ESTADO, DEMOCRACIA, LAICISMO.

Gonzalo Herrera

Cuando hace algo más de una década el pensador estadounidense de origen japonés, Francis Fukuyama, proclamó "el fin de la historia", estaba en realidad prediciendo el término de la evolución ideológica de la humanidad, a partir de la caída de los socialismos reales en 1989 y la cada vez más entusiasta adhesión de China al capitalismo. Estos hechos, según Fukuyama, demostraban el triunfo definitivo del liberalismo político y económico, por así decirlo el "sello" de Occidente, y particularmente de los Estados Unidos, de donde colegía la adopción de la democracia liberal como estado homogéneo en todo el mundo. Así, según su visión, el tiempo post-histórico se caracterizaría por una sociedad unipolar, en que las posibilidades de conflictos entre grandes bloques de países desaparecían, unificados en la cultura occidental de consumo. Los años posteriores a la publicación de esta tesis demostrarían la inconsistencia de sus postulados, al cernirse sobre la tierra nuevas y graves amenazas, ahora de confrontación de civilizaciones, cuando algunos estados islámicos se oponen al avasallamiento cultural y esgrimen el derecho al uso de la violencia para defender sus propios valores religiosos e ideológicos, sin desconocer las inocultables intenciones de países occidentales por controlar militarmente territorios ricos en reservas de hidrocarburos.

 

El pensamiento de Fukuyama resulta bastante más liviano que el análisis dialéctico de la historia de Hegel, que hace justamente dos siglos atrás también había llegado a la conclusión de que la historia culminaría con la victoria de la razón y la conciencia de la libertad del individuo, cuando el pensamiento gobernara la realidad y el orden político social, a diferencia del estadio anterior en que la historia era un permanente conflicto dialéctico entre las pasiones y pequeños intereses de los grandes personajes históricos y el fin universal del Espíritu, entre la historia objetiva y la filosofía de la Historia.

 

Ambas predicciones, sin embargo, tuvieron innegables consecuencias históricas, políticas y sociales. Los seguidores de Hegel se encuentran tanto en posiciones conservadoras como en las más liberales de lo que fuera el Estado prusiano,

monárquico y militar, en tanto que el método dialéctico hegeliano penetra con fuerza las ciencias y es fuente de encontradas visiones de la política y la religión

del siglo XIX. También la dialéctica de Hegel es, fuera de toda duda, la base de la dialéctica materialista de Carlos Marx, y no falta quienes encuentran raíces hegelianas en los totalitarismos de derecha del siglo XX.

 

Naturalmente no se puede comparar a Fukuyama con su inspirador Hegel, ni podríamos sostener que la tesis del profesor norteamericano haya sido desencadenante del vertiginoso desarrollo de la economía neoliberal durante el último decenio, en gran parte del mundo. Sin embargo, su peculiar concepción de democracia como última forma de organización política de todas las sociedades, ha ido progresivamente imponiéndose en naciones de todo el orbe. Ello ha significado la disminución del tamaño de los Estados (como entes administrativo- burocráticos), la no ingerencia de los gobiernos en la dinámica de la libre competencia económica y financiera, y un marcado desequilibrio entre mercado y política, entendida ésta como la actividad que concibe y estructura las políticas públicas en un marco de discusión democrática entre diferentes visiones ideológicas de la sociedad. De esta manera, la autonomía de los Estados se ve severamente comprometida y la democracia pierde su sentido ontológico de llevar adelante los proyectos y anhelos de la sociedad.

 

Estado, democracia y laicismo son conceptos fuertemente entrelazados, y por lo tanto es ineludible contrastarlos con la visión de sociedad que se nos trata de imponer. Esta introducción nos permite abordar el análisis de tales categorías desde la óptica de la sociedad globalizada, atendiendo tanto su acontecer histórico como su sentido ético.

 

El Estado.

 

La democracia, en su concepción moderna, es el resultado de la historia de la sociedad humana, es consecuencia de la praxis que surge de las aspiraciones y frustraciones, de las realizaciones y retrocesos, de las acciones y omisiones de sus protagonistas: comunidades, etnias, grupos sociales o ciudadanos, que por siglos han luchado por sus derechos, edificando de manera incesante su vida en común. El instrumento que permite, a través de la coacción, establecer compromisos de convivencia, es el estado. De esta manera, el concepto al que denominamos democracia se fundamenta en dos actores sociales esenciales: la sociedad civil y el Estado.

 

Las primeras formas de organización de un estado se reconocen tras la unión del Alto Egipto con el Bajo Egipto, en el periodo Arcaico, unos 3.100 años A.C. La necesidad de cohesión territorial genera la forma de autoridad centralizada y personalizada, que se resumiría en el principio que el estado es el faraón, afirmación que no sólo era reconocida por la élite sustentadora del poder sino por todos los subordinados a éste.

