Cochabamba: la Guerra contra el Agua

Roberto Laserna

Un periodista extranjero de escaso castellano llamó un día para preguntar sobre "la guerra contra el agua". Pensé de inmediato en corregirlo pero me di cuenta de que su error de lenguaje era, más bien, analíticamente certero. Los cochabambinos habíamos sido conducidos a una victoria contra el agua. Empezaron esa guerra los que quisieron aprovecharse de las necesidades y aspiraciones de la gente para montar un proyecto insostenible, y la culminaron quienes lograron aprovecharse de la bronca y la protesta para recuperar o ganar posiciones de poder, o conservar pequeños privilegios. 
En el complejo y todavía inconcluso entrevero cochabambino convergieron varios procesos y se sobrepusieron muchas tensiones. La cuestión del agua fue central pero también sirvió como pretexto para ensayar otras batallas. En esa amalgama se produjo una de las movilizaciones más participativas y espontáneas de los últimos tiempos, guiada por un discurso popular revolucionario, pero orientada por objetivos profundamente conservadores y reaccionarios en la práctica, generando resultados opuestos a los que ilusionarion a los participantes. Al final, fueron los excluidos quienes pusieron el mayor coraje en esta lucha, y son ellos los que hoy asumen los costos de una guerra con pocos vencedores y muchos vencidos. 
El problema del agua en Cochabamba
El servicio de agua potable y alcantarillado en Cochabamba es probablemente uno de los peores que una ciudad de más de 500 mil habitantes puede tener en la actualidad. La cobertura del sistema público apenas alcanza a la mitad de la población y con abastecimiento irregular y racionado. De la otra mitad, los que cuentan con recursos se han visto obligados a crear sus propios sistemas, habitualmente basados en pozos de propiedad colectiva o privados. Y los que carecen de recursos no tienen más remedio que recurrir a los proveedores itinerantes, comprando ya sea el cisterna entero (los hay desde 6 hasta 12 metros cúbicos) o por turriles de 200 litros. En esta escala, la peor calidad y el precio más alto corresponden a los turriles, de donde resulta que la población más pobre es la que consume la peor agua, pagando por ella los precios más altos, no solamente en términos económicos sino, lo que es aún más grave, en salud y en mortalidad infantil. 
Tal situación no es el resultado de unos pocos años de mala administración, sino de muchos años en que faltó voluntad política y capacidad de gestión para enfrentar el problema. Faltas que no pueden ser solamente atribuidas a las autoridades sino también a los propios cochabambinos, que poco a poco nos habituamos a lo que los expertos llaman "equilibrio de bajo nivel". Resignados a la escasez, terminamos aceptando el mal servicio como una fatalidad. Llegamos a creer en todas las explicaciones tecnocráticas dado que quienes estaban a cargo de la alcaldía eludieron sistemáticamente tratar el tema desde que se libraron de esa responsabilidad con la creación de una empresa descentralizada como Semapa. 
"Verde es Misicuni"
La resignación se renovaba periódicamente con una esperanza luminosa que no solamente prometía agua en abundancia sino también energía para las industrias y riego para la agricultura: el Proyecto Múltiple Misicuni. 
Misicuni es un río formado con los deshielos de la cordillera y que vuelca sus aguas hacia la cuenca amazónica. Está situado en el lado norte de la cordillera del Tunari formando un pequeño valle a 3700 metros de altura sobre el nivel del mar. Cerrando una pequeña cañada con una represa de 120 metros de altura se piensa crear una laguna artificial de la cual se obtendría un flujo regular y abundante de agua. Más que la represa, el gran desafío ha sido siempre el traslado del agua hacia la parte sur de la cordillera que es donde se encuentran el valle central y la conurbación de Cochabamba. 
La solución técnica y punto crítico del proyecto, consiste en la perforación de un túnel de 19.5 kilómetros y poco más de dos metros de diámetro, que atravesará montañas que en algún momento alcanzan un kilómetro de roca por encima del túnel. Y sólo esto ya absorbe cuando menos 70 millones de dólares. 
