Revista
La Maza
Buenos Aires - Argentina
Propuestas para el debate
EDI
(Economistas de Izquierda)
Luego
de la reunión realizada el 9 de enero pasado en la Facultad de Ciencias Económicas,
quedó planteada la necesidad de trabajar en la formulación de propuestas
alternativas frente a la crisis. Con el siguiente documento pretendemos abrir el
debate, subrayando que nuestras iniciativas se rigen por el principio de que el
peso del extraordinario desastre desatado debe recaer enteramente sobre los
capitalistas que fundieron al país y no sobre los trabajadores, los
desocupados, los profesionales y los pequeños productores, comerciantes y
ahorristas.
La
crisis supera ampliamente las precedentes de 1975, 1981 ó 1989 por la gran
intensificación de la pobreza, el desmantelamiento industrial y la desintegración
regional. Por otra parte, la depresión que atravesamos no es un resultado
exclusivo de la "convertibilidad", el "modelo" o la
"apertura" sino que expresa el efecto combinado de las convulsiones
periódicas del capitalismo, de su inserción periférica y de la política
neoliberal de la última década.
Nuestra
iniciativa se hace eco de la revuelta popular que tumbó al gobierno hambreador
y que continúa a través de las protestas y cacerolazos cotidianos.
Participamos
activamente en la movilización popular y rechazamos el régimen político
actual, que se basa en el gobierno por decreto al servicio de la clase
dominante, en la delegación legislativa de poderes a los ejecutores del ajuste
y en el mantenimiento de los jueces que garantizan impunidad a los saqueadores
del tesoro nacional. Apoyamos las manifestaciones que golpean las puertas de los
bancos y de las empresas privatizadas y alentamos la discusión de soluciones a
la actual catástrofe social en las asambleas populares que surgen en distintos
barrios y localidades. Nuestro punto de partida es la oposición total a las
medidas que está implementando el gobierno ilegítimo que surgió de un
contubernio en la Asamblea Legislativa.
Las
siguientes caracterizaciones delinean la orientación de nuestras propuestas y
constituyen una primera aproximación al programa que buscamos propiciar. Somos
concientes que estas metas sólo podrán ser implementadas a través de una
decidida profundización del proceso abierto en diciembre último. Además,
creemos que las movilizaciones deben apuntar claramente a cambiar la dirección
de las expropiaciones descargadas contra el bolsillo popular y hacerlas recaer
sobre los capitalistas. Esta perspectiva debe orientar las luchas por el aumento
de los salarios, el seguro de desempleo y la devolución de los depósitos que
se quieren confiscar. Pero, al mismo tiempo, afirmamos que la solución de las
aspiraciones del conjunto de la sociedad sólo podrá ser alcanzada en el
contexto de una transformación socialista.
La
devaluación
La
devaluación fue dispuesta para perpetrar una nueva transferencia regresiva de
los ingresos a favor de la clase dominante y su efecto se traducirá en el
encarecimiento de los alimentos, los remedios y los bienes de consumo básicos.
Si la cotización del dólar libre continúa disparándose comenzará una
escalada inflacionaria que provocará mayores sufrimientos al pueblo. El
panorama es ya aterrador, porque los 14 millones de pobres con ingresos
familiares inferiores a $ 460 mensuales incluyen 4,5 millones de indigentes que
apenas pueden adquirir una canasta de alimentos esenciales valuada en $ 70. Se
estima que si el aumento de los precios llega al 10% el número de pobres se
ampliará en 1,3 millones de personas y si el incremento trepa al 30% la nueva
pauperización afectará a 3,7 millones de habitantes.
Semejante
descenso al infierno de la miseria no puede ser atenuado por el gobierno
devaluacionista que precipitó la nueva escalada de sufrimientos populares. Sus
medidas de control de precios serán inefectivas frente al aumento de los bienes
industriales y agropecuarios y ya ha aparecido el desabastecimiento de artículos
e insumos indispensables. La especulación cambiaria resurgió a pleno y es
financiada por el propio Banco Central con la venta subsidiada de divisas a las
casas de cambio. Las disposiciones para limitar el desempleo encareciendo los
despidos resultan insustanciales en el marco de la hiper-desocupación actual y
del contexto de congelamiento salarial, que aprueban las bancadas mayoritarias
del Parlamento.
