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Cuando hace algunos meses, a propósito de un artículo sobre Italia, en el que yo

defendía la federación contra la unidad, los periódicos belgas me acusaron de predicar la

anexión de su país a Francia, mi sorpresa no tuvo límites. En principio no supe qué

pensar: ¡Se trataba acaso de una alucinación del público, o de una trampa de la

policía! Mi primera reacción fue la de preguntar a mis denunciadores si, me habían

leído; en este caso, si se me podía dirigir seriamente semejante reproche. Ya se sabe

cómo terminó para mí este increíble incidente. Yo no me había apresurado a sacar

partido de la amnistía que me autorizaba a volver a Francia, después de un exilio de

más de cuatro años, pero entonces levanté la casa bruscamente. Sin embargo, cuando al

regresar a mi país, y con el mismo motivo, he visto la prensa democrática

acusarme de abandonar la causa de la revolución, gritar contra mí, no ya como

anexionista, sino como apóstata, confieso que mi estupefacción llegó al límite. Me

pregunté si yo era un Epiménides surgido de su caverna tras un siglo de sueño, o si, por

azar, no era la propia democracia francesa quien, siguiendo las huellas del

liberalismo belga, había sufrido un movimiento de retrogradación. Me parecía que

federación y contrarrevolución o anexión eran términos incompatibles, pero me

repugnaba

creer en la defección masiva del partido al que hasta entonces me había sentido

vinculado, el cual, no contento con renegar de sus principios iba a llegar, en su fiebre

unificadora, hasta traicionar a su país. ¿Me estaba volviendo loco, o es que, en lo que a

mí respecta, el mundo se había puesto a girar en sentido contrario?

A la manera de la rata de Lafontaine, recelando por debajo de todo ello alguna

maquinación, consideré que la decisión más sabia era la de demorar mi respuesta y

observar por espacio de algún tiempo el estado de los espíritus. Comprendí que iba a

verme obligado a tomar una resolución enérgica y tenía necesidad, antes de actuar,

de orientarme sobre un terreno que, después de mi salida de Francia, parecía haber sido

removido, y donde los hombres que yo había conocido se me representaban con

figuras extrañas.

¿Dónde está hoy el pueblo francés?, me pregunté. ¿Qué está sucediendo en las

diferentes clases de la sociedad? ¿Qué idea ha germinado en la opinión, y cuáles son

los sueños de las masas? ¿Dónde va la nación? ¿Dónde está el porvenir? ¿A quién

seguiremos y por quién nos juramentaremos?

Iba de este modo interrogando a hombres y cosas, buscando angustiadamente y no

recogiendo sino respuestas desoladas. Que el lector me permita comunicarle mis

observaciones: servirán de justificación a un trabajo en el que confieso que el objeto

está muy por encima de mis fuerzas.

He empezado por considerar en primer lugar a la clase media, lo que era llamado en

otro tiempo burguesía, y que ya no puede llevar ese nombre. La he hallado fiel a sus

tradiciones, a sus tendencias, a sus máximas, aunque avanzando con paso acelerado

hacia el proletariado. Que la clase media vuelva a ser dueña de ella misma y del

poder; que sea llamada a rehacer una Constitución de acuerdo con sus ideas y una

política de acuerdo con su corazón y se puede predecir con toda certeza lo que

ocurrirá. Haciendo abstracción de toda preferencia dinástica, la clase media volverá al

sistema de 1814 y 1830, salvo, acaso, con una leve modificación concerniente a la

prerrogativa real, análoga a la rectificación hecha al artículo 14 de la Carta, después de

la revolución de julio. La monarquía constitucional, en una palabra, he aquí lo que

constituye todavía la fe política y el deseo secreto de la mayoría burguesa. He ahí la

medida de la confianza que tiene en sí misma; ni su pensamiento ni su energía van

más allá. Pero, precisamente a causa de esta predilección monárquica, la clase medía,

aunque tenga numerosas y fuertes raíces en la actualidad, aunque por la

inteligencia, la riqueza, el número, constituya la parte más considerable de la nación, no

puede ser considerada como la expresión del porvenir; ella se revela como el

partido por excelencia del statu quo es la personificación del statu quo.

Acto seguido he dirigido los ojos al gobierno, al partido de quien es órgano de una

manera más especial y, debo decirlo, los he encontrado a ambos en el fondo iguales a

sí mismos, fieles a la idea napoleónica, a pesar de las concesiones que les arrancan, por

una parte, el espíritu del siglo, por otra, la influencia de esta clase medía, fuera

de la cual y contra la cual ningún gobierno es posible. Que el imperio vuelva a todo el

esplendor de su tradición, que su poder sea igual a su voluntad, y mañana

tendremos con aquellos esplendores de 1804 y de 1809, las fronteras de 1812;

volveremos a encontrarnos con el Tercer Imperio de Occidente, con sus tendencias a la

universalidad y su autocracia inflexible. Ahora bien, precisamente a causa de esta

fidelidad a su idea el Imperio, aun siendo la actualidad misma, no puede considerarse

como expresión del porvenir, dado que, al afirmarse como conquistador y autocrático,

negaría la libertad, pues él mismo, al prometer un coronamiento del edilicio, se ha

presentado como un gobierno de transición. El Imperio, es la paz, ha dicho Napoleón

III. Sea; pero entonces ¿cómo el Imperio no siendo ya la guerra, dejaría de ser el

statu quo?

He observado a la Iglesia, y de buen grado le hago esta justicia: es inmutable. Fiel a su

dogma, a su moral, a su disciplina tanto como a su Dios, no hace al siglo sino

concesiones formales; no adopta su espíritu ni marcha con él al unísono: la Iglesia será

la eternidad, si lo queréis así, la forma superior del statu quo: no es el progreso;

no podría ser por consiguiente, la expresión del porvenir.

Igual que la clase media y los partidos dinásticos, igual que el Imperio y la Iglesia,

también la democracia forma parte del presente, y lo será tanto tiempo como existan

clases superiores a ella, una realeza y aspiraciones nobiliarias, una Iglesia y un

sacerdocio; en tanto que la liberación política, económica y social no se haya realizado.

Desde la Revolución francesa, la democracia ha tomado por divisa: Libertad, Igualdad.

