Enrique Arellano
El Siglo

La ideología del sistema de dominación militar de América Latina se denominó Doctrina de Seguridad Nacional, que postula la "guerra total y permanente contra el comunismo". Ella identifica al "enemigo interno" en cada país: los partidos comunistas y movimientos de izquierda, guerrillas, organizaciones antiimperialistas.

La estrategia militar es fundamental en la dominación que ejerce EE.UU. en América Latina y el mundo en general. Tiene mucho que ver con la idea de los gobernantes y los mandos del Pentágono de que su imperio no está totalmente asegurado, y por tanto deben preservarlo de fisuras o ataques, y además fortalecer la capacidad para imponerse por la fuerza en cualquier parte del planeta.

Los EE.UU. ejercieron en los años de la post-guerra mundial el control de las fuerzas armadas de la región a través del TIAR -Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca- firmado en 1947. Los ejércitos estaban subordinados a la estrategia militar global norteamericana, situación que era reforzada mediante los convenios de asistencia militar, que incluían la venta de armas y el entrenamiento de oficiales y suboficiales en la Escuela de las Américas. El Sistema Interamericano de Defensa y el Comando Sur, dirigidos por generales norteamericanos, estuvo varias décadas instalado en Panamá.

La Doctrina de Seguridad Nacional

La DSN fue la que aplicaron precisamente todas las dictaduras militares en las décadas del 60 y del 70 en la región.

El denominado Comité de Santa Fe, integrado por ex generales, diplomáticos y políticos reaccionarios de los EE.UU., elaboró el informe "Nueva política interamericana para los años 80". En él se justificaba la intervención norteamericana en cualquier lugar del Hemisferio Occidental donde estuviera en peligro la "seguridad nacional de los EE.UU. Resaltaba el "peligro comunista" en América Latina y especialmente en el Caribe debido al régimen socialista existente en Cuba, apoyado por la URSS y todos los países socialistas. Se planteaba la necesidad de poner coto al régimen popular en Granada y la necesidad de derrotar a los movimientos guerrilleros.

Tanto la DSN, ideología militar imperialista, como la concepción táctica del Conflicto de Baja Intensidad pasaron en los 90 a ser parte integrante del documento "Una estrategia para América Latina en los 90", informe elaborado por expertos norteamericanos por encargo del Consejo para la Seguridad Interamericana, denominado también "Santa FE II". En él se otorga a los ejércitos de la región un carácter de órgano "permanente", mientras sostiene que los gobiernos son "transitorios", por lo cual las FF.AA. deben cumplir un "rol de garantes de la institucionalidad".

Los Jefes Conjuntos de Estado Mayor definieron el Conflicto de Baja Intensidad (CBI) y lo incluyeron en el Mando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de los EE.UU. (TRADOC,1985). La definición expresa: "El conflicto de baja intensidad es una lucha político-militar limitada para alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos o psicológicos. Es muchas veces prolongado y varía de presiones diplomáticas, económicas y psico-sociales hasta el terrorismo y la insurgencia. El conflicto de baja intensidad generalmente se limita a un área geográfica y muchas veces se caracteriza por constreñimientos en las armas, tácticas y nivel de violencia".

El CBI ha sido utilizado por EE.UU. como un modelo que comprende la intervención directa de las tropas norteamericanas en otro país, aunque con pretextos destinados a disfrazar el interés que tiene el gobierno de los EE.UU. en dichas acciones. Los motivos que da EE.UU. para intervenir en los CBI tienen como centro la "defensa de la seguridad y la democracia", tanto en un país dado como en los propios EE.UU. Ha servido y sirve aún tanto para derrocar gobiernos como para proteger otros amenazados por movimientos de izquierda, revolucionarios o reformistas.

La "Operación Cóndor"

Los EE.UU. estuvieron no sólo en conocimiento de la planificación y actividades del llamado "Plan Cóndor", sino que también intervino en ellas tratando de no dejar huellas de sus agentes o gobernantes en los pasos que dio para apoyar a los dictadores de esos años en el Cono Sur.

Las acciones de inteligencia y de terrorismo aplicadas en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay fueron coordinadas entre los aparatos de seguridad respectivos, e incluso tuvieron la ayuda de los regímenes represivos existentes en Bolivia y Brasil. Desde sus comienzos, la CIA estuvo involucrada en dichos planes y en los crímenes cometidos contra militantes o simpatizantes de partidos y organizaciones antidictatoriales.

El informe de la CIA de septiembre del 2000 requerido por la Enmienda Hinchey señala que "A un año del golpe, la CIA y otras agencias del gobierno de EE.UU. estaban al tanto de la cooperación bilateral entre los servicios de inteligencia de la región para seguir la pista de las actividades, y en algunos casos matar a opositores políticos. Este fue el precursor de la Operación Cóndor, un acuerdo de compartir inteligencia entre Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, establecido en 1975".

