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   Ensayo

Temas del Laicismo Chileno

POLÍTICAS EDUCACIONALES

Francisco Córdova

La Educación “encierra un tesoro”, lo dice el título del texto para la UNESCO   de Jacques Delors (1996), y es además, ineludiblemente un bien humano, que a la vez es un derecho amparado por la Constitución de nuestro país.

La Educación tiene múltiples definiciones, debido a su carácter diverso tanto por la multiplicidad de los agentes que la intervienen como por la amplitud de rango a quienes interviene, incluyendo la interacción de estos beneficiarios entre ellos mismos en el marco de su cultura, bajo la legalidad vigente con un fin determinado. Este último aspecto se subsana según el tipo de Estado, del Gobierno y sus políticas. Esto se hace aún más complejo cuando de por sí las políticas económicas tanto en su ideología dominante como en lo que compete al presupuesto del gasto público son vinculantes al hacer educativo 1.

La Educación se hace dentro de un contexto social que es determinado por la cultura propia del Estado y de los habitantes, pero se le han sumado agentes externos que enriquecen la complejidad de este hacer, gracias al ingreso de nuestro país a la aldea global. Las tendencias mundiales sobre desarrollo económico, las políticas medioambientales, los derechos humanos y otros aspectos más, son carta de ruta o marco referencial para las decisiones a tomar por los organismos del Estado.

Delors denomina a estos encuentros entre la costumbre nacional con lo adoptado por la globalización como  “tensiones”, y que se originan esencialmente cuando los avances tecnológicos y notables descubrimientos comienzan a desarrollarse a un ritmo en que las mentes humanas y la sociedad no le dan alcance. Siendo esto agravado por las diferencias de actualización de los diferentas países, provocándose con esto,  fenómenos de exclusión y  desigualdades de desarrollo. La educación es el medio que permitiría generar las competencias en los pueblos para adaptarse a estos vertiginosos cambios y crear un ambiente de convivencia respetuosa entre las diferentes culturas,  “…el indispensable ingreso en el mundo de la ciencia y la tecnología con todo lo que ello implica de adaptación de las culturas y modernización de las mentalidades2.

Ante esto podemos comenzar a hacernos una pregunta que debería ser la primera en ser respondida por quienes planifican y diseñan las Políticas Educacionales que de por sí son o deberían ser la base del sentido o la identidad país que buscamos como sociedad, nuestra posición en el globo y proyección del camino a seguir como Nación. ¿Para qué educamos?, pregunta de la cual derivan consultas más específicas ¿tenemos como país claramente definidos los objetivos que buscamos al educar a nuestra población?, ¿Cuál es el valor agregado que le damos a nuestros estudiantes?, ¿Estamos enseñando para este siglo de cambios?

Ahora bien la respuesta ante estas interrogantes, dependerán prácticamente de una posición filosófica y/o dogmática del Estado, lo que de seguro generará debates candentes  que en democracias maduras fortifican la respuesta, pero que en democracias “oligárquicas”  la mayoría de las veces nunca se logra responder con claridad o consenso.

Chile ha sufrido evoluciones o más bien revoluciones en sus Políticas Educacionales, marcadas fuertemente por las ideologías dogmáticas de los gobernantes de época, que han estado acorde a los sucesos sociales y políticos mundiales.

“Chile tiene una reforma educativa marcada por dos procesos claramente distintos, opuestos en muchos de sus principios, aunque con importantes elementos de continuidad. El primero de ellos se produce bajo el régimen militar. El segundo comienza con el retorno a la democracia y las políticas promovidas por los gobiernos de la Concertación ” (Raczynski y Muñoz, 2007).

El párrafo anterior manifiesta claramente que el sentido país de la Educación y su manera de ser administrada y gestionada aún se encuentran en proceso, siendo éste altamente influenciado por ideologías. Los acuerdos alcanzados en el año 2008 entre los partidos de la Alianza por Chile y la Concertación , tienen en este momento en los últimos trámites legislativos de la Ley General de Educación, la cual no es tema a desarrollar profundamente en este ensayo, pero que si necesariamente se harán algunas comparaciones con las políticas actuales.

 

Dos caminos para el mismo sentido.

 

En la actualidad existe un sistema educacional que llamaré centroliberal haciendo alusión a los dos sistemas o ideologías que son base de la actual manera de hacer política en educación.

La opción de políticas educacionales que descentralice el poder que por años ejerció el Estado, son las políticas liberales, “en donde los padres y comunidades van decidiendo las mejores opciones educacionales y el Estado genera un marco de incentivos para que ese proceso privilegie los mejoramientos de calidad y la igualdad de oportunidades” (Larroulet, 1999).

El proceso descentralizador se vivió fuertemente en Chile a partir de la década de los 80´ y se completa a fines de la misma. Los objetivos macro que buscaba la descentralización, según sus ejecutores, era incentivar una mejor gestión educacional y así introducir mayor eficiencia al sistema educativo.

Esto es diametralmente contrario a lo que se remonta a mediados del siglo XIX, siendo éste un modelo altamente centrado en el Estado alcanzando su máxima expresión en el Gobierno de la Unidad Popular.