 

Durante la polis griega por primera vez el estado es sometido a discusión, con el planteamiento de Platón de que las relaciones humanas pueden ser objeto de estudio racional y, por lo tanto, factibles de ser conducidas hacia la convivencia social. Aristóteles, en cambio, explica el origen del estado valiéndose no de una construcción especulativa, sino de una reconstrucción histórica de las etapas a través de las cuales la humanidad habría pasado de las formas primitivas de sociedad a las formas más evolucionadas, cuya culminación es el estado. De esta manera, el estado sería una especie de "ser natural" que no surge como resultado de un pacto o acuerdo convencional, sino que es connatural al hombre, es decir, pertenece a su misma esencia o naturaleza. El fin de la sociedad es garantizar el bien supremo de los hombres, por lo cual el estado debe ser una relación entre ciudadanos libres y moralmente iguales, mantenida por la potestad de la ley y basada en la discusión y el consenso más que en la coerción.

 

En la temprana edad media, Agustín de Hipona oscila entre una visión negativa y otra positiva del estado. En su obra "La Ciudad de Dios", afirma que la subordinación o dominación de los hombres entre sí es consecuencia del pecado original. Sin embargo, también concluye que la sociedad política se presenta como una tendencia natural en el hombre, por lo que el estado puede considerarse como el reflejo de la sociabilidad de la naturaleza humana. Esta aparente contradicción agustiniana ha tenido diversas interpretaciones entre investigadores historiográficos y politólogos durante los últimos cuatro siglos, encontrándose su influencia en todo el periodo de la modernidad. Sin embargo lo que queda en claro es que, para Agustín, el origen de la servidumbre no es sino el pecado del hombre y, por lo tanto, nadie es esclavo de otro por naturaleza. La servidumbre como castigo es ordenada por el propio derecho divino como la única forma posible de mantener un cierto orden, cuyo sustento sólo puede darse a través de la coerción.

 

En la culminación de la filosofía escolástica, Tomás de Aquino, aunque heredero de una sociedad teocrática, era fiel también al pensamiento realista de Aristóteles, y por lo tanto creía que las verdades de la fe y las propias de la experiencia sensible son compatibles y complementarias. Así entonces, percibía la existencia del estado con anterioridad a la Iglesia y por tanto, en cuanto institución natural, debía coexistir con ésta cumpliendo su propia función. Para el pensamiento tomista, el estado es un organismo necesario dentro del cual el individuo debe cumplir sus deberes humanos frente a sus semejantes y como criatura de Dios. Tomás de Aquino, al igual que Aristóteles, destaca la importancia de la sociedad y el Estado como instituciones naturales fundamentales para el hombre, ya que éste ha nacido para ser un ser social. Sin embargo, para que estado y sociedad funcionen de forma armónica se necesita la figura del gobernante. Para Tomás de Aquino el mandato del monarca debe estar subordinado a las leyes naturales, y por supuesto a la Iglesia.

 

El Estado moderno, o Estado Nación, es una formación que se vincula con la construcción de la economía capitalista, aunque su conceptualización halla su origen en el tratado de Westfalia de 1648, que dio un estatuto institucional a la idea emergente del estado en Europa, consolidando fronteras cuando se precipitaba la desintegración del feudalismo. Su objetivo era la centralización del poder en una instancia que abarcara las relaciones políticas fundamentales. Este concepto, sin embargo, no habría logrado la amplitud que adquirió mas tarde, si la Revolución Francesa no lo hubiera asimilado mediante la unión de la historia del Estado con la noción emergente del nacionalismo.

 

La tesis contractual del origen de la comunidad política a partir de un estado natural del hombre, fue sostenida por los primeros teóricos del Estado moderno, como Jean Jacques Rousseau, Juan Locke y Thomas Hobbes, entre otros. "La comunidad política –dice Hobbes– no se forma de modo natural, los seres humanos no son animales políticos por naturaleza". La idea del pacto social se opone tanto a la concepción aristotélica de sociedad, en cuanto algo natural, como al estado de derecho de origen divino que defendían las monarquías absolutistas. Tal pacto no es un hecho histórico concreto sino una metáfora que intenta responder a la hipotética pregunta: ¿por qué debo someterme a las leyes y obedecer a los gobernantes?

 

La respuesta a esta interrogante es que los individuos, ambiciosos de bienes y expoliadores de sus semejantes "por su naturaleza humana", ceden derechos a la comunidad y en consecuencia restringen su propia libertad frente a una entidad superior como es el Estado, no por generosidad ni bonhomía, sino simplemente por temor. Esta concesión evitará la confrontación entre los diferentes intereses individuales, consintiendo ser parte de una comunidad política regulada por las leyes. Esta cesión voluntaria de derechos se hace para que sean administrados y vigilados por una estructura burócrata - militar, la cual ya no estará encarnada en una sola persona (el soberano) sino en el cuerpo social de todos los ciudadanos (la nación).

 

Para Hobbes, el contrato social se establece entre súbditos, es decir, entre pares, no entre súbditos y soberano, por lo tanto el soberano no es parte de este contrato social. Es Jean-Jacques Rousseau quien introduce el concepto de soberanía a esta moderna teoría del estado. Según este filósofo y teórico político, el poder del monarca o gobernante no emana de la voluntad divina, sino que de la voluntad de los súbditos. Esta concepción revolucionaria, pone por primera vez la soberanía en la comunidad, en el conjunto de la sociedad. En adelante será la nación la que legitime el poder del soberano y cada miembro de la sociedad que participe de la autoridad soberana será un ciudadano.

