BOLIVIA: “YO CAMBIO TU CAMBIO”
Roberto Laserna
El 4 de mayo se realiza en el Departamento de Santa Cruz un referéndum
convocado por las autoridades locales para poner en vigencia el Estatuto que
regulará la autonomía departamental.
Es muy probable que la fecha marque un punto de inflexión en el proceso
político boliviano, sobre todo en el gobierno de Evo Morales Ayma. Nadie duda de que habrá un
cambio de rumbo. Lo que no está claro es hacia dónde.
El proyecto de cambio de Evo Morales
Recordemos que Morales alcanzó la presidencia con un rotundo 54% de la
votación en diciembre del 2005 porque supo capitalizar el descontento social y
encarnar una propuesta de cambio que era, sobre todo, una promesa vaga y a la
cual cada quien le puso el contenido que quiso. Esa propuesta fue canalizada a
través de una Asamblea Constituyente que, finalmente, fue elegida y funcionó
durante 16 meses. Se esperaba que la “refundación de Bolivia”, encomendada a la
Asamblea, fuera el resultado de una sumatoria e inclusión de todas las
reivindicaciones y tareas pendientes que fuera capaz de proponer el pueblo.
El Movimiento al Socialismo, partido de Morales, se había asegurado la
mayoría absoluta de la Asamblea, pero no pudo lograr los dos tercios requeridos
por la tradición constitucional boliviana y por la propia ley que la instauró. De
una manera algo ingenua su principal negociador, el vicepresidente García
Linera, pensó que eligiendo a la Asamblea solamente a través de distritos y
adjudicando dos asambleístas a la primera mayoría y uno a la segunda lograría
su objetivo. No fue así. En varios distritos ganó la oposición y el MAS no alcanzó los dos tercios que esperaba. Entonces dedicó
largos meses a una pugna reglamentaria dentro de la misma Asamblea con el fin
de eliminar el requisito de los dos tercios para aprobar reformas, lo cual
desgastó significativamente su credibilidad.
Adicionalmente, al establecer la Asamblea en Sucre, la capital de la
República, la hizo vulnerable a la demanda centenaria de esa ciudad de ser
nuevamente la sede de gobierno. Sin embargo, la “refundación de Bolivia” lo
admitía todo menos poner en duda los derechos “adquiridos” por La Paz en la
guerra federal de 1899, que impuso entonces la radicatoria
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en dicha ciudad. Frente a las demandas
de Sucre, La Paz movilizó su 34% de peso electoral y logró que la mayoría
oficialista de la Asamblea aprobara precipitadamente una resolución que prohibía
debatir los temas de capital y sede. Las previsibles protestas de la población
de Sucre impidieron que la Asamblea Constituyente pudiera volver a funcionar
con normalidad.
Pese a esas dificultades, la oposición liderizada
por el expresidente Jorge Quiroga respaldó en el
Congreso Nacional una prórroga de mandato a la Asamblea, que en el año para el
que fue elegida no había conseguido aprobar ni siquiera un artículo de la nueva
Constitución.
Al cumplirse la prórroga la Asamblea había acumulado una gigantesca
cantidad de informes por mayoría y por minoría, pero su plenaria no había debatido
ni aprobado públicamente nada más que saludos y declaraciones. Fue entonces que
la directiva se lanzó a su más audaz e innovadora decisión: convocó a la
Asamblea a sesionar en un instituto militar, el antiguo castillo de La Glorieta
que está fuera de Sucre, donde aprobaron en grande, sin leer ni debatir, un
proyecto de Constitución. Y luego salieron todos en desbandada, utilizando
helicópteros, tanquetas y jeeps, o escondiéndose por
senderos rurales y a media noche. En las afueras de La Glorieta y en toda la
ciudad de Sucre se producían marchas, se armaban barricadas y se atacaban los
cuarteles de la policía y del ejército, además de la sede de la Asamblea. Por
lo menos tres personas murieron ese día y más de un centenar resultaron
heridas. La policía se vio obligada a abandonar la ciudad, replegándose a la
vecina Potosí hasta que la población les diera “garantías de seguridad” para
volver (sic).
El día en que concluía el plazo legal para el funcionamiento de la
Asamblea, otro gesto de audacia llevó a la Directiva a convocarla en Oruro para
aprobar en detalle el proyecto de Constitución.
Oruro ha sido una plaza leal a Evo Morales, que nació en un pueblo de ese departamento.
Varias organizaciones sociales afines al gobierno se desplazaron a esa ciudad, que
dista menos de 300 kilómetros de La Paz, y cercaron el auditorio para impedir o
desalentar la presencia a los asambleístas de oposición. Al amanecer de ese
día, los oficialistas festejaron su victoria luego de haber levantado la mano
412 veces para aprobar “en detalle” un nuevo texto constitucional que, para la
gran mayoría, era una novedad.