En gran medida, los contactos establecidos en esos años por los oficiales y agentes de las dictaduras se vieron facilitados por el conocimiento personal entre ellos establecido durante los cursos y actividades de entrenamiento que les fueron impartidos por las escuelas militares y academias norteamericanas, en Argentina y Panamá, así como en otras instancias de participación común bajo el pretexto de la "ayuda militar" impartida desde el Pentágono.

La DINA de Pinochet

Manuel Contreras, jefe de la DINA, concibió y organizó la Operación Cóndor, la que tuvo como tarea "La recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas, con el fin de eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones en la zona". Contreras viajó hacia Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos, con el objeto de asegurar el funcionamiento del aparato de coordinación de las dictaduras.

En el informe sobre las actividades de la CIA que se elaboró a partir de la Enmienda Hinchey, del congreso norteamericano, se expresa: "Durante el periodo entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contactos con Manuel Contreras, quien más adelante llegó a tener notoriedad por sus abusos a los derechos humanos. El núcleo que decidía las políticas del gobierno de EE.UU. aprobó los contactos de la CIA con Contreras, dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, como necesaria para lograr la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de ayudar en la represión política interna".

En agosto de 1975, Contreras se entrevistó en Washington con Vernon Walters, director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EE.UU.

Contreras sostuvo entrevistas personales desde 1974 con el general Ramón Camps, Jefe de la Policía de Buenos Aires, y con el general Ibérico Saint Jeant, Interventor de la Provincia de Buenos Aires. En Venezuela se reunió con Rafael Rivas Velásquez, director del Servicio de Inteligencia venezolano. En Paraguay habló con los generales Benito Guanes Serrano, jefe de Inteligencia del Estado Mayor y Francisco Brites, Jefe de la Policía de la República.

Fruto de estos encuentros de alto nivel fueron los acuerdos entre los servicios secretos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, más la cooperación de Brasil y Perú.

El "Acuerdo de Cooperación" firmado por los regímenes militares nombrados permitió, según los "Archivos del Terror" hallados en Paraguay, cometer los asesinatos del ex ministro chileno Orlando Letelier; del ex Presidente de Bolivia, general Juan José Torres, asesinado en Argentina; de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y de cientos de activistas políticos chilenos, argentinos, paraguayos y brasileños. El atentado contra el dirigente DC chileno y ex vicepresidente del país Bernardo Leighton también fue parte de la "Operación Cóndor".

Patricia Derian, subsecretaria para asuntos de derechos humanos en A.L. del Departamento de Estado, declaró que "Los servicios de inteligencia del Cono Sur se han reunido y tienen un programa claro de ayuda mutua. La policía secreta anda por el mundo con gran libertad. En América Latina el sistema funciona casi a la perfección".

Bolivia-Paraguay-Brasil

Paraguay fue calificado por el Presidente Nixon como un modelo de régimen político y eje estratégico para la lucha contra el comunismo. La dictadura de Stroessner fue la más prolongada de América Latina, extendiéndose desde 1954 hasta 1989. "No conozco otra nación que se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del comunismo", le dijo Nixon a Stroessner el 4 de mayo de 1968 en Asunción.

En el requerimiento del juez español Baltasar Garzón contra Pinochet, cuando éste visitó Londres, se alude a la entrega del ciudadano chileno Julio Valladares Caroca, refugiado en Bolivia, a la dictadura chilena, y su posterior desaparecimiento. Otro tanto ocurrió con una joven argentina capturada en Oruro y entregada a la dictadura de Jorge Videla en 1976. Estos casos ponen en evidencia la participación del régimen dictatorial del general Banzer en la Operación Cóndor.

El Presidente brasileño, Emílio Garrastazu Médici, visitó Washington entre el 7 y el 9 de diciembre de 1971 y sostuvo varias reuniones con el Presidente Nixon, el Asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger, el Secretario de Estado William Rogers y el que en breve seria Subjefe de la CIA, Vernon Walters. Henry Kissinger remarcó en esa oportunidad el apoyo de Garrastazu Médici a la Doctrina Nixon de intervención en América Latina.

El Frente Amplio uruguayo

En 1969, los acontecimientos en Uruguay se desarrollaban en medio de una creciente crisis política, lucha de masas y el naciente movimiento guerrillero de los Tupamaros. Los EE.UU. doblaron la asistencia en Seguridad Pública con equipos y entrenamiento policial. Los nuevos oficiales entrenados en los EE.UU. ocupaban puestos clave en la policía y aumentaban las denuncias de torturas.

