Revista
La Maza
Buenos Aires - Argentina
CLAUDIO KATZ[1]
¿Por
qué es tan grave la crisis económica argentina? ¿Cómo se explica la
continuada depresión actual? La recesión persiste desde hace tres años,
duplicando la duración tradicional de las contracciones cíclicas, la caída de
la inversión alcanza a todos los sectores y el producto bruto ha decrecido 4,3%
desde principios del 98. La vigencia de tasas de interés cinco veces superiores
al promedio internacional frustra cada asomo de reactivación y el consumo se ha
desplomado por la drástica contracción del poder adquisitivo. La pobreza
afecta al 37% de la población, el desempleo al 30% y el ingreso de la mitad de
los asalariados es inferior a 500 pesos. No existe ningún antecedente en la
historia del país de un descalabro social de esta magnitud.
El
punto crítico de esta crisis es la virtual cesación de pagos externa que
afronta la Argentina desde hace un año. La imposibilidad de cumplir con los
vencimientos de la deuda pulverizó el “blindaje” de Machinea y amenaza la
continuidad de todas las medidas de Cavallo. Muchos acreedores descuentan que
tarde o temprano el gobierno argentino deberá reconocer su insolvencia y
recurrir a una moratoria forzada. Saben que los acuerdos de refinanciación con
el FMI son incumplibles y por eso la tasa de riesgo-país (que mide cuánto
pueden perder) se mantiene en un nivel exorbitante.
Cavallo
esperaba lograr un respiro posponiendo pagos de la deuda a través del megacanje
de viejos títulos por nuevos bonos de vencimiento más prolongado. Pero como el
Tesoro norteamericano y el Banco Central europeo se negaron a aportar garantías
para estas emisiones, el costo de la operación ha sido escandaloso. Los
compromisos de pago se incrementan en 47.400 millones de dólares y cuándo
concluya el período de dos o tres años de gracia reaparecerá la imposibilidad
de afrontar los vencimientos. Mucho antes de esa fecha los acreedores volverán
a exigir privilegios de cobro frente a los jubilados y los empleados públicos.
Como
el megacanje tampoco despejó el camino para la reactivación Cavallo apuesta
ahora a las exportaciones y por eso abrió las compuertas de un proceso
devaluacionista, con la reintroducción del mercado cambiario desdoblado en un
sector comercial y otro financiero. Aunque afirme que la convertibilidad se
mantiene firme en este primer ensayo de paridad mitad euro y mitad dólar, ya
encontrará el argumento para justificar una devaluación si el declive recesivo
no se detiene. Mientras persista la regresión del PBI cualquiera de sus medidas
puede desembocar en una crisis mayor, que incluiría el masivo abandono masivo
de títulos públicos, depósitos en pesos y papeles de empresas argentinas. Si
aparecen estas corridas quedará planteado un giro económico más radical hacia
la maxi-devaluación, la dolarización o ambas.
El
contexto actual recuerda las grandes situaciones de colapso registradas en las
últimas décadas (Rodrigazo del 75, estatización de la deuda a principios de
los 80, hiperinflación del 89) y torna muy insatisfactorias las explicaciones
coyunturales, que atribuyen la crisis a la “corrupción de Menem” o a la
“inoperancia de la De la Rua”.
Hasta
el año pasado los neoliberales reducían la crisis a una lamentable
coincidencia de dificultades externas (apreciación
del dólar, devaluación del real, caída del precios de nuestras exportaciones,
baja del euro, derrumbe de otras economías periféricas). Pero este tipo de
adversidades ha sido muy frecuente en el pasado. Lo único novedoso es la
acentuada indefensión frente a estas contingencias, como consecuencia de la
liberalización financiera, la desnacionalización industrial, la apertura
comercial y la renuncia a la soberanía monetaria y cambiaria.