Faltaba el detalle final: su aprobación en referéndum. Para convocarla
se requerían aprobar una ley por dos tercios del Congreso y la oposición
estaba, obviamente, muy molesta con los abusos del oficialismo. De modo que
éste se arriesgó nuevamente y convocó a sesión de Congreso pero llamando antes
a sus organizaciones aliadas para cercar la plaza Murillo e impedir la
presencia de las bancadas de oposición. Y así se hizo, apelando incluso a
golpes de puño que se transmitieron en vivo y en directo por televisión.
Pero esa ley fue rechazada por quien debía encargarse de su ejecución,
ya que eran demasiadas las normas transgredidas y era materialmente imposible
organizar el referéndum constitucional en el plazo de 60 días que puso el
gobierno.
Y aunque el gobierno boliviano ha seguido haciendo campaña para aprobar
su proyecto de Constitución y muchos de sus funcionarios se empeñan en
difundirlo y defenderlo, lo cierto es que el mismo se encuentra en un limbo y
pocos creen ya que pueda ponerse en vigencia alguna vez.
El cambio alternativo
El apresuramiento, plasmado en esos 60 días insuficientes para el
referéndum constitucional, se debía a que intentaban salir al paso del otro
proyecto de cambio que fijó un referéndum diferente: el de las autonomías.
Liderizado por el Prefecto, el Comité Cívico y
las organizaciones empresariales de Santa Cruz, incluso desde antes de que Evo
llegara al poder, se había venido gestando el proyecto alternativo de reforma
del Estado para romper el centralismo y dar paso a un modelo autonómico de
administración pública. De hecho, el mismo día en que se eligieron
representantes a la Asamblea Constituyente se realizó un referéndum para
consultar al electorado si quería que se establecieran gobiernos
departamentales autónomos. En cuatro departamentos ganó el Sí, todos del
oriente y sur del país.
Inicialmente, la idea era que la nueva Constitución normara esta
reforma, pero la reticencia de la mayoría oficialista y el evidente deterioro
de la Asamblea convencieron a los autonomistas de avanzar por su cuenta. Conformaron
una Junta Provisional Autonómica que, en un plazo relativamente breve, preparó
un proyecto de Estatuto a la manera de una constitución política regional. Y el
Prefecto del Departamento convocó a un referéndum departamental para aprobarlo,
encomendando su organización a la Corte Electoral de Santa Cruz.
La legalidad de este proceso es cuestionable. La Corte basó su decisión
de llevar adelante el referéndum en la “presunción de constitucionalidad” de la
decisión del Prefecto, y en ella se basó también para no acatar la orden de la
Corte Nacional de suspenderlo. Este tipo de asuntos los dirime el Tribunal
Constitucional, pero desde hace varios meses que ese órgano ya no funciona en
Bolivia, debido a las renuncias que la presión gubernamental fue logrando.
El gobierno, luego de haber fracasado en su intento de sobreponer su
referéndum constitucional al autonómico y no teniendo la fuerza suficiente para
impedir por la fuerza su realización, se ha enredado en diversas iniciativas.
Amenazó con ocupar militarmente Santa Cruz, ordenó la movilización de sus bases
cocaleras y altiplánicas, pidió la intervención de
los obispos católicos para establecer un diálogo político con la oposición, salió
de gira para denunciarlo, pidió la ayuda de Chávez y afirmó que dejaría que el
evento se realizara considerándolo apenas como “una encuesta cara”. Nada de
esto disminuyó el entusiasmo que levanta en Santa Cruz la bandera de la
autonomía.
La autonomía implica la creación de gobiernos departamentales mediante
elección directa, los cuales tendrían atribuciones y competencias tanto propias
como compartidas con los municipios y el gobierno nacional y dispondrían de
fuentes propias de recursos.
Es por eso que la reducción de recursos a las Prefecturas, la prohibición
de exportar a los productores de aceite y el saneamiento acelerado de la
propiedad rural y la distribución de tierras en Santa Cruz se interpreta como un
esfuerzo del gobierno para minar las bases económicas de la futura autonomía
departamental. Obviamente, esto ha exacerbado los ánimos y acentuado las
tensiones.
Santa Cruz es el primer Departamento que somete su Estatuto Autonómico a
referéndum. En las próximas semanas lo harán Tarija, Beni
y Pando, que son los otros departamentos en que ganó el Sí. Luego se realizará
en Chuquisaca una elección de Prefecto que tendrá
dimensiones parecidas. Mientras tanto, en Cochabamba se recolectan firmas para
respaldar un nuevo referéndum, en Potosí se organiza un movimiento autonomista
alrededor de su popular alcalde, y el Prefecto de La Paz ya ha planteado la
necesidad de redactar un proyecto de estatuto autonómico para esa región.
Más allá de la continua reducción geográfica del apoyo a Morales, que
ahora se restringe al altiplano de La Paz y Oruro, el trópico cocalero de
Cochabamba y algunos bolsones de colonizadores andinos en Santa Cruz, todo este
proceso está dando una señal muy clara de rechazo al estatismo centralista que
ha intentado restablecer Morales en sus dos años y tres meses de gobierno.