Como por su naturaleza y su función representa el movimiento, la vida, su consigna

era: ¡Adelante! Así, la democracia podía presentarse, y acaso sólo ella podía hacerlo,

como la expresión del porvenir; es efectivamente lo que el mundo ha querido tras la

caída del primer Imperio y luego del advenimiento de la clase media. Pero para expresar

el porvenir, para realizar las promesas, hacen falta principios, un derecho, una

ciencia, una política, cosas todas ellas que la revolución parecía haber cimentado. Ahora

bien, he aquí lo inaudito, la democracia se muestra infiel a sí misma; ha roto con

sus orígenes, vuelve la espalda a sus destinos. Su conducta desde hace tres años ha sido

una abdicación, un suicidio. Sin duda que no ha dejado de estar en el presente:

pero como partido del porvenir ha dejado de existir. La conciencia democrática está

vacía: se trata de un globo deshinchado que algunas sectas, algunos intrigantes

políticos se arrojan unos a otros, pero que nadie puede devolver a su tersura prístina.

Nada de ideas: en su lugar, fantasías novelescas, mitos, ídolos. El 89 está

arrumbado, 1848 cubierto de infamias. Por lo demás no queda en ella ni sentido

político, ni sentido moral ni sentido común; la ignorancia al máximo, la inspiración de

los

grandes días totalmente perdida. Lo que la posteridad no podrá creer es que, entre la

multitud de lectores que paga á una prensa privilegiada, hay apenas uno por cada mil

que sepa, ni siquiera por intuición, lo que significa la palabra federación. Sin duda que,

en este caso, los anales de la revolución no podían instruirnos gran cosa; pero, de

cualquier modo, no se es el partido del porvenir para inmovilizarse en las pasiones de

siglos anteriores, y es deber de la democracia crear sus ideas, y modificar en

consecuencia su consigna. La federación es el nombre nuevo bajo el que la libertad, la

igualdad, la revolución con todas sus consecuencias han aparecido en 1859, a los

ojos de la democracia. Y, sin embargo, ¡liberales y demócratas no han visto en él sino

una conspiración reaccionaria! ...

Desde la institución del sufragio universal, la democracia, considerando llegado su reino

y considerando que su gobierno había pasado las pruebas de aptitud, que por

consiguiente lo único a discutir era la elección de los hombres, y que ella era la fórmula

suprema del orden, la democracia, digo, ha querido constituirse a su vez en

partido de statu quo. Apenas se adueña de la situación que empieza a adaptarse para el

inmovilismo. Pero entonces ¿qué hacer cuando alguien se llama democracia,

cuando representa a la revolución y cuando, sin embargo, se llega al inmovilismo? ¡La

democracia ha pensado que su misión consistía en reparar las viejas injusticias, en

resucitar las naciones afligidas, en una palabra, en rehacer su historia! Esto es lo que

expresa por la palabra NACIONALIDAD, escrito en el frontispicio de su nuevo

programa. No satisfecha de convertirse en el partido del statu quo, se ha convertido en

partido retrógrado.

Y como la nacionalidad, tal como la comprende y la interpreta la democracia tiene

como corolario la unidad, ha consagrado definitivamente su abjuración, declarándose

definitivamente poder absoluto, indivisible e inmutable.

La nacionalidad y la unidad, he aquí pues la fe, la ley, la razón de Estado, he aquí los

dioses actuales de la democracia. Pero para ella la nacionalidad es sólo una

palabra, puesto que en el pensamiento de los demócratas sólo representa sombras

chinescas. En cuanto a la unidad, veremos en el curso de este escrito lo que cabe

pensar del régimen unitario. Pero mientras tanto, puedo afirmar, a propósito de Italia y

de las manipulaciones de que ha sido objeto la Carta política de ese país, que esa

unidad, por la que sienten tan vivo entusiasmo tantos supuestos amigos del pueblo y del

progreso, no es otra cosa en el fuero interno de los hábiles, que un negocio, un

gran negocio, mitad dinástico y mitad bancocrático, barnizado de liberalismo, salpicado

de conspiración y a la que algunos honrados republicanos, mal informados o

engañados, sirven de introductores.

A tal democracia, tal periodismo. Desde la época en que en el Manual del especulador

de Bolsa fustigaba yo el papel mercenario de la prensa este papel no ha cambiado.

No ha hecho sino ampliar la onda de sus operaciones. Todo lo que en otro tiempo poseía

de razón, de espíritu, de crítica, de conocimientos, de elocuencia, ha queda do,

resumido, salvo raras excepciones, en estos dos vocablos que tomo del vocablo

profesional: difamación y reclamo. Habiendo sido confiada la cuestión italiana a los

periódicos, esas estimables piezas de papel, ni más ni menos que si se hubiera tratado de

sociedades en comandita, o como una claque obediente a la señal de un jefe,

empezaron motejándome de mixtificador, malabarista, borbónico, papista, Erostrato,

renegado, vendido, y resumo la letanía. Luego, adoptando un tono más sereno

empezaron a recordar que yo era el enemigo irreconciliable del Imperio y de todo

gobierno, de la Iglesia y de toda religión, así como de toda moral; un materialista, un

anarquista, un ateo, una especie de Catilina literario capaz de sacrificar todo, tanto

pudor como buen sentido, al deseo de hacer hablar de él, y cuya táctica esencial, en

lo sucesivo, consistía en asociar astutamente la causa del emperador a la del Papa, y

empujando a los dos contra la democracia, arruinar al mismo tiempo a todos los

,partidos y a todas las opiniones, para elevar finalmente un monumento a mi orgullo

sobre los escombros del orden social. Tal ha sido el sentido profundo de las críticas

de Le Siècle, L'Opínion natiónale, La Presse, L'Echo de la Presse, La Patrie, Le Pays,

Les Débats: y aún omito algunos, pues no he leído todo sobre el tema. En esta

ocasión se ha recordado que yo había sido la causa principal de la caída de la República,

y ha habido demócrata de cerebro tan confuso como para murmurarme al oído

que semejante escándalo no volvería a producirse, que la democracia había superado las

locuras de 1848, y que era a mi a quien ella destinaba sus primeras balas

conservadoras.