 

La comunidad política nacida con el contrato social se basaría no solo en la libertad, sino en la igualdad de sus miembros, pero dicha igualdad no sería de manera absoluta, dado que, al decir del mismo Rousseau en su Discurso sobre el Origen y el Fundamento de la Desigualdad entre los Hombres, "no hay nada mas desigual que tratar como iguales a los que no lo son".

 

Otro paso importante en la idea de liberalización del Estado la da Montesquieu, al formular el principio de la separación de poderes - ejecutivo, legislativo y judicial - en virtud de lo cual se conseguiría evitar el abuso del gobierno y garantizar los derechos y libertades individuales. De esta manera, los poderes podrían controlarse y equilibrarse entre sí, impidiendo la corrupción y el despotismo.

Un aspecto fundamental en la concepción del Estado moderno lo constituye la secularización del poder político, esencial en el reconocimiento del derecho de libertad de conciencia de los individuos y pilar del Estado laico. Voltaire, en su Tratado de la Tolerancia de 1763, manifestaba que el gobierno no debía estar al servicio de la Iglesia y denunciaba valerosamente las consecuencias del fanatismo y de la intolerancia en la historia de la humanidad.

 

Como sabemos, todas estas ideas configuraron el ambiente intelectual y cultural que pavimentó el camino a la Revolución Francesa, que en 1789 destruyó hasta sus cimentos el modelo de gobierno absoluto y permitió llevar a la práctica los postulados teóricos de la Ilustración como movimiento ideológico. Se trata esencialmente de la revolución de la burguesía francesa para acceder al poder que ocupaban los nobles en el estado absolutista. Un poco antes de la revolución francesa se había logrado la independencia norteamericana y comenzaba la revolución industrial y técnica de Inglaterra, ambas también de carácter burgués.

El Estado liberal se constituye como Estado representativo y oligárquico (la participación en política estaba restringida a quienes poseyeran patrimonio o títulos académicos connotados), limitado por la razón, los derechos fundamentales y la separación de poderes. El proyecto de modernidad excluía, casi por completo, la eventualidad de participación en el proceso histórico de entes ajenos al mundo de la razón, Dios incluido. En efecto, Dios ya no es más el inspirador de las normas morales sino el hombre mismo y sus derechos. "La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión" (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789).

 

El acelerado proceso de modernización que se produce en los países centrales del continente europeo a partir del siglo XIX, intensificado por los descubrimientos científicos y tecnológicos, el maquinismo y la industrialización, el comercio internacional y la especulación financiera, y la sobreexplotación de los obreros, consolidan un nuevo orden político, social y económico que es la base del ethos democrático liberal que se proyecta hasta nuestros días.

Debido a la expansión de los imperios coloniales, en corto tiempo el concepto de estado nación no sólo se extenderá por los países europeos sino que también será recogido por los movimientos precursores de la emancipación latinoamericana, donde termina imponiéndose como modo de organización política a medida que los países van alcanzando su independencia.

 

Las reivindicaciones independentistas en África se retardan más de un siglo respecto a las de Centro y Sudamérica, debido a la brutal ocupación y explotación a la que fuera sometido ese continente después de la Conferencia de Berlín (1885), donde los países europeos delinean las áreas geográficas donde ejercerían su dominio. Recién entre los años 50 y 60 del siglo pasado toman fuerza las luchas anticoloniales, las que trajeron a la postre el nacimiento de estados naciones según el modelo occidental.

 

El propio Carlos Marx, como científico de la revolución, que establece la lucha de clases como la gran ley que rige la marcha de la historia y preconiza el fin de la burguesía en cuanto clase dominante, junto con prever la destrucción del estado burgués consideraba "la exaltación del proletariado a clase nacional y su constitución como nación", antes que desapareciera la explotación de unas naciones por otras. Los autores del Manifiesto Comunista no acertaron en la predicción de un problema que los estados socialistas de Europa del Este no pudieron resolver y que quedó en evidencia con el desmembramiento de la ex Unión Soviética y demás países bajo su influencia, cual fue el de renovado encono de los nacionalismos, sin mencionar las contradicciones étnicas y religiosas, que emergen exacerbados a partir de 1990.

 

Las teorías sobre el Estado moderno se multiplican en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, procurando fundamentar la unidad política, conforme a Derecho, entre democracia de masas, derechos individuales y régimen económico capitalista. George Jellinek, jurista alemán, autor de importantes teorías sobre el estado, el Derecho y la ciencia política, opina que el origen de los derechos universales del hombre, en cuanto "expresión legislativa", hay que buscarlo principalmente en las luchas que se dan para imponer la tolerancia religiosa en Inglaterra y, con mayor énfasis, en las colonias norteamericanas años después, más que en la Revolución Francesa. Para este autor, lo anterior no significa desconocer la Declaración francesa de 1789 como fundamento del Estado constitucional y basamento cultural de la dignidad y libertad humanas.

"El Derecho, dice Jellinek, no es sino el mínimum ético que la sociedad precisa en cada momento de su vida para continuar viviendo". De esta manera, "el fin del Estado y su justificación, es el de favorecer los intereses solidarios individuales, nacionales y humanos en la dirección de una evolución progresiva y común".