Los EE.UU. estaban preocupados en 1971 de que en Uruguay triunfara el Frente Amplio y se repitiera la experiencia chilena con Allende. Los organismos de inteligencia de Brasil y Argentina establecieron en ese momento un acuerdo para intervenir en los acontecimientos políticos en Uruguay. La Embajada de EE.UU. recomendó actividades abiertas y encubiertas para contrarrestar los avances del Frente Amplio y facilitar la cooperación entre Brasil y Argentina.

En septiembre de 1971, el gobierno uruguayo lanzó operaciones antisubversivas, coordinadas por el DNII, de las fuerzas conjuntas (policiales y militares) contra los Tupamaros.

En 1972, el recién elegido Presidente Bordaberry dio mano libre a los militares en la contrainsurgencia. Los militares aplastaron a los Tupamaros, reprimieron a estudiantes universitarios, sindicalistas y otros opositores al gobierno. En 1973 los militares disolvieron el Congreso y en 1976 destituyeron a Bordaberry.

El golpe en Argentina

El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón fue detenida por los militares golpistas y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno.

En 1978 la dictadura terminó de liquidar la guerrilla peronista, los Montoneros. Sus máximos dirigentes fueron asesinados. La CGT fue disuelta y la guerra contra la subversión se extendió sobre los líderes sindicales y obreros. Se dictaron decretos prohibiendo la actividad política y destituyeron de sus cargos a miembros de la Suprema Corte de Justicia.

A comienzos de 1980 fue renovada la Junta Militar, formada entonces por el teniente general Roberto Viola, almirante Armando Lambruschini y brigadier general Horacio R. Graffigna. En octubre fue designado Presidente de la Nación Roberto Viola, quién asumió en marzo del año siguiente.

Liquidar la UP

La intervención abierta de la CIA y el gobierno de los EE.UU. en Chile fue confirmada al darse a conocer los archivos secretos de la CIA. En ellos se revela que el 15 de septiembre de 1970 el Presidente Richard Nixon citó a su oficina en la Casa Blanca a sus principales asesores, Henry Kissinger entre ellos, y les dijo: "Estados Unidos no puede aceptar el gobierno socialista de Allende".

De acuerdo al plan Track I de la CIA se intentó que el congreso chileno no invistiera a Allende Presidente, el cual fracasó.

Los agentes de la CIA en Chile aconsejan "hacer propuestas a oficiales de menor grado", como consigna el cable 424, enviado el 23 de septiembre de 1970 desde la sede de la CIA en Santiago a la oficina central. "Deseamos incentivar a (el general Roberto) Viaux para que continúe y afine sus planes", señala el cable 729, fechado el 13 de octubre. Kissinger explica en Washington que "Se le debe advertir a Viaux en contra de cualquier acción precipitada... Hemos llegado a la conclusión que en este minuto un golpe no puede tener éxito".

La CIA creó un grupo especial de agentes, al que denominaban Task Force, que bajo las órdenes de Thomas Karamessiness debía realizar una serie de acciones para derribar al Presidente Allende. Al fracasar el primer plan se implementó el Track II, cuyo objetivo era crear todas las condiciones para un golpe de Estado, con el cual el comandante en jefe del Ejército, René Schneider, no comulgaba. Algunos de los complotadores implicados en dicho plan secuestraron el 22 de octubre de 1972 a Schneider y lo asesinaron con las mismas armas que suministró la CIA, de acuerdo con la admisión de la misma agencia al Senado de EE.UU. publicada en abril de 1975. Posteriormente, al grupo de asesinos se le pagó por la CIA 35.000 dólares.

Según el Senado de EE.UU., la CIA "decidió apoyar y diseñar el asesinato del general Schneider con la intención de abrir camino para un golpe".

En el citado Informe Hinchey, del 18 de septiembre de 2000, se constata cuál era el interés estratégico que tuvo el gobierno de los EE.UU. para intervenir en el proceso político chileno. Expresa el documento: "En los años '60 y a principios de los '70, la CIA llevó a cabo proyectos específicos de actividades encubiertas en Chile como parte de la política del gobierno de los Estados Unidos para intentar influir en los acontecimientos de Chile".

Más adelante dice: "El telón de fondo histórico arroja una importante luz sobre las políticas, las prácticas y lo que se percibía como la urgencia principal en aquel entonces. La revolución cubana y el afloramiento de los partidos comunistas en América Latina había traído la Guerra Fría al Hemisferio Occidental. Miles de oficiales del ejército chileno vinieron a los Estados Unidos para entrenarse, lo que incluyó presentaciones acerca del impacto del comunismo mundial en su propio país. Después de que Allende obtuviera la mayoría simple en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, existía el consenso en los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos de que una presidencia de Allende dañaría gravemente los intereses nacionales de los Estados Unidos".

Segunda parte y final del artículo publicado en la pasada edición, del 12 de septiembre, bajo el título "De la Revolución Cubana al triunfo sandinista"
19-9-03