Con la represa y con el túnel se contaría con agua suficiente para generar energía eléctrica aprovechando la caída hacia el valle, y la abundancia haría también viable la expansión de la red de agua y la dotación de riego a las tierras del valle central. Y en el futuro un par de túneles más podrían aumentar los volúmenes de embalse con las aguas de los ríos Putucuni y Viscachas, lo cual aumentaría la oferta de agua a Cochabamba. 
Para hacer realidad este sueño solamente hace falta dinero, porque además del túnel que es lo único que hoy cuenta con algún financiamiento, la inversión requerida para la fase inicial alcanza a otros 70 millones de dólares... sin contar ya con los generadores de energía que con la tecnología y los precios actuales de gas, en vez de mejorar la rentabilidad del proyecto le representarían cuantiosas pérdidas. Y esa inversión solamente tiene sentido si se garantiza, además, que se invertirán otros 200 millones de dólares para hacer potables esas aguas, distribuirlas a toda la población mediante red domiciliaria y tratar las aguas servidas. 
Por lo tanto, la inversión y su rentabilidad no son pequeños detalles. 
Está verde Misicuni 
Luego de 12 millones de dólares invertidos en estudios y de treinta años de movilizaciones regionales, el proyecto Misicuni logró capturar la imaginación de los cochabambinos pero no sus bolsillos ni el interés de los inversionistas. La última gran movilización a favor de Misicuni se realizó en pleno proceso electoral de 1997, cuando el Comité Cívico y la Alcaldía lograron desarticular la propuesta alternativa del gobierno de Sanchez de Lozada, que giraba en torno a las aguas ya embalsadas de Corani, comprometiendo el apoyo a Misicuni de todos los candidatos no oficialistas. 
Para entonces, reuniendo todos los recursos captados hasta ese momento en una cuenta especial, se había logrado convocar a licitación para la construcción del túnel, con la ilusión de que una vez concluido facilitaría el financiamiento de las obras siguientes. Pero a los pocos meses de iniciada la perforación, el consorcio Condotte-Asapi rescindió el contrato. Probablemente se dio cuenta de que los riesgos de la obra no justificaban el presupuesto. Y saltó a escena el segundo proponente, Ice-Astaldi, ofreciendo ejecutar la perforación ajustada al cronograma electoral. ¡El acto estrella de la campaña del 2002 sería la entrega del túnel de Misicuni! Era muy atractivo. Más aún si se lograba avanzar en la construcción de la represa. Enceguecidos por el entusiasmo se dejaron caer en la tentación todos los que poco después formarían la mayor coalición gubernamental de nuestra historia democrática. 
Derrotado, el Presidente Sánchez de Lozada recurrió a la ironía mordaz al preguntarse si los cochabambinos querían agua o Misicuni. Tenía razones para sentirse frustrado. Dos años de intensas negociaciones con la capitalizada empresa Corani fueron echados al canasto en Julio de 1997. Para atraer inversionistas que pudieran ampliar la red de agua en Cochabamba, el gobierno había pensado incluir entre los documentos de concesión una detallada propuesta de la Empresa Corani ofreciendo proporcionar casi la misma cantidad de agua que la proyectada en la fase inicial de Misicuni pero a un costo mucho más bajo, con menos riesgos y menor incertidumbre. A diferencia de Misicuni, esta opción permitía conocer con anticipación el costo del agua y también se habían acordado los mecanismos de revisión de dichos costos en los 40 años siguientes. Era el inversionista privado quien asumía los riesgos de la perforación de un túnel -también necesario para traer las aguas de Corani hacia el valle- y se haría cargo del financiamiento, en parte ya garantizado en su contrato de capitalización. 
Nada de eso sirvió para desmantelar la dimensión ya mítica de Misicuni. 
The Tunari Waters coalition
Alentados por su victoria, el Alcalde Reyes Villa, el Comité Cívico y el nuevo gobierno nacional ADN-NFR-MIR-UCS licitaron la concesión de Semapa. Pero en vez de adjudicarla según la mejor propuesta de cobertura, calidad y tarifas del agua, lo hicieron según la posibilidad que ofrecieran los proponentes de hacer realidad Misicuni. De las quince empresas que compraron el pliego de licitación, la mayoría se desanimó y las otras se unieron para formar juntas un consorcio: Aguas del Tunari. En vez de declarar desierta la licitación, el gobierno autorizó mediante decreto la negociación directa, asegurándose de involucrar en la misma no sólo a sus representantes sino también a los de la Alcaldía, el Comité Cívico y Semapa. Para continuar impulsando un proyecto tan riesgoso y de tan dudosa rentabilidad se requería mantener intacto el principal capital con que cuenta el proyecto Misicuni: el apoyo político. 