El
"seguro de empleo y formación" de $ 150 que prepara el gobierno es
una burla de la demanda de $ 450 que se planteó en la reciente consulta
popular. En nuestra opinión, la eliminación inmediata de la pobreza es
factible, pero depende de una reorganización planificada de la producción y de
una redistribución contundente del ingreso y no de expectativas en la futura
reinversión empresaria. Serán los propios trabajadores y no la clase dominante
los artífices de un "círculo virtuoso de crecimiento" favorable al
pueblo.
Frente
a la dramática situación actual nuestra propuesta es sencilla y contundente:
establecer un inmediato seguro de desempleo de $ 500, mientras se reduce la
jornada laboral, se reparten las horas de trabajo existentes y se contratan
nuevos empleados. Esta medida junto a la fijación de un salario mínimo y
universal de $ 600 permitiría comenzar a recomponer el poder adquisitivo, en la
perspectiva de alcanzar a la brevedad un piso salarial equivalente al costo de
la canasta familiar de $ 1.030. Además, las jubilaciones mínimas deben ser
elevadas a $ 450 y este monto debe alcanzar también a todas las personas
mayores de edad que carecen de cobertura de la seguridad social. Por supuesto
que se plantea el problema de la financiación de estas medidas.
Proponemos
tres vías de recaudación de los fondos requeridos para este plan: la suspensión
total del pago de la deuda externa, el establecimiento de impuestos inmediatos a
las grandes fortunas y la restauración de los aportes previsionales. En los últimos
presupuestos nacionales se contemplaban $ 9.000 millones anuales para el pago de
la deuda y esta cifra supera los
5.000
millones en la propuesta elaborada para el 2002.
En
materia impositiva se puede establecer un gravamen equivalente al 10% de los
activos de las 100 empresas de mayor facturación y otro 5 % a las compañías
con ventas superiores a los $ 5 millones y una imposición especial a las
ganancias obtenidas por los rentistas. En los casos necesarios y para impedir
elusiones, el impuesto sobre los activos será sustituido por un suplementario
extraordinario a las ganancias o a las ventas de las empresas. Estos gravámenes
permitirían recaudar $ 20.000 millones. Asimismo, debería establecerse una
tasa del 30 % sobre el capital radicado en el exterior que no tenga el carácter
de inversión directa, afectándose los
bienes
registrados en el país para el cumplimiento de esta obligación.
En
tercer lugar pensamos que la inmediata eliminación de las AFJP y el
establecimiento de un sistema único de jubilaciones solidarias en base a la
restauración de los aportes patronales, facilitará la recuperación de $ 4.000
millones anuales para el fisco. De igual manera, deben eliminarse exenciones,
diferimentos y subsidios que favorecen a grupos capitalistas y empresas
privatizadas. De la suma de estas tres fuentes de financiamiento, junto al
conjunto de medidas que se exponen en este documento surgirán los fondos
iniciales para enfrentar la emergencia social.
El
corralito
El
corralito que instauró Cavallo para socorrer a los banqueros a costa de los
pequeños ahorristas se ha convertido ya en un inocultable instrumento de
expropiación de la clase media. Para proteger a los bancos se paralizó primero
toda la actividad financiera y se reforzó luego el cerrojo con mayores
limitaciones a la extracción de fondos.
Duhalde
mintió al prometer que los depósitos serían “devueltos a su moneda
original”. De los bancos ya no sale un solo dólar y es inminente la
pesificación forzosa de todos los depósitos, es decir su confiscación explícita.
Cuanto más trepa la cotización del dólar más se afianza la estafa a los
pequeños ahorristas, que recibirán pesos devaluados o certificados
desvalorizados por las sumas que entregaron a los bancos. Un primer cálculo que
hemos realizado de esta expropiación en términos financieros indica que rondaría
el 50% del valor actual de los depósitos, es decir U$S 23.000 millones.
Las
entidades financieras, que han sido el canal para la fuga de más de U$S 20.000
millones en el 2001, deben ser conminadas a la devolución de los depósitos
mediante el cobro anticipado del crédito a las grandes empresas (las grandes
firmas tienen deudas bancarias que cubrirían el valor de los depósitos pequeños
y medianos), con aportes suministrados por las casas matrices e incluso con su
capital propio. Se estima que sólo el patrimonio de los bancos extranjeros
totaliza los $ 6.200 millones.