 

El modelo de Estado-Nación desarrollado a partir de la Revolución Francesa, basado en una total identificación de la nación (entendida como "nosotros") con el Estado (expresión política del "nosotros"), asentados en un territorio geopolíticamente definido, permitió la construcción de una nueva identidad, expresada en los conceptos de "soberanía nacional" y "soberanía popular". Sin ir más lejos, las luchas anticoloniales del siglo XX enarbolaron la idea de nación para consolidar una unidad emocionalmente coherente que permitiera expulsar al ocupante extranjero.

 

A partir de los años 30, como resultado de la depresión que afectó a los países industrializados, se genera una sobreproducción de mercaderías y un desempleo masivo, que provocan hambruna y un gran desconcierto social. El economista británico John Keynes, desafiando el paradigma liberal, propone una política de intervencionismo estatal con el fin de salvar el modelo capitalista en crisis. Surge entonces la idea del "Estado Benefactor", el que no debe restringirse a una mera función de control de la oferta y la demanda, sino que efectivamente debe asumir un rol como generador y distribuidor de la riqueza. En Estados Unidos, el programa denominado "Nuevo Trato" del presidente Roosevelt pretendió aplicar (con disímiles resultados) un esquema de estabilización industrial diseñado para mantener los precios, a la vez que se daba un amplio respaldo a la formación de sindicatos. Esta coyuntura coincide en Chile, y otros países latinoamericanos, con la irrupción de sectores sociales medios al gobierno, fruto de crecientes demandas de reforma democrática. De esta manera, el poder político pierde el carácter excluyente del período oligárquico y ordena la economía a través de una fuerte intervención y regulación del Estado. El Estado emerge como mediador de una extensa red de relaciones entre los distintos actores sociales, abriendo espacios para la incorporación a la vida política de algunos sectores asalariados, principalmente urbanos.

 

La política económica de los Estados mesocráticos en América Latina se caracterizó por su afán de evitar los conflictos entre clases sociales, implementando políticas públicas que, por no estar suficientemente respaldadas por un real crecimiento económico, generaron altas tasas de inflación, procesos de desorganización económica y déficit fiscal. Los factores económicos hacen crisis en la década del ´70, desencadenado graves secuelas políticas, sociales e institucionales que conducen al colapso de las democracias, prácticamente en todo el subcontinente. Es pertinente aclarar que en este análisis hemos omitido otros elementos exógenos determinantes, como fue la intervención estadounidense, en beneficio de no apartarnos del tema central.

 

La crisis del Estado Benefactor y el descrédito de las teorías keynesianas, dieron fuerza a un decidido impulso al neoliberalismo durante los gobiernos de Reagan y Thatcher en los años ‘80, conduciendo al mundo al otro extremo, al del Estado Mínimo, según las tesis de Milton Friedman y Friedrich Von Hayek. Se imponen nuevas relaciones entre el Estado y los individuos, reduciendo drásticamente las actividades productivas y de servicios que aquél desarrollaba directa o indirectamente, minimizando o eliminando instrumentos públicos de redistribución social de la riqueza y traspasando las decisiones económicas a organismos internacionales. Se impone así, la globalización de los procesos productivos, comerciales y financieros a escala mundial, y la subordinación de las políticas públicas a la lógica del mercado. Este período se caracteriza por políticas de ajuste, redimensionamiento del Estado, la eliminación de trabas burocráticas al pleno funcionamiento de los mercados y la exaltación de la eficiencia y la competitividad en todos los ámbitos de la vida social. Para los países pobres la receta es que la acción social depende de sus posibilidades financieras, por lo tanto, los límites de participación del Estado dependen de la riqueza o pobreza de cada país.

 

La literatura histórica muestra que el desarrollo de la economía capitalista en la Europa de los siglos XVII y XVIII tuvo decisiva influencia en la formación de los estados nacionales, que con distintas cronologías experimentaron la revolución de una clase nueva, ligada a un nuevo modo de producción, que desplazó del poder a los representantes del viejo orden económico social y estableció relaciones de explotación con los obreros asalariados. La proyección del proceso de acumulación de capital que se desprende de este modo de producción capitalista dio paso a un nuevo estadio de la historia de la humanidad, donde el Estado-Nación corre el peligro de devenir en globalización transnacional.

 

Lo más peligroso de la globalización es la concepción de una economía internacional sin fronteras gobernada por factores deslocalizados, fuera del control de los estados y la sociedad nacional. De ese modo, las comunidades nacionales se desdibujarían en el orden global y los estados carecerían de capacidad de decisión significativa sobre la asignación de recursos y la estrategia de desarrollo de sus respectivos países, con insospechadas consecuencias en la cultura e identidad de los pueblos.

 

Democracia.

 

La clásica definición de democracia, proveniente de su raíz etimológica, como "gobierno del pueblo", resulta bastante imprecisa a la luz de la complejidad de las sociedades modernas. Bastaría con intentar definir el vocablo "pueblo" para encontrarnos con múltiples acepciones que más bien nos alejarían de una descripción unívoca. De manera que podríamos comenzar intentando definir la democracia, a través de los supuestos que se le atribuyen en los albores del siglo XXI: como un sistema de gobierno en el cual las decisiones políticas surgen de un proceso de discusión amplia y participativa, en el cual el poder se ha distribuido de manera suficientemente uniforme y equilibrada como para que ningún grupo o estamento pueda ejercerlo de un modo hegemónico, y en el cual cada individuo está suficientemente protegido en sus derechos fundamentales, en su facultad de participar con libertad en el debate y en su derecho de utilizar sin temor los recursos cívicos que le permiten elegir las autoridades.

