Autonomías y Constitución

Roberto Laserna

 

El Vicepresidente García Linera denunció que los Prefectos están metiendo de contrabando en el diálogo el debate sobre la reforma constitucional. Calificó a esa actitud de chacota.

El acuerdo negociado por García Linera con el Prefecto de Tarija, que sentó las bases del proceso de concertación que se realiza ahora en Cochabamba, señala claramente en su punto 1.a) que un tema de la agenda que se tratará es “Nueva Constitución Política del Estado”. No precisa ni siquiera que se trata del proyecto aprobado por el MAS entre La Glorieta y Oruro, sino que de manera escueta habla de la necesidad de incorporar en el Gran Acuerdo Nacional que se comprometieron a buscar, el debate sobre una nueva constitución.

Resulta por ello sorprendente que sea el mismo Vicepresidente que dirigió las sesiones de trabajo con Cossío y que firmó los acuerdos con plena autorización y respaldo del Presidente, quien reniegue de su palabra en un tono tan agresivo como el que se le ha visto utilizar frente a la prensa y a los ciudadanos.

El haber incorporado el tema en el diálogo tampoco es una estratagema de los Prefectos para escamotearles protagonismo al gobierno y a la oposición parlamentaria. En realidad, el referirse a la Constitución en su conjunto, y sobre todo a los principios que la organizan, es un aspecto elemental e ineludible del debate sobre las autonomías que el mismo gobierno admite y reconoce como imprescindible.

Los negociadores del gobierno, empezando por el Presidente de la República, han tratado de sostener que el tema autonómico es estrictamente regional y que en su tratamiento, por lo tanto, no se debería ni siquiera aludir a las cuestiones nacionales.

Pero las autonomías no son un tema regional que pueda aislarse de otros temas constitucionales.

Pensar que las autonomías son un tema estrictamente regional es reducirlas a su dimensión burocrática, como si solamente tuvieran que ver con los prefectos, sus funcionarios, sus competencias y los presupuestos que administren. Pero las autonomías implican algo más que burocracias. Son en realidad una forma de organizar el Estado de manera que la sociedad y los ciudadanos tengan una participación más eficiente en la cosa pública. Así, si bien la autonomía requiere de un diseño de Estado más descentralizado y responsable, también requiere de una sociedad fundada en ciudadanos con capacidad de actuar sobre su realidad y de intervenir en la construcción de su futuro.

Es posible que los aspectos institucionales y organizativos de las prefecturas puedan circunscribirse a un capítulo constitucional, pero no pueden ignorarse todos los otros capítulos que tienen que ver con la condición y el ejercicio de la ciudadanía y las características de reracionamiento de la sociedad con el Estado.

Una constitución que diferencia a los ciudadanos en categorías distintas según su adscripción étnica o cultural, que pretende que cada una de esas categorías de ciudadanos se rija por un sistema de justicia peculiar, que privilegia las decisiones comunitarias en detrimento de las libertades individuales, que atribuye un fuerte poder de intervención en la vida cotidiana al gobierno central, no es compatible con las aspiraciones de autonomía que han expresado los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija en los referéndums realizados sobre este tema.

Las autonomías implican la descentralización del poder político, pero también la existencia de controles institucionales que impidan el surgimiento de caudillismos locales tanto como el abuso centralista. Para eso, requieren contar con un referente común de asociación entre todos, como es el concepto de nación, porque de otro modo se correría el riesgo de la desintegración marcada por el particularismo regionalista. Y requieren de un sistema de representación y articulación congresal basado en la igualdad política de los ciudadanos. Esto, por ejemplo, no está garantizado en el proyecto de Constitución que aprobaron los asambleístas del MAS en Oruro. En ese documento ni siquiera está presente el concepto de República, que es la forma en que se ha concretado hasta ahora la idea de democracia como combinación del derecho de los ciudadanos a participar, de su obligación de respetar la libertad de los demás y de la necesidad de garantizar ambos con instituciones fuertes.

Las autonomías, para crear escenarios que faciliten el desarrollo de las iniciativas de los ciudadanos, requieren también de estabilidad y certidumbre jurídica. Y eso es algo que tampoco ofrece el proyecto del MAS, pues propone que la misma constitución pueda ser reformada con mayorías no calificadas y en sesiones congresales ordinarias.

Esta rápida enumeración de algunos temas es suficiente para mostrar que un acuerdo real y duradero sobre las autonomías, como el que se está debatiendo y tratando de concertar en estos días, no puede evitar el tratamiento de otros temas constitucionales.

Sea que se tome como referencia la Constitución vigente, o el texto aprobado en Oruro por la mayoría oficialista, lo apropiado es respetar lo que acordaron el gobierno y los prefectos en las negociaciones preliminares realizadas entre el 12 y el 16 de septiembre, y que puso en la agenda el IDH, las autonomías, la nueva Constitución y un Pacto Institucional que implica resolver las acefalías en entidades clave y revisar el Padrón Electoral y Registro Civil.

Existiendo un acuerdo preliminar firmado por las partes, el Vicepresidente debería remitirse a ese documento para resolver sus dudas. Y nosotros también, para saber lo que debemos esperar de este diálogo.

 

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