Título original: Elections 2000
Autor: Noam Chomsky.
Origen: Z Magazine, enero de 2001
Traducido por Manuel Valdés y revisado por Mateu Llas
El dato más sorprendente sobre las elecciones de Noviembre de 2000 es que fueron, estadísticamente, un empate. (también para el Congreso, virtualmente). La cuestión más interesante es lo que esto muestra sobre el funcionamiento de la democracia representativa. Para muchos comentaristas, el hecho de que la presidencia "dependa de unos pocos cientos de votos" revela la extraordinaria salud y vigor de la democracia americana (por ejemplo, el que fuera portavoz del Departamento de Estado James Rubin). Una interpretación alternativa es que confirma la idea de que no hubo una elección en ningún sentido que tome el concepto de democracia seriamente.
¿Bajo que condiciones podríamos esperar que 100 millones de votos se dividan al 50%, con variaciones que caen sobradamente dentro de los esperados márgenes de error del 1-2 por ciento? Hay un modelo muy simple que produciría este resultado: que la gente vote aleatoriamente. Si decenas de millones de votos se emitieran para elegir a X contra Y para Presidente de Marte, se esperaría un resultado de este tipo. En el supuesto de que el modelo más simple sea el válido, las elecciones no tuvieron lugar.
Por supuesto, se pueden construir modelos más complejos, y sabemos que el más simple no es estrictamente válido. Se pueden identificar bloques de votos, y a veces se puede apreciar la razón de las preferencias. Se puede entender que el sector financiero debería apoyar aplastantemente a Bush, cuyos anunciados planes incluían regalos enormes de recursos públicos a la industria, y más garantías que su oponente para la demolición de instituciones quasi-democráticas (la Seguridad Social en particular). Y no es ninguna sorpresa que los votantes blancos pudientes favorecieron a Bush, mientras que sindicalistas, latinos y afro-americanos se oponían fuertemente a él. ("Apoyaban a Gore" en la terminología convencional).
Pero los bloques no son siempre fáciles de explicar en términos de votaciones basadas en intereses. Y está bien recordar que a menudo se vota deliberadamente contra los propios intereses. Por ejemplo, en 1984 Reagan compitió en el papel de "verdadero conservador", ganando lo que se llamó una " victoria arrolladora" (con menos del 30 por ciento del voto electoral); una gran mayoría de votantes se oponían a su programa legislativo, y sólo un 4 por ciento de los que le apoyaban se identificaban a sí mismos como "verdaderos conservadores". Este tipo de resultados no es muy sorprendente cuando más del 80 por ciento de la población cree que el gobierno "está para el beneficio de pocos y los intereses especiales, no la gente", siendo esta proporción de la mitad en años anteriores. Cuando un número parecido siente que el sistema económico es "inherentemente injusto" y los trabajadores tienen poco que decir, y que "hay mucho poder concentrado en las manos de grandes compañías para el bien de la nación." Bajo tales circunstancias, la gente puede tender a votar (si lo hacen) en terrenos que poco tienen que ver con opciones políticas, sobre las que creen que tienen poca influencia. Estas tendencias se ven reforzadas por una intensa concentración de los medios/publicidad en el estilo, personalidad y demás asuntos irrelevantes (en los debates presidenciales, ¿recordará Bush dónde está Canadá? ; ¿Recordará Gore a la gente a algún desagradable sabihondo de 4º curso?)
Estudios sobre la opinión pública dan mayor credibilidad al modelo más simple. El proyecto Vanishing Voter (Votante Desaparecido) de Harvard ha estado monitorizando diversas actitudes a lo largo de la campaña presidencial. Su director, Thomas Patterson, comunica que "la sensación de impotencia de los americanos ha alcanzado un nivel alarmante", con un 53 por ciento respondiendo "sólo un poco" o "ninguna" a la pregunta: "¿cuánta influencia cree que gente como usted tiene sobre lo que hace el gobierno?" El pico anterior, hace 30 años, fue 41 por ciento. Durante la campaña, más de un 60 por ciento de votantes normales veían la política en América como "en general, bastante desagradable". En cada sondeo semanal, más gente encontró la campaña aburrida que excitante, por un margen del 48 por ciento al 28 por ciento en la última semana. Tres cuartos de la población veían el proceso como un juego en el que participaban grandes contribuyentes (aplastantemente corporaciones), líderes de los partidos, y la industria de Relaciones Públicas, que manipuló a los candidatos para que dijeran "casi cualquier cosa para que fueran elegidos", de manera que uno pudiera creer poco de lo que dijeran incluso cuando su postura fuera inteligible. En casi todos los temas, los ciudadanos no pudieron identificar las posturas de los candidatos-no porque fueran estúpidos o no lo intentaran.
