Ataque al ciudadano
Roberto Laserna

La reciente reforma constitucional, que intenta abrir las puertas a la Asamblea Constituyente, está también abriendo cauces para un ataque inaceptable a la noción misma de ciudadano.
Remarco la idea de que la reforma “intenta” abrir las puertas a la Constituyente, porque no es necesario ser un experto en derecho constitucional para reconocer que la fórmula adoptada se presta a interpretaciones divergentes y la ley promulgada contradice un pronunciamiento específico del Tribunal Constitucional, por lo que su legalidad siempre estará en duda. Pero ya sabemos que el estado de derecho está debilitado y de poco servirá este debate.
Lo que sí alarma es que el ataque a la noción de ciudadano parece caminar hacia la institucionalización de principios corporativos en la composición misma de la Asamblea Constituyente.
Un primer anuncio de este ataque provino de quienes postulan que la Constituyente tenga representación proporcional de las identidades étnicas. Incluso empezaron a ensayarse fórmulas de elección que permitirían que la Asamblea tenga un porcentaje “apropiado” de originarios.
Ahora han levantado su voz otras organizaciones que exigen que por lo menos la mitad de los representantes a la Constituyente sean mujeres, puesto que la mitad de los electores lo serán también.
Creo firmemente en la necesidad de combatir y superar todas las formas de discriminación, y especialmente las que afectan a grandes grupos poblacionales. Pero para lograrlo es fundamental ampliar la ciudadanía y fortalecerla, de modo que todos participen de ella sin restricciones, y no restringirla como se pretende ahora.
Porque con el criterio de cuotas, lo lógico será pensar que, además, la Constituyente tome en cuenta la representación proporcional por departamentos y, dentro de éstos, por provincias e incluso municipalidades. Recordemos que las circunscripciones electorales a veces agrupan a varias provincias y a veces las recortan. Y como suele haber mayor capacidad de presión y cabildeo en las áreas urbanas, para salvaguardar la representación rural tendría también que considerarse la representación diferenciada de los habitantes urbanos y rurales. Claro que, en este caso como en el de identidades étnicas, habrá que definir con mucha claridad cuáles son las líneas divisorias entre uno y otro grupo. ¿Bastará el tamaño para definir si un pueblito es urbano o rural? No habrá problemas de clasificación en la representación por principios generacionales que también habría que considerar, no vaya a ser que los adultos sobrepasen en número a los jóvenes, o que los ancianos terminen subrepresentados. Pero, ¿serán suficientes tres grupos en este caso? ¿Y cuándo es que los jóvenes pasan a ser adultos? Puede ser a los 25 pero, ¿por qué no a los 35?
Es claro que con 116 miembros la Constituyente no alcanzará la representatividad que se propone en esta nueva forma de cuoteo, porque las jóvenes quechuas de Punata solamente podrán elegir a menos de media delegada, o en el mejor de los casos a una delegada que solamente tenga media voz y medio voto en las deliberaciones de la Constituyente.
Este extremo ilustra cuán absurdo es el criterio corporativo que orienta estas demandas, unidas —como afirmé al comenzar— en su ataque al ciudadano. Según ese criterio, sólo un aymara puede representar a un aymara, sólo una mujer puede representar a una mujer, sólo un anciano a otro anciano. Y así aymaras, mujeres y ancianos, y todos los que formamos este país, terminamos privados de la libertad de elegir por quién votar y a quién llevar a la Constituyente. ¿Quién dice que Tomasa Yarhui, Teresa Paz o Erika Brockmann no me pueden representar apropiadamente en mi condición de ciudadano boliviano, o que Víctor Hugo Cárdenas no podría ser mi opción electoral?
En este debate parece haberse olvidado que el fundamento de la democracia es la condición ciudadana y que ésta consiste en reconocer que los individuos pueden ganar libertades en una comunidad política mediante la adquisición de derechos y el ejercicio de obligaciones. Y una libertad básica es la de elegir representantes sin que la adscripción étnica, generacional o de género que la persona pudiera tener, y que no depende de su voluntad, signifiquen un obstáculo o una restricción.
Frente a estas nuevas formas de cuoteo y tutelaje que erosionan la condición ciudadana y restringen en definitiva las libertades políticas, el cuoteo partidario que provocó tantas iras y repudios era más aceptable, porque ocurría después de que el electorado se pronunciara y reflejando, precisamente, las voluntades expresadas en las urnas.
Si los principios de identidad étnica, de género, generacional o de territorio son tan fuertes e importantes como se cree, que sean las organizaciones políticas (sean partidos o “agrupaciones ciudadanas”) quienes las propongan en sus plataformas y candidaturas. Pero que la ley nos deje a los ciudadanos lo más preciado en democracia, que es la libertad de elegir.

Publicado en LA PRENSA, La Paz Edición de Marzo 13, 2004, y en LOS TIEMPOS, Cochabamba, Marzo 14 de 2004