Pero
como reconocer este resultado equivaldría a admitir su fracaso, los economistas
ortodoxos recurren a su explicación predilecta: el
alto gasto público. Afirman que “sólo el sector privado hizo el
ajuste”, como si los empresarios y los trabajadores formaran una solidaria
colectividad que comparte los sacrificios. En su cruzada contra el déficit
ocultan que este desbalance no proviene del gasto social, salarial o educativo,
sino de la existencia de múltiples mecanismos de subsidio directo e indirecto a
la clase dominante.
Pero
los neoliberales especialmente omiten que la principal fuente de colapso de las
finanzas públicas son los propios pagos de intereses de la deuda. Estas
erogaciones triplican los gastos de administración del gobierno, insumen
seis veces más fondos que la asistencia social y 23 veces más recursos
que los planes de empleo. El gasto público se auto-multiplica con cada
refinanciación de la deuda y no hay forma de eliminar este desequilibrio con
nuevas privatizaciones. Un remate de todos bienes público existentes –Casa de
Gobierno y Congresos incluidos- podría reducir los 6000 millones de dólares al
año comprometidos en sueldos del personal, pero no atenuaría los 11.400
millones que absorben los intereses de la deuda. Basta observar las recientes
comisiones que se pagaron por el megacanje para notar cuáles son los mecanismos
de expansión permanente del déficit. Pero estas evidencias son invisibles para
los expertos en despotricar contra el “derroche de las provincias y la
ineficiencia del sistema educativo y sanitario”.
Los
neoliberales también olvidan que el agujero fiscal se descontroló con la
eliminación de los aportes patronales al sistema de previsión social. Este
“incentivo al empleo” contribuyó a generar el actual récord de desocupación
y provocó una pérdida de ingresos fiscales equivalente a un tercio de la deuda
pública. Luego de acumular una cuantiosa masa de dinero, las AFJP se han
convertido en grandes acreedores de un estado insolvente, que mantiene en la
miseria a los jubilados actuales y amenaza con empujar a una situación peor a
la próxima generación del sector pasivo. Frente a esta perspectiva y para
proteger el negocio de los fondos de pensión, el gobierno proyecta aumentar la
edad jubilatoria y reducir el haber mínimo. Es evidente que reinstaurando la
totalidad de los aportes previsionales y eliminando el parasitario sistema que
gestionan las AFJP podría comenzar a remediarse el desequilibrio fiscal que
tanto cuestionan los neoliberales. Pero como este correctivo afectaría las
ganancias del establishment, los economistas ortodoxos ni siquiera consideran
esta alternativa.
Bajo
el impacto de la quiebra de Aerolíneas, algunos neoliberales han comenzado a
aceptar que las “privatizaciones mal hechas” han contribuido a la crisis actual.
Pero lo ocurrido con la empresa aérea es un típico caso de vaciamiento
fraudulento que no puede ser clasificado en términos de correcto o incorrecto
desprendimiento de un bien público. En las restantes privatizaciones: ¿Cuáles
fueron bien realizadas? ¿Los sistemas subsidiados de ferrocarriles y peaje? ¿La
venta de compañías telefónicas a precios irrisorios? ¿La entrega de empresas
energéticas con pasivos asumidos por el estado? ¿El otorgamiento de licencias
de explotación monopólica a compañías eléctricas? Es evidente que en cualquiera de estos casos, el estado lejos
de “retirarse de la economía” afianzó su rol subvencionador, garantizando
en un período deflacionario aumentos de tarifas que oscilan entre el 40 y el
100 %. Si las empresas privatizadas hubieran tenido que afrontar la misma
competencia externa que rige para el resto de la economía habrían terminado
igual que Aerolíneas. Pero a pesar de estas evidencias los economistas que
acaparan la audiencia televisiva continúan hablando de las “privatizaciones
faltantes” (banco nación, empresas provinciales, lotería, etc) y de las “reformas
pendientes” en salud y educación, como si este tipo de trasformaciones
tuviera algún efecto provechoso para el grueso de la población.