No quisiera dar la impresión de atribuir a estas ridículas violencias, dignas de los

órganos que las inspiran, más importancia de la que merecen. Las cito como ejemplo de

la influencia del periodismo contemporáneo y como testimonio del estado de los

espíritus Pero si mi amor propio como individuo, si mi con ciencia como ciudadano está

por encima de tales ataques, no ocurre lo mismo con mi dignidad de escritor intérprete

de la revolución. Estoy cansado de los ultrajes de una democracia decrépita y de

las afrentas de sus periódicos. Después del 10 de diciembre de 1848, viendo la masa del

país y todo el poder del Estado vuelto contra lo que me parecía ser la revolución,

intenté aproximarme a un partido que, si bien desprovisto de ideas, tenía aún la aureola

del prestigio. Fue un error que he lamentado amargamente, pero que aún estoy a

tiempo de rectificar. Seamos nosotros mismos si queremos ser algo; formamos, si hay

lugar, con nuestros adversarios y nuestros rivales, federaciones, pero nunca

fusiones. Lo que me está ocurriendo desde hace tres meses me ha hecho tomar esta

decisión, sin posible retroceso. Entre un partido que en una filosofía del derecho ha

sabido descubrir un sistema de tiranía y en las maniobras de la especulación un

progreso; para el que los hábitos del absolutismo son virtud republicana y las

prerrogativas de la libertad una rebelión; entre este partido, digo, y el hombre que busca

la verdad de la revolución y su justicia, no puede haber nada común. La

separación es necesaria y, sin resentimiento, pero sin temor, la llevo a cabo.

En el curso de la primera revolución, los jacobinos, experimentando de vez en cuando la

necesidad de purificar su sociedad, llevaban a efecto en ellos mismos lo que

entonces se llamaba una depuración. Invito a una manifestación de este género a

cuantos amigos sinceros y esclarecidos de las ideas del 89 puedan quedar. Seguro del

apoyo de una élite, contando con el buen sentido de las masas, en lo que a mí se refiere

rompo con una facción que ya no representa nada. Aunque no llegásemos jamás

a un centenar, es suficiente para lo que me atrevo a emprender. En todo tiempo la

verdad ha servido a quienes le han sido fieles; aunque hubiese de sucumbir víctima de

aquéllos a quienes me dispongo a combatir, tendré, al menos, el consuelo de pensar que,

una vez mi voz silenciada, mi pensamiento obtendrá justicia y que, antes o

después, mis propios enemigos serán mis émulos.

Pero, ¿qué estoy diciendo en realidad? No habrá ni batalla ni ejecución: el veredicto del

público me ha dado de antemano la razón. ¿No ha corrido el rumor, repetido por

diversos periódicos, de que la respuesta que publico en este instante tendría por título:

¿Los Iscariotes?... Pero esta justicia reside sólo en la opinión. Sería un error por mi

parte encabezar mi trabajo con ese llamativo título, demasiado merecido para algunos.

En el curso de los dos meses que me ocupo en pulsar el estado de las almas, he

podido comprobar que si la democracia abunda en judas, hay en ella muchos más San

Pedros todavía, y escribo tanto para éstos como para aquéllos. Por consiguiente,

he renunciado al placer de una vendetta; me tendré por muy dichoso si, como el gallo de

la Pasión, puedo contribuir a fortalecer en ellos tanto vacilante valor,

restituyéndoles a la vez conciencia y entendimiento.

Dado que, en una publicación cuya forma era más bien literaria que didáctica, se ha

simulado no comprender el pensamiento esencial, me veo obligado a volver a los

procedimientos de la escuela y a argumentar de modo sistemático. Divido, pues, este

trabajo, mucho más extenso de lo que hubiera deseado, en tres partes: la primera,

la más importante para mis ex-correligionarios políticos, cuya razón veo gravemente

afectada, tendrá como objeto establecer los principios de la materia de que se trata;

en la segunda haré la aplicación de estos principios a la cuestión italiana y al estado

general de cosas. Mostraré la insensatez y la inmoralidad de la política unitaria; en la

tercera, responderé a las objeciones de aquellos señores periodistas, benevolentes u

hostiles, que han considerado su deber ocuparse de mi último trabajo, y haré ver por

medio de su ejemplo el peligro que corre la razón de las masas, bajo la influencia de una

teoría destructora de toda individualidad.

Ruego a las personas, no importa la opinión que profesen, que, aun rechazando más o

menos el fondo de mis ideas, han acogido mis primeras observaciones sobre Italia

con alguna consideración, que sigan manifestándome su simpatía; por lo que a mí

respecta, trabajaré por que, en medio del caos intelectual y moral en que estamos

sumergidos, en esta hora en que los partidos solamente se distinguen como los

caballeros combatientes de los torneos, por el color de sus penachos los hombres de

buena voluntad, llegados desde todos los puntos del horizonte, hallen al fin una tierra

sagrada en la que, cuando menos, puedan ofrecerse una mano leal y hablar un

lenguaje común.

Esta tierra sagrada es la del derecho, la moral, la libertad, el respeto a la humanidad en

todas sus manifestaciones, individuo, familia, asociación, ciudadanía; la tierra de

la pura y franca justicia donde fraternizan, sin distinción de partido, escuela, cultos,

remordimientos, esperanzas, todas las almas generosas. En cuanto a esta fracción

degenerada de la democracia, que ha creído poder avergonzarme con lo que denomina

los aplausos de la prensa legitimista, clerical e imperial, sólo les dirigiré por el

momento unas palabras: que la vergüenza, si tal existe, debe caer plenamente sobre ella.

Era a ella a quien le correspondía aplaudirme: y el mayor servicio que podré

hacerle será el de demostrarlo de modo fehaciente.

Capítulo I

DUALISMO POLÍTICO. AUTORIDAD Y LIBERTAD:

OPOSICIÓN Y CONEXIÓN DE ESTOS DOS SISTEMAS

Antes de decir lo que se entiende por federación, es necesario recordar en algunas

páginas el origen y la filiación de la idea. La teoría del sistema federal es nueva; creo

hasta poder decir que no ha sido formulada por nadie. Está, empero, íntimamente

enlazada con la teoría general de los gobiernos; es, hablando de una manera más

precisa, su consecuencia indeclinable.

