Ensayo realizado por: Franklin Lezama

El Pacto de Punto Fijo

Aunque en la actualidad los nuevos actores políticos se refieran al "puntó fijismo" de manera peyorativa, el Pacto de Punto Fijo funcionó como un mecanismo que permitió la estabilización del sistema político venezolano por espacio de cuarenta años. Por otra parte, dicho acuerdo obedeció a circunstancias históricas muy específicas. Luego del derrocamiento del régimen de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, el peligro de una nueva dictadura militar se convirtió en una amenaza permanente para el establecimiento de la democracia. En tal sentido, la Junta de Gobierno presidida por Wolfang Larrazábal, tuvo que enfrentar dos intentos fallidos de Golpe de Estado. El primero llevado a cabo por Jesús María Castro León (Ministro de Defensa de la Junta de Gobierno), el 23 de julio de 1958. El segundo, liderado por los oficiales José Ely Mendoza y Juan de Dios Moncada Vidal, el 7 de septiembre de 1958; el cual buscaba impedir la realización de las elecciones a fines de ese año.

Ante tales circunstancias, Rómulo Betancourt propuso el Pacto de Punto Fijo, el cual no era sino la prolongación de conversaciones sostenidas en Nueva York, entre Betancourt, Caldera y Villalba, durante su exilio; con el fin de garantizar un compromiso entre AD, COPEI y URD para gobernar.

 

  


Rafael Caldera


Rómulo Betancourt

El 31 de octubre de 1958, se firmó en la Quinta "Punto Fijo", propiedad de Rafael Caldera, el acuerdo entre AD, COPEI y URD, siendo excluido el PCV (Partido Comunista Venezolano). Los signatarios del Pacto de Punto Fijo se comprometían a actuar conjunta y solidariamente en torno a tres aspectos:

 

1) defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral: se explica allí que, cualquiera que fuese el partido que ganase las elecciones, los otros dos se opondrían al uso de la fuerza para cambiar el resultado;

 

2) gobierno de unidad nacional: se formaría un gobierno de coalición y ninguno de los tres partidos tendría la hegemonía en el gabinete ejecutivo;

 

3) los tres partidos se comprometían a presentar ante el electorado un programa mínimo común.

El respeto al Pacto de Punto Fijo, por parte de los firmantes, permitió que se realizaran las elecciones del 7 de diciembre de 1958, resultando electo Presidente de la República, Rómulo Betancourt.

El período de  Rómulo Betancourt  fue bastante tumultuoso ya que hubo varios alzamientos militares y hasta un atentado contra la vida del mismo presidente. En 1962 hubo varios alzamientos militares que recibieron los nombres de "Carupanazo" y "Porteñazo", por haberse desarrollado en las ciudades de Carúpano y Puerto Cabello, respectivamente. Estos movimientos de guerrilla eran de corte izquierdista y se dice que contaban con el apoyo del presidente cubano, Fidel Castro.

 

A fines de 1960 URD abandonó la coalición de gobierno, lo que posteriormente daría paso al Bipartidismo AD-COPEI, el cual caracterizaría al sistema de partidos venezolano hasta 1993.

En síntesis, si bien no era totalmente inédito en la historia venezolana un pacto o "fusión", el Pacto de Punto Fijo constituyó el ejemplo más acabado de formalización e institucionalización de las reglas de juego, llevado a cabo durante toda la historia política de Venezuela

 

 

En 1963 se realizaron las elecciones generales, resultando ganador el copartidario de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni. Era la primera vez en la historia de Venezuela que un presidente electo por el pueblo entregaba el poder a otro presidente también electo por el pueblo. El gobierno de Raúl Leoni se llamó de "Amplia Base" por haber invitado a participar en el gabinete a militantes de Acción Democrática, URD y del Frente Nacional Democrático (FND), así como algunos independientes.

 

Durante el gobierno de Raúl Leoni se inició el proceso de pacificación. Como aspectos positivos de los 10 primeros años de la democracia podemos mencionar que disminuyó la mortalidad infantil, el analfabetismo pasó de 49% en 1950 a menos del 20% en 1966 y se aumentó la esperanza de vida del venezolano en 5 años.

