¿RENTISTAS O PROPIETARIOS?
Roberto
Laserna
Los recursos
naturales pertenecen a todos los bolivianos, pero sus beneficios
no llegan por igual a todos. Esta es una de las muchas injusticias que hay en
el país, y que explica parte de nuestra conflictiva inestabilidad, pero es
también una de las pocas que tiene fácil solución. Esa solución consiste en
eliminar la intermediación política en la distribución de las rentas que
generan los recursos naturales, y establecer un mecanismo sencillo y
transparente que permita que las mismas lleguen a todos los ciudadanos.
Esa es, en
síntesis, la propuesta que un grupo de personas planteamos a fines del año
pasado.
La
propuesta no era una fruto de una ocurrencia personal o de una improvisación
gestada al calor del debate y la urgencia del momento. Al contrario, era el
resultado de un largo proceso de investigación, análisis y debate que se inició
cuando advertimos que estábamos a punto de caer nuevamente en “la trampa del
rentismo” o, para decirlo con una metáfora impactante, a punto de sufrir “la
maldición de los recursos naturales”.
Llamémosle
trampa o maldición, lo evidente es que ya caímos antes en ella, como lo han
hecho muchos países a lo largo del tiempo. Ella explica la frecuente paradoja
de países con riquezas abundantes en los que sin embargo la gente vive bajo la
pobreza, la violencia y el autoritarismo.
Movidos por
esta preocupación, estudiamos opciones y alternativas, revisamos experiencias
de otros países, y llegamos a la conclusión de que en Bolivia podíamos
desarrollar un modelo exitoso mediante la distribución de la renta gasífera
entre todos los ciudadanos. Una parte podría ser retenida como impuestos para
financiar los servicios que presten el gobierno, las prefecturas y las
municipalidades, pero una parte debería ser entregada en efectivo a los hombres
y las mujeres de Bolivia, sin diferenciación ni discriminación de ningún tipo.
Aquí mismo
hay experiencias, como el Bonosol transformado en renta Dignidad, que
demuestran que ello no solamente es factible sino que tiene efectos positivos
para las familias y para el conjunto de nuestra economía.
Con su
habitual prudencia, Juan Antonio Morales utilizó sus conocimientos y su
experiencia de 12 años de manejo de la política monetaria en el país para
estudiar la propuesta, y presentó un documento crítico sobre “los impactos
macroeconómicos” de la distribución directa. Su conclusión es que la misma
tendría muchos más efectos positivos que negativos.
Comentando
estos temas, Armando Méndez publicó un artículo planteando una “mejor opción”,
no distribuir rentas sino títulos de propiedad. En su artículo Méndez acude a
varias etiquetas para caracterizar nuestra propuesta y me temo que ellas, que
son recursos ideológicos más que argumentos, han terminado por atarlo en medio
de sus “siete razones”.
Méndez
olvida que la renta es una retribución a la propiedad, así como el salario lo
es al trabajo, el interés al capital, la utilidad al empresario. Por tanto, el
pago individual de renta implica ya el reconocimiento del derecho propietario
del ciudadano y el título que acredita esa propiedad es, justamente, el mismo
que acredita su condición de ciudadano. El problema actual es que el Estado se
apropia de esa renta, y la utiliza mal. Lo que planteamos es superar ese
problema dándole a la gente lo que le pertenece, de manera que cada uno le de
el uso que mejor le aproveche.
Méndez
quisiera títulos o acciones porque considera que la verdadera propiedad es la
que puede transferirse. Equipara su idea a la que en algún momento se consideró
con respecto a las empresas capitalizadas. Esta opción fue descartada a pesar
de que era teóricamente factible: las empresas podían ser valorizadas con
alguna certeza, y podía también acotarse el universo de
“accionistas”: se reconocía como dueños a los bolivianos que hasta 1994
aportaron a la conformación de esas empresas. La propuesta de Méndez aplicada
no a empresas sino a riquezas naturales es mucho menos factible porque es
imposible conocer el valor de esas riquezas (una gran parte no ha sido ni
explorada) y sería injusto acotar el universo: los bolivianos de mañana tienen
tanto derecho como los bolivianos de hoy. En el límite, las acciones que
propone distribuir podrían tener cualquier valor, y lo único importante de
ellas sería que permitan acceder a las rentas generadas por esa riqueza. Y para
eso basta el carnet de identidad o el registro biométrico. Por el camino más
largo llegaríamos al mismo lugar.
En efecto,
la posibilidad de transferir el derecho propietario es una característica
determinante de la propiedad, y nuestra propuesta no lo impide. De hecho, la
ley que regule la distribución podría permitir que los ciudadanos cedan sus
derechos de cobranza a cambio de un adelanto de los mismos mediante
procedimientos de titularización, créditos garantizados con las rentas u otras
formas que el mercado financiero podría desarrollar.
En su
artículo, Méndez comete otro error, que es el de tratar nuestra propuesta como
si fuera una variación del Bonosol o del Juancito Pinto, a los que menosprecia
basado en anécdotas más que en estudios. Hace un tiempo Milenio publicó un
libro sobre el Bonosol que reunía seis estudios distintos y con enfoques
diferentes. El título del libro sintetiza la conclusión común: “La inversión
prudente”. Eso era el Bonosol en manos de la gente, sobre todo porque, a
diferencia de la renta Dignidad, llegaba completo y en una fecha predecible.
Así, siendo
buenas esas experiencias, nuestra propuesta aprende de ellas pero no las imita.
Puede tener un efecto distributivo, pero no tiene esa intención. Tampoco
necesita del Estado para aplicarse. Y el monto a distribuirse no sería fijado
políticamente sino que sería variable y automático, en función del desempeño de
las empresas y del aprovechamiento que hagamos, como país, de nuestras
riquezas.
De manera
que, si Méndez está de acuerdo en que cuando se “dan derechos a flujos futuros
de ingresos (…) se incentiva la inversión”, debería estar de acuerdo con esta
propuesta, concreta, sencilla y realizable, porque es eso justamente lo que
plantea.
El séptimo
barrote de Méndez no tiene ya nada que ver ni con nuestra propuesta ni con su
opción, sino que plantea otra alternativa: la de eliminar impuestos y financiar
el gasto público solamente con la renta petrolera. Esto es, más o menos, lo que
sucede en todos los países petroleros y mineros y forma parte de la trampa del
rentismo, porque disocia al Estado de la economía real de sus ciudadanos, lo
hace impermeable e insensible a sus necesidades, impide el control y la
rendición de cuentas y da lugar, finalmente, al surgimiento de populismos
autoritarios que gastan el dinero público como si fueran dádivas.
El rentismo
corporativo es un contagio del rentismo estatal, y la única manera de superar
ambos, puesto que hay rentas, es darles a las personas la responsabilidad de
administrarlas. Al fin y al cabo… las rentas nos pertenecen a todos y todos
tenemos el derecho de emplear nuestro capital semilla y “sembrar el gas” sin
las ineficiencias e irresponsabilidades de la burocracia que nos sustituye,
casi siempre abusivamente. Por algo en nuestro manifiesto recogíamos la
afirmación de que “Bolivia somos todos”.