Es seguro que Aguas del Tunari tomó también en cuenta ese capital. De otro modo es difícil explicarse que firmara un contrato que implicaba empezar su gestión aumentando tarifas congeladas desde hace varios años, sin demostrar siquiera si podía mejorar el servicio. Y que se comprometiera a desarrollar Misicuni como fuente principal de agua existiendo alternativas más viables y baratas. Si el pueblo de Cochabamba había  mostrado de manera tan persistente su apoyo a Misicuni y había respaldado tan  masivamente a su Alcalde, podía suponerse que estaba dispuesto a un pequeño sacrificio para realizar su anhelo. Y si por otro lado el Gobierno Nacional respaldaba el proyecto, y ese gobierno representaba más del 70% de la votación popular, podía también suponerse que nada se opondría a la concesión, si ésta permitía realizar Misicuni.
 
En Defensa del Agua
Fuera de la oposición del MNR, la única voz discordante que se escuchaba era la de una pequeña alianza compuesta por el movimiento ambientalista cochabambino y los regantes del valle bajo. Formada desde hace varios años, en oposición a la perforación de pozos profundos y semiprofundos para abastecer agua a la ciudad, alentada por la cooperación francesa, esa alianza no se opuso directamente a la concesión sino a las condiciones normativas que se estaban creando para hacerla posible. Ellos, unidos en un Comité de Defensa del Agua, estaban trabajando en la nueva legislación sobre el agua y les llamó de inmediato la atención que algunos temas que se estaban concertando se incluyeran de una manera diferente en el Contrato con Aguas del Tunari y en la Ley 2029 de Saneamiento Básico promulgada poco después. Los ambientalistas aspiraban a establecer mecanismos que garantizaran el aprovechamiento sostenible y equitativo de las aguas subterráneas y superficiales, y los regantes a que se respetaran las normas del derecho consuetudinario ("usos y costumbres") que les permitiría mantener el control que hasta entonces ejercían sobre el agua. Pero era una oposición pequeña y apenas perceptible frente a la gran alianza "misicunista" formada por Alcaldía, Comité Cívico y Gobierno Nacional (ver gráfico 1). 

Sin embargo, pronto sumaron a esas reivindicaciones la defensa de los pozos de agua y la oposición al incremento de tarifas, que eran dos temas tratados en el contrato con Aguas del Tunari. Los sectores medios y altos de la ciudad, que son los que reciben agua del servicio público o que han podido pagar pozos propios, se volcaron de inmediato en contra de esta empresa demandando la revisión del contrato. Tan rápida y masiva reacción atrajo la atención de otras organizaciones sociales y políticas como la Federación de Fabriles y los Colegios profesionales que se sumaron al Comité y crearon la Coordinadora de Defensa del Agua y la Economía Popular. 
El cerco de la resistencia
La elevación de tarifas, acordada en el contrato para atraer las enormes inversiones requeridas para ampliar la red y hacer Misicuni, fue asociada de inmediato al carácter privado de la empresa y, por tanto, a su racionalidad capitalista basada en el lucro y la ganancia. Racionalidad que aún hoy tiene limitada legitimidad en Cochabamba, donde miles de pequeños productores, comerciantes y transportistas actúan en el mercado pero lo rechazan, no se perciben a sí mismos como empresarios y dudan de su propia acción mercantil. Para ellos, una cosa es vender para ganarse la vida, y otra muy distinta es vender para enriquecerse, aunque en el fondo es lo que harían si pudieran. En esa lógica dual, no les fue difícil unirse a la protesta contra esa empresa que convertiría el agua en un negocio, aunque seguramente no pensaron que de triunfar tendrían que seguir comprando agua de los "poceros" y camioneros que cobran más pero solamente para "ganarse la vida". 