Entre tantas constituciones como la filosofía propone y la historia presenta ensayadas no

hay sino una que reúna las condiciones de justicia, orden, libertad y duración,

sin las que no pueden subsistir ni la sociedad ni el individuo. La verdad es una como la

naturaleza; y sería por cierto de extrañar que no fuese así, tanto para el espíritu

como para la sociedad, que es su más grandiosa obra. Todos los publicistas han

reconocido esa unidad de la legislación humana; todos, y es más, se han esforzado en

conformar con ella sus doctrinas, sin por esto negar la variedad de aplicaciones que

reclama el genio propio de cada nación y la diversidad general de tiempos y lugares,

ni desconocer la parte que hay que dar a la libertad en todo sistema político. Trato de

demostrar que esa constitución única, cuyo reconocimiento será el mayor esfuerzo

que pueda hacer la razón de los pueblos, no es otra cosa que el sistema federativo. Toda

forma de gobierno que de ella se aleje debe ser considerada como una creación

empírica, como un bosquejo provisional, como una tienda de árabe debajo de la cual

viene la sociedad a albergarse por un momento, levantándola al día siguiente de

haberla establecido. Se hace aquí, por tanto, indispensable un severo análisis; y la

primera verdad de que importa que el lector se convenza es que la política, variable a lo

infinito como arte de aplicación, es en cuanto a los principios que la rigen una ciencia

de demostración, ni más ni menos que la geometría y el álgebra.

El orden político descansa fundamentalmente en dos principios contrarios: la autoridad

y la libertad. El primero inicia; el segundo determina. Este tiene por corolario la

razón libre; aquél, la fe que obedece.

Contra esta primera proposición no creo que se levante nadie. La autoridad y la libertad

son tan antiguas en el mundo como la raza humana: con nosotros nacen y en

cada uno de nosotros se perpetúan. Haré ahora sólo una observación que podría pasar

inadvertida a los más de los lectores: estos dos principios forman, por decirlo así,

una pareja cuyos dos términos están indisolublemente unidos y son, sin embargo,

irreductibles el uno al otro, viviendo por más que hagamos en perpetua lucha. La

autoridad supone indefectiblemente una libertad que la reconoce o la niega; y a su vez la

libertad, en el sentido político de la palabra, una autoridad que trata con ella y la

refrena o la tolera. Suprimida una de las dos, nada significa la otra: la autoridad sin una

libertad que discute, resiste o se somete, es una palabra vana; la libertad sin una

autoridad que le sirva de contrapeso, carece de sentido.

El principio de autoridad, principio familiar, patriarcal., magistral, monárquico,

teocrático, principio que tiende a la jerarquía, a la centralización a la absorción, es

debido a

la naturaleza, y por lo mismo esencialmente fatal o divino, como quiera llamársela. Su

acción, contrariada, dificultada por el principio contrarío, puede ser ampliada o

restringida indefinidamente, no aniquilada.

El principio de libertad, personal, individualista, crítico, agente de división, de elección,

de transacción, es debido al espíritu. Es, por consecuencia, un principio

esencialmente arbitrador, superior a la naturaleza, de que se sirve, y a la fatalidad que

domina, ilimitado en sus aspiraciones, susceptible como su contrario de extensión

y de restricción, pero tan incapaz como él de perecer en virtud de su propio desarrollo

como de ser aniquilado por la violencia.

Síguese de aquí que en toda sociedad, aun la más autoritaria, hay que dejar

necesariamente una parte a la libertad; y, recíprocamente, que en toda sociedad, aun la

más

liberal, hay que reservar una parte a la autoridad. Esta condición es tan absoluta, que no

puede sustraerse a ella ninguna combinación política. A despecho del

entendimiento, que tiende incesantemente a transformar la diversidad en unidad,

permanecen los dos principios el uno enfrente del otro y en oposición continua. El

movimiento político resalta de su tendencia inevitable a limitarse y de su reacción

mutua.

Todo esto, lo confieso, no tiene quizá nada de nuevo, y temo ya que más de un lector

me pregunte si es todo esto lo que voy a enseñarle. Nadie niega la naturaleza ni el

espíritu a pesar de la mucha oscuridad que los envuelve; ningún publicista sueña con

redargüir de falsa la autoridad ni la libertad, por más que su conciliación, su

separación y su eliminación parezcan igualmente imposibles. ¿Adónde, pues, me

propongo ir a parar repitiendo ese lugar común?

Lo diré. Voy a parar a que todas las constituciones políticas, todos los sistemas de

gobierno, incluso la federación, pueden ser reducidos a esta sola fórmula: contrapeso

de la autoridad por la libertad, y viceversa; a que, por consecuencia, las categorías

adoptadas desde el tiempo de Aristóteles por los autores, categorías con cuyo auxilio

se clasifica a los gobiernos, se diferencia a los Estados y se distingue a las naciones,

monarquía, aristocracia, democracia, etc., se reducen, salvo aquí la federación, a

construcciones hipotéticas y empíricas en las que la razón y la justicia no quedan

plenamente satisfechas, a que todos esos gobiernos, compuestos de elementos

iguales e igualmente incompletos, no difieren unos de otros sino en materia de intereses,

de preocupaciones, de rutina, y en el fondo se parecen y se equivalen; a que así,

aun cuando no fuese debido a la aplicación de tan falsos sistemas, el malestar social de

que se acusan unas a otras pasiones irritadas, los intereses lastimados y el

amor propio burlado y ofendido, estaríamos respecto al fondo de las cosas cerca de

entendernos; a que, por fin, todas esas divisiones de partidos entre los que abre

nuestra imaginación abismos, toda esa contrariedad de opiniones que nos parece

irresoluble, todos esos antagonismos de fortuna que creemos sin remedio, van a

encontrar pronto en la teoría del gobierno federal su ecuación definitiva.

Qué de cosas, se dirá, en una mera oposición gramatical: ¡Autoridad, libertad!...

Pues bien, sí. He observado que las inteligencias ordinarias, que los niños, ven mejor la

verdad cuando reducida a un fórmula abstracta que cuando explicada en un

volumen de disertaciones y de hechos. Me he propuesto a su vez abreviar el estudio para

los que no pueden leer libros, y hacerlo lo más concluyente posible trabajando

sobre simples nociones. Autoridad, libertad: dos ideas opuestas la una a la otra y

condenadas a vivir en lucha o morir juntas; no se dirá, por cierto, que sea esto cosa

difícil. Ten, amigo lector, sólo la paciencia de leerme, y si has comprendido ese primero

y cortísimo capítulo, tú me dirás después cuál es tu juicio.

Capítulo II

CONCEPCIÓN «A PRIORI» DEL ORDEN POLITICO:

RÉGIMEN DE AUTORIDAD, RÉGIMEN DE LIBERTAD

Conocemos ya los dos principios fundamentales y antitéticos de todo gobierno:

autoridad, libertad.