Se
afirma que frente a esta exigencia, las entidades extranjeras se irían del país
y las nacionales se declararían en quiebra. Si optan por este camino habría
que proceder a la inmediata confiscación de todos los bienes vinculados a estas
instituciones. Quienes se van deberán dejar todos sus activos incluyendo las
propiedades directas, encubiertas y asociadas.
Pensamos
que de ninguna manera la sociedad puede asumir los costos de los quebrantos
bancarios mediante el recurso de la licuación de sus pasivos por la vía
inflacionaria o de una nacionalización ruinosa de estas entidades. Esta solución
es tan nefasta como la extranjerización completa (“off-shorización”) que
promueven otros grupos financieros, porque su costo será descomunal para el país.
El socorro a los bancos insumió un gasto equivalente al 25% del PBI mexicano
luego de la crisis de 1994, del 16 % del PBI coreano y del 40% del PBI indonesio
luego de desplome asiático de 1997-98. En el caso argentino ya hubo un
precedente cercano luego del tequila, pero en el estado actual de las finanzas públicas
este rescate propinaría el tiro de gracia a la economía nacional.
Deudores
La
otra cara del corralito incluye a la masa de individuos que se endeudaron para
comprar algún bien. Pero, como se señaló, el grueso de los deudores son
empresas, que al cabo de cuatro años de depresión enfrentan graves
dificultades para pagar los créditos que obtuvieron. El gobierno afirma que la
cobranza acelerada de estos préstamos para liberar el corralito provocaría la
quiebra generalizada de las empresas. Pero si las empresas quiebran: ¿quién
debe pagar los platos rotos? ¿Sus dueños o el resto de la sociedad ? ¿Quién
es responsable de la caída, los propietarios o los empleados? ¿Es posible que
los grandes capitalistas del país tengan el mismo trato que deben recibir las
pequeñas empresas?
Como
en el caso de los banqueros, el gobierno se dispone a obligar al pueblo a pagar
también esta factura. Los hombres del gobierno trabajan para generalizar la
licuación de pasivos iniciada con la devaluación. Los destinatarios de la
“nueva alianza productiva” propuesta por Duhalde son Macri, Soldati,
Eurnekian, Techint, Bridas, Pérez Companc y todos los grupos que hicieron
fortunas limpiando en los 80 sus pasivos con el proceso inflacionario. Gran
parte de los capitalistas que vendieron sus empresas en la última década e
invirtieron en el exterior se preparan, además, para liderar el negocio de la
compra devaluada de activos.
Todos
estos grupos negocian en secreto y al más alto nivel la pesificación de sus
deudas, esperando el momento apropiado para sancionar las leyes que convaliden
esta estafa. Mientras se organiza este salvataje, el gobierno dejó de lado a
los deudores no bancarizados provocando todo tipo de arbitrariedades entre la
clase media endeudada por la compra de un departamento, un auto o material de
trabajo. A los pequeños deudores les espera la misma confiscación que a los
pequeños acreedores, porque forman parte del mismo sector golpeado por un
gobierno que se ha fijado el objetivo de socorrer a las grandes empresas
capitalistas.
Frente
a esta situación proponemos que los industriales reciban el mismo trato que los
banqueros, es decir que respondan con su patrimonio, sus inversiones en el
exterior, sus fortunas personales y sus testaferros por la deudas que mantienen
con los bancos. Debe procederse a la cancelación anticipada de los créditos de
las grandes compañías que concentran la mitad del total de los préstamos del
sistema. Si la empresa amenaza con cierres y despidos debe ser nacionalizada e
incorporada a un nuevo sector público de propiedad colectiva y gestión democrática
bajo control de los trabajadores y el pueblo basada en claras prioridades de
inversión, ahorro y consumo, democráticamente discutidos y aprobados por la
población.
