REELECCION PRESIDENCIAL Y CONTINUIDAD DE POLÍTICAS
Roberto Laserna
El proyecto de Constitución propuesto por el MAS luego de las irregulares sesiones de la Asamblea Constituyente en La Glorieta y en Oruro incluye, en su artículo 168, la posibilidad de la reelección presidencial inmediata. Esto nos devuelve, en la tradición constitucional boliviana, al periodo previo a 1839. Es una invitación a viajar en el tiempo, yendo 170 años hacia el pasado.
Luego de la propuesta inicial de Bolívar de una presidencia vitalicia que ejercía, sin embargo, una función simbólica por el peso que otorgaba su constitución al Congreso y a los Prefectos, la idea de la reelección incorporada en 1831 fue descartada ocho años más tarde y así se ha mantenido, con algunas experiencias frustrantes de reelección, hasta la Constitución actual. La reelección, en todo este tiempo, ha sido admitida solamente después de cumplido un periodo constitucional.
El último intento de incorporar la figura de la reelección inmediata en la Constitución corresponde a la reforma de 1961, que habilitó a Víctor Paz Estenssoro a postularse nuevamente en 1964, al finalizar su segundo mandato (1960-1964). Esa reforma fue forzada y muy controversial, aunque Paz Estenssoro logró la reelección llevando como compañero de fórmula al Gral. René Barrientos. La oposición se abstuvo de participar y denunció fraude cuando el binomio Paz-Barrientos logró el 85.9% de los votos válidos que en esa ocasión alcanzaban algo menos de 1.3 millones. A pesar de una victoria tan aplastante, o quizás debido a ella, el gobierno perdió rápidamente legitimidad y quedó interrumpido a los pocos meses, cuando la insurgencia urbana y especialmente estudiantil dio paso al golpe de los generales Ovando y Barrientos. En 1967 se sancionó una nueva Constitución, que es la que está vigente, que restableció la fórmula de la reelección discontinua, es decir, admitiéndola solamente después de que hubiera pasado un periodo constitucional.
El prorroguismo fue el argumento principal en la protesta social que condujo a la caída de Paz Estenssoro, como lo había sido también en 1930 en contra de Hernando Siles, aún cuando éste había cedido formalmente el mando a su consejo de ministros. Incluso podría decirse que el derrocamiento de Andrés de Santa Cruz, luego de 10 años de gobierno, fue en parte justificado por la prolongada permanencia del caudillo. Los tres salieron al exilio por varios años y sólo una perspectiva histórica más amplia permitió valorar sus gestiones de gobierno.
La referencia anterior ayuda a recordar el carácter efímero del poder y el tradicional rechazo de los bolivianos a los intentos de los políticos de prolongar su permanencia en el poder. Los bolivianos nunca aceparon gobiernos “para toda la vida”, rechazando incluso a quienes juzgaron con enorme aprecio antes y después de haberlos expulsado.
Además de la tradición, hay razones de fondo para desconfiar de la reelección y desaconsejarla en Bolivia.
La fragilidad y vulnerabilidad de nuestro sistema institucional tiende a concentrar el poder en la figura del Presidente y, por tanto, tiende a personalizar la representación y la capacidad de gestión, aumentando los riesgos de abuso y exclusión. Rechazar la reelección es expresar un temor y un repudio razonables al autoritarismo.
Si nuestro sistema institucional fuera más vigoroso y eficaz, generaría mayor certidumbre y reduciría la relevancia de las personas en su funcionamiento, por lo que importaría menos quién ocupa qué cargo. Los mecanismos institucionales serían suficientes para asegurar el respeto a los derechos de las personas y la expansión de sus oportunidades de desarrollo. En un sistema de instituciones fuertes las funciones “hacen” a las autoridades, y no son las autoridades, como ahora, las que hacen a las funciones.
La reelección no afecta a la democracia cuando el sistema institucional es fuerte, es decir, cuando las leyes son claras y se cumplen, cuando representan controles que impiden el abuso del poder. Pero cuando el sistema institucional es débil la reelección da lugar a que el caudillismo reemplace a las instituciones, y a que el orden sea impuesto por la fuerza, reemplazando con autoritarismo el imperio del derecho y de la ley.
Cualquiera que sea el método por el que evaluemos la fortaleza de la institucionalidad boliviana, encontraremos que es débil y vulnerable a presiones de grupo o incluso influencias personales. En ese contexto, es posible anticipar que la reelección podría debilitarla todavía más: es una amenaza a la democracia.
Este problema, sin embargo, no debería impedirnos buscar cierta continuidad en algunas políticas que requieren del largo plazo para dar frutos. Es tan dañino pretender refundar el país cada cinco años, como lo es creer que la continuidad de las políticas depende de la continuidad de las personas en el poder.