Desde el inicio de la Intifada Al Aqsa, el 28 de septiembre de 2000, las condiciones de vida en Palestina se han degradado considerablemente. Son frecuentes los toques de queda y el bloqueo y cierre de carreteras, lo que repercute de lleno en las actividades diarias de la población: la asistencia a la escuela es totalmente irregular y muchos palestinos empleados en Israel se han quedado sin trabajo y, por lo tanto, sin ingresos. A menudo faltan productos básicos, y médicos y pacientes tienen serios problemas para acceder a las estructuras de salud. También es frecuente la destrucción de casas y otras propiedades (fábricas, invernaderos, huertos...) situadas en zonas cercanas a las colonias judías o a sus carreteras de acceso. Algunas casas palestinas han sido ocupadas por el ejército de Israel, pese a estar en zonas bajo el control de la Autoridad Palestina.

En una evaluación llevada a cabo en octubre de 2000, MSF constató que los continuos actos de violencia perpetrados contra familias palestinas y el clima de terror en el que éstas se ven obligadas a vivir, les generan estrés agudo, pánico y traumas de diversas características. Son muchas las consecuencias psicológicas del terror colectivo que sufre la población civil palestina. Niños y adultos desarrollan todo tipo de miedos, padecen de ansiedad, depresión, duermen mal y tienen pesadillas; muchos niños se orinan en la cama o no quieren apartarse de sus madres; algunas personas quedan postradas, dejan de hablar y de comer; otras tienen episodios delirantes seguidos de miedo intenso...

La situación llegó a un punto extremo los pasados meses de marzo y abril con motivo de la Operación Muro Defensivo, lanzada por Israel como respuesta a diversos atentados terroristas contra civiles israelíes. Las principales ciudades cisjordanas fueron reocupadas por la Fuerza Armada israelí. Durante varias semanas el toque de queda fue permanente. La restricción de movimientos fue casi total, tanto para civiles palestinos como para personal sanitario y médico, y organizaciones de ayuda humanitaria. En resumen, los médicos no podían ir a visitar a sus pacientes, ni los pacientes podían acudir al médico. El personal sanitario de hospitales públicos se vio obligado a permanecer en el interior de los edificios durante la ofensiva, sin posibilidad de regresar a sus casas por la noche ni de salir a asistir a los casos más graves. Los soldados israelíes también prohibieron la circulación de ambulancias; en algunos casos, incluso llegaron a disparar contra ellas.

De esta manera, Israel violó el IV Convenio de Ginebra, que ratificó en 1951, y que es relativo a la protección de civiles en tiempos de guerra, por no permitir la asistencia médica a heridos y enfermos. Lo violó también por restringir el movimiento del personal médico y sanitario, por no permitir al Ministerio de Salud la distribución de medicamentos, por no permitir el acceso de la población a centros de salud o a hospitales, y por disparar contra estructuras sanitarias y ambulancias.

Finalizada la Operación Muro Defensivo, la situación en los territorios sigue siendo preocupante. Continúan los problemas para acceder a estructuras de salud, continúan los obstáculos a las organizaciones humanitarias, los controles militares, los bloqueos a las ambulancias, la destrucción u ocupación sistemática de viviendas... en definitiva, continúa el terror contra una población civil a la que ya no le queda nada que hablar y explicarle al mundo, que no todos los palestinos son terroristas.

La tasa de desempleo es ya de un 67% en Gaza y de un 48% en Cisjordania. Casi tres cuartas partes de la población palestina viven en la pobreza, con menos de dos dólares al día. En abril de este año, el Banco Mundial calculó que un 50% vive por debajo de la línea de la pobreza. Más de un 30% de los 3.5 millones de palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, depende de las raciones alimenticias distribuidas por el PAM (Programa para la Alimentación Mundial), el CIRC (Comité Internacional de la Cruz Roja) y otras ONG.