OTRA MIRADA DE JUAN LUIS

 

 

Lo conocí hace diez años. Desde entonces nos encontramos con frecuencia en eventos académicos y en debates públicos sobre los temas que nos eran comunes: políticas públicas,  salud, seguridad social y violencia. Nos correspondía intervenir casi siempre desde orillas opuestas del pensamiento, los compromisos y las propuestas. Y siempre reconocí y respeté en Juan Luis Londoño cuatro cosas, que creo comparto con muchos. Una inteligencia brillante y muy bien cultivada. Una hiperactividad desbordada, que supo convertir en un acelerado y productivo ritmo de trabajo. Una honestidad  incuestionable, en el doble sentido de jamás robarse un peso y de coherencia permanente entre lo que pensaba, lo que proponía y lo que hacía. Y, por todo lo anterior, un merecido y reconocido liderazgo en los campos que conocía y en los que se propuso y logró ser  un reformador a nivel nacional, con proyección internacional.

 

La tragedia aérea que le costó la vida en la tarde del 6 de febrero y que mantuvo a familiares, amigos, medios de comunicación  y diversos sectores de opinión entre  la incertidumbre y el dolor durante una semana, remató con tintes heroicos su intensa presencia en la vida pública colombiana. Me duele su muerte como me duele la de cualquier colombiano, y  más aún por tratarse de un  colombiano excepcionalmente dotado y  en la plenitud de su trayectoria  humana. Y ese dolor me acerca a todos y todas los que también lo sienten.

 

Pero una cosa es sentir y reconocer lo anterior y otra muy distinta pretender convertirlo post-mortem en lo que realmente no fue en vida y en símbolo de todo lo contrario a lo que siempre  representó. Juan Luis fue un convencido de los postulados de la corriente de pensamiento económico-político todavía dominante en el mundo occidental – concretamente el modelo neoliberal -. Y no sólo un convencido teórico sino un militante de vanguardia, en especial en los terrenos laboral y de salud. Por eso creyó y practicó que la salud, más que un derecho humano fundamental, es un negocio muy rentable que hay que aprovechar y administrar muy bien. Que el Estado más que un garante efectivo de derechos sociales debe ser un facilitador del mercado. Que la salud de los negocios y de los grandes capitales nacionales y trasnacionales amerita el sacrificio y la pérdida de derechos duramente logrados por millones de trabajadores y trabajadoras. Que los fondos de pensiones más que un ahorro sagrado del trabajo para respaldar oportunamente a quien enfermó, envejeció o perdió su empleo, son una mina multimillonaria a la que deben aportar cada vez más los que trabajan y  de la que deben lucrar casi sin medida los mismos grandes capitales. Y que las convicciones y construcciones realmente democráticas, equitativas, solidarias y participativas de muchos y muchas son remanentes ideológicos opuestos a la modernidad, al sueño neutral de la tecnocracia y al imperio feliz del mercado.

 

Este credo no se le quedó a Juan Luis en los secretos de su corazón enorme ni en las circunvoluciones de su inteligencia privilegiada. Intentó, y por su tesón y su funcionalidad con el modelo en boga, logró convertirlo en leyes, decretos y resoluciones. Por eso La Ley 100 de 1993 en el gobierno del Presidente Gaviria, del que fue ministro de Salud, y las recientes reformas laboral y pensional en el actual gobierno. Con la primera logró hace diez años la más radical reforma a la concepción de la salud y a las prácticas de la compra-venta de servicios asistenciales de salud en la historia de Colombia. Él fue el cerebro y el entonces senador Alvaro Uribe Vélez el vocero y ponente ante el Senado de la República. Una década después, los saldos negativos en términos de mayor distanciamiento estatal de su responsabilidad irrenunciable en salud; de persistencia del problema de la cobertura, con tendencia inclusive regresiva en el régimen contributivo; de agudización de la crisis hospitalaria; de reducción hasta niveles alarmantes de los porcentajes de vacunación infantil; de resurgimiento de patologías previamente controladas; de desmantelamiento de la salud pública como nunca antes, y  de mercantilización de la salud y de la atención de las enfermedades, están a la vista con el respaldo incontrastable de cifras, historias y testimonios que se repiten dolorosamente a lo largo y ancho del país. Uno de los  puntos más críticos de la Ley es sin duda el de su contribución real al incremento de las inequidades en salud en el país, a pesar del controvertido Informe de la Organización Mundial de la Salud  sobre el tema – al que no fue ajeno Juan Luis – en el  que se atrevieron contra toda evidencia a presentar a Colombia como modelo de equidad financiera en salud.  Obviamente Juan Luis, como nos lo dijo el 23 de marzo pasado, cuando aún no era Ministro de Salud y Trabajo, en un Panel académico sobre el tema en la Universidad Nacional, seguía convencido de las bondades de la Ley y dispuesto a reforzarla y radicalizarla, como bien lo hizo en los que resultaron ser los últimos seis meses de su vida.

