Plebiscito: perfeccionar la democracia 
               Roberto Laserna

               Nuestra Constitución Política del Estado no admite otra forma de
               legislar que mediante los representantes elegidos al Congreso
               Nacional y al Poder Ejecutivo. Reconociendo y afirmando que la
               soberanía nace del pueblo, define nuestra democracia como
               representativa.

               Obviamente, esto nunca ha impedido que individuos o grupos
               organizados realicen propuestas legislativas. Lo han hecho y han
               obligado más de una vez a modificar leyes y códigos ya obsoletos o
               que se aprobaron sin consultar a los afectados. Pero en el actual
               orden institucional tales propuestas requieren mecanismos de
               presión, a veces violentos, y el paso inevitable por el filtro del
               Congreso Nacional. Sólo tienen validez si son aprobadas por ambas
               Cámaras y promulgadas por el Presidente de la República. Ante las
               dificultades de este sistema para una participación más directa de la
               ciudadanía, se plantea con insistencia creciente la incorporación del
               Referéndum o Plebiscito como una forma adicional de legislación, lo
               cual daría satisfacción a una legítima demanda popular. 

               Referéndum: ¿cómo y para qué? 

               Este tipo de consulta, sin embargo, tiene costos y debemos estar
               dispuestos a asumirlos. Uno es el costo monetario de su realización.
               Como toda elección, un plebiscito implicará movilizar notarios,
               registros, jurados electorales, informáticos, y adquirir materiales de
               votación en cantidades suficientes para que todos los ciudadanos
               puedan expresarse. Además está el costo que representa invertir
               energías, ideas y esfuerzos en este tipo de procesos que sin duda
               también pueden tener efectos distractivos para el país. Y finalmente,
               está el costo no material que podría significar el ingresar a una
               dinámica de cambios bajo presión y poca reflexión en la legislación,
               dando lugar a un ambiente de inestabilidad jurídica que podría resultar
               muy perjudicial. Por eso es importante definir con precisión en qué
               circunstancias se podría recurrir al referéndum, es decir, cómo y
               para qué se recurriría a la consulta directa, de modo que se logren
               sus mejores objetivos al más bajo costo posible. 

               Observando otras experiencias y analizando las características de
               nuestra cultura política nos permitimos sugerir que se recurra al
               referéndum en las siguientes circunstancias. 

               Primero, cuando una propuesta de reforma sea planteada con
               precisión, en un artículo susceptible de ser incorporado en la
               Constitución o en otras Leyes, y que cuente con el respaldo efectivo
               de cuando menos el 2% de los ciudadanos habilitados para votar. La
               Corte Nacional Electoral sería en ese caso la encargada de verificar
               las firmas de respaldo a la iniciativa y, en su caso, convocar al
               plebiscito. 

               Una segunda posibilidad de convocar a referéndum podría darse
               cuando una iniciativa de legislación no logra el respaldo de las
               mayorías congresales pero sí tiene el apoyo de cuando menos el
               40% de los diputados y senadores. Esta minoría congresal podría
               solicitar a la Corte llevar su propuesta a consulta plebiscitaria
               mediante requerimiento firmado por el conjunto de parlamentarios que
               la respaldan. 

               Una tercera posibilidad podría darse cuando una iniciativa del Poder
               Ejecutivo no recibe respaldo mayoritario del Congreso, en cuyo caso
               el Presidente, una vez conocido el rechazo parlamentario, podría
               solicitar a la Corte la convocatoria a plebiscito para que los
               ciudadanos se pronuncien sobre el tema. Finalmente, la cuarta
               posibilidad podría darse cuando el Presidente se niega a promulgar
               una norma, vetándola a pesar de contar con el respaldo mayoritario
               del Congreso. En este caso, la Directiva del Congreso solicitaría a la
               Corte llevar el tema a referéndum. En todos los casos, la consulta
               plebiscitaria se realizaría de forma simultánea a las elecciones
               nacionales o municipales cuando ellas se realicen en todo el país. De
               esta manera habría la posibilidad de realizar consultas específicas a
               la ciudadanía cada dos años y medio. 

               Si el resultado del referéndum es favorable a la iniciativa, pasaría a
               consideración del Presidente para su promulgación, conservándose
               para éste el derecho de veto que la Constitución le reconoce. Y si
               una iniciativa es rechazada por el pueblo o vetada por el Presidente,
               no debería ser sometida a nuevo referéndum de inmediato, sino cinco
               años después siempre que transcurra nuevamente por alguno de los
               procesos ya mencionados: firmas de votantes, Congreso o Ejecutivo.

               Adicionalmente, podrían plantearse requerimientos de proporciones
               para la aprobación de las iniciativas. Por ejemplo, si se tratara de un
               Referéndum para modificar la Constitución, podría requerirse el
               respaldo de dos tercios de los votantes, en cambio podría bastar
               mayoría simple para modificar leyes. 

               Revocatoria de mandato 

               También se ha planteado incorporar la revocatoria de mandato, a fin
               de dar a los electores la oportunidad de corregir su decisión. La
               revocatoria de mandato obviamente puede operar sólo con respecto
               a las autoridades que hubieran sido elegidas de manera directa y
               personal. En nuestro caso ello ocurre solamente con los diputados
               uninominales y, en algunos casos, con los Alcaldes. Si en el futuro,
               como es de desear, se eligiera a todos los concejales por distrito
               uninominal, la revocatoria también podría aplicarse a su caso. La
               revocatoria, que es también una consulta plebiscitaria, podría
               realizarse de manera parecida al referéndum. 

               Para comenzar el proceso los que proponen la revocatoria deberían
               plantearla a la Corte Electoral con el respaldo del 2% de los
               ciudadanos electores en la jurisdicción que otorgó el mandato. Una
               vez verificada la autenticidad y validez de las firmas, la Corte
               convocaría a la consulta en la jurisdicción correspondiente,
               ratificando o revocando el mandato de acuerdo al resultado que se
               obtenga de la votación. En este caso podrían también ponerse
               salvaguardas que eviten la realización de esta consulta más de una
               vez en el período de mandato, o que se presenten a la Corte
               reiteradamente libros de firmas fraguadas o con errores para intentar
               la revocatoria de manera inapropiada. Estas propuestas implican
               ciertamente introducir reformas a la Constitución Política del Estado. 

               De considerarse y debatirse este tipo de planteamientos en los
               próximos meses, y de producirse acuerdos, el Congreso debería
               emitir una Ley de Necesidad de la Reforma que nos permita transitar
               este proceso dentro de los marcos legales en vigencia. Y es que
               para profundizar la democracia debemos empezar por respetar las
               leyes y perfeccionar las instituciones.