
Aunque en la actualidad los nuevos actores políticos se refieran al "puntó fijismo" de manera peyorativa, el Pacto de Punto Fijo funcionó como un mecanismo que permitió la estabilización del sistema político venezolano por espacio de cuarenta años. Por otra parte, dicho acuerdo obedeció a circunstancias históricas muy específicas. Luego del derrocamiento del régimen de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, el peligro de una nueva dictadura militar se convirtió en una amenaza permanente para el establecimiento de la democracia. En tal sentido, la Junta de Gobierno presidida por Wolfang Larrazábal, tuvo que enfrentar dos intentos fallidos de Golpe de Estado. El primero llevado a cabo por Jesús María Castro León (Ministro de Defensa de la Junta de Gobierno), el 23 de julio de 1958. El segundo, liderado por los oficiales José Ely Mendoza y Juan de Dios Moncada Vidal, el 7 de septiembre de 1958; el cual buscaba impedir la realización de las elecciones a fines de ese año.
Ante tales circunstancias, Rómulo Betancourt propuso el Pacto de Punto Fijo, el cual no era sino la prolongación de conversaciones sostenidas en Nueva York, entre Betancourt, Caldera y Villalba, durante su exilio; con el fin de garantizar un compromiso entre AD, COPEI y URD para gobernar.

Rafael Caldera

Rómulo Betancourt
El 31 de octubre de 1958, se firmó en la Quinta "Punto Fijo", propiedad de Rafael Caldera, el acuerdo entre AD, COPEI y URD, siendo excluido el PCV (Partido Comunista Venezolano). Los signatarios del Pacto de Punto Fijo se comprometían a actuar conjunta y solidariamente en torno a tres aspectos:
1) defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral: se explica allí que, cualquiera que fuese el partido que ganase las elecciones, los otros dos se opondrían al uso de la fuerza para cambiar el resultado;
2) gobierno de unidad nacional: se formaría un gobierno de coalición y ninguno de los tres partidos tendría la hegemonía en el gabinete ejecutivo;
3) los tres partidos se comprometían a presentar ante el electorado un programa mínimo común.
El respeto al Pacto de Punto Fijo, por parte de los firmantes, permitió que se realizaran las elecciones del 7 de diciembre de 1958, resultando electo Presidente de la República, Rómulo Betancourt.
El período de Rómulo Betancourt fue bastante tumultuoso ya que hubo varios alzamientos militares y hasta un atentado contra la vida del mismo presidente. En 1962 hubo varios alzamientos militares que recibieron los nombres de "Carupanazo" y "Porteñazo", por haberse desarrollado en las ciudades de Carúpano y Puerto Cabello, respectivamente. Estos movimientos de guerrilla eran de corte izquierdista y se dice que contaban con el apoyo del presidente cubano, Fidel Castro.
A fines de 1960 URD abandonó la coalición de gobierno, lo que posteriormente daría paso al Bipartidismo AD-COPEI, el cual caracterizaría al sistema de partidos venezolano hasta 1993.
En síntesis, si bien no era totalmente inédito en la historia venezolana un pacto o "fusión", el Pacto de Punto Fijo constituyó el ejemplo más acabado de formalización e institucionalización de las reglas de juego, llevado a cabo durante toda la historia política de Venezuela
En 1963 se realizaron las
elecciones generales, resultando ganador el copartidario de Rómulo Betancourt,
Raúl Leoni. Era la primera vez en la historia de Venezuela que un presidente
electo por el pueblo entregaba el poder a otro presidente también electo por el
pueblo. El gobierno de Raúl Leoni se llamó de "Amplia Base" por haber
invitado a participar en el gabinete a militantes de Acción Democrática, URD y
del Frente Nacional Democrático (FND), así como algunos independientes.
Durante el gobierno de Raúl Leoni se inició el proceso de pacificación. Como aspectos positivos de los 10 primeros años de la democracia podemos mencionar que disminuyó la mortalidad infantil, el analfabetismo pasó de 49% en 1950 a menos del 20% en 1966 y se aumentó la esperanza de vida del venezolano en 5 años.
Mención especial se merece doña Menca de Leoni, la esposa del presidente, por su labor en pro de la mujer y de la infancia, que le valió el aprecio y reconocimiento de toda la población venezolana.
Un año antes de las elecciones, el partido Acción Democrática sufrió una fuerte división con la salida de Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien aspiraba a la candidatura presidencial, pero al no obtenerla se separó del partido y fundó el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). Esto permitió que Rafael Caldera, el eterno candidato de COPEI, resultara electo con el 29% de los votos, frente al 28% del candidato adeco, Gonzalo Barrios. Los partidos URD, FND y el Frente Democrático Popular (FDP) se unieron para formar el "Frente de la Victoria" con Miguel Ángel Burelli Rivas como candidato, quien recibió el 22% de los votos, mientras que Prieto Figueroa recibía el 19%.