En virtud de la tendencia del espíritu humano a reducir todas sus ideas a un principio

único, y, por tanto, a eliminar todas las que le parecen inconciliables con ese

principio, dos regímenes diferentes se deducen a priori de esas dos nociones

primordiales, según la preferencia o predilección dadas a la una o a la otra: el régimen

de

autoridad y el régimen de libertad.

Estando además la sociedad compuesta de individuos, y pudiéndose, desde el punto de

vista político, concebir de cuatro maneras diferentes la relación del individuo con

el grupo de que forma parte, resultan cuatro formas gubernativas, dos para cada

régimen.

I. Régimen de autoridad

A) Gobierno de todos por uno solo: MONARQUIA O PATRIARCADO.

a) Gobierno de todos por todos: panarquía o comunismo.

El carácter especial de este régimen en sus dos especies es la indivisión del poder.

II. Régimen de libertad

B) Gobierno de todos por cada uno: DEMOCRACIA.

b) Gobierno de cada uno por cada uno: anarquía o self-government.

El carácter esencial de este régimen en sus dos especies es la división del poder.

Ni más ni menos. Esta clasificación es matemática, como dada a priori por la naturaleza

de las cosas y la deducción del espíritu. No puede la política quedar más acá ni

ir más allá, ínterin se la considere como el resultado de una construcción silogística,

cosa que supusieron naturalmente todos los antiguos legisladores. Esa sencillez es

notable: nos presenta desde un principio y bajo todos los sistemas al jefe de Estado

esforzándose en deducir de un solo elemento todas sus constituciones. La lógica y la

buena fe son primordiales en política; pero aquí está precisamente el peligro.

OBSERVACIONES.

I. Es sabido cómo se establece el gobierno monárquico, expresión primitiva del

principio de autoridad. Nos lo ha dicho M. de Bonald se funda en la autoridad paterna.

La

familia es el embrión de la monarquía. Los primeros Estados fueron generalmente

familias o tribus gobernadas por tu jefe natural, marido, padre, patriarca, al fin rey.

Bajo este régimen el Estado se desarrolla de dos maneras: primera, por la generación o

multiplicación natural de la familia, tribu o raza; segunda, por la adopción, es

decir, por la incorporación voluntaria o forzosa de las familias y tribus circunvecinas,

hecha de suerte que las tribus reunidas no constituyan con la tribu-madre sino una

misma domesticidad, una sola familia. Este desenvolvimiento del Estado monárquico

puede alcanzar proporciones inmensas; puede llegar a centenares de millones de

hombres, distribuidos por centenares de miles de leguas cuadradas.

La panarquía, pantocracia o comunismo, nace naturalmente de la muerte del monarca o

jefe de familia y de la declaración de los súbditos, hermanos, hijos o socios, de

querer permanecer en la indivisión sin elegir un nuevo jefe. Esta forma política, si es

que de ella hay ejemplos, es sumamente rara, a causa de hacerse sentir más el peso

de la autoridad y abrumar más al individuo que el de cualquiera otra. Apenas ha sido

adoptada más que por las comunidades religiosas, que han tendido al aniquilamiento

de la libertad en todos los países y bajo todos los cultos. La idea no por esto deja de ser

obtenida a priori, como la idea monárquica: encontrará su explicación en los

gobiernos de hecho, y debíamos mencionarla aun cuando no fuese más que para

memoria.

Así la monarquía, fundada en la naturaleza y justificada, por consiguiente, en su idea,

tiene su legitimidad y su moralidad. Otro tanto sucede con el comunismo. No

tardaremos con todo en ver que esas dos variedades del mismo régimen, a pesar de lo

concreto del hecho en que descansan y lo racional de su deducción, no pueden

mantenerse dentro del rigor de su principio ni en la pureza de su esencia, y están, por

tanto, condenadas a permanecer siempre en estado de hipótesis . De hecho, a

pesar de su origen patriarcal, de su benigno temperamento y de sus aires de absolutismo

y derecho divino, ni la monarquía ni el comunismo se han desarrollado en

ninguna parte conservando la sinceridad de su tipo.

II. ¿Cómo se establece a su vez el gobierno democrático del principio de libertad? Juan

Jacobo Rousseau y la revolución nos lo han enseñado, por medio del contrato.

Aquí la fisiología no entra ya por nada: el Estado aparece como el producto, no ya de la

naturaleza orgánica, de la carne, sino de la naturaleza inteligible, del espíritu.

Bajo este régimen, el Estado se desarrolla por accesión o adhesión libre. Así como se

supone que los ciudadanos todos han firmado el contrato, se supone también que

lo ha suscrito el extranjero que entra en la república: bajo esta condición solamente se le

otorgan los derechos y prerrogativas de ciudadano. Si el Estado ha de sostener

una guerra y se hace conquistador, concede por la fuerza de su mismo principio a las

poblaciones vencidas los derechos de que gozan los vencedores, que es lo que se

conoce con el nombre de isonomía. Tal era entre los romanos la concesión del derecho

de ciudadanía. Supónese hasta que los niños al llegar a la mayor edad han jurado

el pacto. No sucede en las democracias lo que en las monarquías, donde se es súbdito de

nacimiento sólo por ser hijo de súbdito, ni lo que en las comunidades de

Licurgo y de Platón, donde por el solo hecho de venir al mundo se pertenecía al Estado.

En una democracia no se es, en realidad, ciudadano por ser hijo de ciudadano;

para serio, es de todo punto necesario en derecho, independientemente de la cualidad de

ingenuo, haber elegido el sistema vigente.

Otro tanto sucede respecto a la accesión de una familia, de una ciudad, de una

provincia: es siempre la libertad la que le sirve de principio y la motiva.

Así, al desenvolvimiento del Estado autoritario, patriarcal, monárquico o comunista, se

contrapone el del Estado liberal, consensual y democrático. Y así como no hay

límites naturales para la extensión de la monarquía, que es lo que en todos los tiempos y

en todos los pueblos ha sugerido la idea de una monarquía universal o

mesiánica, no los hay tampoco para la del Estado democrático, hecho que ha sugerido

igualmente la idea de una democracia o república universal.

Como variedad del régimen liberal, he presentado la ANARQUIA o gobierno de cada

uno por sí mismo, en inglés self-government. La expresión de gobierno anárquico es,

en cierto modo, contradictoria; así que la cosa parece tan imposible como la idea

absurda.

