DENUNCIA DE LOS ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS
SOBRE LA GUERRA SUCIA DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL CONTRA EL MOVIMIENTO POR LA AUTONOMÍA INDÍGENA ZAPATISTA
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 30 de agosto de 2002
BOLETIN DE PRENSA:
Los hechos registrados en el último mes en contra de los Municipios Autónomos Zapatistas tienen patrones similares. Dichos actos tienen un interés político común en los que se involucran diversos actores.
Durante el mes de agosto se registraron nuevas incursiones y aumento de elementos del Ejército Federal en el Municipio de Ocosingo. Al mismo tiempo se han dado hechos cruentos en contra de comunidades zapatistas en varios municipios autónomos, siendo victimados particularmente, autoridades civiles zapatistas. Estos hechos configuran patrones de actuación que prefiguran un interés político de fondo.
LOS HECHOS
Municipios Autónomos Ricardo Flores Magón y San Manuel, en el Municipio de Ocosingo.
31 de Julio del 2002, Ejido La Culebra.
Alrededor de las 11:00 de la mañana, 40 hombres armados con armas cortas y machetes se adentraron en el Ejido La Culebra, Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, a bordo de dos camionetas Nissan de redilas, buscando a las Autoridades Autónomas del municipio. Al no encontrarlas hirieron a 7 bases de apoyo que se encontraban construyendo la escuela, dejándolos malheridos.
Los agresores provenían de la Comunidad San Antonio Escobar y todos pertenecen a la paramilitar ORGANIZACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS (OPDDIC). Algunos fueron reconocidos como: Julio Gómez López, José Gómez López, Antonio Pérez López, Sebastián Pérez Gómez, Nicolás Gómez Santiz, Manuel Guzmán Pérez, José Hernández Cruz, Lorenzo Pérez Cruz,
Sebastián Pérez Cruz y Fidelino Gómez López. Antes de este acto intentaron secuestrar a una autoridad autónoma la cual logro escapar y se reserva su identidad por seguridad. No existe averiguación previa por los hechos.
19 de agosto del 2002, Crucero Quexil, Poblado Nuevo Guadalupe.
A las 6:30 de la mañana 200 personas procedentes de Taniperla, Monte Líbano, Perla Acapulco y Peña Limonar, llegaron a bordo de 22 carros (Nissan con redilas, Microbuses y camionetas de 3 toneladas), que se detuvieron en el Crucero Quexil, poblado Nuevo Guadalupe, Municipio Autónomo San Manuel, donde las bases de apoyo del EZLN mantienen un reten de vigilancia de carros robados, introducción del alcohol a las comunidades y tráfico de maderas preciosas. Las 200 personas, reconocidas como OPDIC, agredieron a gente del poblado con piedras, machetes, pistolas y armas largas. El saldo fue de 4 heridos de bala, Marcos Méndez Sánchez con un disparo del calibre 22 en el estomago, Felipe Gómez Sánchez con un disparo en el hombro y otro en la espalda, Juan Méndez Sánchez un disparo en el brazo, Francisco Méndez Vázquez un disparo en el pie y varias pedradas en la cabeza. Golpearon a patadas a Irma Méndez Gómez de 11 años de edad y a un anciano de la comunidad. Intento de atropello sobre varias mujeres, y secuestro de tres personas de las cuales 2 pudieron escapar. Rigoberto Sánchez Gómez fue secuestrado y llevado a la ranchería San Miguel donde se le amenazó con quemarlo vivo, se le dieron fuertes golpes y le quitaron alguna ropa, luego fue llevado a la Procuraduría de Justicia en la ciudad de Ocosingo, para trasladarlo a la cárcel publica. Horas mas tarde quedo en libertad.
No se abrió averiguación previa, ni siquiera se interrogó a los agresores. En la procuraduría estaban Pedro Chulin, diputado local por el PRI y dirigente de la OPDDIC, y Omar Burguete, Presidente Municipal de Ocosingo, entre otros.
25 de agosto del 2002, ranchería Amaytik,
Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón.
Sobre las 10:00 de la mañana, en una reunión acordada cuatro días antes, por autoridades autónomas y las de la ranchería Amaytik, de origen no zapatista, para darle solución a un problema matrimonial, fueron asesinados Lorenzo Martínez Espinosa, suplente vocal del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, con herida de escopeta 16mm y Jacinto Hernández Gutiérrez, agente rural autónomo de la ranchería Amaytik, por golpes en el cráneo. Hubo varios heridos: entre los zapatistas, algunos con machetes. Entre los autodenominados "Sociedad Civil" hubo heridos con golpes diversos y uno de ellos, Nicolás Hernández Gutiérrez, se encuentra en la ciudad de Villa Hermosa herido en la cara por una "posta" del cartucho de 16 mm que le quitó la vida a la autoridad zapatista, dado que no se registra ningún otro herido de bala o disparo durante el ataque. Lo anterior demuestra que no fue un enfrenamiento y que los zapatistas no se encontraban armados.
Según el comandante de la Seguridad Publica de Ocosingo, Teógenes López Toledo, el día 25 de agosto levantó el cadáver de Lorenzo Martínez Espinosa, junto con el agente del Ministerio Publico y la Agencia Estatal de Investigación. Sobre las 15:00 de la tarde llegaron al lugar de los hechos. El cuerpo fue llevado a Ocosingo, lo regresaron a su comunidad de origen Nueva Esperanza el día 27 de agosto tras practicarle la autopsia. Se sospecha de la agilidad en la que las tres instituciones nombradas actuaron el día de los hechos, dado que al menos en el caso de la AEI. y el MP se tuvieron que trasladar desde la ciudad de Ocosingo, a una distancia de 4 ó 5 horas del lugar de los hechos. Se reconocen a Jacinto Hernández Ballinas como el autor material del asesinato de Lorenzo y a Santiago Hernández Pérez de la muerte de Jacinto. Junto con ellos actuaron Alfredo Hernández Ballinas, Gaspar Hernández Pérez, Jacinto Hernández Pérez, Santiago Hernández Ballinas, Camilo Hernández Ballinas, Nicolás Hernández Pérez, Nicolás Hernández Espinosa, Simón Hernández Gutiérrez, Nicolás Gutiérrez Espinosa, entre otros que faltan por identificar. Nicolás Hernández Gutiérrez, hospitalizado en Villa Hermosa por una herida de posta, necesariamente presenció la ejecución de Lorenzo Martínez Espinoza a una corta distancia lo que lo hace testigo y probablemente cómplice del asesinato.
Se abrió averiguación previa por el asesinato de Lorenzo Martínez Espinosa, pero no de Jacinto Hernández Gutiérrez.
Municipio Autónomo 17 de Noviembre en el Municipio de Altamirano
7 de Agosto 2002, Nuevo Centro de Población 6 de Agosto
Alrededor de las 10:00 de la noche fue asesinado a cargo de tres personas, José López Santiz, responsable local de dicha comunidad, tras propinarle 8disparos de escopeta calibre 16mm, en su propia milpa. Los asesinos también amenazaron de muerte a los dos hijos de 10 y 11 años de edad, que acompañaban a José. Conocidos muy bien por la víctima y su familia, fueron reconocidos Baltasar Alfonso Utrilla, quien perpetró los disparos, Benjamín Montoya Ocequera y Humberto Castellanos Gómez. Este ultimo sigue gozando de fuero Constitucional, por su cargo de regidor. Tras la petición del mismo gobernador para que se desaforara, el Congreso local falló en su deber, obstaculizando la investigación ministerial. La Policía Municipal y la Seguridad Publica, quisieron levantar el cadáver sin presencia del agente del Ministerio Publico, ni medico forense alguno, a petición de Armando Pinto Canter, Presidente Municipal de Altamirano. Finalmente las bases de apoyo no permitieron tal acto. Los tres responsables fueron colaboradores en la campaña del ex candidato por el PRD a la presidencia de Altamirano Gabriel Montoya Ocequera, hoy diputado local por la zona de Marques de Comillas. Se encuentra localizado Benjamín Montoya pero no hay indicios de investigación alguna.
Municipio Autónomo Olga Isabel, en el Municipio de Chilón.
26 de agosto, poblado Kanakil
Cerca de las 5 de la mañana fue asesinado Antonio Mejía Vázquez, cuando regresaba a su casa de una celebración religiosa. Junto con su mujer fueron emboscados por 4 personas plenamente reconocidas por la esposa de la víctima como Oscar, Sebastián, Efraín y Nicolás Aguilar, miembros del conocido grupo armado "Los Aguilares".
El Sr. Mejía de 50 años de edad fue encontrado con al menos tres impactos de bala. Uno en la espalda y otro en el tórax con un arma R-15 y otro en la cabeza con una escopeta 16mm. Su cara se encontró desfigurada y con las dos orejas cortadas. En el lugar de los hechos se encontraron al menos 14 casquillos de R-15 y uno de 16mm. El secretario de Pueblos Indios Porfirio Encino, el segundo regidor del ayuntamiento de Chilón, el comisionado para la reconciliación del Gobierno del Estado, Juan González Esponda y Alberto Pérez quien se presentó como operador político (sic), prometieron su pronta actuación en el esclarecimiento del caso y un operativo para detener a los responsables, el cual empezó por rondar las casa de los agresores. Antonio había dejado hacía unos meses un cargo dentro del municipio autónomo.
ACTOS QUE DETERMINAN PATRONES DE CONDUCTA
LAS VÍCTIMAS:
En todos los casos narrados se trata de ataques y no de enfrentamientos en contra de bases zapatistas. Sobresalen como víctimas, autoridades civiles zapatistas de municipios autónomos.
LOS PERTRECHOS:
En los casos donde se responsabiliza a la OPDDIC se utilizan 24 vehículos, la mayoría de ellos camionetas de carga Nissan, comunes como transportes públicos en la región. Los agresores portan armas de fuego de diversos calibres además de machetes, piedras y palos. Los zapatistas agredidos en ningún caso se encontraban armados al momento de los hechos.
LOS RESPONSABLES:
Aunque aparentemente la identidad política de los agresores es diversa, podemos identificarlos. La OPDDIC como organización hermana del MIRA, tiene una identidad priista y nexos con militares, particularmente de las bases de operación de Monte Líbano y Santo Domingo. La identidad de los agresores en Amaytik se autodenominan, sin mucha precisión, "sociedad civil", sin embargo ha sido notoria la asesoría a los agresores por parte de Ricardo Díaz de Mesa quien según sus propias declaraciones es representante de la OPDDIC en Palenque.
Los miembros de los Aguilares han sido soldados o agentes de seguridad publica, y el Ejército suele acampar dentro de sus terrenos, en el municipio de Chilón. Los agresores de Altamirano se identifican como miembros del PRD local y vinculados al conocido ganadero Constantino Kanter y al Presidente Municipal Armando Pinto Kanter, ambos de filiación priista y protagonistas en los hechos.
CONTEXTO:
la vinculación geográfica de actores en los acontecimientos
del mes de agosto en el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón.
Encontramos una vinculación operativa y geográfica en los acontecimientos arriba mencionados. Las líneas de operatividad representan una simbiosis de complicidad en las agresiones perpetradas durante el último mes.
Línea geográfica de posiciones militares en el
Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón.
1- Campamento militar. Península
2- Campamento militar. Crucero Monte Líbano.
3- Campamento militar. "Agrupamiento Guzmán" Taniperla. Ubicación: en un extremo de la población en lo alto del cerro.
4- Segundo campamento militar. Taniperla. Ubicación: dentro de la población. Ocupa la parcela de la escuela.
5- Campamento militar. Ocotalito.
6- Posición de Seguridad Pública. Peña Limonar.
7- Campamento militar en San Jerónimo Tulijá.
8- Campamento militar en Cintalapa.
9- Campamento militar. San Caralampio.
10- Campamento militar. El Calvario (Carival)
11- Campamento militar. Lacanhá Tseltal
12- Campamento militar. Crucero Piñal
13- Campamento militar. Crucero Palestina
14- Campamento militar. Ojos Azules
15- Campamento militar. Chancalá.
16- Campamento militar. Chocoljaito
Línea geográfica de operatividad de de los paramilitares de OPDDIC
en el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón
1.- El Calvario
2.- San Caralampio
3.- Taniperlas
4.- Monte Líbano
5.- Placido Flores
6.- Yaxoquintelz
7.- Ocotalito
8.- Lacandón
9.- El Tumbo
10.- Cuauhtémoc
11.- Peña Limonar
12 .- Arroyo Granizo
13.- El Limonar
14.- Cintalapa
15.- Manuel Velazco Suárez
16.- San Antonio Escobar (que cierra la pinza en El Calvario)
Línea geográfica donde se registraron persecuciones y asesinatos
dentro del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón
durante el mes de Agosto
(con excepción de Quexil, ubicado en el Municipio Autónomo San Manuel).
1.- Antonio Escobar
2.- Ejido La Culebra
3.- Monte Líbano
4.- Lacandón
5.- Nueva Esperanza
6.- Yaxalá
7.- Jardín
8.- Santo Domingo
9.- Arroyo Granizo
10.- Quexil
11.- Amaytik
Las posiciones militares, los lugares de operatividad de la OPDDIC y los hechos registrados de hostigamiento y asesinatos durante el mes de agosto, conforman un circuito dentro de una misma línea geográfica. Una de las posibles razones, entre otras posibles hipótesis que estarían detrás de esta escalada, es la muy presente desde hace algunos años sobre el EJE-EXCUSA "medio ambiental".
Así es, la reiterada exigencia de diversas organizaciones conservacionistas fondeadas por la USAID, Pulsar y diversas corporaciones interesadas, hecha al gobierno mexicano para que desalojara y en su caso, reubicara a las poblaciones indígenas asentadas en los márgenes de la Selva
Lacandona. Pero que pedía especialmente se despejara la zona de las lagunas.
Peticón que se rehace con fuerza a partir del 12 de septiembre pasado, en el marco de la lucha antiterrorista y el ingreso de México al Consejo de Seguridad de la ONU bajo el tema de "la seguridad ambiental en áreas naturales protegidas".
El comisariado de bienes comunales Caribe, exige al Gobierno del Estado, aportando pruebas proporcionadas por "Conservation International Chiapas" el desalojo Zapatista de la porción noroccidental (las Lagunas) de la reserva de la Biósfera de Montes Azules.
Ingresando, en este marco, una delegación de la Embajada Estadounidense en México, (incluido su agregado militar) a la Zona los días 3 y 4 de Octubre del 2001.
El 18 de diciembre de 2001 el diputado Pedro Chulin, a nombre de su partido el PRI, le reclama al Secretario de Pueblos Indios Porfirio Encino, que sume a la ARIC, a la exigencia de exigencia de desalojo de poblaciones zapatistas de esa reserva de la Biósfera.
El lunes 25 de marzo de éste año, el mismo personaje da una conferencia de prensa, advirtiendo que los bosques, sobre todo la Reserva de Montes Azules, constituyen el oxigeno y el patrimonio de la Humanidad y en razón de ello es que deben desalojarse las poblaciones zapatistas asentadas en la zona. Concepto que no sólo modifica su posición anterior sobre el patrimonio de los recursos chiapanecos, si no sobre todo, que siendo un argumento salido de la Cumbre de Monterrey, aún no había sido publicado por ningún medio; por lo que sólo por altos funcionarios del Gobierno Federal pudo haber obtenido ésta primicia.
A partir de la denuncia de esta evidencia y coartada, Pedro Chulin si bien no abandona su propósito, si se desubica de este discurso y exigencia que desde entonces abandona. Como semanas antes probablemente sucedió con la opción PFP (Policía Federal Preventiva), al también denunciarse la presencia de ésta en Los Altos de Chiapas, haciendo "ejercicios de salto" a una semana de la Cumbre de Monterrey; como hoy estamos viendo a las puertas de la Cumbre de Johannesburgo.
Velando el susodicho, entonces y ahora, supuestamente por la excusa "biosustentable" alegada desde el año pasado. Por lo que es claro que no se trata sino de una abierta provocación, en forma tanto de velar por el supuesto:
1.-"Perímetro hidrográfico de despeje" (denunciado desde Abril) que escurre de la porción occidental de la Selva Lacandona hacia el Rió Lacantun, afluente Mexicano del Usumacinta.
2.- Como de "La zona noroccidental del polígono de la reserva de Biósfera Montes Azules, zona de las codiciadas lagunas mega diversas; donde varias organizaciones y sobretodo el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón han venido advirtiendo, desde el mes de febrero, al estado mexicano y sus corporaciones transnacionales acreedoras, como los actores interesados; que intentarían mediante acciones contrainsurgentes encubiertas, militarizar y paramilitarizar la zona con vistas a su desalojo.
El posicionamiento en los campamentos El Ocotalito, Monte Líbano, Taniperla, San Caralampio y Calvario, por parte de las unidades del Ejercito ingresadas al estado hace dos semanas y que hoy denuncia ese Municipio Autónomo, son muestra de que esta escalada de violencia apenas comienza y va entre otras acciones, sobre los mega-recursos de la zona, que son vitales para el PPP y el ALCA.
LAS EXIGENCIAS:
Los abajo firmantes ante los hechos expuestos, exigimos:
Al gobierno de Pablo Salazar:
Para que deje de hacer juego a la impunidad, dejando de negar la existencia de grupos paramilitares, que reconocía siendo legislador, e investigando a fondo los hechos denunciados, dentro del marco de patrones comunes y de actores responsables.
Al gobierno de Vicente Fox:
Que retire a los militares, que lejos de conservar la paz, alientan los ataques en contra de los municipios autónomos, y el cese de patrullajes en la región.
Que no promueva inversiones extranjeras y supuestas políticas de protección ambiental dentro de los territorios indígenas, que sin el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indios, sólo llevará a una situación de confrontación, de despojo y de mayor discriminación.
Al Congreso de la Unión y
al Poder Judicial Federal:
Que reviertan la Ley de Derechos y Cultura Indígenas aprobada, para dar paso a los Acuerdos de San Andrés en la forma de la propuesta de ley de la COCOPA, reconociendo a los Pueblos como entidades de derecho público, como única manera de proteger los derechos colectivos de los pueblos, particularmente sobre sus recursos naturales y sus territorios, frente a la voracidad de los intereses económicos transnacionales que han puesto sus ojos en esta parte del país.
A los medios de comunicación y
a LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL:
Que se sumen a la denuncia de los hechos expuestos que constituyen un atentado en contra de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El silencio es cómplice de la discriminación y la impunidad.
ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN:
Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos
Coordinadora Regional de los Altos de la Sociedad Civil en Resistencia Promedios
La Voz de Cerro Hueco
Compitch
Colectivo Educación para la Paz
Enlace Civil
Junax
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Capise Ocomich
Maderas del Pueblo
Ciepac
Coreco
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ENLACE CIVIL, A. C.
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