 

Esta definición puede ser objeto de observaciones en su forma o en el fondo, pero nos aporta una adecuada aproximación al tema. De partida, nos permite establecer que la praxis democrática se moldea permanentemente a través del ejercicio de la política. Esta es una idea que debemos subrayar, sobre todo cuando algunos han creído que la política moría junto con la historia. Bajo una concepción deshistorizada de la sociedad, pierden significado expresiones como capitalismo, explotación, pobreza y exclusión, desigualdad en la redistribución del ingreso, dominación, migración forzada, etc., conceptos que al ponerlos en cualquier análisis suenan pasados de moda, cuando no de mal gusto. Según la ideología neoliberal, los conflictos deberían ser resueltos por técnicos o expertos, más que por políticos.

 

Así es como los gobiernos democráticos del todavía denominado tercer mundo muchas veces deben subordinar sus políticas a los rígidos preceptos de la ortodoxia neoliberal, en tanto las poblaciones padecen los efectos regresivos de tales políticas.

El discurso neoliberal resulta inconsistente con dos valores esenciales de la democracia, cuales son la equidad y la participación. La visión de los partidarios de la economía global de libre mercado es esencialmente tecnocrática, en la medida que transforma el debate sobre los objetivos políticos y los problemas esenciales de la sociedad en una simple discusión técnica sobre instrumentos macroeconómicos y eficiencia de gestión estatal. El tecnocratismo inhibe la discusión netamente política, aquella que dice relación con la utopía, entendida como el derecho de la ciudadanía a soñar y pensar en una sociedad más digna.

 

También el discurso neoliberal es economicista, en cuanto subordina la orientación de las decisiones públicas a una lógica de competitividad que alinea las economías de los diversos países según la división internacional del trabajo, definida por los grandes intereses transnacionales. Ambos aspectos, el tecnocratismo y el economicismo son dudosamente compatibles con la vida democrática, minimizando el rol de la política y despojándola de la discusión y decisión sobre materias económicas de amplia trascendencia social.

 

Sin embargo, la democracia es heredera de la prolongada lucha de la humanidad por valores como libertad, justicia y progreso, tanto material como espiritual, y por lo tanto se relaciona con los problemas más acuciantes que afectan a las personas, con las expectativas, esperanzas y decepciones de los ciudadanos. Es la síntesis de aspiraciones nunca satisfechas, que reflejan los más elevados ideales del espíritu humano y, en ese considerando, la democracia siempre se apreciará en deuda, imperfecta, inacabada.

 

La capacidad de actuar con éxito en las soluciones que demandan las sociedades está dada por el poder democrático, que está conformado por los partidos políticos, la acción del Estado y la comunidad civil. De esta manera, la política cumple una función vital en el proceso democrático: concibe las políticas públicas para enfrentar los problemas que considera centrales y los configura en proyectos que constituyen las opciones básicas de la sociedad; forma los dirigentes que se orientan al servicio público; agrupa a millones de voluntades ciudadanas en corrientes de opinión más o menos coherentes, que permiten elegir entre distintas alternativas electorales y, finalmente, construye el poder público necesario para ejecutar los proyectos que presenta a la sociedad.

 

Siendo, entonces, el quehacer político consubstancial al desarrollo democrático de las naciones, en cuanto actividad humana suele dejar en descubierto inconsecuencias, carencias y errores, cuando no flagrantes actos de nepotismo, oportunismo y corrupción. Es imposible ignorar las nefastas consecuencias de asociaciones espurias entre política y negocios privados. Invocar fines cuando se les utiliza como medios es inmoral. Ello provoca en los ciudadanos severas manifestaciones de rechazo por esta actividad, con el consiguiente debilitamiento de la credibilidad en la institución democrática.

 

Para evitar aquello, la democracia requiere de instituciones eficaces, es decir, de partidos políticos con prácticas transparentes y responsables. Una escrupulosa selección de candidatos, surgidos democráticamente al interior de los partidos, sin privilegios ni discriminaciones, abrirá espacios para que buenos y honestos ciudadanos se integren a la vida política.

 

El rol del Estado es un tema pendiente en América Latina. Según los defensores del libre mercado, el desarrollo económico de las naciones se acelera con Estados pequeños, que provoquen la menor interferencia posible al funcionamiento del mercado y con gobiernos fundamentalmente subsidiarios. Las estrictas directrices sobre ajuste estructural que los organismos internacionales imponen en el tercer mundo, equivalen a seguir acrecentando los mercados de las naciones más poderosas al costo de mano de obra barata de los países pobres.

 

La discusión acerca del tamaño del Estado deja en segundo plano dos aspectos substantivos para la democracia: i) el de ser receptor y ejecutor de la voluntad ciudadana y ii) el de ser agente democratizador, es decir, el lograr que los derechos y obligaciones tengan vigencia para todos.

 

Es obvio que la economía es un aspecto fundamental para la democracia, porque de ésta depende la sustentabilidad, el desarrollo y el avance en materia de equidad social. Por lo tanto, la agenda de la estabilidad democrática debe incluir el debate sobre las alternativas posibles en temas como la organización del mercado y su relación con el Estado en su rol regulador. Pero, además, el Estado tiene una función indeclinable, que es la de redistribuir el ingreso a través de políticas fiscales, gasto social o subsidios. Las economías abiertas necesitan regulaciones tanto nacionales como internacionales, y un Estado fuerte con capacidad para promoverlas y hacerlas cumplir, de manera de lograr un desarrollo justo y sustentable para todos los ciudadanos.