No hay aquí, sin embargo, de reprensible sino el idioma: la noción de anarquía en

política es tan racional y positiva como cualquiera otra. Consiste en que si estuviesen

reducidas sus funciones políticas a las industriales, resultaría el orden social del solo

hecho de las transacciones y los cambios. Cada uno podría decirse entonces

autócrata de sí mismo, lo que es la extrema inversa del absolutismo monárquico.

Por lo demás, así como la monarquía y el comunismo, fundados en naturaleza y razón,

tienen su legitimidad y su moralidad, sin que puedan jamás realizarse en todo el

rigor y la pureza de su noción, la democracia y la anarquía, fundadas en libertad y en

derecho, tienen su legitimidad y su moralidad corriendo tras un ideal que está en

relación con su principio. No tardaremos con todo en ver también que, a despecho de su

origen jurídico y racional, no pueden, al crecer y desarrollarse en población y

territorio, mantenerse dentro del rigor y la pureza de su idea, y están condenadas a

permanecer en el estado de perpetuo desiderátum. A pesar del poderoso atractivo de

la libertad, no se hallan constituidas en parte alguna con la plenitud ni la integridad de

su idea ni la democracia ni la anarquía.

Capítulo III

FORMAS DE GOBIERNO

Con la ayuda de esos trebejos metafísicos, se han establecido, no obstante, desde el

principio del mundo todos los gobiernos de la Tierra, y con ellos llegaremos a

descifrar el enigma político, por poco que trabajemos para conseguirlo. Perdóneseme,

pues, sí insisto en ellos, como se hace con los niños a quienes se enseñan los

elementos de la gramática.

En todo lo que precede no se encontrará una sola palabra que no sea perfectamente

exacta. No se raciocina de otro modo en las matemáticas puras. No está en el uso

de las nociones el principio de nuestros errores, sino en las exclusiones que, so pretexto

de lógica, nos permitimos hacer al aplicarlas.

a) Autoridad, libertad. Estos son los dos polos de la política. Su oposición antitética,

diametral, contradictoria, nos da la seguridad de que es imposible un tercer término,

de que no existe. Entre el sí y el no, del mismo modo que entre el ser y el no-ser, no

admite nada la lógica.

b) La conexión de esas mismas nociones, su irreductibilidad, su movimiento, están

igualmente demostradas. No van la una sin la otra, no se puede suprimir ésta ni

aquélla, no es posible reducirlas a una expresión común. Respecto a su movimiento,

basta ponerlas la una enfrente de la otra para que, tendiendo a absorberse

mutuamente, se desarrollen la una a expensas de la otra, y entren al punto en acción.

c) De esas dos nociones resultan para la sociedad dos regímenes diferentes, que hemos

llamado régimen de autoridad y régimen de libertad, regímenes de los cuales

puede luego tomar cada uno dos formas diferentes, no más ni menos. La autoridad no se

presenta con toda su grandeza sino en la colectividad social, y, por

consecuencia, no puede ni manifestar su voluntad ni obrar sino por medio de la

colectividad misma o de alguien que la represente. Otro tanto sucede con la libertad, la

cual no es perfecta sino cuando está para todos asegurada, bien porque todos participen

del gobierno bien porque el gobierno no haya sido deferido a nadie. Es de todo

punto imposible salir de esas alternativas: respecto al régimen de autoridad, gobierno de

todos por todos o gobierno de todos por uno solo; respecto al de libertad,

gobierno en participación de todos por cada uno o gobierno de cada uno por sí mismo.

Todo esto es fatal, como la unidad y la pluralidad, el calor y el frío, la luz y las

tinieblas. Pero se me dirá: ¿No se ha visto acaso jamás que el gobierno sea el patrimonio

de una harte más o menos considerable de la república con exclusión del resto?

¿No se han visto aristocracias, gobierno de las clases altas; olocracias, gobierno de la

plebe; oligarquías, gobierno de una facción. La observación es justa, todo esto se

ha visto real y verdaderamente; pero esos gobiernos son de hecho, obras de usurpación,

de violencia, de reacción, de transición, de empirismo, donde están adoptados a

la vez todos los principios, y luego son igualmente violados, desconocidos y

confundidos todos; y nosotros hablamos ahora sólo de los gobiernos, a priori,

concebidos

según las leyes de la lógica y basados en un solo principio.

Lo repito: nada hay de arbitrario en la política racional, que tarde o temprano ha de

venir a confundirse con la política práctica. La arbitrariedad no es obra ni de la

naturaleza ni del espíritu; no la engendran ni la necesidad de las cosas ni la infalible

dialéctica de las nociones. La arbitrariedad es hija, ¿sabéis de quién? Su propio

nombre os lo dice: del LIBRE ARBITRIO, de la libertad. ¡Cosa admirable! El único

enemigo contra el cual se ha de poner la libertad en guardia no es, en el fondo, la

autoridad que todos los hombres adoran como si fuese la justicia; es la libertad misma,

la libertad del príncipe, la libertad de los grandes, la libertad de las muchedumbres

disfrazada con la máscara de la autoridad.

De la definición a priori de las diversas especies de gobierno, pasemos ahora a sus

formas.

Dase el nombre de forma de gobierno a la manera cómo el Poder se distribuye y se

ejerce. Natural y lógicamente, esas formas están en relación con el principio, la

formación y la ley de cada régimen.

Así como el padre en la familia primitiva y el patriarca en la tribu son a la vez amos de

la casa, del carro o de la tienda, herus, dominus, propietarios de la tierra, de los

ganados y de sus crías, labradores, industriales, directores, comerciantes, sacrificadores,

guerreros; así en la monarquía el príncipe es a la vez legislador, administrador,

juez, general, pontífice. Tiene el dominio eminente sobre la tierra y sus productos; es

jefe de las artes y los oficios, del comercio, de la agricultura, de la marina, de la

instrucción pública; está revestido de toda autoridad y de todo derecho. El rey es, en dos

palabras, el representante, la encarnación de la sociedad: él es el Estado. La

reunión o indivisión de los poderes es el carácter de la monarquía. Al principio de

autoridad que distingue al padre de familia y al monarca, viene a unirse aquí como

corolario el principio de universalidad de atribuciones. Hay aquí reunidos en la misma

persona un jefe militar como Josué, un juez como Samuel, un sacerdote como

Aarón, un rey como David, un legislador como Moisés, Salón, Licurgo, Numa. Tal es el

espíritu de la monarquía, tales son sus formas.