Agotados
los argumentos, los neoliberales recurren a las creencias. Prometen que la dolarización
“completará las reformas” al asegurar la confiabilidad de la moneda y la
afluencia de capitales externos. Pero eluden todo comentario sobre el desinterés
de la Reserva Federal norteamericana en socorrer bancos, empresas o signos
monetarios foráneos y tampoco ilustran el efecto de la dolarización en
naciones como Panamá, que soportan el mismo tipo de crisis que cualquier país
latinoamericano. El nuevo régimen monetario solo facilitaría traspasos de
propiedad favorables a los grupos que manejan divisas, luego de un ajuste
deflacionario más profundo.
El
discurso neoliberal combina amnesia con esquizofrenia. Pondera las
“transformaciones de 1991-95” como si estos cambios fueran ajenos al
desastre posterior y exculpa a sus artífices de toda responsabilidad por la
pauperización actual. En otras ocasiones atribuyen la crisis al retraso tecnológico
y a la desactualización científica de Argentina olvidando su activa militancia
a favor del recorte presupuestario a la Universidad y la clausura del Conicet.
La
política neoliberal ha sido instrumentada hasta ahora mediante tres modalidades
justificatorias. Primero la actitud
resignada de Machinea que redujo los sueldos de los empleados públicos y
elevó los impuestos a la clase media declarando que “no se puede hacer otra
cosa”. Posteriormente apareció la agresión
explícita de Lopez Murphy que intentó elevar la escala del atropello,
presentando los ajustes ya padecidos como ejemplos de gradualismo. Y finalmente
ha llegado el pragmatismo de Cavallo, que desmiente a la noche lo que propone a la
mañana, acumulando un récord de iniciativas que se abandonan antes de ser
anunciadas. Habló de priorizar la reactivación con subas de aranceles,
reducciones de encajes y subsidios sectoriales, pero luego giró hacia la dureza
fiscal, la generalización del IVA y la duplicación de la meta recaudatoria de
su antecesor. Cuestionó el endeudamiento ruinoso del estado, pero emitió títulos
que aseguran altas tasas y privilegios impositivos a los bancos. Habló de un
blanqueo que dejó inmediatamente en suspenso y mientras propone distanciar el
peso del dólar para aproximarlo al euro, alienta contradictoriamente el
abandono del Mercosur para ingresar unilateralmente al ALCA. Además, prometió
mantener la convertibilidad y abrió la canilla de una guerra de devaluaciones
competitivas en Sudamérica.
El
super-ministro demostró en el pasado su inclinación a contrariar en la gestión
práctica las teorías defendidas desde el llano, ya que en los 90 antes de
asumir y sobrevaluar el peso propugnaba un eje exportador. Pero también Carlos
Rodriguez y Roque Fernandez fueron los campeones de la austeridad fiscal hasta
que manejaron el gasto público y Machinea era un hombre de la industria antes
de convertirse desde el sillón ministerial en un agente de los bancos. Todos
los funcionarios que asumen la jefatura del Palacio de Hacienda toman distancia
del lobby que los llevó al poder, para equilibrar los intereses en juego entre
los distintos grupos empresarios.
Pero
este arbitraje se ha vuelto muy difícil y por eso Cavallo adopta medidas tan
improvisadas y cambiantes. Ahora ya no puede distribuir beneficios como hace
diez años, sino que debe repartir las pérdidas entre las dos principales
fracciones capitalistas: el sector industrial y exportador y el núcleo de
banqueros y empresas privatizadas. Cavallo ha hecho hasta ahora todos los
malabarismos posibles para contentar a ambas corporaciones. Favoreció al primer
grupo incorporando gente de la UIA a su gestión, desplazando a Pou del Banco
Central, reduciendo impuestos con “planes de competitividad” y otorgando un
dólar preferencial a los exportadores. Pero le aseguró al segundo sector el
manejo continuado de la política monetaria y del lucrativo negocio de la deuda,
garantizando además los contratos dolarizados de las compañías privatizadas.
Pero este equilibrio también puede naufragar si la recesión continúa.