 

El tercer elemento en la conformación del poder democrático es la sociedad civil. La política, como legítimo sustrato de la autoridad y la construcción de leyes, no es la vía exclusiva de representación de la ciudadanía. Durante el siglo XX surgen en el mundo, en América Latina y en nuestro país, gran número de organizaciones, asociaciones cívicas y fundaciones motivadas por infinidad de razones, la mayor parte de las veces altruistas, solidarias y demandantes de respeto a los derechos civiles. La historiografía tradicional ha ignorado, casi permanentemente, la rica experiencia sindical llevada a cabo por sectores obreros, con luchas reivindicativas muchas veces ahogadas a sangre y fuego. Históricamente, las clases y sectores sociales oprimidos buscaron la forma de resistir a la explotación y hallaron en la organización su principal instrumento de lucha.

 

En los últimos años se ha venido formando un amplio movimiento anti- globalización de carácter internacional, caracterizado por una gran heterogeneidad de nacionalidades, etnias, corrientes ideológicas, etc., es decir el germen de una respuesta mundial al desafío global. Tuvo el mérito de poner en discusión el discurso neoliberal cuando muchos adhirieron a su lógica como si fuera inevitable, de replicar a un discurso cuya fuerza se sustenta en el enorme poder de los grandes capitales transnacionales e instituciones de quienes dominan las relaciones económicas. Esa discusión debería trasladarse ahora de "movimientos" a organizaciones ciudadanas, que permitan debatir con serenidad el tema de la globalización y su impacto en la soberanía de los Estados, así como otras materias relacionadas con los acuerdos de libre comercio, contaminación del medio ambiente, salubridad y avance del sida en el mundo y, en particular, en África, etc.

 

La democracia participativa tiene el mérito de fortalecer organizaciones cívicas, que puedan coactuar con los partidos políticos disminuyendo el riesgo de "partidocracias", oligarquías partidarias o crisis de representatividad. Ello permite además garantizar que los reales problemas y expectativas de la sociedad puedan ser discutidos y que se establezcan los métodos para encararlos. Es lo que se entiende por agenda pública, determinante en un régimen democrático, donde los partidos políticos deben ser articuladores entre los actores sociales y el Estado. Pero, además, es fundamental el control de la gestión de los funcionarios públicos, tanto en la exigencia de rendición de cuentas acerca del cumplimiento de sus compromisos como en la fiscalización ante eventuales actos de corrupción.

 

Hoy todos nos reconocemos como parte de una democracia, fundamentalmente cuando emitimos un voto en la elección de gobernantes, legisladores o ediles. Es el gran salto que dieron las naciones latinoamericanas, superando el largo periodo del terror, emergiendo de la oscura noche del autoritarismo. Pero todos sentimos que democracia es más que eso, cuando tomamos conciencia que importantes temas que dicen relación con el desarrollo democrático se mantienen muchas veces marginados del debate público y de toda opción de opinión ciudadana. ¿Se eligen las políticas económicas que llevan adelante los gobiernos? ¿Se debaten, en el ámbito ciudadano, las reformas fiscales y tributarias? ¿Están claras las opciones para combatir la pobreza y la desigualdad?

 

Más aun, algunas áreas estratégicas que fueron tradicionalmente objeto de discusión política y propia de los Estados nacionales, en la actualidad se deliberan, y muchas veces se toman decisiones al interior de nuevas instancias de poder, como corporaciones transnacionales, medios de comunicación y otros poderes fácticos. De lo que se trata entonces es de avanzar hacia una democracia de ciudadanos, lo que plantea a los gobiernos democráticos el desafío de persuadir a la ciudadanía de que una representatividad amplia y legítima facilita las decisiones respecto a desarrollo económico y social, aun en la incertidumbre que plantea la globalización.

 

Con estas ideas por delante, podríamos retomar ahora la clásica definición de democracia como "gobierno del pueblo": un sistema que propende el desarrollo humano con la más amplia libertad de pensamiento, una forma de organización que garantice los derechos de todos, un Estado de ciudadanos, informados y participativos, que concurren periódicamente a elegir sus gobernantes a través del voto popular, pero que además cuentan con los mecanismos necesarios para mantener vigente y perfeccionar el régimen democrático.

 

Laicismo.

 

En los apartados precedentes hemos analizado el Estado y la Democracia con el propósito de encontrar en su evolución histórica una formulación ética de valores compartidos, fruto de la autoconciencia de la dignidad humana y del reconocimiento recíproco de los derechos del hombre. Dicho en palabras del economista indio y Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, "desarrollo humano es el proceso de expansión de las libertades reales que goza un pueblo".

 

Uno de los derechos fundamentales y pilar básico para la paz y la convivencia social lo constituye la libertad de conciencia, en sus aspectos de libertad ideológica y religiosa. La libertad de conciencia es el objeto formal del concepto moderno de tolerancia, que incluye expresamente la negación del concepto de intolerancia ante el mal. De esta manera, lo que se tolera no es la persona como ente ajeno a mí (bueno o malo), sino a su conciencia, expresada en juicios, creencias, opiniones y actos.

