El Mutún, un mal negocio

 

Roberto Laserna

 

El gobierno definió como una prioridad política la industrialización del hierro del Mutún con el uso del gas natural, y con ello la ha convertido en una meta deseable por sí misma. Eso explicaría por qué nuestras autoridades toman decisiones que parecen ignorar cálculos elementales de lo que se gana o pierde en términos de desarrollo y uso eficaz de nuestros recursos.

Una comisión de ministros firmó el 14 de agosto un acuerdo preliminar de explotación del hierro del Mutún con la empresa Jindal Steel & Power de la India. El contrato final será elaborado y firmado en los próximos 30 días, pero, si no hay cambios en lo que se ha acordado hasta ahora, el país podría sufrir un daño económico severo.

Los ministros a cargo de la negociación han difundido pocos datos, eligiendo tal vez los más optimistas. Ellos aseguran que el país obtendría un beneficio de 200 millones de dólares al año, además de empleos en la zona y el orgullo de poner el sello “Hecho en Bolivia” a las barras de acero que algún día se exportarán. Afirman que ese dinero representa una suma similar a las utilidades que obtendría la empresa, por lo que se estaría compartiendo el beneficio con cerca del 50% para cada una de las partes.

Las cuentas, sin embargo, no son claras. Por ejemplo, si en los 200 millones se suman los impuestos y las regalías, además de una posible participación en utilidades, ¿cuánto corresponde a qué rubro?

Más oscuro aún es el hecho de que en los cálculos ministeriales no se haya incluido el costo que representa para el país la subvención ofrecida a Jindal, que consiste en proporcionarle gas natural a la mitad del precio pactado con Argentina. Si se hacen cálculos, los 7 a 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural entregados a ese precio alcanzan una cifra que oscila entre 230 y 330 millones de dólares anuales, redondeando números.

Si usted calcula la diferencia entre lo que Bolivia da y lo que recibe, encontrará que, de ejecutarse este contrato, el país le estaría “pagando” entre 30 y 130 millones de dólares anuales a Jindal para que se lleve el hierro del Mutún, “industrializado por primera vez” y para orgullo de los ministros. No parece un buen negocio.

En efecto. Si Bolivia vende gas a la Jindal a mitad de precio, en vez de exportarlo a quien sea que lo necesite, renuncia cuando menos a 230 millones de dólares de ingresos y tal vez a 330 millones cada año. Este es el costo de oportunidad que pagamos como país, y a cambio de eso, y de entregar el hierro, obtenemos de la Jindal solamente 200 millones, según promesa ministerial.

Claro que cuando se exporta gas natural no todo es utilidad, pues se tiene que cubrir los costos de exploración y extracción, de transporte y tecnología, de capital y trabajo que cuestan sacarlo. Esto reduce la cifra de beneficios netos, pero el cálculo anterior tampoco considera que con la alternativa de exportar ese gas natural se podrían obtener mejores precios. De hecho, si en vez de “regalarlo” a la Jindal se lograra vender esos mismos 10 millones de metros cúbicos de gas en otro mercado, como por ejemplo el de Chile, a 7 dólares el millón de BTU y no a 5 como a la Argentina, los ingresos para el país aumentarían de 200 (con Jindal) a 931 millones de dólares anuales (sin el Mutún), de los cuales la mitad o un poco más quedarían con nosotros. Sólo para las regiones serían 102 millones adicionales de regalías al año. Claro que aún así tampoco sería seguro que los beneficios lleguen a la gente, pero ese es otro tema.

Ahora bien, si el contrato permitiera a la Jindal disponer libremente del gas natural que se le ofrece, el hecho de comprarlo a 2.5 y venderlo a 5 ya sería suficiente para resolverle sus problemas de financiamiento. En 7 años la empresa podría reunir los 2300 millones de dólares que se comprometió a invertir en 8 años. 

Este rápido análisis ilustra por qué tienden a fracasar las políticas estatales de industrialización forzada y por qué, en general, la inversión pública no estimula el crecimiento económico. Recordemos la fábrica de aceites de Villamontes, la fundición de Karachipampa o la fábrica de papel de Sidras.

La razón de fondo de este fracaso es que los recursos públicos no se asignan con eficiencia económica ni social, porque quienes toman las decisiones no pueden hacer un apropiado cálculo de costos y beneficios.

En este caso, por ejemplo, quienes manejan el Estado parecen creer que el gas natural no tiene costo. Con esa lógica, creen que se gana vendiéndolo ya sea a 2.5 o a 5, o, por lo menos, nunca se pierde. A esto hay que añadirle la confusión en que caen los funcionarios cuando no pueden distinguir entre el interés de la empresa pública y el interés del país.

Para un funcionario público, los recursos naturales, como el dinero de las donaciones y préstamos e incluso los que le llegan por coparticipación tributaria, simplemente están. Son disponibles, no tienen costo, y cualquiera que sea la forma en que se utilicen, creen que por el solo hecho de gastarlos ya se generan beneficios, por lo menos políticos. Por eso es que les preocupa más la “ejecución presupuestaria” que los efectos del gasto o los resultados de la inversión. El resultado es conocido, lo experimentamos como subdesarrollo y pobreza.

En el caso que nos ocupa la meta es política: industrializar el hierro y el gas, pero el costo es económico: un subsidio millonario. Tal como está planteado el proyecto, esa meta es posible de alcanzar, pero todo indica que, como los otros casos mencionados, no contribuirá al desarrollo y seguiremos cayendo en la trampa del rentismo.

Para apreciar las magnitudes, no debemos olvidar que aquí se habla de un contrato de 40 años, y de una concesión de 20 mil millones de toneladas de hierro (esa es la mitad de lo que tiene el Mutún). Así que los promedios anteriores hay que multiplicarlos por 40 para saber lo que está en juego en este negocio.

 

Publicado en La Razón, 17-08-06, Los Tiempos, 18-08-06