EL CAMINO DE LAS AUTONOMIAS

Roberto Laserna

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El referéndum del 4 de mayo en Santa Cruz no inaugura un nuevo tipo de Estado en Bolivia, pero sí da continuidad a una larga lucha por adecuarlo mejor a la diversidad regional y a los desafíos de la gestión territorial en el país. Será, sin duda, un hito fundamental en ese proceso, no solamente por representar un avance sustancial hacia la conformación de un sistema descentralizado, sino también porque parece ser capaz de detener lo que entre el 2003 y el 2006 parecía un imparable proceso regresivo hacia el estatismo centralista.

En este momento es necesario recordar que la crítica al centralismo ha estado casi siempre en el centro del debate político. No sería un exceso interpretar la misma lucha independentista que dio lugar a la República de Bolivia como fruto de una reivindicación descentralista gestada en torno a la Audiencia de Charcas. Una vez conformada la República, la idea de organizarla como una federación estuvo continuamente presente, y llegó a articular una vigorosa alianza entre la burguesía emergente y las comunidades aymaras de La Paz. Como se sabe, esa alianza venció en una breve pero cruenta guerra civil a fines del siglo 19, pero fue al final derrotada por la tentación centralista en que cayeron sus líderes, y por la realidad de un territorio demasiado vasto y despoblado como para sustentar el surgimiento de poderes regionales que disputaran la entonces emergente hegemonía paceña.

A pesar de ello, en el referéndum nacional convocado por el Presidente Blanco Galindo en 1931,  el electorado respaldó mayoritariamente la reforma política del país mediante la instauración de gobiernos departamentales que debían dar vigencia a un régimen de descentralización. Quienes presidieron ese referéndum fueron lo suficientemente inteligentes como para plantear una pregunta que era, en los hechos, un artículo constitucional. En esa ocasión se aprobó también la autonomía universitaria, y ambos fueron integrados a textos constitucionales posteriores aunque tuvieron distinta suerte en su realización. Las universidades accedieron a la autonomía, pero los departamentos no pudieron formar sus propios gobiernos porque ello dependía de leyes específicas que fueron sucesivamente obstaculizadas por el gobierno central. El primer obstáculo lo puso Daniel Salamanca, aduciendo las necesidades de fortalecer al gobierno central para enfrentar la amenaza paraguaya en el Chaco, pero sus sucesores encontraron siempre pretextos para postergar la descentralización. En 1993 se llegó a aprobar en el Senado una Ley concertada entre partidos y regiones, y en 1994 la demanda se canalizó hacia las municipalidades, cuya transformación las ha convertido en los protagonistas fundamentales del desarrollo que son hoy.

Así pues, el 4 de mayo tiene profundos e importantes antecedentes históricos.

Pero su significación no se comprendería si no se tomara en cuenta la coyuntura reciente, por lo menos la que fue marcada por el levantamiento de octubre del 2003 en El Alto y alcanzó un punto culminante en la elección de Evo Morales a la presidencia en diciembre del 2005. Esta coyuntura representaba el fortalecimiento de movimientos contestatarios al sistema político, pero también su absorción en un movimiento político centralista, el MAS, que aspiraba a reconstruir un Estado capaz de intervenir en todos los ámbitos de la vida social y económica. Su fuerza se originaba en el apoyo de amplios sectores que se sentían marginados y de otros que no lo eran tanto pero que tenían expectativas crecientes, y parecía capaz de arrollar a todo el que se le opusiera.

La presión de ese movimiento político forzó la reforma de la Constitución en el gobierno de Carlos Mesa, incorporando al margen de los procedimientos legales la figura de la Asamblea Constituyente. La del Referéndum ya estaba en la agenda del Congreso desde el 2002.

Ambas vías fueron utilizadas.

Mientras el MAS apostaba a la “refundación del país” buscando el control de la Asamblea, el movimiento descentralista se transformaba a sí mismo enarbolando la bandera de la autonomía y proponiéndola mediante el referéndum. Los bolivianos fuimos convocados, en el mismo día, a pronunciarnos sobre ambos temas. El MAS ganó la mayoría en la Asamblea Constituyente pero sin los dos tercios que exigían la ley y la tradición jurídica boliviana para la reforma constitucional, y perdió una gran oportunidad al negarse a concertar para lograrla, deteriorando su iniciativa en las desafortunadas sesiones de La Glorieta, Oruro y la plaza Murillo. El movimiento autonomista, por su parte, logró un fuerte respaldo en cuatro departamentos pero cometió el error de vincular la pregunta a la misma Asamblea Constituyente.

En este proceso, el MAS, ya en el gobierno, descartó la ley como referencia y en su lugar apeló a la discutible idea de legitimidad como fundamento de las decisiones, trasladando a calles y plazuelas la resolución de las controversias. Y allá volvió a perder, cuando le respondieron con cabildos y juntas autonómicas provisionales que rescataron las autonomías del control de la Asamblea y han llevado a ese nuevo hito que son los referéndums regionales que se inician este 4 de mayo. 

Es cuestionable la legalidad de todo lo ocurrido desde la reforma de la Constitución del 2004, pero a estas alturas ha dejado de funcionar el árbitro jurídico que debía sancionar la legalidad o no de lo que ocurre. Y el propio gobierno, que presionó de varias maneras a los magistrados del Tribunal Constitucional hasta lograr su renuncia, lo extraña ahora, demostrando que empieza a reconocer que la ley es importante.

Quienes organizan los referéndums departamentales se amparan en la “presunción de constitucionalidad” de las convocatoria de los Prefectos pues tampoco cuentan con aval del Tribunal Constitucional. Cuando estos hechos se hayan consumado y cuando vuelva a funcionar dicho Tribunal se sabrá si los resultados tienen o no legalidad para incorporarse en el ordenamiento jurídico del país. Para entonces, sin embargo, los referéndums ya serán hechos políticos que no podrán ignorarse, porque es incluso posible que algunos aspectos consignados en los Estatutos sometidos a consulta popular estarán siendo asumidos como norma reguladora del comportamiento social e institucional, y estarán transitando el camino de la legitimidad, siempre incierta y discutible, a la legalidad.

Para ello será necesario reconstruir el debilitado entramado institucional y devolver al Congreso, a los partidos y a las urnas un papel protagónico en la armonización de las voluntades que se están expresando en estos días a todo lo largo y ancho del país.

Esta lectura de lo que está ocurriendo busca recordar que aunque el 4 de mayo no se inaugure un nuevo tipo de Estado, se habrá marcado un nuevo hito en un largo proceso de descentralización que, además, afirma la voluntad de una parte del país para seguir dándole a la democracia una forma republicana, fundada en poderes que se equilibran y controlan mutuamente con el fin de obedecer de mejor manera la voluntad de  los ciudadanos, independientemente de su condición étnica, económica o residencial. En esa perspectiva, nada termina en verdad el 4 de mayo, y mucho queda todavía por hacer.

 

Publicado en Pulso, 4 de mayo de 2008