Al parecer, la expresión "libertad de conciencia", concebida con la misma idea que a partir del siglo XVIII lo harían los filósofos ilustrados, se la debemos a Miguel de Cervantes, que en el Quijote (capítulo LIV, Segunda Parte) hace decir al morisco Ricote, conversando con Sancho: "Salí como digo, de nuestro pueblo, entré en Francia, y aunque allí nos hacían buen recogimiento, quise verlo todo. Pasé a Italia y llegué a Alemania, y allí me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitantes no miran en muchas delicadezas: cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia."

 

La muy católica España de 1615 – particularmente la Inquisición - valoraba negativamente la libertad de pensamiento como una concesión frente "al Mal", en un escenario donde se mantenían serias dudas acerca de la sinceridad de la conversión al cristianismo de los descendientes de los musulmanes españoles, de donde resultaba aquella débil condición de "tolerancia".

 

El Quijote es un convencido que la libertad, la justicia y el progreso es obra del quehacer de individuos como él, los caballeros andantes, más que de la autoridad o de la Iglesia. Es la encarnación de la autoconciencia del hombre moderno para volcarse al medio social con la convicción de tener obligaciones hacia la otredad.

Erich Fromm establece una contraposición entre ética humanista y ética autoritaria, en que elogia la autorrealización  de los individuos a pesar de vivir constreñidos por normas inamovibles o poco flexibles sobre lo bueno y lo  malo, muchas veces establecidas al tenor de intereses sociales o de conservación de la pureza ideológica o religiosa. La acumulación de prejuicios y dogmatismos en el hombre, impuestos por la autoridad y la tradición, inhiben al individuo en el uso de la razón y son obstáculos para la discusión libre de ideas, lo que se ha traducido históricamente en el sometimiento de pueblos por minorías autocráticas, "con el aval de Dios". También se ha hecho uso de la religión como instrumento de cohesión nacional y como elemento integrador para reducir las causas de conflictos ideológicos y sociales, como ocurrió en España durante el régimen franquista.

 

La concepción laica de la sociedad también es consecuencia de las corrientes racionalistas precursoras de la Revolución Francesa, que surge de la idea de que la razón y la experiencia son el punto de partida para lograr el progreso. El principio de la libertad de conciencia fue plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en 1787, incluso antes de ser proclamado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, en 1789.

 

Las resonancias sociales de esta doctrina pronto se harían palpables en Europa y en América. En México se empieza a discutir la educación laica, concebida como actividad docente desprovista de toda instrucción religiosa, desde comienzos del siglo XIX, la que es finalmente proclamada en la Constitución de 1857, asentando así un sistema educativo público, impulsado por Benito Juárez y otros connotados políticos de inspiración liberal. Durante la III República Francesa, en 1882, es promulgada la ley que establecía la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad de la instrucción pública para todos los niños que tuvieran entre 6 y 13 años de edad. En España, en cambio, el férreo control que ejerce la Iglesia sobre la cultura y la educación se mantiene durante todo el siglo XIX. Aunque se producen varios intentos de reforma educativa, la alianza de la Iglesia con los sectores conservadores e integristas frenaron las aspiraciones de la burguesía a una enseñanza laica que sirviera de cauce para llevar al Estado su ideología democrática, lo que explica el atraso económico de la península frente al resto de Europa en la primera mitad del siglo XX.

 

En Chile, el debate ideológico también cruza fuertemente al sistema de instrucción primaria desarrollado por el Estado. Durante la segunda mitad del siglo XIX se enfrentaron tenazmente grupos liberales y el propio Estado a la ofensiva de la Iglesia Católica, apoyada por sectores conservadores, que se oponían a las reformas seculizadoras en la educación, en particular su universalización. La visión de destacados intelectuales, como Bello, Sarmiento, Alberdi, Lastarria, los hermanos Amunátegui, etc., era que una de las más importantes funciones del Estado consistía en educar a toda la población "para que pudiera acceder a la sociedad civilizada", formando en los individuos juicio y disciplina a fin de que no se dejaran arrastrar por demagogos o caudillos, poniendo en peligro la estabilidad de la República.

 

La Iglesia Católica no mostraba una mayor preocupación por la alfabetización del pueblo, en primer lugar porque su estamento clerical era bastante iletrado, a diferencia de su jerarquía. Su decisión de involucrarse, a través de escuelas parroquiales o conventuales nace más bien como oposición al avance del liberalismo en la sociedad chilena de ese tiempo, y lo hace con el declarado propósito de difundir los edictos pastorales y las instrucciones provenientes de la Diócesis. El número de estas escuelas era muy limitado y su labor educadora principalmente elitista.

 

Este pequeño preámbulo histórico nos da pié para establecer que la laicización de la sociedad procura que la vida pública sea independiente de ordenanzas religiosas, pero que no es contraria a religión ni creencia alguna. El profesor católico racionalista francés Albert Bayet define la concepción laica como "la idea de que todos los seres humanos – sean cuales fueren sus opiniones filosóficas o creencias religiosas- pueden y deben vivir en común dentro del respeto por la verdad demostrada y en la práctica de la fraternidad".