En conclusión el llamado Pacto Fijismo duró cuarenta años en donde fueron protagonistas los siguientes políticos:
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1958 |
Junta de Gobierno: Wolfgang Larrazábal Ugueto |
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1958-1959 |
Edgard Sanabria |
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1959-1964 |
Rómulo Betancourth |
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1964-1969 |
Raúl Leoni |
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1969-1974 |
Rafael Caldera |
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1974-1979 |
Carlos Andrés Pérez |
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1979-1984 |
Luis Herrera Campíns |
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1984-1989 |
Jaime Lusinchi |
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1989-1993 |
Carlos Andrés Pérez |
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1993-1994 |
Ramón J. Velásquez |
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1994-1999 |
Rafael Caldera |
Hasta llegar al actual presidente que rompe con el mencionado Pacto: Hugo Rafael Chávez Frías.
A continuación la redacción del tratado:
PACTO DE PUNTO FIJO
Venezuela, Caracas, 1958
Los partidos Acción Democrática, Social Cristiano Copei y Unión
Republicana Democrática, previa detenida y ponderada consideración de todos los
elementos que integran la realidad histórica nacional y la problemática
electoral del país, y ante la responsabilidad de orientar la opinión pública
para la consolidación de los principios democráticos, han llegado a un pleno
acuerdo de unidad y cooperación sobre las bases y mediante las consideraciones
siguientes:
1a Como es del conocimiento público, durante varios
meses las distintas fuerzas políticas que han participado en las acciones
unitarias para la defensa del régimen democrático han mantenido conversaciones
destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y cooperación entre ellas,
interesadas por igual en la consolidación de la unidad y la garantía de la
tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización
ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en el acta de
ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958 por los
partidos políticos que la integraban inicialmente. El resultado obtenido es
favorable, toda vez que las naturales divergencias entre los partidos, tan
distintas de unanimismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de
pautas de convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar.
El análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las
perspectivas de nuestro movimiento democrático, la ponderación comprensiva de
los intereses legítimamente representados por los partidos a nombre de los
centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la existencia de
amplios sectores independientes que constituyen factor importante de la vida
nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso de afirmación de la
República como elemento institucional del Estado sometido al control de las
autoridades constitucionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de
todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr la organización de la
Nación venezolana, han estado presentes en el estudio de las diferentes
fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los derechos que
asisten a los partidos como representantes de grandes núcleos nacionales y la
preocupación común de atender en conjunto a los intereses perdurables de la
Nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la generosa impaciencia
de calificados valores de la opinión, son la garantía de que las deliberaciones
han respondido a un serio y responsable enfoque de las urgencias del país.
2a Las minuciosas y largas conversaciones han servido
para comprometer a las organizaciones unitarias en una política nacional de
largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así: a) seguridad de que el
proceso electoral y los Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a las
pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y b) garantía de que
el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino
que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la
despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista
y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los
cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los
sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la
República como sistema popular de Gobierno.
3a Establecidos esos principios de carácter general, COPEI,
AD y URD comprometen su acción y responsabilidad en los términos siguientes:
a) Defensa de la constitucionalidad y del derecho a
gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la
responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el periodo
constitucional 1959-1964; intervención de la Fuerza contra las autoridades
surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones
políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales
en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el
transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan
dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la
oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un
deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza
que pudiese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también
como delito de lesa patria.
b) Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del
Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la
suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho entre
nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario
cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo
republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de Unidad Nacional es el
camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición
sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente
sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta
hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las
corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país,
mediante una leal selección de capacidades.
c) Programa mínimo común. Para facilitar la cooperación
entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su
colaboración en el Gobierno Constitucional los partidos signatarios acuerdan
concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución
sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del
afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará por
separado, sobre las bases generales, ya convenidas, y se considerará un anexo
del presente acuerdo. Como este programa no excluye el derecho de las
organizaciones políticas a defender otros puntos no comprendidos en él, se
acuerda para estos casos la norma siguiente: ningún partido unitario incluirá
en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo
y, en todo caso, la discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá
dentro de los límites de la tolerancia y del mutuo respeto a que obligan los
intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política.