La
mayoría de los economistas que se oponen a la política actual focalizan sus
cuestionamientos en el modelo neoliberal, pero presentan caracterizaciones muy variadas de
este esquema. En la visión más corriente se identifica esta orientación con
la convertibilidad. Algunos opinan
que la paridad uno a uno siempre fue inadecuada y otros consideran que fue
exitosa para superar la hiperinflación, pero inoportuna luego de la
estabilización monetaria. Ambos enfoques proponen devaluar directamente o en
forma selectiva (sancionando, por ejemplo, puniciones a los bancos pero no a los
ahorristas).
Pero
la convertibilidad más que una “política inadecuada” es un instrumento de
disciplinamiento monetario destinado a garantizar el pago de la deuda externa.
Es un mecanismo limitativo de la emisión para brindar seguridades de cobro a
los acreedores. Este propósito fue socavado por los propios desequilibrios que
generó la paridad uno a uno al acentuar la pérdida de competitividad
exportadora, agravar el bache fiscal y sustituir la vieja emisión por el
endeudamiento descontrolado. Pero analizar estas contradicciones omitiendo la
función principal de este régimen cambiario conduce a mirar el árbol
ignorando el bosque.
La
convertibilidad constituye tan solo una variante de subordinación de la política
económica a los acreedores frente a la tradicional flotación cambiaria. En
ambas modalidades se renuncia a la soberanía monetaria bajo la presión de los
banqueros, que imponen en el primer caso ajustes directamente recesivos y en el
segundo shocks devaluacionistas. Ambos sistemas crean espejismos temporarios. La
convertibilidad genera la impresión de una repentina solidez monetaria y las
devaluaciones parecen indicar que las naciones dependientes manejan su política
exportadora. Pero estas ilusiones se desploman en la crisis, cuándo se
evidencia que el abismo de productividad que separa a la Argentina de Alemania
no desaparece por la jerarquización común de la estabilidad monetaria, ni la
brecha entre Brasil y Japón disminuye porque ambos prioricen el superávit
comercial.
Suponer
que la crisis puede resolverse saliendo de la convertibilidad es tan ilusorio
como imaginar la viabilidad de algún mecanismo de “devaluación
popular”, que evite la depreciación del salario o la expropiación de los
pequeños ahorristas. Manteniendo invariables los compromisos de pago de la
deuda y el control de los resortes de la economía por parte del FMI, cualquier
devaluación tendrá un efecto empobrecedor.
Muchos
cuestionadores de la política actual remarcan las consecuencias recesivas de la
convertibilidad y especialmente la permanencia de altas tasas de interés por la
“falta de políticas activas”. Pero esta carencia tampoco deriva
exclusivamente del cepo cambiario. Lo que impide a todas las naciones periféricas
aplicar políticas keynesianas reactivantes es su dependencia de las auditorias
del FMI, que restringen el crédito interno a la inversión y al consumo para
asegurar el cumplimiento de la deuda. Aunque la magnitud de este pasivo no es
porcentualmente superior al predominante en los países centrales está nominado
en moneda extranjera y depende de su periódica refinanciación externa. Por eso
el ciclo económico en estos países está más sujeto al monitoreo de los
acreedores (y a la consiguiente entrada y salida de capitales) que a las fuerzas
internas de la demanda. Este condicionamiento explica porqué la nueva elite de
los organismos financieros ha asumido la gestión macroeconómica directa de los
países endeudados en reemplazo de las viejas burocracias nacionales.
Es
muy frecuente escuchar que el peso de la deuda ha consolidado la supremacía de
los “financistas parasitarios sobre los
industriales productivos”. Se contrasta especialmente los privilegios de
los banqueros que lucran con altos encajes y ganancias de intermediación con
las desventuras de los empresarios agobiados por el encarecimiento del crédito.
Pero esta línea divisoria olvida el enorme entrelazamiento entre ambos grupos y
la diversificación financiera de las grandes empresas, que manejan además una
importante porción de los títulos públicos. Los industriales participaron del
festival de las privatizaciones y han sido los principales beneficiarios del
incremento de la productividad que soportaron los trabajadores durante la
primera mitad de la década pasada. Las víctimas del modelo han sido los
asalariados, cuyas remuneraciones cayeron 0,5% con cada punto de aumento del
producto y no los capitalistas que usufructuraron de la precarización laboral
durante todas las circunstancias económicas de los años 90.