Ahora bien, en la actualidad estamos en proceso de ejecución de la Reforma Educacional Chilena, que es la puesta en marcha de los lineamientos establecidos en la LOCE (Ley Orgánica en Educación) que los días próximos está por ser reemplazada por la Ley General de Educación, que se encuentra en sus últimos trámites burocráticos políticos. Ahora bien, bajo mi análisis tanto la LOCE y con más claridad la LGE , apuntan a descentralizar la responsabilidad de la educación de la población, es más, en la última ley los verbos más usados en lo que respecta la relación Estado y Educación son desligantes de responsabilidades directas como por ejemplo:

a) Es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles...

b) La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el   Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de  toda la población, así como generar las condiciones para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley.

c) ...es deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad...

d) Corresponde, asimismo, al Estado propender a asegurar la calidad de la educación...

Explico responsabilidades directas, como el hecho de asumir claramente como responsable de las cualidades presumidas por los artículos, como por ejemplo puedo citar un artículo de la Ley de Educación de la Argentina n° 26.206:

“ARTÍCULO 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación , garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.”

Basado en lo anterior no me queda más que exponer la única sección en donde el estado asume innegablemente un rol de responsabilidad directa que es en el Artículo 8 del Párrafo 2 que dice: “El Estado tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza”.

Este párrafo de la nueva ley, manifiesta y ratifica evidentemente el mantenimiento de la delegación de la responsabilidad educacional a la familia y al mercado institucional pedagógico. Acto que se respalda con el artículo n° 4 que dice “La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho...” 

Volviendo al sentido del título de esta sección de mi ensayo, las ideologías que fundamentaron las decisiones políticas del siglo pasado ahora se encuentran diluidas en estructuras partidistas que se han ido entremezclando, fusionando, emparentando y matizando en una avenida ideológica macro representada en la LGE que fue un acuerdo entre los dos supuestos polos ideológicos políticos nacionales.

Estos dos caminos ideológicos que tuvieron su momento de dominio con un proceder con cierto grado de pureza en el sistema, en la actualidad no quedan más que espectros de tales cuerpos dogmáticos. En nuestros días no existe un socialismo desligado del capitalismo y no existe un capitalismo desligado de la responsabilidad social, y las políticas educacionales no escapan a este fenómeno.

Las políticas educacionales y la puesta en marcha de la reforma deben ser procedentes con nuestras constitución descentralizadora, pero se deben a principios éticos sociales propios del perfil ideológico de quienes estos 20 años han estado desarrollando y ejecutando el avance en nuestra educación. Por lo mismo dentro del subvencionismo y asistencialismo que propone implícitamente la ley constitucional, el intervencionismo del estado se procede en una camino paralelo con tendencia a la solidaridad y a asumir el costo humano que presenta un sistema que envía a competir a personas con herramientas completamente incomparables y condenatorias.

Los programas de mejoramiento de la calidad en educación como los P900, los MESCE, las modificaciones curriculares, el programa INICIA actualmente en etapa inicial y sabrosamente controversial son medidas que nacen de la iniciativa central (gobierno-estado) en un marco constitucional descentralizado.

Esta paradoja política no es extraña debido a la “subida al carro” masiva al sistema neoliberal que es evidentemente predominante en nuestra aldea global, que incluso ha hecho metástasis en organismos diametralmente opuestos en principios ideológicos, como lo pudimos observar en la república China el año 2008 que quiso y mostró al mundo su ingreso al sistema, incluso podemos ver empresas íconos del capitalismo en la misma capital China, que es lo mismo que ver al agua mezclada con el aceite.

El deber del Estado con la población en materia educacional bajo nuestras leyes constitucionales son evidentemente poco claras, interpretativas e indiscutiblemente desligantes de responsabilidad en lo que respecta al deber de educar con equidad y calidad. Ahora bien, eso no indica que no podamos como sociedad impulsar medidas que bajo este techo, descentralizador y mercantilizante, boguen por intentar asumir un rol benefactor y no subsidiario con nuestros niños, usuarios directos de nuestra educación.

La pérdida de los dogmas y el travestismo político son un hecho, y poco queda del mundo de las ideologías y de la independencia sistémica. La educación debe a mi parecer poder emancipar las mentes de los individuos que les permita disipar la niebla de la cuna que en la gran mayoría de los niños no permiten ver y aspirar más allá de lo que observan como realidad condenatoria y sumar además herramientas que les permita competir en un sistema en donde la sobrevivencia se apoya en los orígenes familiares y la mantención de los privilegios, y promover la movilidad social en torno al mérito.

La educación chilena y sus políticas están en un proceso de metamorfosis ideológico, y debemos poder asumir este desafío sin olvidar los orígenes genéticos del nuevo organismo en formación, de modo que cuando uno se manifieste por sobre otro, sepamos dónde, cuándo y cómo mejorar y evitar arbitrariedades ideológicas.

NOTAS

1. Fernando Reimers. “Educación para todos en América Latina en el siglo XXI.”

2. Jaques Delors “ La Educación encierra un Tesoro” (1996)

 

 

 

 

 

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