Las autonomías departamentales son una alternativa de organización del
Estado, pero en los hechos también implican una redistribución del poder
público a partir de las regiones. Esto es consistente con el cambio en la
geografía económica de Bolivia, que ya no se concentra en el altiplano, todavía
rico en minería, sino que tiene en Santa Cruz un vigoroso polo agroindustrial y
en Tarija la principal fuente de rentas petroleras del país.
Los nuevos escenarios
La reclusión territorial del poder de Evo Morales no se refleja,
curiosamente, en las encuestas de popularidad, que lo muestran con un elevado respaldo.
Y es que la gente no quiere que se vaya, lo que quiere es que actúe de otra
manera. Por eso crece cada día el reproche al entorno presidencial. Quienes
votaron por Evo quieren seguir creyendo en él, pero temen la confrontación y
sienten en los bolsillos las consecuencias de una gestión gubernamental que ha
concentrado sus mayores esfuerzos en una “revolución democrática cultural” que
se disuelve en la ineficiencia de la Asamblea Constituyente y bajo el creciente
vigor de las autonomías, pero que ha descuidado la economía, el empleo, las
inversiones y la producción.
Una gran parte de las expectativas que llevaron a Morales a la
presidencia estaban fundadas en las reservas de gas descubiertas a fines de los
90, que abrieron un panorama optimista para la economía boliviana. La
nacionalización de hidrocarburos del 2006 ahuyentó las inversiones y si bien
Bolivia cuadruplicó sus exportaciones en los últimos cinco años, paralizó el
crecimiento de su producción física al punto de haber empezado a incumplir
contratos de exportación y de enfrentar déficits
incluso para satisfacer su mercado interno. La minería está amenazada por los
conflictos entre cooperativistas mineros y comunidades indígenas y la
agropecuaria ha sido afectada por desastres naturales y políticas adversas a la
iniciativa privada.
La economía tiene todavía un amortiguador muy grande en reservas
internacionales que superan el equivalente al 60% del PIB y los ingresos
fiscales fueron mayores a los gastos por dos años consecutivos, luego de un
crónico déficit fiscal. Pero las inversiones están cayendo y los bancos no pueden
colocar el exceso de dinero que hay en sus cuentas. A esto hay que sumarle el
colchón clandestino del narcotráfico que nuevamente ofrece oportunidades de
ingreso tanto a los más pobres como a los más audaces. Los cultivos de coca han
aumentado pero los precios de la hoja lo han hecho mucho más, y la magnitud y
frecuencia con que se capturan cargamentos de droga, incluso provenientes del
Perú en paso a Brasil y Argentina, denota un crecimiento de la actividad. Tal
vez eso explique el auge inmobiliario en algunas ciudades del país.
Las cifras macroeconómicas no son malas pero ya hay indicios de
problemas. Los pobres los han detectado más rápido que los indicadores
promedio.
La inflación ha erosionado la capacidad adquisitiva de los salarios,
golpeando con mucha dureza a los sectores de más bajos ingresos que son los que
dedican una mayor proporción a la compra de alimentos. Los datos oficiales
señalan una tasa de 14.08% para los últimos 12 meses (a marzo 08), pero hay
evidencias muy claras de manipulación de las cifras. Los especialistas creen
que esa tasa ya ha pasado el 16% y podría aumentar todavía más en los próximos
meses.
Y si en marzo del 2006, poco después de que Morales asumiera la
presidencia, un 32% de los habitantes urbanos encuestados por Mori afirmaba que tenía ingresos que no le alcanzaban para
satisfacer sus necesidades, en marzo del 2008 esa proporción ha superado ya el
51%.
Los escenarios futuros estarán probablemente marcados por el grado de realismo
con que el gobierno de Evo Morales perciba su situación, puesto que de él
depende uno u otro escenario. Su debilitamiento debería demostrarle que ya no
puede imponer un proyecto al país, pero todavía conserva un enorme potencial de
concertación, puesto que no ha recurrido todavía a este método. Si opta por
ignorar la fragilidad del apoyo que le resta, y se empeña en seguir
confrontando a las regiones dominadas por la oposición, puede perder muy rápido
ese apoyo no sin antes acelerar el deterioro de la situación económica e
institucional del país, y empujar a las regiones hacia posiciones más radicales.
Si, por el contrario, reconoce que ya no puede imponer su revolución y admite
que sus adversarios tienen legitimidad y fuerza, podría abrirse a una
concertación política amplia que le permita aprovechar la coyuntura, que
todavía le es muy favorable, para dinamizar la economía y consolidar y ampliar
los notables avances que logró Bolivia en las últimas décadas de continuidad
democrática. Esto no sería poco y posiblemente se acerca más a lo que espera la
gente que votó por él.