Sobre
el conjunto de los desposeídos se ha instalado en la actualidad el drama de la exclusión,
es decir la expulsión del mercado laboral. Esta marginación es el resultado
del círculo vicioso de ajustes que generan más desempleo y menor poder
adquisitivo, en una economía que tiene el 80% de su producto centrado en el
mercado interno. Pero la desocupación creció junto a la explotación que
beneficia a los capitalistas y que es promovida como un objetivo estratégico
por la clase dominante. Por eso Cavallo debutó obteniendo poderes especiales
del Congreso para acelerar la reforma laboral, derogar estatutos especiales y
eliminar indemnizaciones y la ultra-actividad. La apertura
importadora se instrumentó al servicio de este propósito explotador y
lejos de “afectar a todos” permitió a los grandes grupos económicos
abaratar el salario y destruir simultáneamente a sus competidores de la pequeña
y mediana industria.
Es
evidente, por lo tanto, que la política neoliberal potenció la crisis económica
argentina, a través de la convertibilidad, el ajuste monetario, la exclusión y
la apertura. Pero este modelo no es la causa de una depresión que afecta al
conjunto de la periferia y que tiene sus raíces en la dinámica mundial del
capitalismo.
EL COLAPSO GENERAL DE LOS PAÍSES DEPENDIENTES.
La
crisis argentina constituye un eslabón de las conmociones que golpean a todos
los “mercados emergentes” (México 1995, Sudeste Asiático 1997, Rusia 1998,
Brasil 1999, Ecuador 2000). Esta escalada se ha desarrollado como un “efecto
dominó” afectando indiscriminadamente a las economías dependientes,
cualquiera sea su ubicación y política monetaria o fiscal. En todos los casos
la caída de los precios de los productos exportados y la fuga de capital
tuvieron impactos sociales demoledores. Aunque podría identificarse la
existencia de una política neoliberal común en todos los países afectados las
modalidades de esta orientación son muy diversas, mientras que la inserción
capitalista dependiente es común a todas estas naciones.
En
estos países se verifican las consecuencias de la polarización
mundial de ingresos entre países avanzados y retrasados que ha provocado la
reorganización capitalista de los años 90. Las naciones periféricas han sido
particularmente desfavorecidas por la generalizada ofensiva patronal contra el
trabajo, por la expansión geográfica y sectorial del capital y por la furia
competitiva que acompaña el avance de internacionalización de la economía.
Se
estima la brecha entre las naciones desarrolladas y subdesarrolladas aumentó de
30 a 60 veces en las últimas tres décadas, reforzando la concentración del 86
% del consumo total en el 20% de la población mundial. Las naciones
dependientes han soportado una sistemática y creciente transferencia
de recursos hacia las grandes corporaciones de los países avanzados por lo
triple vía del intercambio desigual en el comercio, el pago de la deuda externa
y el giro de las ganancias resultantes del pago de salarios bajos, en el sector
internacionalmente integrado de la industria periférica. El retraso tecnológico,
la fragilidad financiera, la dualidad industrial y las desventajas comerciales
prevalecientes en estas economías se acentuaron sensiblemente en los últimos años
provocando la actual secuela de crisis agudas y continuadas. La debacle que
sufre la Argentina es por eso semejante a la padecida por el grueso de los países
latinoamericanos, asiáticos, africanos y del este europeo.
El
correlato político de esta degradación ha sido un
proceso de recolonización, es decir de pérdida de autonomía de las clases
dominantes locales como consecuencia de su creciente entrelazamiento con el
capital extranjero y por eso, los funcionarios del FMI han alcanzado un poder de
decisión sin precedentes. Esta nueva situación puede resumirse con un viejo
concepto: agravamiento de la opresión imperialista.
Como
las restantes naciones dependientes, la economía argentina recepta con mayor
intensidad las consecuencias de la sobreproducción, soporta el impacto de la caída
tendencial de la tasa de ganancia en las economías centrales (tanto en las
fases de plena declinación como en las etapas de parcial de recuperación) y
padece la insuficiencia del poder adquisitivo de gran parte de la población.