Pronto, empero, por la extensión dada al Estado, el ejercicio de la autoridad es superior

a las fuerzas de un hombre. El príncipe entonces se hace ayudar por consejeros

oficiales o ministros escogidos por él que obran en su puesto y lugar, y son sus

mandatarios y procuradores para con el pueblo. Del mismo modo que el príncipe a

quien

representan, esos enviados, sátrapas, procónsules o prefectos, acumulan a su mandato

todos los atributos de la autoridad; pero debiendo, se entiende, dar cuenta de su

gestión al monarca su amo, en cuyo interés y en cuyo nombre gobiernan, cuya dirección

reciben y de cuya vigilancia son constante objeto, a fin de que esté seguro de la

alta posesión de la autoridad, del honor del mando y de los beneficios del Estado, y al

abrigo de toda clase de usurpaciones y revueltas. En cuanto a la nación, ni tiene

derecho de pedir cuentas, ni tienen por qué dárselas los agentes del príncipe. En ese

sistema, la única garantía de los súbditos está en el interés del soberano, el cual,

por lo demás, no reconoce otra ley que su gusto.

En el régimen comunista, las formas del gobierno son las mismas: el poder está en el

ejercicio pro indiviso por la colectividad social, del mismo modo que lo era antes por

la sola persona del monarca. Así en los campos de Mayo de los germanos deliberaba y

juzgaba el Pueblo entero sin distinción de edad ni sexo; así los cimbrios y los

teutones peleaban contra Mario acompañados de sus mujeres: no conociendo la

estrategia ni la táctica, ¿qué falta les habían de hacer los generales? Por un resto de ese

comunismo dictaba la masa entera en Atenas las sentencias criminales, por una

inspiración del mismo género diose la República de 1848 novecientos legisladores,

sintiendo no poder reunir en una misma asamblea sus diez millones de electores, que

hubo de contentarse con llamar a las urnas. De aquí han salido, por fin, los

proyectos de legislación directa por sí y por no que se ha concebido en nuestros mismos

tiempos.

Las formas del Estado liberal o democrático corresponden igualmente al principio de

formación y a la ley de desenvolvimiento de ese mismo Estado: por consecuencia,

difieren radicalmente de los de la monarquía. Consisten en que el poder, lejos de ser

ejercido colectivamente y pro indiviso, como en la comunidad primitiva, está

distribuido entre los ciudadanos, cosa que se verifica de dos maneras. Si se trata de un

servicio susceptible de ser materialmente dividido, como de la construcción de un

camino, del mando de una armada de la policía de una ciudad, de la instrucción de la

juventud, se reparte el trabajo por secciones, la armada por escuadras y aun por

buques, la ciudad por barrios, la enseñanza por cursos, y se pone al frente de cada

división un director, un comisario, un almirante, un capitán, un maestro. Los

atenienses acostumbraban a nombrar en sus guerras diez o doce generales, cada uno de

los cuales mandaba por turno un día; uso que parecería hoy muy extraño, pero

necesario en aquella democracia, que no consentía otra cosa. Si la función es indivisible,

se la deja entera, y o bien se nombran muchos para ejercerlo, a pesar del

precepto de Homero, que halló mala la pluralidad en tratándose de mando, y donde

mandamos nosotros un embajador se manda una compañía, como hacían los

antiguos; o bien se confía cada función a un solo individuo, que se entrega a ella y hace

de ella su especialidad, su oficio; hecho que tiende a introducir en el cuerpo

político una clase particular de ciudadanos, a saber, los funcionarios públicos. Desde

este momento, la democracia- está en peligro: el Estado es distinto de la nación; su

personal pasa a ser, poco más o menos como en la monarquía, más afecto al príncipe

que a la sociedad y al Estado. En cambio, ha surgido una gran idea, una de las

más grandes ideas de la ciencia, la de la división o separación de los poderes. Gracias a

ella, toma la sociedad una forma decididamente orgánica; las revoluciones

pueden sucederse como las estaciones, sin temor de que jamás perezca esa bella

constitución del poderío público por categorías: Justicia, Administración, Guerra,

Hacienda, Culto, Instrucción Pública, Comercio, etc. Hay ya por lo menos en las

sociedades algo que no morirá jamás.

La organización del gobierno liberal o democrático es más complicada, más sabia, de

una práctica más trabajosa y menos brillante que la del gobierno monárquico, y, por

tanto, menos popular. Casi siempre las formas del gobierno libre han sido tratadas de

aristocráticas por las masas, que han preferido el absolutismo monárquico. De aquí

la especie de círculo vicioso en que giran y girarán aún por largo tiempo los hombres de

progreso. Los republicanos piden libertades y garantías naturalmente con el objeto

de mejorar la suerte de las masas; así que no pueden menos de buscar su apoyo en el

pueblo. Ahora bien, el pueblo es siempre un obstáculo para la libertad, bien porque

desconfíe de las formas democráticas, bien porque le sean indiferentes.

Las formas de la anarquía son indistintamente las de la monarquía o las de la

democracia, según la voluntad de cada individuo y según lo permita el límite de sus

derechos.

Tales son en sus principios y en sus formas los cuatro gobiernos elementales que

concibe a priori el entendimiento humano y están destinados a servir de materiales para

todas las futuras construcciones políticas. Pero, lo repito, esos cuatro tipos, aunque

sugeridos a la vez por la naturaleza de las cosas y el sentimiento de la libertad y del

derecho, no son para realizados en sí mismos ni con todo el rigor de sus leyes. Son

concepciones ideales y fórmulas abstractas que no pueden pasar a realidades,

aunque por ellas se constituyan empírica e intuitivamente todos los gobiernos de hecho.

La realidad es compleja por su propia naturaleza lo simple no sale de la esfera de

lo ideal ni llega a lo concreto. Poseemos en esas fórmulas antitéticas los elementos de

una constitución regular, de la futura constitución del género humano; pero será

necesario que pasen siglos y se desenvuelva ante nuestros ojos toda una serie de

revoluciones antes que del cerebro que ha de concebirla, es decir, del cerebro de la

humanidad se desprenda la fórmula definitiva.