4a El ideal de la unidad como instrumento de lucha
contra la tiranía y contra las fuerzas en aptitud de reagruparse para auspiciar
otra aventura despótica, sería la selección de un candidato presidencial
democrático único, la formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados
y la formación de un frente único a base de un solo programa integral de
Gobierno.
En la práctica se ha evidenciado que diversos factores reales
contradicen esa perspectiva histórica, mas, afortunadamente, hay otros medios
idóneos de preservar la Unidad Nacional. Por consiguiente, lejos de considerar
comprometida la unidad por la comprobación de naturales contradicciones
interpartidistas que se corresponden con la esencia de la actividad
democrática, las organizaciones signatarias después de confrontar sus distintas
opiniones entre sí y con las emitidas por voceros independientes autorizados,
de la prensa y de otros factores nacionales define:
1) Los requerimientos de la unidad son compatibles con la
eventualidad de diversas candidaturas y planchas legislativas.
2 ) Para que la presentación de varias candidaturas
presidenciales y diversas planchas legislativas pueda verificarse sin menoscabo
de la unidad y sin ruptura de la tregua interpartidista, es indispensable
fortalecer el sentimiento de común interés patriótico y la tolerancia y mutuo
respeto entre las fuerzas unitarias, base de lo cual debe ser la sincera y
solemne adhesión de todas las fuerzas democráticas a los puntos contenidos en
esta declaración y al espíritu que la anima, tal como hoy se consagra con la
firma de este documento.
3) Para garantizar la tregua política y la convivencia
unitaria de las organizaciones democráticas, se crea una Comisión Interpartidista
de Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Dicha Comisión
estará encargada de orientar la convivencia interpartidista, de conocer las
quejas que se produzcan contra las desviaciones personalistas o sectarias en la
campana electoral y de diligenciar ante cualquiera de los signatarios, y a
nombre de todos, la morigeración y control en lo que pudiera comprometer la
convivencia democrática.
5a Para garantizar que varias postulaciones
presidenciales y varias planchas legislativas sean en todo momento expresiones
de la voluntad nacional de celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan
en fortalecimiento de la democracia, se proclama:
I. Cada organización queda en libertad de sustentar su
propio candidato presidencial y sus propias planchas para los cuerpos
colegiados dentro del concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido de que
garanticen la tolerancia mutua durante la campaña y el cumplimiento de los
compromisos generales convenidos en esta declaración cualquiera que sea la
candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.
II. Todos los votos emitidos a favor de las diversas
candidaturas democráticas, serán considerados como votos unitarios y la suma de
los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular
a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de derecho.
III. La postulación de los candidatos presidenciales y de
las planchas legislativas es de la responsabilidad de cada partido o coalición.
Será el pueblo elector a quien le corresponda calificar con el voto cualquier
postulación.
Los partidos que suscriben este documento garantizan la
adhesión de los principios y normas aquí consagrados de sus respectivos
candidatos a la Presidencia de la República.
IV. Los partidos signatarios se comprometen a realizar una
campaña positiva de afirmación de sus candidatos y programas dentro del
espíritu de la unidad, evitando planteamientos y discusiones que pueden
precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista del debate y
divisiones profundas que luego pudieran comprometer la formación del Gobierno
de Unidad Nacional.
V. Después de publicado el resultado oficial de las
elecciones, tendrá lugar en Caracas un gran acto popular encargado de ratificar
los siguientes principios:
a) Pública adhesión de todas las organizaciones y
candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión de la
soberana voluntad popular.
b) Ratificación por parte de las organizaciones signatarias
de su sincero propósito de respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual
prestarán leal y democrática colaboración.
Consideran las organizaciones signatarias que la adhesión de todas
las fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en esta declaración es
una garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral democrático dentro
de un clima de unidad. La cooperación de los organismos profesionales
gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de personalidades
independientes, con los fines así precisados, consolidarán la convivencia
nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga
en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad
administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica
del pueblo venezolano. Como este acuerdo no fija principio o condición
contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su
leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas de
cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades
perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin
perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de
la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de
Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia.
Caracas, 31 de octubre de 1958
(Firmado)
Por Unión Republicana Democrática,
Jóvito Villalba.
Ignacio Luis Arcaya.
Manuel López Rivas.
(Firmado)
Por el Partido Social Cristiano Copei,
Rafael Caldera.
Pedro del Corral.
Lorenzo Fernández.
(Firmado)
Por Acción Democrática,
Rómulo Betancourt.
Raúl Leoni.
Gonzalo Barrios.
Fuentes de
Información
www.venezuelatuya.com/historia/puntofijo.htm
www.analitica.com/bitblio/venezuela/punto_fijo.asp