CORRUPCION Y RIESGO
EMPRESARIAL
Roberto Laserna
El 27 de enero de 2009 asesinaron a un
empresario al robarle 450 mil dólares que llevaba en efectivo, junto a su
laptop. Pronto se supo que el dinero acababa de ser retirado de una cuenta en
fideicomiso, a través de la cual la empresa estatal de petróleo administraba una
inversión en contrato con el empresario. El asalto ocurrió en la puerta de la
casa de los cuñados de Santos Ramírez, Presidente de la petrolera estatal y
segundo hombre del MAS, el partido de gobierno.
No podía ignorarse que, detrás de todo esto,
había corrupción. Y de las grandes.
Una combinación de hechos fortuitos y
diligencia policial capturó a las pocas horas a los autores materiales, quienes
a su vez identificaron a los organizadores del atraco. Las pistas llevaron a la detención preventiva de Ramírez.
Este se consideraba sucesor de Evo Morales y,
de hecho, había ejercido interinamente la Presidencia de la República cuando
presidía el Senado. Es tan cercano a Morales que éste fue su padrino de
matrimonio hace apenas unas semanas, y planearon vivir en la misma residencia
durante los primeros meses de su gobierno.
La investigación judicial no ha concluido. Lo
que se sabe es que el empresario asesinado tenía un contrato de 86 millones de
dólares, asignado a su consorcio sin que mediara licitación y sin que se
administrara de acuerdo a las normas habituales.
Este hecho ha llevado a prestar atención a los
mecanismos que permitieron que un proyecto de semejante envergadura fuera tan
fácilmente penetrado por la corrupción.
La presidencia del Senado, ahora en manos de la
oposición, difundió un detallado estudio, identificando cerca de 40 decretos con
los cuales se crearon las condiciones para la corrupción. “Las leyes perjudican”
dijo una vez Morales, impaciente por la lentitud de los procesos fiscales, pero
sus decisiones han debilitado de manera significativa el sistema institucional y
la seguridad jurídica.
Con uno de sus decretos, el 29190, se
modificaron los reglamentos de control y administración públicas estableciendo
excepciones para la contratación de obras y la adquisición de bienes, a pesar de
que la ley las prohíbe de manera explícita.
La legalidad de esa norma nunca pudo ser
establecida porque el Tribunal Constitucional dejó de funcionar por renuncias
sucesivas de sus miembros, asediados por campañas políticas en su contra.
Luego, al amparo de la nueva normativa, se
autorizó a las “empresas estratégicas” a realizar sus inversiones mediante esos
procedimientos excepcionales. Y, poco a poco, todas las empresas públicas fueron
declaradas “estratégicas”, incluso las que se crearon en los últimos años por
razones ideológicas y que no tienen ni siquiera una oficina para funcionar.
Esas empresas, de acuerdo a un decreto de mayo
2008, el 29576, no solamente están autorizadas a contratar y adquirir sin
licitación obras, bienes, servicios generales y de consultoría, sino también a
importar y comercializar bienes, a contratar maquinaria y equipo incluso
reacondicionados, y a ejecutar por sí mismas las obras de infraestructura
productiva que necesiten.
Por si fuera poco, se evadieron los últimos
controles y mecanismos de fiscalización al asignar recursos de inversión a las
“empresas estratégicas” a través del Presupuesto General de la Nación,
multiplicando fideicomisos para administrarlos. La Cámara de Diputados,
controlada por el gobierno, envió los Presupuestos a la de Senadores, controlada
por la oposición, sin el tiempo suficiente para considerarlos, de modo que al
cumplirse el plazo constitucional, simplemente entraron en vigencia en forma
automática.
El reporte del Senado indica que se
establecieron 14 fideicomisos por un monto superior a los 235 millones de
dólares. Estos recursos se
encuentran en cuentas bancarias administradas fuera de los sistemas de gestión y
control de recursos públicos, simplemente sujetas a requerimientos de las
empresas “beneficiarias” y a los informes auditados que presente el banco. De
una de esas cuentas salieron los 450 mil dólares que llevaba el empresario
asesinado.
Es evidente que, a pesar del debilitamiento
institucional, el empresario asesinado creía que era posible continuar sus
actividades, probablemente contabilizando como parte de sus costos aquellos que
representaban las comisiones y sobornos que, sin duda, sabía que le pedirían
cada vez que lograra ser favorecido con contratos.
En un entorno de inseguridad jurídica las
inversiones privadas decrecen y las públicas se despilfarran, alimentando la
corrupción. Los empresarios no ponen en riesgo su capital pero, como se acaba de
ver en Bolivia, sí ponen en riesgo su vida. Esta es una de las razones por las
cuales una bonanza fiscal alimentada por la explotación de recursos naturales, a
pesar de las ingenuas esperanzas que se ponen en ella, suele erosionar la
seguridad jurídica y postergar el desarrollo. Ha sucedido antes y está
sucediendo otra vez.
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