 

De las reformas laboral y pensional del gobierno Uribe Vélez, lideradas por Juan Luis con la pasión que lo caracterizaba, se ha escrito suficiente y ya se empiezan a sentir las consecuencias nefastas para los trabajadores y benéficas para empleadores y empresarios. Lo peor, sin embargo, está por venir; lo pagarán los actuales trabajadores y desempleados y lo sufriremos quienes envejezcamos en las próximas tres décadas. Del trato dado por el Ministerio de Salud a la población desplazada por la violencia, siempre me quedará doliendo que Juan Luis haya firmado el 22 de noviembre del año pasado la Circular 000042, publicada en el Diario Oficial  No. 45.013 de noviembre 28 del mismo año. En dicha circular, entre otras cosas, se disponía que la facturación de la atención a desplazados sólo se pagaría previa certificación de la institución prestadora de que los servicios “eran inherentes al desplazamiento”, y que en caso de que el desplazado no estuviera afiliado al Sistema General de Seguridad Social – como no lo está la inmensa mayoría de ellos – la institución que lo atiende “deberá facturar los servicios a la entidad territorial de la cual emigró”. Es decir: los desplazados sólo se pueden enfermar de desplazamiento, y quien  se arriesgue a atenderlos en Bogotá, Medellín o Barranquilla,  sin estar vinculados al SGSSS, deberá facturar a cargo de las Alcaldías de Bojayá, Pavarandó, Mutatá, etc.   Y  de la fusión de los Ministerios de Salud y Trabajo, con la regresiva denominación de Ministerio de la Protección  Social - cuando lo que se requiere es justicia y seguridad social -, proyecto que podría estar en la dirección correcta de construir una política social unificada, empezaron ya a evidenciarse los saldos rojos de más desempleo, las grietas de serias inconsistencias y los riesgos de seguir sin encontrar la ruta socialmente requerida.  Resulta triste y significativo al mismo tiempo que uno de los últimos actos de Juan Luis haya sido la firma de una cascada de despidos en ambos Ministerios anteriores. Y que el que resultó un trágico viaje hacia la muerte haya sido originalmente otra etapa en el intento paliativo por la generación de empleos.

 

Como investigador de la violencia en el país en los últimos quince años, tengo que afirmar también lo riesgosa y desafortunada que resultó la incursión de Juan Luis en la investigación del que continúa siendo el principal problema de salud pública en el país. En un trabajo que realizó en 1996 siendo funcionario del BID y a petición del Banco Mundial para su segunda Conferencia Anual, a partir de la revisión de algunas cifras e indicadores a los que puedo calificar como mínimo de sesgados y poco rigurosos, concluyó que no existe correlación entre las tasas de pobreza, desempleo y crecimiento económico del país y  las tasas de homicidio. Encontró en cambio “correlación sistemática y significativa”  entre consumo de alcohol e incidencia de enfermedades  neuro-psiquiátricas.  Y concluyó, en consecuencia: “el exceso de enfermedad mental y alcoholismo podría explicar todo el exceso de violencia de la región” . El propio Banco Mundial captó la gravedad del despropósito y encomendó un nuevo trabajo, encabezado por Pablo Fajnzylber  y publicado en 1997,  en el que concluyeron con rigor la fuerte y casi obvia relación entre  inequidad en los ingresos y tasa de homicidio. 

 

Es por todo lo anterior que no puedo compartir que ahora, al calor de la tragedia y con los combustibles del dolor y el unanimismo de moda - generosamente amplificado por los medios de comunicación ya monopolizados - se presente a Juan Luis como el abogado de los pobres, como un luchador de la equidad y como un obsesionado por la generación de empleo para todos los colombianos. Claro que fue un líder. Pero no al servicio de los pobres. Claro que fue un reformador. Pero no al servicio de intereses populares y de valores solidarios y equitativos. Claro que le preocupaba el desempleo. Pero fueron muchos más los miles de colombianos y colombianas que lanzó a sus abismos, que los que liberó de sus horrores. Claro que algo sabía de salud pública. Pero fue mucho mayor la desnaturalización y desprotección que le propinó que los campos que le abrió y el apoyo que le brindó.

 

Me duele sinceramente, repito, la muerte de Juan Luis. Pero no comparto que traten de  presentarlo ahora como lo que nunca fue. Y desearía que su merecidísimo puesto en la historia del país sea el que real y justamente le corresponde, y no el que las emociones del momento trágico y el discurso heroico de los beneficiarios de las ideas e intereses que firme e inteligentemente defendió quieren asignarle, a nombre de los que nunca  defendió.

 

 

Saúl Franco A.  M.D. , Ph.D.

Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia.