Legalizarlas
The Economist, semanario liberal,
desde la defensa de las libertades y desde el pragmatismo, defendió de nuevo
poco antes de la pausa de agosto la legalización de las drogas. La ilegalización
de algunas de ellas ha generado tal tráfico de dinero que se está convirtiendo
en uno de los mayores riesgos para la seguridad ciudadana, y, por la corrupción
que entraña, para las democracias; y no sólo para los llamados narcoestados. Es
necesario plantearse con seriedad no ya la despenalización, sino la legalización
que permitiría controlarlas mejor y reducir la criminalidad que conllevan,
aunque con un aumento previsible del consumo dado su abaratamiento, un coste
social que pocos partidos políticos están dispuestos a afrontar. Como
el intelectual, Jorge G. Castaneda, se pronunció a favor, pero desde que es
canciller de México tales propósitos han quedado olvidados.
Naciones Unidas sitúa los ingresos de la industria ilícita de la droga en cerca
de 500.000 millones de dólares, es decir, por encima del comercio del petróleo.
Esta cifra vale tanto o tan poco como otras. Lo importante es que en su derredor
se ha creado toda una red de intereses para mantener la prohibición, desde los
propios productores y traficantes, hasta los expertos y las fuerzas que
persiguen la narcoproducción y el narcotráfico, en lo que alguno ha llamado el
"complejo drogo-industrial", en paralelo al "complejo militar-industrial", con
el que guarda relación. ¿No afirmó no hace tanto un general estadounidense que
"la guerra contra las drogas es la única que tenemos ahora mismo disponible"
para justificar los gastos militares?
Un estudio de la RAND Corporation llegó a la conclusión de que aplicar el
prohibicionismo cuesta 15 veces más que los tratamientos para lograr la misma
reducción en costes sociales del consumo de drogas. La Administración Nixon
gastó 65 millones de dólares en la guerra contra la droga en 1969; la de Reagan
en 1982, 1.650 millones; y la de Clinton en 2000, cerca de 18.000 millones. Y no
nos equivoquemos: los anuncios de capturas por la policía significan que está
entrando mucho más.
Se llega a situaciones absurdas como la de EEUU con el plan Colombia, con el que
financia a las dos partes en una guerra civil: al gobierno para luchar contra la
narcoproducción y de paso contra las guerrillas –ambos elementos están
estrechamente vinculados- y a éstos a través de la demanda de drogas en EEUU,
aunque estabilizada. La situación está cambiando: la producción de marihuana en
EEUU y Canadá representa ya más de la mitad del consumo local, lo cual puede
explicar los renovados llamamientos para la legalización de esta droga en estos
Estados, pero también en Colombia que ve en la prohibición una de las raíces de
sus profundos males.
Excluyendo las drogas de diseño, que no entran en estas consideraciones, en esta
"única multinacional del Tercer Mundo", como alguno define la producción y
comercio de droga ilegal, hay efectos globo de carácter geopolítico. Así los
talibán han prohibido en las zonas que controlan en Afganistán el cultivo del
opio, lo que puede desplazarlo al triángulo de oro en el sureste asiático o a
Colombia y países vecinos.
La legalización es una medida que no se puede tomar en un solo país, pero sí en
un área ya extensa y poblada como la Unión Europea, donde algunos Estados han
dado pasos importantes. Bélgica y Portugal han seguido a Holanda en su política
liberal hacia las drogas blandas. Otros han abierto la mano. Hay, sin embargo,
Estados en la UE tajantemente antidrogas, como Suecia. Algunos expertos en la
materia, como el profesor Carlos Resa en España, creen que la legalización se
hará primero en EEUU (donde crece el apoyo a tal medida) o no se hará. Pero
Europa, como en otras materias, puede marcar el rumbo. Armonizar las
legislaciones nacionales sería un primer paso; la legalización, el siguiente.
Aunque a algunos pueda parecerles chocante, ésta podría ser una contribución de
Europa a la gobernabilidad global, en este caso para reducir, en parte, uno de
los aspectos más oscuros de la globalización.
Andrés Ortega, en El País, 4 de septiembre de 2001, pág. 6