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Carlos Leiva Villagrán
El
principio de subsidiariedad, idea fundamental de la construcción económica
y social que emprendiera el régimen militar chileno, sostiene que el
Estado debe concebirse como una entidad superior que se constituye básicamente
a partir de la concurrencia de los seres humanos individuales y de los
grupos intermedios que éstos crean, partiendo por la familia y
continuando por las agrupaciones y empresas de diversa magnitud, hasta
llegar a conformar al Estado. Bajo esta visión, las agrupaciones
superiores o más complejas existen sólo para cumplir los fines que las
inferiores no pueden realizar, por lo que se justifica la prescindencia
casi absoluta del Estado en las actividades económicas y en buena parte
de las actividades sociales que pueden ser llevadas a cabo por empresas
privadas.
Este principio, fundamental también en la Doctrina Social de la
Iglesia, quedó expresamente descrito en la Declaración de Principios
de la Junta de Gobierno proclamada el 11 de marzo de 1974, y a partir de
ahí, constituyó la piedra fundamental del entramado constitucional,
económico y social que transformó a Chile en un país modelo de la
aplicación del neoliberalismo.
No resulta difícil encontrar la asociación de este principio con el
desmantelamiento que efectuó el régimen militar de las funciones
sociales que hasta principios de la década del 70 del siglo pasado eran
abordados, bien o mal, por el Estado, tales como la previsión, la salud
y la educación. A partir de cierto momento, los recursos que se
generaban desde los privados y desde la Caja Fiscal para el uso social
del Estado, fueron reorientados hacia entidades privadas como las AFP,
las Isapre y establecimientos educacionales no estatales, cumpliendo con
el principio de subsidiariedad, que establece que el Estado, como
entidad superior, no debe hacerse cargo de estas gestiones si ellas
pueden ser realizadas por entidades inferiores. Evidentemente la
reorientación de los fondos no llegó a entidades tan inferiores como
las personas o las familias, sino a otras más intermedias como son las
empresas, muchas de ellas hoy de gigantescas dimensiones, que han podido
bien lucrar y recibir privadamente los beneficios de su actividad, con
discutibles niveles de calidad.
Si se mira bien, el principio de subsidiariedad parte de considerar al
hombre como un Robinson Crusoe en su isla, tal como la teoría económica
parte del “homo economicus” separado del mundo, o como alguna teoría
del derecho natural supone que los hombres se unen al modo de átomos y
conforman el Estado para proteger derechos que supuestamente tendrían
desde siempre (los derechos del hombre le fueron dados por el Creador,
decía la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de 1974).
La abstracción del hombre solo, aislado de la sociedad, como fundador
de derechos, fuente del principio de subsidiariedad, ha sido el pilar de
los movimientos ideológicos del neoliberalismo, que en la práctica
aspiran a la desaparición del espacio público, fagocitándolo vía
privatización. Bajo esta concepción, la acción del Estado será
regularmente una intromisión y un atentado a la libertad de los
individuos, salvo que se fundamente en el principio de subsidiariedad.
Nada más ajeno que este principio, para el ideario republicano y laico
que gestó a la sociedad moderna. Lejos está del republicanismo
concebir al hombre como un individuo originalmente aislado y que tiene
derechos anteriores y exteriores a la sociedad política. Para el ideal
republicano, en que el hombre es esencialmente social, es la voluntad
política de los ciudadanos la que crea la norma y la ley, de donde el
hombre obtiene su libertad. Es la ley, manifestación de la voluntad
ciudadana, la que permite superar el estado de natural sujeción de los
débiles frente a los poderosos, sustituyéndolo por un orden que
protege a todos por igual.
El Estado moderno sucede revolucionariamente a las monarquías absolutas
en el mundo occidental, a partir del siglo XVIII, creando un espacio público
donde ya no tienen cabida los privilegios de la nobleza y del clero, y
donde sí cabe la consideración de hombres libres e iguales, creada y
garantizada por un Estado, expresión de la soberanía popular, sin el
cual no hay libertad ni igualdad. Fue con la consolidación del ideal
republicano en el mundo occidental, al que es consustancial el laicismo,
cuando se estableció la instrucción generalizada como la vía para
garantizar en el tiempo la mantención de las condiciones de libertad e
igualdad, que habían sido costosamente conquistadas, arrebatando los
privilegios de la nobleza y el clero. La educación que era impartida
por el clero en Europa hasta el siglo XVIII, pasó a ser pública y
tarea preferente del Estado, asegurándose de este modo que el
conocimiento llegaría a los más amplios sectores posibles, que la enseñanza
sería un factor integrador y unificador en la población joven, que el
Estado crearía un espacio para que la juventud fuera instruida al
margen de dogmas y sectarismos, todo lo cual debía ser garantía para
la pervivencia de los valores republicanos y de la propia República. Lo
que pasó a ser "subsidiario" con la República fue la educación
privada, laica o religiosa, a la que se le reconoció el derecho a
existir, financiada con sus propios recursos, como corresponde a una
concepción política que ejercita la tolerancia y que respeta la
diversidad en el desarrollo de las actividades de la sociedad civil.
La vida republicana en nuestro país, en el siglo XIX, significó crear
un espacio público para la realización de los derechos proclamados por
los libertadores americanos, herederos de la Ilustración europea, marco
en el cual se desarrolló un proceso progresivo de ampliación de la
educación pública. Para la concepción republicana, lo público no es
aquello que no pueda abordar lo privado, como nos ha legado la ideología
neoliberal, sino que es esencialmente aquello que es del común interés
de todos. Precisamente aquello que nos ha pretendido escamotear el
principio neoliberal de la subsidiariedad, enquistado en nuestras
instituciones y aún en nuestras conciencias (tal que lo público para
muchos, y especialmente en jóvenes criados bajo su doctrina, no merece
siquiera la molestia de concurrir a votar una vez cada dos o tres años).
La enormidad de consecuencias que ha acarreado la proposición maestra
llevada a cabo por los "ideólogos" del neoliberalismo, no ha
sido puesta seriamente en tela de juicio en nuestra sociedad, después
de 20 años de recuperación de los procedimientos democráticos. La
vida política se ha desarrollado, en la práctica, aceptando el rol
subsidiario del Estado impuesto por la ideología neoliberal, sin
insinuar seriamente la posibilidad del desmontaje de la inmoral
apropiación y privatización de beneficios que tal política ha
significado.
Por ello, cuando como sociedad civil y política estamos redefiniendo la
estructura de nuestro sistema educacional, para restablecer las
condiciones que permitan asegurar una instrucción generalizada de alta
calidad para nuestra juventud, parece oportuno concurrir a debatir y
denunciar el principio filosófico político que fundamentó la
organización educacional de corte neoliberal vigente, esto es el
principio de subsidiariedad, y levantar la restauración de la concepción
republicana de la educación.
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Opinión