Es, entonces, razonable suponer que el modelo más simple es una primera aproximación bastante ajustada a la verdad sobre las elecciones, y que el país es conducido aun más que antes hacia la situación descrita por el anterior Presidente de Colombia Alfonso López Michaelsen, refiriéndose a su propio país: un sistema político de reparto de poder por partidos que son "dos caballos con el mismo dueño". Más aún, parece ser que existe una conciencia popular general de que esto es así.
Por otra parte, tal vez las similaridades nos ayuden a entender la gran admiración y alabanza de Clinton por la democracia Colombiana, y por el grotesco sistema social y económico sostenido por la violencia. El hecho es que después de una década en la que fue el principal receptor de armas y entrenamiento militar estadounidense en el hemisferio-y el principal violador de los derechos humanos, en conformidad con una bien establecida correlación-Colombia obtuvo el primer lugar a nivel mundial en 1999, con un enormemente mayor incremento en estos momentos (Israel-Egipto es una categoría aparte).
Cuando unas elecciones son un gran empate estadístico sin ningún significado, y un ganador tiene que ser elegido de alguna manera, el procedimiento racional sería alguna elección arbitraria; digamos lanzar una moneda. Pero eso no es aceptable. Es necesario investir el proceso de elegir a nuestro líder con una majestad apropiada, un esfuerzo llevado a cabo durante cinco semanas de intensa dedicación de elite a la tarea, con un éxito limitado, aparentemente.
Las cinco semanas de pasional esfuerzo no fueron un completo desperdicio. Contribuyeron a exponer parcialidades racistas practicadas en Florida y demás sitios-que probablemente tienen un elemento considerable de parcialidad clasista, escondido por el rechazo estándar en los comentaristas estadounidenses a admitir que existe una estructura de clases, y las relaciones raza-clase.
Se puso al menos un poco de atención en un factor numéricamente mucho más importante que el feo hostigamiento a los votantes negros, y las intrigas electorales: negación al voto a través de la encarcelación. El día después de las elecciones, Human Rights Watch emitió un (apenas notado) estudio que informaba que el elemento "decisivo" en las elecciones en Florida fue la exclusión del 31 por ciento de hombres afro-americanos, ya sea porque estuvieran en prisión o por ser parte de los más de 400.000 ex-convictos que tienen el voto negado permanentemente. HRW estima que "más de 200.000 potenciales votantes negros (fueron) excluidos de las urnas". Debido a que votan aplastantemente a los Demócratas, eso cambió "decisivamente" el resultado. Los números dejan pequeños a los discutidos en el intenso escrutinio por conceptos meramente técnicos (papeletas deformadas, etc...). Lo mismo era cierto para otros estados con empate. En siete estados, informó HRW, "uno de cada cuatro hombres negros es permanentemente apartado" del voto; "casi todos los estados en EE.UU. niegan a los prisioneros el derecho a votar" y "catorce estados impiden a los delincuentes el poder votar incluso después de haber cumplido sus sentencias", permanentemente negando el voto a "más de un millón de ex-convictos". Estos son afroamericanos y latinos en proporciones que nada tienen que ver con las de la población en general, o con las de lo que se llama "criminalidad".
