CORRUPCION Y RIESGO EMPRESARIAL

 

Roberto Laserna

 

El 27 de enero de 2009 asesinaron a un empresario al robarle 450 mil dólares que llevaba en efectivo, junto a su laptop. Pronto se supo que el dinero acababa de ser retirado de una cuenta en fideicomiso, a través de la cual la empresa estatal de petróleo administraba una inversión en contrato con el empresario. El asalto ocurrió en la puerta de la casa de los cuñados de Santos Ramírez, Presidente de la petrolera estatal y segundo hombre del MAS, el partido de gobierno.

No podía ignorarse que, detrás de todo esto, había corrupción. Y de las grandes.

Una combinación de hechos fortuitos y diligencia policial capturó a las pocas horas a los autores materiales, quienes a su vez identificaron a los organizadores del atraco. Las pistas llevaron a la detención preventiva de Ramírez.

Este se consideraba sucesor de Evo Morales y, de hecho, había ejercido interinamente la Presidencia de la República cuando presidía el Senado. Es tan cercano a Morales que éste fue su padrino de matrimonio hace apenas unas semanas, y planearon vivir en la misma residencia durante los primeros meses de su gobierno.

La investigación judicial no ha concluido. Lo que se sabe es que el empresario asesinado tenía un contrato de 86 millones de dólares, asignado a su consorcio sin que mediara licitación y sin que se administrara de acuerdo a las normas habituales.

Este hecho ha llevado a prestar atención a los mecanismos que permitieron que un proyecto de semejante envergadura fuera tan fácilmente penetrado por la corrupción.

La presidencia del Senado, ahora en manos de la oposición, difundió un detallado estudio, identificando cerca de 40 decretos con los cuales se crearon las condiciones para la corrupción. “Las leyes perjudican” dijo una vez Morales, impaciente por la lentitud de los procesos fiscales, pero sus decisiones han debilitado de manera significativa el sistema institucional y la seguridad jurídica.

Con uno de sus decretos, el 29190, se modificaron los reglamentos de control y administración públicas estableciendo excepciones para la contratación de obras y la adquisición de bienes, a pesar de que la ley las prohíbe de manera explícita.  

La legalidad de esa norma nunca pudo ser establecida porque el Tribunal Constitucional dejó de funcionar por renuncias sucesivas de sus miembros, asediados por campañas políticas en su contra.

Luego, al amparo de la nueva normativa, se autorizó a las “empresas estratégicas” a realizar sus inversiones mediante esos procedimientos excepcionales. Y, poco a poco, todas las empresas públicas fueron declaradas “estratégicas”, incluso las que se crearon en los últimos años por razones ideológicas y que no tienen ni siquiera una oficina para funcionar.

Esas empresas, de acuerdo a un decreto de mayo 2008, el 29576, no solamente están autorizadas a contratar y adquirir sin licitación obras, bienes, servicios generales y de consultoría, sino también a importar y comercializar bienes, a contratar maquinaria y equipo incluso reacondicionados, y a ejecutar por sí mismas las obras de infraestructura productiva que necesiten.

Por si fuera poco, se evadieron los últimos controles y mecanismos de fiscalización al asignar recursos de inversión a las “empresas estratégicas” a través del Presupuesto General de la Nación, multiplicando fideicomisos para administrarlos. La Cámara de Diputados, controlada por el gobierno, envió los Presupuestos a la de Senadores, controlada por la oposición, sin el tiempo suficiente para considerarlos, de modo que al cumplirse el plazo constitucional, simplemente entraron en vigencia en forma automática.

El reporte del Senado indica que se establecieron 14 fideicomisos por un monto superior a los 235 millones de dólares.  Estos recursos se encuentran en cuentas bancarias administradas fuera de los sistemas de gestión y control de recursos públicos, simplemente sujetas a requerimientos de las empresas “beneficiarias” y a los informes auditados que presente el banco. De una de esas cuentas salieron los 450 mil dólares que llevaba el empresario asesinado.

Es evidente que, a pesar del debilitamiento institucional, el empresario asesinado creía que era posible continuar sus actividades, probablemente contabilizando como parte de sus costos aquellos que representaban las comisiones y sobornos que, sin duda, sabía que le pedirían cada vez que lograra ser favorecido con contratos.

En un entorno de inseguridad jurídica las inversiones privadas decrecen y las públicas se despilfarran, alimentando la corrupción. Los empresarios no ponen en riesgo su capital pero, como se acaba de ver en Bolivia, sí ponen en riesgo su vida. Esta es una de las razones por las cuales una bonanza fiscal alimentada por la explotación de recursos naturales, a pesar de las ingenuas esperanzas que se ponen en ella, suele erosionar la seguridad jurídica y postergar el desarrollo. Ha sucedido antes y está sucediendo otra vez.

 

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