luchas campesinas en defensa de la vida, el territorio y la paz, esa es mi consigna y aun en la cárcel y en las precarias condiciones en las que me encuentro he seguido dando la lucha por los derechos de las personas. Mi moral, mi fidelidad social y mi espíritu de lucha social siguen vigentes y en alto, y aunque mi cuerpo está en prisión, mi conciencia, mis principios sociales y mi ideología están en plena libertad. Mi esperanza es que seamos capaces de mantener vivo el principio generador de nuestra lucha, incluso y sobre todo, por encima de los muros que levantan quienes buscan minarnos obstaculizando el ejercicio de ese principio básico, esa columna que nos mantiene unidos y en esperanza: la solidaridad.

Para comunicarnos por teléfono, marcar al (591) 2 213 05 81, 2 213 05 82, 2 213 55 65 (horario Bolivia). Para comunicaciones por internet, escribir a [email protected], [email protected], [email protected] 

Agradeciendo de antemano el apoyo y la solidaridad, me despido fraternamente.

  Atte.

FRANCISCO “PACHO” CORTÉS