Estos desequilibrios dan pié a operaciones especulativas asociadas con el
endeudamiento. Pero limitarse a caracterizar a estas acciones como “actos
inmorales del capital rentista” impide observar el trasfondo de sistemática
transferencia de valor hacia las corporaciones imperialistas. Si el mismo
parasitismo financiero ha tenido efectos tan distintos en Estados Unidos o Gran
Bretaña en comparación a cualquier país periférico es por la existencia de
este proceso de polarización imperialista.
La
economía argentina acompaña el retroceso general de Latinoamérica en el
mercado mundial, signado por el bajo crecimiento predominante a partir de la década
perdida de los 80. Como el resto de la región ha contribuido a la
recuperación hegemónica norteamericana financiando el saneamiento de los
bancos estadounidenses afectados por la deuda regional, abriendo nuevos mercados
para la exportación de la principal potencia y facilitando la remisión de
utilidades de las corporaciones radicadas en la zona. La clase dominante
argentina viabilizó este proceso de transferencia de ingresos en desmedro del
mercado interno y fracasó, además, en la erección de un polo de negocios de
cierta autonomía en torno al Mercosur. Ahora parece girar hacia una incorporación
al ALCA, que Estados Unidos promueve para desplazar a sus competidores europeos
de Sudamérica.
La
crisis argentina forma parte de una reorganización capitalista que desfavorece
a todas las naciones subdesarrolladas. Pero es particularmente aguda porque
converge con un retroceso de más largo plazo que ha erosionado la tradicional
ubicación del país en los escalones más altos de la periferia. El producto
per capita actual apenas supera el nivel alcanzado en 1974 y el importante
crecimiento del PBI de 127% entre 1949 y 1974 contrasta con el lánguido avance
de 55% desde esa fecha hasta la actualidad. A diferencia de Corea del Sur la
economía argentina no colapsa al verse obligada a competir con las grandes
corporaciones, sino al perder continuadamente posiciones en el mercado mundial.
Tal como ocurre con los nuevos países periféricos que transitan por la
restauración capitalista -como Rusia- soporta una sistemática destrucción de
sus logros económicos del pasado. Enfrenta incluso, por primera vez,
situaciones de pobreza extrema típicas de la periferia inferior.
Pero
este tipo de declives no es una novedad bajo el capitalismo, que es un sistema
estructurado en torno a la ganancia y a la consiguiente emigración de los
capitales hacia las regiones que prometen mayor beneficio. Dentro de la
“arquitectura estable” que separa a las naciones imperialistas de los países
periféricos rige una “geometría variable” del subdesarrollo, que genera
reubicaciones, ascenso y retrasos en el mapa interior de las naciones relegadas.
La
gravedad de la crisis económica argentina ha inducido a muchos analistas a
indagar sus causas en el plano político. Algunos intelectuales argumentan que
el retroceso productivo obedece a la inestabilidad
institucional creada por la consolidación de un “estado mafioso”. Otros
remontan estas mismas dificultades a la “herencia militar”, la “falta de
respeto a la ley” o la “ruptura del orden constitucional en 1930”.
Pero
aunque es evidente la acelerada erosión del régimen político bajo el impacto
de los sobornos, el lavado de dinero y el narcotráfico, estas fuerzas
disgregadoras constituyen más bien un resultado de la continuada debacle económica,
que destruye sistemáticamente las reglas de juego del sistema y deteriora la
autoridad de los partidos de la clase dominante.
