INMUNIDAD PARLAMENTARIA

Roberto Laserna

El retorno de un ex - Ministro a su curul en el Congreso, luego de haber sido acusado de un delito penado por la Ley contra la Violencia Doméstica, vuelve a poner en cuestión el tema de la inmunidad parlamentaria.  Más que proteger la acción política de los parlamentarios, esta prerrogativa tiende a erosionar su representatividad y a deteriorar cada vez más la  legitimidad del Congreso. En verdad, esa norma constitucional es una fuente de irritación para la ciudadanía que con frecuencia e intensidad cada vez mayor exige su revisión. 
LOS FUNDAMENTOS DE LA INMUNIDAD...
La Constitución Política del Estado dedica dos artículos al tema. En el 51 señala explícitamente que los parlamentarios son “inviolables por las opiniones que emitan”. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con este enunciado. Al contrario, deberíamos luchar para que el mismo proteja a todo ciudadano, puesto que la libertad de opinión y expresión es uno de los principios fundamentales de la democracia. 
El artículo 52 es el irritante, porque señala que no se puede ni siquiera iniciar acusación formal a un parlamentario mientras dure su mandato, “en ninguna materia”, sea ésta civil o penal. Este es indudablemente un exceso de nuestra constitución, establecido en 1938 como un recurso para proteger la función legislativa frente a los atropellos del ejecutivo. 
Tal vez se justificaba en aquellos turbulentos años, cuando el sistema judicial era mucho más vulnerable que ahora y no existían medios para defender a los parlamentarios. Se justificaba cuando podía manipularse a jueces y policías para “crear” acusaciones en contra de diputados y senadores, y éstos no podían recurrir a la protección de los medios de comunicación o de otras instituciones de la sociedad frente al abuso que entonces podían ejercer los gobiernos. Su única defensa era la Constitución con ese artículo que en cierto modo inhibía a los gobiernos de urdir acusaciones que dieran apariencia de legalidad a sus acciones represivas. Cualquier acto en contra de un parlamentario se convertía, así, en una flagrante violación constitucional. 
Y se justificaba también en tiempos en que cada parlamentario contaba con una base electoral propia pero restringida. Es decir, cuando era elegido personalmente y como individuo. La inmunidad en cierto modo transfería a los electores la capacidad de juzgar a su elegido. Si actuaba inapropiadamente, eran ellos los que lo juzgaban, “castigándolo” o “premiándolo” en la siguiente elección. 
...YA NO SE JUSTIFICAN
Pero ninguno de esos fundamentos sostienen ahora la inmunidad parlamentaria en la forma absoluta señalada por la Constitución. 
En primer lugar, el país cuenta ahora con un sistema judicial mucho más sólido que antes. Aunque se encontraran jueces y fiscales manipulables, ahí están la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional para imponer criterios de justicia y derecho en última instancia. Y si el sistema judicial no funciona, contamos con medios de comunicación e información mucho más desarrollados e independientes que, en su caso, pueden proteger a los ciudadanos del abuso del poder, incluyendo a los parlamentarios. Ya no es tan fácil como hace cincuenta años o más el disfrazar de legalidad los abusos gubernamentales. 
En segundo lugar, porque desde hace mucho que nuestro sistema parlamentario no es personalizado sino partidario y proporcional. Por lo menos en el caso de los Senadores y de los Diputados plurinominales, el voto no está destinado a respaldarlos exclusivamente a ellos, sino que es atado al del binomio  Presidencial. Por tanto, en rigor no tienen electores que puedan juzgarlos, premiándolos o castigándolos según su desempeño, ya que nuevamente pueden incorporarse en listas de candidatos, pasar medio invisibles la campaña, y volver a un curul que en realidad no les pertenece a ellos sino a su partido. 
Y si ya no se justifica que la prerrogativa de inmunidad de los parlamentarios sea tan absoluta, es urgente reformar el artículo 52 de modo que su labor política sea protegida, pero no hasta el punto en que dicha protección se preste al abuso. 
Y DEBE LIMITARSE
Creo que la inmunidad parlamentaria debe limitarse disponiéndose la suspensión provisional de los parlamentarios cuando exista sentencia judicial condenatoria en primera instancia, y la pérdida de mandato cuando la apelación de última instancia falle en su contra. 
Esto implica que los juicios iniciados antes de su elección no se suspendan o posterguen con la misma, y que puedan también presentarse acusaciones y realizarse investigaciones por delitos durante el mandato.  La prerrogativa del parlamentario consistiría en que no pueda ser detenido ni convocado a sesiones judiciales mientras duren las sesiones parlamentarias, pero estaría obligado a acudir ante el juez durante los recesos a fin de que puedan continuar las investigaciones y los juicios. 
Para el tema deberían además considerarse como sentencias de tribunal de primera instancia las resoluciones de la Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos y la Aduana, de modo que cuando estas instituciones –que adquieren más respetabilidad a medida que se institucionalizan- encuentren fallas probadas sobre la culpabilidad de parlamentarios, queden éstos suspendidos de sus funciones mientras se tramita la apelación o se sustancia todo el proceso judicial posterior. Y si la apelación fallara en su contra, como en el caso de juicios penales o civiles, perderían definitivamente su mandato. 
Obviamente, deberían contemplarse cláusulas compensatorias para quienes habiendo sido temporalmente suspendidos resulten inocentes, debiendo dicha compensación ser pagada por quienes iniciaron la acusación que resultó falsa. 
Finalmente, la inmunidad parlamentaria debería ser también cancelada cuando la Sala Plena de la Corte Electoral encuentre que la elección fue fraudulenta o ilegal, aún cuando dicha decisión sea tomada después de que el parlamentario haya sido posesionado.  
Si la inmunidad se limitara de esta manera, el Congreso ganaría en respetabilidad pues se libraría más rápidamente de sus miembros más observados, y sobre éstos no estaría pendiente la sospecha de que se refugian en su Cámara para no enfrentar sus responsabilidades. La democracia quedaría fortalecida.