"Mas del 13 por ciento de hombres negros (unos 1.4 millones en toda la nación) son excluidos por varios años, a veces de por vida, como resultado de sus condenas, algunos por pasar las mismas drogas que Al Gore fumó, o que George W. esnifó en épocas pasadas", escribe el profesor de Derecho de la Universidad de Nuevo México Tim Canova. Los pocos informes en los principales periódicos estadounidenses apuntaban que las implicaciones políticas son altamente significativas, apartando votos de los candidatos Demócratas. Las cantidades son grandes. En Alabama y Florida, más del 6 por ciento de votantes potenciales fueron excluidos por fichas delictivas; "para los negros, en Alabama el porcentaje es del 12.4 y en Florida del 13.8 "; "En otros cinco estados-Iowa, Mississippi, Nuevo México, Virginia y Wyoming-las leyes que apartan del voto a los convictos afectaron a uno de cada cuatro hombre negros" (NY Times, 3 de Noviembre, citando estudios académicos y sobre derechos humanos).
Los investigadores académicos, sociólogos Jeff Manza (Universidad Northwestern) y Christopher Uggen (Universidad de Minnesota), concluyen que "si no fuera por los convictos excluidos, los Demócratas aún tendrían el control del senado de EE.UU" "Si las elecciones Bush-Gore resultan ser tan apretadas como las Kennedy-Nixon, y Bush se cuela dentro [de la casa blanca], podremos atribuirlo a la exclusión de convictos". Volviendo a examinar elecciones apretadas al senado desde 1978, concluyen que "el voto de los convictos podría haber invertido las victorias Republicanas en Virginia, Texas, Georgia, Kentucky, Florida y Wyoming, y evitar así la toma Republicana [del senado]" (Los Angeles Times, 8 de Septiembre).
Citando los mismos estudios, el Santa Fe New Mexican (19 de Noviembre) apuntaba que el 5.5 por ciento de potenciales votantes en Nuevo México-donde las elecciones fueron también un empate estadístico-fueron excluidos por penas judiciales. "Hasta un 45 por ciento de hombre negros en el estado no pueden votar-el mayor porcentaje en el país", aunque las cantidades totales no son tan dramáticas como en Florida. Cantidades que no estaban disponibles en el caso de los hispanos, que constituyen el 60 por ciento de los prisioneros del estado (y casi un 40 por ciento de la población estimada), pero las conclusiones se pueden comparar. "Ningún partido parece interesado en remarcar el asunto, dijo Manza. Los Republicanos sienten que tienen poco que ganar porque se cree que estos votantes son aplastantemente demócratas. Y, añadió, 'Los Demócratas están tan ocupados en no parecer débiles con el crimen que estoy seguro de que no pondrán el grito en el cielo por esto'."
El último comentario dirige la atención a una cuestión de importancia crítica, discutida mayoritariamente en el extranjero (ver Duncan Campbell, Gurdian, 14 de Noviembre; Serge Halimi y Looc Wacquant, Le Monde Diplomatique, Diciembre de 2000; también Earl Ofari Hutchinson, Christian Science Monitor, 14 de Diciembre). Durante los últimos ocho años, Clinton y Gore negaron el voto a un grupo de votantes que podrían haber inclinado la balanza a favor de Gore fácilmente. Durante su mandato, la población en prisión se incrementó desde 1.4 a 2 millones, eliminando un enorme numero de potenciales votantes demócratas de las listas, gracias a las duras leyes condenatorias. Clinton-Gore eran particularmente devotos de las draconianas leyes de Reagan-Bush, apunta Hutchinson. El núcleo de estas prácticas son leyes anti-droga que poco tienen que ver con drogas, pero mucho con control social: eliminar personas superfluas y asustar a las demás. Cuando la última fase de "guerra a las drogas" se diseñó en los 80, se observó inmediatamente que "estamos escogiendo concentrar entre las minorías un intenso problema criminal" (Daniel Patrick Moynihan, uno de los pocos Senadores que prestó atención a las estadísticas sociales). "Los planificadores de la guerra sabían exactamente lo que hacían", escribió el criminólogo Michael Tonry, reseñando los procedimientos racistas y basados en la clase que se ejecutaban en el sistema, desde arrestos a sentencias-y que continúa con una larga y desgraciada tradición (ver Randall Shelden, Controlando las Clases Peligrosas: una Introducción Critica a la Historia de la Justicia Criminal).