 

La visión laica de la sociedad debe ser una que convoque a todos, religiosos, ateos y agnósticos. El laicismo es un método de convivencia entre todas las creencias y formas de pensar, que excluye de raíz las posiciones de privilegios, por muy tradicionales que éstas sean. No se puede negar que en su origen estuvo la oposición al clericalismo del siglo XIX, cuando la Iglesia trataba de dirigir los Estados y de imponer directrices políticas afines a sus intereses temporales. Por oposición, un Estado "laico" es aquel que no privilegia ninguna religión ni concepción ideal de vida, garantizando, por el contrario, la libre expresión de todos. . A nadie se le puede imponer aquello que está más allá del ámbito de su razón. Sabemos que no existe libertad de conciencia allí donde las religiones dominan las sociedades.

 

La condición laica del Estado, debe ser garantía de libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, y por extensión de la democrática convivencia de diversas filosofías y normas morales. La laicidad como proyecto político, social y cultural defiende la libertad de conciencia, la diversidad en todos sus aspectos, el trato igualitario para todas las confesiones y una categórica separación entre el Estado y las instituciones religiosas.

 

De manera que no se trata sólo de un criterio de omisión de confesionalidad sino que de un concepto de pluralidad y secularización de la sociedad, de manera que ésta pueda reflexionar, despojada de odios estériles e irracionales, sean étnicos, religiosos, de clases sociales o de origen geopolítico, acerca del "estado ideal del ser", es decir de la utopía que nos permita mirar por sobre los muros culturales y que faculte a la humanidad para reencontrarse en un camino de libertad y progreso.

 

Esto que podría sonar a simple retórica, tiene en nuestra sociedad un significado muy real y perentorio, por ejemplo, en los grandes desafíos que se suscitan del campo de la biotecnología y de la biología molecular, y que nos obligan a tomar posición en cuestiones tan delicadas como es la reflexión filosófica y moral sobre ese desconocido espacio donde se encuentra el meollo de la vida y la muerte, la criopreservación, la eugenesia, la eutanasia. ¿Hasta dónde es posible avanzar en la manipulación del genoma humano? ¿Hasta dónde pueden la ciencia y la tecnología, evidentemente más avanzadas en este campo que la filosofía, prever las consecuencia éticas, jurídicas y sociales de la ingeniería genética? ¿Hasta dónde puede llegar la medicina en su legítimo afán de proporcionar alivio a una persona víctima del dolor por una enfermedad incurable? ¿Cuál es el orden racional que como humanistas deberemos apoyar, distanciados tanto del mercantilismo irresponsable como del oscurantismo retrógrado?

 

Estas dudas que dicen relación con lo más profundo de nuestra existencia son propias del presente momento histórico y una prueba a la conciencia humana actual y su capacidad de libre examen. La ciencia nos aportará, cada vez más, nuevas e inquietantes interrogantes, que sólo podrán ser resueltas por una sociedad laica e informada, libre de dogmas religiosos y de trabas morales pretendidamente universales, con pleno reconocimiento a la dignidad, la libertad y los derechos de la persona humana.

 

Conclusiones.

 

Por medio de gruesos trazos hemos esbozado cómo el hombre, impulsado por sus necesidades fundamentales, fue configurando a través de su andar histórico distintos modelos de convivencia social, y, con un concepto instintivo de justicia, reclamando que esas necesidades fueran consideradas como derechos y no otorgados como mera "beneficencia". Es una historia confusa, caracterizada por avances y retrocesos, la mayoría de las veces velada por concepciones irracionales, aunque, en ocasiones iluminada por la mente de hombres preclaros e idealistas. Sin embargo, su construcción material ha sido obra del esfuerzo de millones de individuos, del conjunto de la humanidad, en sus distintas generaciones. Y, como toda historia, se escribe con la mano de quienes tienen el poder. El enorme paso que dio la humanidad a partir de las concepciones filosóficas de la Ilustración, privilegiaron, sin embargo, las libertades civiles por sobre la "ciudadanía social", lo que deja en deuda, con gran parte de la sociedad que se asoma al siglo XXI, los principios republicanos de igualdad, libertad y fraternidad, es decir, los ideales de justicia y equidad social que es una exigencia incumplida del Estado moderno.

 

Libertad, igualdad y fraternidad conforman, también, el moderno concepto de democracia, no la noción restringida de democracia electoral, sino la de democracia plena, participativa, de ciudadanos. Si asumimos una nueva ética civil (independiente de las leyes públicas y de las prácticas convencionales), comienza a hacerse necesaria la construcción de nuevos canales de participación ciudadana, nacidos de la base misma de la democracia, lo que requiere de una presencia activa, solidaria y progresista de individuos con un nuevo sentido de identidad, dispuestos a educar en valores morales con pleno respeto a la diversidad del mundo actual.

 

Hoy, la actividad política está amenazada de ser colonizada por un poder económico que no se identifica con ninguna comunidad, imponiéndose la falsa ideología de la economía de mercado y maximización del capital. Ante esto, los que como nosotros creen en la historia, deben retomar la acción señera de los hombres más progresistas e ilustrados que, en el inicio de la modernidad, dejaron plasmados sus ideales de justicia y de progreso, condenando la ignorancia, los prejuicios y los abusos de poder.

 

Abril de 2006

 

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