Al mismo tiempo, la concesión y la elevación de tarifas fueron asociadas a la globalización y la renovación de la dependencia debido a la presencia determinante de empresas transnacionales en el consorcio Aguas del Tunari. Y esto sirvió para recordar que la aspiración nacional de la soberanía, "amenazada" esta vez por la privatización, sigue siendo una tarea pendiente, lo que apeló de inmediato a la antigua izquierda que en Bolivia ha sido siempre más nacionalista que la derecha que se proclamaba como tal. De esta manera, la emergente alianza opositora encontró que el discurso nacional popular -o la retórica populista- la articulaba muy bien, integrando a su seno a dirigentes y partidos políticos que habían desaparecido del mapa electoral pero que conservaban su voluntarismo y eran capaces de traducirlo en activismo organizado y consistente. 
Con la participación entusiasta de profesionales, algunos con vocación de servicio y otros con deseos de figuración, todo ese conjunto diverso de reivindicaciones y argumentos en contra del consorcio empezó a fluir de uno a otro grupo y el círculo se empezó a cerrar. La Coordinadora pronto se convirtió en un cerco político sobre Aguas del Tunari, reforzado por algunos partidos de oposición deseosos de romper con la hegemonía de Reyes Villa en Cochabamba y quebrar la  ampulosa coalición gubernamental (ver gráfico 2). 

Mientras todo eso ocurría, la coalición que había producido la concesión maniatada a Misicuni se debilitaba al extremo. El Comité Cívico entró en crisis cuando su Presidente, Edgar Montaño, saltó al escenario político como candidato a Concejal en el partido del Alcalde. A pesar de su victoria electoral, éste no solamente se negó a respaldar el contrato con Aguas del Tunari sino que incluso manifestó su oposición al aumento de tarifas colocándose frente al gobierno al acusarlo de insensible por no absorber la deuda de Semapa. No tardó en producirse la ruptura entre el Alcalde y el gobierno, quebrándose el eje político en el que descansaba la concesión. Los partidos del gobierno estaban agotados con la campaña municipal y sus propias disputas internas, de modo que no lograron explicar su posición ni siquiera a sus militantes, muchos de los cuales engrosaban las filas de la Coordinadora. Defendiendo el proyecto quedaron, prácticamente solos, el Superintendente Luis Uzín y el Presidente de la Empresa Misicuni Gonzalo Rico. Más tarde aparecería fugazmente al Ministro Saavedra Bruno y nunca el consorcio empresarial Aguas del Tunari, salvo en tímidos y tardíos spots televisivos que convocaban a pagar las tarifas que harían posible la ilusión. 
Los disturbios de febrero añadieron un nuevo ingrediente al conflicto, pues la respuesta represiva ensayada por el gobierno no hizo más que recordar el pasado dictatorial del Presidente Banzer, levantando deseos de revancha en quienes lo habían sufrido, y de dramatización de la historia en quienes solamente la conocían de oídas. Los gases y las piedras, las barricadas y el heroísmo querían volvernos a los 70 pero para darle la vuelta. 
Y así llego abril. Las negociaciones sobre la Ley 2029 avanzaron a satisfacción de los regantes pero las que se realizaban sobre el contrato con Aguas del Tunari resultaron siendo solamente una distracción mientras se ganaba tiempo y se consolidaban posiciones. La opinión pública recibía un bombardeo de denuncias. Siempre una nueva antes de que la anterior se aclarara o confirmara. No sabía en quién confiar. La gente dudaba en la eficacia del paro pues los costos de febrero estaban frescos en la memoria. Y cuando la Coordinadora parecía derrumbarse, despertaron los 70 en un corralito armado en la Prefectura, donde fueron detenidos sus dirigentes cuando empezaban a dialogar. La desconfianza venció las dudas y la furia de la gente empezó a alimentar el círculo con bronca y solidaridad ya ajenas al tema del agua pero genuinas y vitales. Los campesinos se plegaron y en las barricadas encontraron dignidad los marginales urbanos, compartiendo heroísmo con jóvenes militantes que soñaban revivir la Comuna de París o el 17 de octubre en Cochabamba, o cuando menos el abril boliviano del 52. 
