lacarretera de la destrucción
Luego de las demandas planteadas por la Asociación Nacional de Cacaoteros (ANC) para que a través del Plan de Mitigación Ambiental y Social del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se repongan los perjuicios provocados, el BID, organismo que financió la obra, en 1987 aprobó un préstamo por el valor de 16 millones de dólares más la contrapartida ecuatoriana de 4 millones para el efecto, pero recién en 1999 se crea una Comisión que a su vez creó la Gerencia General Operativa (GGO) para la ejecución de las tareas de mitigación ambiental y social. La GGO tendría a su cargo el manejo de 4'950.000 dólares que le serían asignados por etapas. De esta cantidad, sólo 1'250.000 fueron considerados para la reactivación agrícola, lo que fue desde el primer momento considerado insuficiente por los agricultores representados por Benigno Robles Andrade, presidente de la ANC.
Cómo funcionó la GGO
El daño causado por la construcción de la Carretera afectó a 51 comunidades de 7 parroquias, según informes de los técnicos del BID: San Joaquín, Sayausí, Molleturo, del Azuay; y, San Carlos, Santa Rosa de Flandes y Jesús María en Guayas. Se estima que al menos son 10.500 hectáreas las que fueron afectadas, en muchos casos con la desaparición total de los cultivos permanentes así como la desertificación de los terrenos.
La GGO estuvo gerenciada por el Ec. Alfredo Vega Monsalve y según informe de Norma Aguirre, técnica contratada por el BID, entre abril de 1999 y diciembre del 2000 las obras de reconstrucción y mitigación no habían llegado ni al 20%.
En referencia a la reactivación agrícola, la GGO se encargaría de proveer a los agricultores plantas o lechuguines de cacao, colines de plátano y asistencia técnica durante todas las etapas del cultivo. Allí empieza un nuevo vía crucis para los afectados.