Autonomías y
Constitución
Roberto Laserna
El
Vicepresidente García Linera denunció que los Prefectos están metiendo de
contrabando en el diálogo el debate sobre la reforma constitucional. Calificó a
esa actitud de chacota.
El acuerdo
negociado por García Linera con el Prefecto de Tarija, que sentó las bases del
proceso de concertación que se realiza ahora en Cochabamba, señala claramente en
su punto 1.a) que un tema de la agenda que se tratará es “Nueva Constitución
Política del Estado”. No precisa ni siquiera que se trata del proyecto aprobado
por el MAS entre La Glorieta y Oruro, sino que de
manera escueta habla de la necesidad de incorporar en el Gran Acuerdo Nacional
que se comprometieron a buscar, el debate sobre una nueva constitución.
Resulta por
ello sorprendente que sea el mismo Vicepresidente que dirigió las sesiones de
trabajo con Cossío y que firmó los acuerdos con plena autorización y respaldo
del Presidente, quien reniegue de su palabra en un tono tan agresivo como el que
se le ha visto utilizar frente a la prensa y a los
ciudadanos.
El haber
incorporado el tema en el diálogo tampoco es una estratagema de los Prefectos
para escamotearles protagonismo al gobierno y a la oposición parlamentaria. En
realidad, el referirse a la Constitución en su
conjunto, y sobre todo a los principios que la organizan, es un aspecto
elemental e ineludible del debate sobre las autonomías que el mismo gobierno
admite y reconoce como imprescindible.
Los
negociadores del gobierno, empezando por el Presidente de la República, han
tratado de sostener que el tema autonómico es estrictamente regional y que en su
tratamiento, por lo tanto, no se debería ni siquiera aludir a las cuestiones
nacionales.
Pero las
autonomías no son un tema regional que pueda aislarse de otros temas
constitucionales.
Pensar que
las autonomías son un tema estrictamente regional es reducirlas a su dimensión
burocrática, como si solamente tuvieran que ver con los prefectos, sus
funcionarios, sus competencias y los presupuestos que administren. Pero las
autonomías implican algo más que burocracias. Son en realidad una forma de
organizar el Estado de manera que la sociedad y los ciudadanos tengan una
participación más eficiente en la cosa pública. Así, si bien la autonomía
requiere de un diseño de Estado más descentralizado y responsable, también
requiere de una sociedad fundada en ciudadanos con capacidad de actuar sobre su
realidad y de intervenir en la construcción de su futuro.
Es posible
que los aspectos institucionales y organizativos de las prefecturas puedan
circunscribirse a un capítulo constitucional, pero no pueden ignorarse todos los
otros capítulos que tienen que ver con la condición y el ejercicio de la
ciudadanía y las características de reracionamiento de la sociedad con el
Estado.
Una
constitución que diferencia a los ciudadanos en categorías distintas según su
adscripción étnica o cultural, que pretende que cada una de esas categorías de
ciudadanos se rija por un sistema de justicia peculiar, que privilegia las
decisiones comunitarias en detrimento de las libertades individuales, que
atribuye un fuerte poder de intervención en la vida cotidiana al gobierno
central, no es compatible con las aspiraciones de autonomía que han expresado
los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija en los referéndums
realizados sobre este tema.
Las
autonomías implican la descentralización del poder político, pero también la
existencia de controles institucionales que impidan el surgimiento de
caudillismos locales tanto como el abuso centralista. Para eso, requieren contar
con un referente común de asociación entre todos, como es el concepto de nación,
porque de otro modo se correría el riesgo de la desintegración marcada por el
particularismo regionalista. Y requieren de un sistema de representación y
articulación congresal basado en la igualdad política de los ciudadanos. Esto,
por ejemplo, no está garantizado en el proyecto de Constitución que aprobaron
los asambleístas del MAS en Oruro. En ese documento ni
siquiera está presente el concepto de República, que es la forma en que se ha
concretado hasta ahora la idea de democracia como combinación del derecho de los
ciudadanos a participar, de su obligación de respetar la libertad de los demás y
de la necesidad de garantizar ambos con instituciones fuertes.
Las
autonomías, para crear escenarios que faciliten el desarrollo de las iniciativas
de los ciudadanos, requieren también de estabilidad y certidumbre jurídica. Y
eso es algo que tampoco ofrece el proyecto del MAS, pues propone que la misma
constitución pueda ser reformada con mayorías no calificadas y en sesiones
congresales ordinarias.
Esta rápida
enumeración de algunos temas es suficiente para mostrar que un acuerdo real y
duradero sobre las autonomías, como el que se está debatiendo y tratando de
concertar en estos días, no puede evitar el tratamiento de otros temas
constitucionales.
Sea que se
tome como referencia la Constitución vigente, o el texto aprobado en Oruro por
la mayoría oficialista, lo apropiado es respetar lo que acordaron el gobierno y
los prefectos en las negociaciones preliminares realizadas entre el 12 y el 16
de septiembre, y que puso en la agenda el IDH, las autonomías, la nueva
Constitución y un Pacto Institucional que implica resolver las acefalías en
entidades clave y revisar el Padrón Electoral y Registro Civil.
Existiendo
un acuerdo preliminar firmado por las partes, el Vicepresidente debería
remitirse a ese documento para resolver sus dudas. Y nosotros también, para
saber lo que debemos esperar de este diálogo.