Por
otra parte, la creencia que la corrupción es antagónica al crecimiento
capitalista se inspira en una visión idealizada de este sistema, que opera
habitualmente mixturando la esfera legal e ilegal de los negocios. Basta
observar la gravitación de la “economía del crimen” en el sistema
financiero norteamericano o la incidencia de los negocios turbios en la inversión
radicada en los países más recientemente industrializados, para corroborar
este hecho. Es una fantasía insostenible suponer que el FMI o el Banco Mundial
premian la transparencia. ¿ O acaso no fueron IBM, Siemens, Telefónica o
Iberia quiénes promovieron los contratos fraudulentos con el estado? ¿No
actuaron las embajadas de Estados Unidos y los países europeos como
propiciadores directos de estas operaciones? La corrupción se alimenta de la
misma búsqueda de mayor ganancia que domina en todas las actividades
capitalistas y está afectada por la misma ceguera competitiva que socava estos
procesos. En ciertas ocasiones acelera la acumulación del capital y en otras
circunstancias perpetúa la crisis.
Otra
forma muy corriente de abordar la crisis actual es indagando sus raíces
culturales y retomando los viejos interrogantes sobre “el carácter de los
argentinos”. En estas visiones invariablemente se remarca la “ausencia de un
proyecto nacional” y se critica la “viveza criolla”, la “soberbia de
creernos elegidos”, “la falta de cultura por el trabajo” y la
“idiosincrasia de un país rico que deprecia el esfuerzo”. Pero en estas
elucubraciones se supone que cualquier ciudadano –simbolizado en un tipo
sociológico ideal- tiene la misma responsabilidad que los dueños del poder por
la actual depresión. Se ignora que las clases dominantes definen e instrumentan
la política económica y que, por lo tanto, no corresponde proyectar su fracaso
al conjunto de la población.
Es
cierto que la decadencia económica de una nación con tantas riquezas naturales
como la Argentina tiene fundamentos históricos. Pero no están asociados al
temperamento de sus habitantes, sino a la configuración agro-rentista de la
estructura social durante el siglo XIX, a las distorsiones posteriores de la
industrialización sustitutiva, tardía y dependiente y a la sistemática salida
de recursos hacia el exterior. Esta misma situación prevalece en muchas
naciones subdesarrolladas, igualmente carentes de una “clase empresaria que
arriesgue e innove”.
Pero
lo más importante no es constatar esta realidad, ni asumirla como una
fatalidad, sino concluir que nada puede esperarse de los grupos que
tradicionalmente han manejado el poder. El futuro del país depende de la acción
de los sectores populares, que en plena regresión social han sabido mantener
sus viejas tradiciones de lucha e incorporar nuevas formas de resistencia. Los
trabajadores activos y los sin empleo constituyen la fuerza social capaz de
construir una alternativa superadora de la crisis actual.
Ninguna
mejora de la economía argentina favorable al pueblo será factible sin
restaurar el nivel de vida de la población al nivel de los años 70-80.
Esta es la conclusión rehuida por todos los economistas neoliberales que
proponen seguir ajustando y por todos los antiliberales que focalizan la solución
en el tipo de cambio, la competitividad o la protección aduanera. Asegurar un
ingreso mínimo y garantizado para todos los desocupados y aumentar los salarios
y las jubilaciones para recrear el poder adquisitivo es la condición básica de
cualquier alternativa progresista al curso actual. La “confianza de los
consumidores” se recupera derogando la reforma laboral y asegurando la
estabilidad del empleo y no esperando el “derrame” de los beneficios que
obtengan los empresarios.
Está
probado que es inútil aguardar la llegada de ganancias, que luego brindarían
empleo para finalmente permitir la expansión del consumo. En esta línea
persiste Cavallo al introducir un impuesto a las cuentas corrientes que manejan
los bancos a costa de los pequeños comerciantes, al reducir gravámenes a la
clase media-alta por un monto equivalente a 193.000 planes trabajar o al
modificar las normas impositivas autorizando pagos a cuenta a las grandes
empresas, mientras mantiene el regresivo porcentaje actual del IVA. Una mejora
inmediata y sustancial del nivel de vida de los asalariados y desocupados
resulta indispensable para revertir la brecha de ingresos que separa al 10 % de
los sectores más ricos y pobres de la población, que se ensanchó en 57% en
los últimos diez años.
