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Temas del Laicismo Chileno |
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Algunas Reflexiones sobre Laicismo y Sociedad. Gonzalo Herrera G. La
necesaria difusión de nuestras concepciones sobre el laicismo debe
mantenerse vigente en tanto persista la pretensión de algunas iglesias
e instituciones religiosas de constituirse en faro valórico y moral de
la sociedad, entregando pautas de comportamientos que todos los
individuos deberían acatar, independientemente del hecho de su
adscripción o no a tales instituciones. Las
sociedades actuales dejan en evidencia las contradicciones que se
ocultan en su seno, en la medida que algunos sectores abogan por
alcanzar mayores espacios de libertad y una mayor profundización de la
democracia. Es lo que ocurre en España por estos días, a propósito
del anunciado propósito del Ministerio de Educación de implantar la
asignatura “Educación para Contenidos
referidos al respeto por la opciones tanto laica como religiosa de los
individuos, el pluralismo moral, la dimensión humana de la sexualidad
frente a los prejuicios sexistas, la convivencia para mejor vivir en
sociedad, son parte de este proyecto orientado a educar a los jóvenes
en sus derechos y libertades fundamentales, teniendo como denominador
común la tolerancia y la laicidad. Todos
estos temas que, al menos en el papel, se orientan hacia una concepción
más avanzada de la sociedad y hacia la dignidad e igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, han sido, sin embargo, duramente impugnados por
sectores identificados con la derecha política más conservadora y por
organizaciones que aún encuentran su referente ideológico en el
nacionalcatolicismo. Cabe recordar que así se denominó a la doctrina
que asociaba a la iglesia católica con la dictadura franquista, y que
en la práctica significaba el sometimiento de la jerarquía eclesiástica
al régimen fáctico a cambio de que el credo moral católico se
impusiera como norma única y obligada
para toda la sociedad española. De
la mano con las arraigadas “tradiciones españolas” y con la aún
fuerte influencia de la iglesia católica, se vuelven a desempolvar
viejos argumentos, como el de los “valores familiares”, para
desprestigiar y distorsionar la ley. Se argumenta que el verdadero interés
de los promotores de esta iniciativa es la manipulación ideológica,
tendiente a entregar una visión moral a niños y jóvenes ajena a aquélla
que legítimamente le quieran entregar sus padres en el seno del hogar,
o a su formación en algún establecimiento con una orientación afín a
sus concepciones. Subsiste
así una concepción de Estado confesional, ajena a toda visión
pluralista en lo ideológico y en lo social. Pero se va más allá,
defendiendo trincheras ideológico- culturales que entrañan rasgos de
intolerancia, como la no aceptación de los homosexuales en determinadas
actividades o que se interpele el derecho de un docente a ejercer por
profesar una religión distinta a la católica o, simplemente, no tener
ninguna. Se exige libertad
para los alumnos de determinados colegios católicos para no cursar
determinadas materias, por la simple razón de que se alejan del dogma. Sin
entrar a defender las concepciones propias del gobierno español, lo que
nosotros entendemos de esta ley no es otra cosa que la sana doctrina de
separar al Estado – y a la sociedad, en cuanto sea posible - de
cualquier iglesia o confesión religiosa, no sólo de la católica. Y
como una manera de avanzar en el desarrollo político, social y cultural
de la sociedad, erradicar de partida la intolerancia en todo orden,
racista, religioso, sexista, etc. Para ello debe comenzarse por devolver
el culto a los templos, lo que significa la aceptación de que la religión,
por la diversidad de opciones, no es un asunto público sino que debe
limitarse estrictamente al ámbito privado. Con ello se logra que, en
cuanto no existan manifestaciones externas, nadie deberá dar cuenta de
su fe. De
la misma manera que este reconocimiento no constituye atentado alguno a
las legítimas creencias religiosas de las personas, tampoco la imposición
de materias afines a la tolerancia, la libertad de pensamiento, la
democracia y el respeto por los derechos humanos debe entenderse como
una restricción al derecho de los padres de darle la educación a sus
hijos con los principios valóricos que mejor les parezcan. Si a
aquellos contenidos que se orientan a favor del progreso, se les quiere
agregar en colegios privados, complementariamente, el adoctrinamiento
religioso, no debería haber oposición, siempre que con este último no
se pretenda reemplazar a los otros. Este
proyecto es apenas un paso más en una nación que, a pesar de estar
inserta en una comunidad que busca decididamente el progreso cultural de
sus habitantes, como es la europea,
no ha podido cortar sus lazos con el enorme poder que ha gozado
el catolicismo hasta ahora. La propia Constitución de 1978 en su artículo
16, junto con declarar “la libertad ideológica, religiosa y de
culto”, sella el privilegio y discrimina a favor de Es
por lo demás preocupante observar con cuánta beligerancia reacciona
una jerarquía eclesiástica integrista, cuando siente que sus
privilegios están amenazados. Lejos de considerar los valores que
conlleva el laicismo, en cuanto a la formación de ciudadanos con
mentalidad amplia y democrática, que garanticen una sana convivencia al
interior de la sociedad, intentan hacerse fuertes a través de
organizaciones de padres y apoderados para levantar la desobediencia y
el incumplimiento de la norma legal, basados en el sofisma de ser
depositarios de la moral divina. En vez de luchar por valores como la
solidaridad, la austeridad y el crecimiento espiritual de las personas
frente al materialismo, el consumismo y el hedonismo que caracteriza el
modo de vida de muchos jóvenes de hoy, apelan a lo más reaccionario de
la sociedad para desconocer la legitimidad democrática y, como en el
pasado, promover divisiones de imprevisibles consecuencias.
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