Mención especial se merece doña Menca de Leoni, la esposa del presidente, por su labor en pro de la mujer y de la infancia, que le valió el aprecio y reconocimiento de toda la población venezolana.

Un año antes de las elecciones, el partido Acción Democrática sufrió una fuerte división con la salida de Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien aspiraba a la candidatura presidencial, pero al no obtenerla se separó del partido y fundó el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). Esto permitió que Rafael Caldera, el eterno candidato de COPEI, resultara electo con el 29% de los votos, frente al 28% del candidato adeco, Gonzalo Barrios. Los partidos URD, FND y el Frente Democrático Popular (FDP) se unieron para formar el  "Frente de la Victoria" con Miguel Ángel Burelli Rivas como candidato, quien recibió el 22% de los votos, mientras que Prieto Figueroa recibía el 19%.

 

En conclusión el llamado Pacto Fijismo duró cuarenta años en donde  fueron protagonistas los siguientes políticos:

 

Presidentes de Venezuela en este período

1958

Junta de Gobierno: Wolfgang Larrazábal Ugueto

1958-1959

Edgard Sanabria

1959-1964

Rómulo Betancourth

1964-1969

Raúl Leoni

1969-1974

Rafael Caldera

1974-1979

Carlos Andrés Pérez

1979-1984

Luis Herrera Campíns

1984-1989

Jaime Lusinchi

1989-1993

Carlos Andrés Pérez

1993-1994

Ramón J. Velásquez

1994-1999

Rafael Caldera

 

Hasta llegar al actual presidente que rompe con el  mencionado Pacto: Hugo Rafael Chávez Frías.

 

 

 

 

A continuación la redacción del  tratado:

 

 

PACTO DE PUNTO FIJO

Venezuela, Caracas, 1958

 

Los partidos Acción Democrática, Social Cristiano Copei y Unión Republicana Democrática, previa detenida y ponderada consideración de todos los elementos que integran la realidad histórica nacional y la problemática electoral del país, y ante la responsabilidad de orientar la opinión pública para la consolidación de los principios democráticos, han llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las bases y mediante las consideraciones siguientes:

1a Como es del conocimiento público, durante varios meses las distintas fuerzas políticas que han participado en las acciones unitarias para la defensa del régimen democrático han mantenido conversaciones destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y cooperación entre ellas, interesadas por igual en la consolidación de la unidad y la garantía de la tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en el acta de ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958 por los partidos políticos que la integraban inicialmente. El resultado obtenido es favorable, toda vez que las naturales divergencias entre los partidos, tan distintas de unanimismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de pautas de convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar. El análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las perspectivas de nuestro movimiento democrático, la ponderación comprensiva de los intereses legítimamente representados por los partidos a nombre de los centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la existencia de amplios sectores independientes que constituyen factor importante de la vida nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso de afirmación de la República como elemento institucional del Estado sometido al control de las autoridades constitucionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr la organización de la Nación venezolana, han estado presentes en el estudio de las diferentes fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los derechos que asisten a los partidos como representantes de grandes núcleos nacionales y la preocupación común de atender en conjunto a los intereses perdurables de la Nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la generosa impaciencia de calificados valores de la opinión, son la garantía de que las deliberaciones han respondido a un serio y responsable enfoque de las urgencias del país.

2a Las minuciosas y largas conversaciones han servido para comprometer a las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así: a) seguridad de que el proceso electoral y los Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y b) garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno.

3a Establecidos esos principios de carácter general, COPEI, AD y URD comprometen su acción y responsabilidad en los términos siguientes:

a) Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el periodo constitucional 1959-1964; intervención de la Fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria.

b) Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.

c) Programa mínimo común. Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colaboración en el Gobierno Constitucional los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales, ya convenidas, y se considerará un anexo del presente acuerdo. Como este programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros puntos no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente: ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo y, en todo caso, la discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del mutuo respeto a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política.