¿Faltan los recursos para este cambio? Si se miran los balances de los “ganadores del modelo” puede descubrirse rápidamente quién se apropió de los ingresos amputados a los trabajadores. En plena miseria del país, cuatro argentinos figuran en la lista de las 538 personas más ricas del mundo (Perez Companc, Rocca, Noble y Fortabat). Por eso, muchos sindicalistas y dirigentes populares han demostrado hasta el cansancio, que eliminando la evasión impositiva de 20.000 millones de dólares anuales de los grandes grupos y reimplantando los aportes patronales se puede recaudar inmediatamente lo necesario para planes de emergencia de empleo y sostenimiento de las familias.
Pero un programa de reconstrucción económica no puede avanzar en perspectiva sin eliminar el desplifarro de las privatizaciones mediante una recuperación del comando estatal de las empresas estratégicas. Obviamente este remedio sería peor que la enfermedad si los costos de esta transformación recaen sobre los contribuyentes y no sobre los beneficiarios del fraude privatista. Reconstituir la propiedad pública de las principales compañías bajo control de la población y por medio de una gestión democrática resulta no solo necesaria para impedir la liquidación de Aerolíneas, sino también para poner fin al despotismo tarifario. Se dirá que estas iniciativas “violan los contratos”. ¿Pero en la última década no fueron desconocidas todas las leyes que protegen algún derecho laboral, social o jubilatorio? La única diferencia radica en que, por primer vez, la misma “inseguridad jurídica” recaería sobre quiénes se enriquecieron manipulando las leyes en su propio beneficio. Seguramente esta decisión desataría represalias financieras, pero no hay que olvidar que las plantas eléctricas, los yacimientos petroleros y la red telefónica no son activos transferibles al exterior.
De todas formas el flanco más crítico de la economía argentina es la deuda. Mientras persista la presión cotidiana de los acreedores sobre las finanzas públicas no habrá margen para adoptar ninguna medida favorable al bienestar popular Por eso en las actuales condiciones resulta más ventajoso declarar la suspensión de los pagos de la deuda que afrontar pasivamente la próxima situación de moratoria. Esta declaración constituiría una decisión soberana que permitiría reorientar los recursos hacia las prioridades del gasto social y la reactivación industrial.
Se suele afirmar que esta medida marginaría al país de los mercados internacionales. ¿Pero este desplazamiento no se ha consumado ya, por haber tratado de cumplir con un compromiso insostenible? También se advierte contra la “fuga de divisas”, olvidando que todas las promesas de honrar la deuda no indujeron ningún retorno de los 100.000 millones de dólares depositados en el exterior. Conviene tomar conciencia que en las relaciones internacionales no rige la consideración hacia los “deudores que hacen los deberes”, sino el aprovechamiento descarado de los gobiernos que hacen el ridículo al enorgullecerse de su condición dependiente. Además, gran parte de los acreedores no son fantasmales ahorristas externos, sino concentrados grupos empresarios radicados en el país.
Existen muchas modalidades tácticas para afrontar la suspensión del pago de una deuda probadamente fraudulenta. La biblioteca de fundamentos jurídicos para justificar esta medida es monumental y el único desafío real estriba en sustituir las declaraciones altisonantes por acciones concretas. Pero hay que recordar que cualquier medida contra acreedores será viable si es adoptada como parte de un plan de reconstrucción económica integral. Por ejemplo, una moratoria divorciada del control directo sobre los bancos y el comercio exterior conduciría a un caos semejante al creado por Alan Garcia en Perú a mitad de los 80.
El debate actual sobre los programas económicos está dominado por las propuestas anti-liberales frente al modelo prevaleciente. En estas discusiones se considera al capitalismo como un dato inamovible de la realidad, omitiendo que este sistema recrea periódicamente las crisis y origina terribles sufrimientos para la mayoría de la población. Por eso hay que considerar una tercer opción, socialista, que apunte a superar la tiranía mercantil mediante la planificación democrática. Una alternativa popular construida en torno a la mejora del poder adquisitivo, la reversión de las privatizaciones y la suspensión del pago de la deuda es el punto de partida de esta perspectiva de emancipación social.
25 junio de 2001.
