volver al index

  Opinión

Temas del Laicismo Chileno

CONSIDERACIONES SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO.

Sebastián Jans

Tercera consideración.

Una realidad social, económica y sanitaria que pretende ser ignorada.

En Chile la práctica del aborto es una realidad que pretende ser ignorada o acallada. De hecho, para especialistas en políticas de salud es uno de los países occidentales con los más altos índices, en circunstancias que es uno de los países más conservadores desde el punto de vista valórico.

Seguir ocultando o acallando lo que está en los antecedentes que manejan los organismos de salud, es seguir tratando de manipular valóricamente algo que tiene un alcance primeramente sanitario. En esto no debemos equivocarnos: las políticas de salud deben primar por sobre cualquier alcance valórico, por lo menos, es lo que se desprende de todo diseño político y jurídico pensado en el bien común.

El bien común no estuvo presente en los oficiales de la Armada que redactaron la llamada “Ley Merino” de 1989 – dos capitanes y un auditor naval -, que puso fin a la práctica del llamado “aborto terapéutico” en Chile, en cuyo texto se establecería que: “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”, sin llegar a definir lo se entiende por aborto. Lo que allí primó fue una concepción religiosa autoritaria y clasista, que estaba destinada objetivamente a castigar a las mujeres más pobres y al margen de las oportunidades médicas que tienen las mujeres con más recursos. Lo que deviene de la aplicación de esa ley, está relacionado con las desigualdades y con el trato discriminatorio que determinadas leyes imponen en el tratamiento médico de las personas.

Ese trato discriminatorio tiene que ver con las oportunidades que otorga un medio social y económico específico: aquellos que son más pudientes no solo poseen los recursos para ser abortadas bajo distintos subterfugios, sino que cuentan con las oportunidades de educación y apoyos médicos para evitar una gestación no deseada.

Pero pensar que la práctica del aborto solo tiene una connotación socio-económica específica es un error. No son solo las mujeres pobres las que recurren al aborto, aún cuando en ese nivel se produce la mayor cantidad de abortos rojos. Las mujeres que recurren al aborto para resolver la inviabilidad de un embarazo tienen múltiples causalidades que escapan a lo estrictamente socio-económico.  Para toda mujer, un embarazo tiene efectos trascendentes en su vida, para bien o para mal. No hay ningún embarazo que no tenga algún efecto significativo: para unas será un resultado feliz, estimulante, de realización personal. Pero también hay otras mujeres, para las cuales un embarazo puede constituir un evento tremendamente infeliz. La casuística puede ser interminable para explicar por que ello ocurre.

Muchas de ellas se adaptan a la realidad de un embarazo no deseado, pero hay otras que no están dispuestas a sufrir los efectos que de ello se desprenden. Muchas ven el embarazo como una desgracia, que afecta brutalmente sus vidas. Nadie puede constituirse en juez moral de las razones que le llevan a esa percepción. A pesar de sus adscripciones religiosas, de las eventuales consejerías, de los apoyos psicológicos disponibles, del entorno valórico en que se ha desarrollado personalmente, esas mujeres llegan a esa conclusión dolorosa. Muchas de ellas tienen un alto compromiso religioso, y pertenecen a comunidades religiosas, con distintos grados de adhesión. Se podrá decir que deben pensar en el hijo que están gestando, pero ellas aún así prefieren privilegiar su vida, su realidad. Se podrá poner en duda su fidelidad religiosa, pero las razones de su existir parecen pesar más significativamente.

Teniendo como referencia las variables que se advierten en la realidad chilena, frente a la presencia del embarazo no deseado, un importante porcentaje de interrupciones de la concepción cabe en lo que podríamos llamar el aborto blanco. Es aquel que se practica mediante subterfugios médicos en los niveles socioeconómicos más solventes. Subterfugios a que son obligados los médicos por la “ley Merino”. Se practica sobre la base de relaciones de confianza a través de medios farmacológicos – el más usado -, e incluso a través de manipulación directa en el quirófano, escondiéndose a través denominaciones médicas de diverso tipo, pero que, en los hechos, constituyen una interrupción de la concepción y, en no pocos casos, del embarazo, entendiendo que este es cuando ya se establece la viabilidad fetal,  es decir, sobre las 22 semanas.

Una denuncia maliciosa podría poner al margen de la ley a diversas instituciones y médicos, en la medida que se quiera hacer una interpretación rigurosa de los preceptos legales vigentes. Felizmente ha primado el sentido común y no hemos tenido que enfrentar situaciones de ese tipo, que podría afectar a pacientes y tratantes, lo cual sería doloroso para muchas personas bien intencionadas, en la primera o segunda calidad.

En la otra orilla se encuentra el aborto rojo, que lo denominamos de tal modo por tener estricta relación con la evidencia ilegal, y que, obviamente, tiene efectos policiales. Es el que se realiza en clínicas clandestinas, por ejecutantes inescrupulosos, o cuando ocurre que la práctica del aborto blanco trae consecuencias médicas inesperadas, que obligan a quien ha sido objeto de la intervención a recurrir a un servicio de salud para salvar su vida. Felizmente, la conducta misericordiosa de muchos médicos de servicios de urgencia, han impedido que un significativo número de mujeres pobres en ese transe, hayan sido puestas en los márgenes de la ley al enfrentar una situación tan personalísima.

Hace diez años, según informes policiales, el aborto clandestino reportaba 52 mil millones de pesos al año. Estudios de diversas organizaciones femeninas,  señalan que más de la mitad de las mujeres que fueron denunciadas por realizarse un aborto, y que fueron procesadas, tenían ya hijos, y más o menos el mismo porcentaje eran empleadas domésticas. ¿Cuál es el factor que primó en tales casos? El miedo a perder el empleo o la imposibilidad de darle garantías de vida adecuadas a un nuevo hijo, o simplemente el temor de deteriorar las posibilidades de los hijos existentes.

Es un hecho que el aumento de los abortos en el mundo está directamente relacionado con el deterioro de las condiciones y alcances de los ciclos económicos. Cuando hablamos de ciclos económicos, tenemos que reconocer dos perspectivas: el ciclo económico de los países y el ciclo económico de las personas. Hay momentos en que las cosas se ven bien, hay optimismo y seguridad, así como hay momentos de pesimismo e inseguridad. Este último factor es determinante en el aumento del aborto en muchos países. Cuando sobrevienen crisis económicas – personales o nacionales – claramente aumenta el aborto rojo en los países donde hay una penalización estricta, más que en aquellos donde la penalización es solo para situaciones extremas.

Sabemos que las crisis de los países producen desempleo, inseguridad, reducción de las disponibilidades económicas, imposibilidad de financiar métodos anticonceptivos, así como imposibilidad de vislumbrar condiciones adecuadas a los hijos en plazos inmediatos y mediatos, lo cual obliga a buscar la forma de abortar. De tal modo que, en la actual crisis, muchas mujeres jóvenes, profesionales con peligro de perder su empleo o que ya lo perdieron, y mujeres pobres con ingresos de sobre vivencia, recurrirán a alguna forma de aborto.

Marzo 2009