Hace veinte años. EE.UU. estaba al nivel de otros países industrializados en el grado de encarcelaciones. En la actualidad está fuera de la escala, es el líder mundial entre países que tengan cifras significativas. La escalada no tenía que ver con los niveles de criminalidad, que no eran distintos de otros países industrializados entonces y han permanecido estables o por debajo. Pero son un ingrediente natural de los programas de interior instituidos desde los últimos años de la era Carter, una variante de las "reformas neoliberales" que han tenido un efecto devastador en gran parte del tercer mundo. Estas "reformas" se han visto acompañadas de un notable deterioro en medidas convencionales de "salud económica" a lo largo del mundo, pero han tenido un mucho más dramático impacto en los indicadores sociales estándar: medidas de la "calidad de vida". En los EE.UU. estos vigilaban el crecimiento económico hasta que las "reformas" fueron instituidas, y han declinado desde entonces, hasta el nivel de hace 49 años, en lo que el instituto de investigación de la Universidad Fordham, que ha hecho los principales estudios del tema, llama una "recesión social" (Marc y Marque-Luisa Miringoff, La salud social de la nación, ver Paul Street, Z magazine, Noviembre de 2000). Las recompensas económicas están altamente concentradas, y gran parte de la población se vuelve superflua para los beneficios y el poder.
La marginación de la población superflua toma muchas formas. Algunas de estas fueron el tema de una reciente historia de portada de Bussiness Week titulada "Por qué el Servicio Apesta" (23 de octubre). Reseñaba refinamientos a la hora de implementar la regla del 80-20 que se enseña en escuelas financieras: el 20 por ciento de tus clientes te ofrecen el 80 por ciento de los beneficios, y estarías mucho mejor sin el resto. El "nuevo apartheid del consumidor" se basa en la moderna tecnología de la información (en gran medida un regalo de un público ignorante) para permitir a las corporaciones ofrecer servicios superiores a clientes beneficiosos, y deliberadamente ofrecer un servicio deficiente al resto, cuyas preguntas o quejas pueden ser ignoradas sin riesgo. La experiencia es familiar, y conlleva severos costes-no sabemos hasta que punto cuando se distribuye sobre una amplia población, porque no están incluidos entre las altamente ideológicas medidas de comportamiento económico. La encarcelación puede ser vista como una versión extrema, para los menos valiosos.
La encarcelación tiene otras funciones. Es una forma de interferir en mercados laborales, eliminando varones, y mujeres en cada vez mayor proporción, en edad de trabajar, de la fuerza laboral. Calculando el desempleo real cuando se incluye esta fuerza laboral, los autores de un estudio académico informativo encuentran que EE.UU. está dentro de los niveles europeos, contrariamente a las pretensiones convencionales (Bruce Western y Katherine Beckett, American Journal of Sociology, Enero de 1999; también Prison Legal News, Octubre de 2000). Concluyen que la idea no es interferir en el mercado laboral, sino la forma de hacerlo: prácticas de trabajo, subsidio de desempleo y demás en un modelo democrático; o mandar a los que sobren a la cárcel. Al seguir esta política, los EE.UU. se han separado de otros países industrializados. Europa abandonó las restricciones al voto para criminales hace décadas; en 1999, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica dio a los internos el derecho a votar, alegando que el "voto de todos y cada uno de los ciudadanos es una insignia de dignidad y humanidad." Previamente a las "reformas neoliberales" y su compañera la "guerra a las drogas", los EE.UU. se dirigían en la misma dirección, el National Law Journal (30 de Octubre) comenta: "Los Estándares de la Asociación Americana de Impedimentos sobre la Incapacitación Civil del Convicto, aprobados en 1980, sentencian llanamente que 'los convictos de cualquier ofensa no deberían ser privados del derecho a votar' y que las leyes al respecto de las discapacitaciones civiles colaterales para convictos 'deberían ser rechazadas'."
Para acabar, los programas Clinton-Gore de exclusión de sus propios votantes deberían comprenderse como una componente natural de sus concepciones socioeconómicas globales. Las elecciones en sí mismas ilustran la metáfora de un sistema político de dos caballos con el mismo dueño corporativo. Nada de esto es nuevo. No hay ninguna "época dorada" que se haya perdido, y este no es el primer periodo de ataque concentrado a la democracia y los derechos humanos. Mientras que merezca la pena discutir las elecciones de Noviembre de 2000, deberían, creo, ser vistas desde estas perspectivas.