Y aunque este 9 de abril trajo festejos, trajo también la paradoja de celebrar varias derrotas. 

Y ahora... ¿dónde está el agua que se defendía?
Los dirigentes de la Coordinadora, que en un momento del conflicto sintieron naufragar su movimiento, lograron encubrir su incapacidad para negociar mejores condiciones del contrato con Aguas del Tunari, obligándola a retirarse. La recuperación de Semapa como "empresa municipal", aunque ahora conducida por los miembros más politizados de la propia Coordinadora, fue el logro real y simbólico más importante de la "batalla final". Y a ella se aferran ahora para utilizarla como laboratorio de experimentación de un modelo de gestión que ya tiene nombre y apellido, "autogestionario y social", pero que no acaba de nacer ni siquiera en el papel. 
Menos visibles fueron las victorias particulares. Porque ganaron los regantes, que en nombre de la tradición han logrado conservar el control de los recursos hídricos que, frente a los demás campesinos sin riego, los convierte en privilegiados. Y ganaron los propietarios de pozos, que sin control ni regulación pública privatizaron de facto los recursos del subsuelo, que la Constitución dice que son de todos, y que los seguirán aprovechando tanto para su consumo como para su comercialización y venta. Y ganaron los distribuidores en camiones cisterna, que seguirán aprovechando los enormes espacios que tienen en un mercado libre para la especulación y en el que el control y la regulación no tienen cabida. 
Derrotados fueron los de la alianza "misicunista" pues lo poco que lograron avanzar para hacer realidad el mito ha quedado sumergido en el mismo limbo que el contrato con Aguas del Tunari que prometía financiarlo. Arriba en la montaña se libra una batalla sorda entre la Empresa Misicuni, empecinada en perforar el túnel y que blande su contrato como un látigo sobre la debilitada y reticente musculatura de Astaldi-Ice, que estarán arrepentidos de haber forzado su presencia en la obra con promesas que no podrán cumplir. 
Derrotado fue el Alcalde Reyes Villa por no haber sido capaz de defender su proyecto y de demostrar un liderazgo constructivo, que es el que pone en juego su caudal político al servicio de una causa. Y derrotado fue el gobierno del Presidente Bánzer, que puso en evidencia la extrema debilidad de la coalición que lo sustenta y su falta de visión para resolver problemas sustanciales y prevenir conflictos. 
Derrotado fue el consorcio Aguas del Tunari, que perdió una oportunidad de inversión y mostró al mundo su incapacidad para enfrentar los desafíos de invertir en países complejos como Bolivia. Tal vez logre recuperar sus escasas inversiones y consolar a sus inversionistas con una indemnización, pero pesará sobre sus ejecutivos el estigma de la incompetencia. 
Derrotados fueron los ambientalistas, que crearon un movimiento que los ignora y que menosprecia su preocupación, y que a pesar de tenerlos cerca sigue pensando que en la explotación de los recursos naturales está la respuesta a las presiones que impone el corto plazo. 
Derrotados fueron los que lucharon contra la mercantilización del agua, porque el agua se seguirá transando pero en un mercado negro y sin controles, donde los especuladores seguirán expoliando a los más pobres.  Y derrotados fueron los anti-privatizadores porque los recursos comunes seguirán bajo la lógica de una privatización salvaje, dispersa y descontrolada. 
Pero los que sufren la mayor derrota son los 100 mil hogares cochabambinos que seguirán creyendo que el agua es un lujo que no hay que pagar. La mitad mantendrá abiertas sus pilas todo el día para captar lo que les llegue en las esporádicas horas que se les asigna, un 20% seguirá imaginando cómo mantener su pozo que cae en producción porque siempre hay cerca alguna nueva perforación, y los demás seguirán tratando de hacer amistad con el dueño de un cisterna para que en la próxima sequía los recuerde aunque sea cobrando más. 
Derrotado, en suma, fue el país, porque se postergó nuevamente la solución de un problema crucial de la región que articula oriente y occidente, y se crearon nuevas obligaciones económicas que terminarán sacrificando algunas oportunidades en algún rincón rural donde la gente que sufre mayor pobreza no tiene siquiera voz para acusar a quienes juegan con su futuro.