Deuda
Externa
La
cesación de pagos en que se encuentra la Argentina confirma la total inutilidad
del sacrificio realizado por el pueblo durante años para cumplir con los pagos
de la deuda pública. Está a la vista la imposibilidad de hacer frente a
vencimientos de intereses que triplicaban los gastos de administración del
gobierno e insumía seis veces más fondos que la asistencia social y 23
veces
más recursos que los planes de empleo. Además, ya no pueden ser refinanciados
con nuevas privatizaciones porque el patrimonio del Estado ha sido totalmente
rematado.
Numerosas
investigaciones demuestran que el grueso de la deuda fue en su origen
fraudulenta y careció de contrapartida en inversiones productivas, es decir que
fue el resultado de maniobras especulativas que enriquecieron a los acreedores y
a sus socios locales. Por eso reiteramos aquí el reclamo básico, ya compartido
por gran parte de la población de una suspensión inmediata de
los
pagos de la deuda que en gran parte se compone de títulos que están en manos
de los capitalistas argentinos. Esta suspensión debe ser complementada con el
abandono de todas las negociaciones con el FMI, el desconocimiento definitivo de
todos los pasivos fraudulentos, la renegociación de líneas de crédito
vinculadas a transacciones comerciales prioritarias y el establecimiento de un
sistema futuro de pago sólo acotado a los pequeños tenedores nacionales de títulos.
Todas las alternativas que se han ensayado para evitar esta salida llevaron al
desastre actual. El Plan Brady y las sucesivas reducciones de intereses y
ampliaciones de los plazos de pago sólo condujeron a engrosar el pasivo y a
condicionar toda la actividad económica a exigencias de los acreedores.
Este
mismo camino está recorriendo nuevamente el gobierno, cuando en pleno default
acelera las negociaciones con el FMI para fijar un nuevo cronograma de pagos.
Buscan retomar el rumbo que trazó Cavallo con el canje de los títulos en manos
de los acreedores externos y el reconocimiento de los nuevos bonos entregados a
las AFJP y los bancos locales. Para asegurar este continuismo Duhalde ha
colocado al frente del Banco Central a un representante directo del FMI.
A
esta altura resulta indispensable admitir que las dificultades que ocasionaría
el desconocimiento de la deuda serían muy inferiores a los padecimientos que
genera la continuidad de su pago. ¿Qué escenario peor al actual podría
desatar una moratoria? ¿Mayor corte del crédito internacional interrumpido
desde hace más de un año? ¿Mayor ausencia de inexistentes inversiones? ¿Mayor
aumento del riesgo país? ¿Incautación de los irrelevantes bienes públicos en
el exterior?
Todos los fantasmas anunciados ante un eventual desconocimiento de la
deuda ya se han materializado por haber evitado esta decisión. Llegó el
momento de iniciar otro camino: una emancipación de los acreedores de la deuda
externa -incluyendo a aquéllos que residen en el país- que contará con la
solidaridad de todos los pueblos del mundo sometidos a las mismas cadenas. La
sublevación popular que existe en nuestro país ha provocado una gran conmoción
internacional y un gran temor al “contagio político del ejemplo argentino”
entre los acreedores. Estas condiciones favorecen la implementación inmediata
de la decisión soberana del no pago.
Presupuesto
2002
El
desconocimiento de la deuda permitiría una reformulación total del nuevo
presupuesto 2002, debatido por la población y sin ninguna supervisión de técnicos
del FMI. El proyecto oficial abandona el "déficit cero" pero no el
principio de ajustar sueldos, jubilaciones y partidas provinciales en función
de la recaudación, porque contempla la prioridad de pago de $ 5.275 millones de
intereses de la deuda a organismos internacionales y acreedores locales. Por eso
convalida el recorte que hizo Cavallo del 13% de los salarios y lo extiende a
todo el ejercicio. En las partidas de educación no se contempla el pago del
incentivo docente y se perpetúa el desfinanciamiento del PAMI y de los
hospitales públicos. Pero como la devaluación ha iniciado un proceso
inflacionario y la recaudación seguirá cayendo durante la recesión récord
del semestre en curso, el recorte presupuestario del 2002 será muy superior a
todo lo conocido. Por eso pensamos que cualquier plan fiscal debería adaptarse
a los objetivos enunciados anteriormente: aumento salarial y seguro al
desocupado financiado con el desconocimiento de la deuda y los impuestos al gran
capital.