4a El ideal de la unidad como instrumento de lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en aptitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un candidato presidencial democrático único, la formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo programa integral de Gobierno.

En la práctica se ha evidenciado que diversos factores reales contradicen esa perspectiva histórica, mas, afortunadamente, hay otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional. Por consiguiente, lejos de considerar comprometida la unidad por la comprobación de naturales contradicciones interpartidistas que se corresponden con la esencia de la actividad democrática, las organizaciones signatarias después de confrontar sus distintas opiniones entre sí y con las emitidas por voceros independientes autorizados, de la prensa y de otros factores nacionales define:

1) Los requerimientos de la unidad son compatibles con la eventualidad de diversas candidaturas y planchas legislativas.

2 ) Para que la presentación de varias candidaturas presidenciales y diversas planchas legislativas pueda verificarse sin menoscabo de la unidad y sin ruptura de la tregua interpartidista, es indispensable fortalecer el sentimiento de común interés patriótico y la tolerancia y mutuo respeto entre las fuerzas unitarias, base de lo cual debe ser la sincera y solemne adhesión de todas las fuerzas democráticas a los puntos contenidos en esta declaración y al espíritu que la anima, tal como hoy se consagra con la firma de este documento.

3) Para garantizar la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones democráticas, se crea una Comisión Interpartidista de Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Dicha Comisión estará encargada de orientar la convivencia interpartidista, de conocer las quejas que se produzcan contra las desviaciones personalistas o sectarias en la campana electoral y de diligenciar ante cualquiera de los signatarios, y a nombre de todos, la morigeración y control en lo que pudiera comprometer la convivencia democrática.

5a Para garantizar que varias postulaciones presidenciales y varias planchas legislativas sean en todo momento expresiones de la voluntad nacional de celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan en fortalecimiento de la democracia, se proclama:

I. Cada organización queda en libertad de sustentar su propio candidato presidencial y sus propias planchas para los cuerpos colegiados dentro del concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido de que garanticen la tolerancia mutua durante la campaña y el cumplimiento de los compromisos generales convenidos en esta declaración cualquiera que sea la candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.

II. Todos los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas democráticas, serán considerados como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de derecho.

III. La postulación de los candidatos presidenciales y de las planchas legislativas es de la responsabilidad de cada partido o coalición. Será el pueblo elector a quien le corresponda calificar con el voto cualquier postulación.

Los partidos que suscriben este documento garantizan la adhesión de los principios y normas aquí consagrados de sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República.

IV. Los partidos signatarios se comprometen a realizar una campaña positiva de afirmación de sus candidatos y programas dentro del espíritu de la unidad, evitando planteamientos y discusiones que pueden precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista del debate y divisiones profundas que luego pudieran comprometer la formación del Gobierno de Unidad Nacional.

V. Después de publicado el resultado oficial de las elecciones, tendrá lugar en Caracas un gran acto popular encargado de ratificar los siguientes principios:

a) Pública adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión de la soberana voluntad popular.

b) Ratificación por parte de las organizaciones signatarias de su sincero propósito de respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual prestarán leal y democrática colaboración.

Consideran las organizaciones signatarias que la adhesión de todas las fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en esta declaración es una garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral democrático dentro de un clima de unidad. La cooperación de los organismos profesionales gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de personalidades independientes, con los fines así precisados, consolidarán la convivencia nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano. Como este acuerdo no fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas de cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia.

Caracas, 31 de octubre de 1958

(Firmado)
Por Unión Republicana Democrática,
Jóvito Villalba.
Ignacio Luis Arcaya.
Manuel López Rivas.

(Firmado)
Por el Partido Social Cristiano Copei,
Rafael Caldera.
Pedro del Corral.
Lorenzo Fernández.

(Firmado)
Por Acción Democrática,
Rómulo Betancourt.
Raúl Leoni.
Gonzalo Barrios.

 

 Fuentes de Información

 

www.venezuelatuya.com/historia/puntofijo.htm

 

www.analitica.com/bitblio/venezuela/punto_fijo.asp

 

 

 

 

 

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