Empresas
privatizadas
En
medio del desangre económico que sufre el país, las empresas privatizadas
continúan gozando de los grandes beneficios que le brindó su apropiación de
los resortes estratégicos del proceso productivo. El impuesto a las compañías
petroleras para socorrer a los bancos se mantiene tan indefinido y la
renegociación de las tarifas de los servicios públicos ya quedó abierta
durante
el reciente tratamiento parlamentario del tema. Las compañías y sus
representantes diplomáticos (desde embajadores hasta presidentes) ejercen una
presión descarada para amortiguar las retenciones a las exportaciones
petroleras, exigir seguros de cambios y compensaciones tarifarias. Pero la
mentalidad colonial y la aceptación del trato servil ya es tan común entre los
funcionarios, que nadie repudia esta injerencia en las decisiones económicas
del país.
Las
compañías privatizadas no han abandonado su proyecto de dolarizar la economía
para continuar remitiendo utilidades al exterior. Simplemente apuestan a
reintroducirlo a otra paridad como en Ecuador luego de un caos inflacionario.
Mientras preparan esta nueva versión de la convertibilidad, trabajan en lo
inmediato en planes de indexación tarifaria.
Las
nefastas consecuencias de las privatizaciones están a la vista. Las compañías
lograron una inédita acumulación de beneficios a costa del resto del país.
Adquirieron las empresas por sumas irrisorias, introdujeron inversiones mínimas
en algunos sectores y vaciaron las empresas en otras ramas. Se apropiaron de la
renta petrolera, destruyeron los ferrocarriles, liquidaron las
aerolíneas,
estafaron a los transportistas con los peajes, encarecieron los teléfonos, el
agua y la electricidad. Como ya usufructuaron abusivamente de contratos
fraudulentos, llegó la hora de poner fin a esta depredación para iniciar la
reconstrucción económica del país.
Un
programa de emergencia que represente los intereses de los trabajadores debería
propiciar la reestatización de las empresas privatizadas sin ningún tipo de
indemnización a fin de remodelar por completo su funcionamiento al servicio del
país, abaratando las tarifas (actualmente impagables y en mora generalizada),
asegurando la inversión y reciclando las ganancias y la renta dentro del
circuito productivo nacional. La reestatización es indispensable, porque las
empresas se especializan en burlar todas las formas de control y regulación de
su actividad y porque resulta imposible desenvolver un plan económico popular
sin el manejo estatal de las compañías estratégicas. Para evitar el retorno a
la experiencia pasada de burocratización, corrupción y enriquecimiento de
grupos asociados a las empresas públicas, proponemos la introducción de nuevas
formas de gestión democrática, basadas en la participación directa de los
trabajadores y usuarios.
Otras
medidas
Entre
otras medidas, un programa de emergencia debería asegurar un manejo
centralizado del comercio exterior y el control de cambios. También resulta
imperiosa la reestructuración de las economías regionales sacudidas por la
decadencia productiva, la indigencia y la situación generalizada de
endeudamiento y asfixia impositiva de los pequeños productores. Asimismo
creemos que debería establecerse una inmediata reducción de las tasas del IVA.
Finalmente, los impuestos al capital que aquí se proponen deben ir de la mano
de una reformulación total de la estructura impositiva que, entre otras cosas,
erradique la escandalosa evasión de U$S 20.000 millones al año.
Consideraciones
finales
Las
propuestas presentadas a través de este documento constituyen sólo un punto de
partida de la discusión realizada el 9 de enero pasado en la Facultad de
Ciencias Económicas. Buscamos alentar la elaboración de programas concretos en
cada uno de los temas genéricamente abordados en este primer análisis.
Durante
los últimos años de neoliberalismo, la profesión de los economistas quedó
identificada con la actividad de los gurúes, técnicos y hombres de negocios
que aparecen en los medios de difusión para justificar los atropellos contra el
pueblo. Nos proponemos transformar por completo esta imagen, demostrando que
existen economistas críticos del capitalismo, que trabajan en abierta oposición
a las fundaciones de la clase dominante. Nos ubicamos junto a las
reivindicaciones de los trabajadores, las demandas de los piqueteros, las
movilizaciones de la juventud y los reclamos de la clase media, que han
confluido en un proceso extraordinario de luchas que cambiará el futuro de la
Argentina.
24
de enero de 2002.