Capítulo IV

TRANSACCIÓN ENTRE LOS DOS PRINCIPIOS:

ORIGEN DE LAS CONTRADICCIONES DE LA POLÍTICA

Puesto que los dos principios en que descansa todo orden social, la autoridad y la

libertad, por una parte son. contrarios entre sí y están en perpetua lucha, y por otra no

pueden ni excluirse ni refundiese en uno, se hace entre ellos de todo punto inevitable

una transacción. Cualquiera que sea el sistema que se haya preferido, el monárquico

o el democrático, el comunista o el anárquico, no durará la institución algún tiempo

como no haya sabido apoyarse más o menos en los elementos de su antagonista.

Se engañaría, por ejemplo, de un modo raro el que imaginase que el régimen de

autoridad con su carácter personal, sus costumbres de familia y su iniciativa absoluta,

pueda satisfacer abandonado a sus solas fuerzas sus propias necesidades. Por poca

extensión que torne el Estado, esa venerable paternidad degenera rápidamente en

impotencia, confusión, desatino y tiranía. El príncipe, no pudiendo atender a todo, debe

necesariamente confiarse a auxiliares que le engañan, le roban, le desacreditan, le

pierden en la opinión de los demás, le suplantan, y por fin le destronan. Ese desorden,

inherente al poder absoluto, la desmoralización que este poder produce, las

catástrofes que sin cesar le amenazan, son la peste de las sociedades y de los Estados.

Así, se puede sentar como regla que el gobierno monárquico es tanto más

benigno, moral, soportable y, por tanto, duradero, si se prescinde en este momento de

las relaciones exteriores, cuanto más modestas son sus dimensiones y más se

acercan a las de la familia; y viceversa, que será tanto más insuficiente, opresor, odioso

para sus súbditos, y por consecuencia menos sólido y duradero, cuanto más

vasto haya llegado a ser el Estado. La historia nos ha conservado el recuerdo, y los

siglos modernos nos han suministrado ejemplos de esas vastas y espantosas

monarquías, monstruos informes, verdaderos mastodontes políticos que una civilización

mejor no puede menos de hacer desaparecer progresivamente. En todos esos

Estados, el absolutismo está en razón directa de la masa y se sostiene por su propio

prestigio; en un Estado pequeño, por el contrario, la tiranía no puede sostenerse un

momento sino por medio de tropas mercenarias; vista de cerca se desvanece. Para

obviar ese vicio de su naturaleza, los gobiernos monárquicos no han podido menos de

aplicarse en mayor o menor medida fas formas de la libertad, principalmente la

separación de los poderes o la división de la soberanía.

El motivo de esta modificación es fácil de comprender. Si un hombre solo apenas basta

para la explotación de una propiedad de cien hectáreas, para la dirección de una

fábrica que tenga ocupados algunos centenares de jornaleros, para la administración de

un pueblo de cinco mil a seis mil habitantes. ¿cómo ha de poder llevar sobre sí el

peso de un imperio de cuarenta millones de hombres? Aquí, pues, la monarquía ha

debido inclinar la frente ante ese doble principio tomado de la economía política:

primero, que nunca se obtiene mayor suma de trabajo ni mayor rendimiento que cuando

el trabajador es libre y obra por su cuenta como empresario y propietario;

segundo, que es tanto mejor la calidad del producto o del servicio cuanto mejor conoce

el productor su especialidad y se consagra a ella exclusivamente. Hay aún otra

razón para que la monarquía tome de la democracia, y es que la riqueza social aumenta

en proporción a lo divididas y trabadas que están entre sí las industrias, lo cual

significa en política que el gobierno será tanto mejor y tanto menos peligroso para el

príncipe cuanto más determinadas y mejor equilibradas estén las diversas funciones:

cosa imposible en el régimen absolutista. He aquí cómo los príncipes han ido, por

decirlo así, a republicanizarse, a fin de prevenir una ruina inevitable: en esos últimos

años nos han dado de esto brillantísimos ejemplos el Piamonte, Austria y Rusia.

Atendida la situación deplorable en que el zar Nicolás había dejado su imperio, el hecho

de haber introducido la distinción de los poderes en el gobierno ruso no es la menor de

las reformas emprendidas por su hijo Alejandro.

En el gobierno democrático se observan hechos análogos, pero inversos.

Por más que se determinen con toda la sagacidad y la previsión posibles los derechos y

deberes de los ciudadanos y las atribuciones de los funcionarios; por mucho que

se prevean los incidentes, las excepciones y las anomalías, deja siempre tanto por prever

aun el hombre de Estado más prudente, que cuanto más legisla, más litigios

surgen. Exige todo esto de los agentes del poder una iniciativa y un arbitraje que sólo

pueden imponerse estando constituidos en autoridad los que hayan de ejercerlo.

Quítese al principio democrático, quítese a la libertad esa sanción suprema, la autoridad,

y el Estado desaparece al momento. Es, con todo, obvio que no estamos ya

entonces en el terreno del libre contrato, a menos que no se sostenga que los ciudadanos

habían convenido previamente que en caso de litigio se someterían a la decisión

de uno de ellos, magistrado designado de antemano. ¿Y qué es esto más que renunciar

al principio democrático y entrar en el terreno de la monarquía?

Multiplique la democracia cuanto quiera con sus funcionarios las garantías legales y los

medios de vigilancia; llene de formalidades los actos de sus agentes; llame sin

cesar a los ciudadanos a que elijan, a que discutan, a que voten; que quiera que no, sus

funcionarios son hombre de autoridad, palabra ya admitida; y si entre ellos hay

alguno o algunos que estén encargados de la dirección general de los negocios, ese jefe,

individual o colectivo, del gobierno es, como le ha llamado el mismo Rousseau,

un príncipe, a quien falta una nonada para que sea un rey.

Se pueden hacer observaciones análogas sobre el comunismo y la anarquía. No hubo

jamás una república comunista perfecta; y es poco probable que, por alto que sea el

grado de civilización, de moralidad y de sabiduría a que se eleve el género humano,

desaparezca de él todo vestigio de autoridad y de gobierno. Pero mientras que el

comunismo es el sueño de la mayor parte de los socialistas, la anarquía es el ideal de la

escuela económica, que tiende abierta y decididamente a suprimir todo

establecimiento gubernativo, y a constituir la sociedad sobre las bases de la propiedad y

del trabajo libres.

No daré más ejemplos. Lo que acabo de decir basta para demostrar la verdad de mi

proposición, es a saber: que no pudiendo realizarse en toda la pureza de .su ideal ni

la monarquía, ni la democracia, ni el comunismo, ni la anarquía, están condenadas a

completarse prestándose la una a la otra sus diversos elementos.

Hay, a la verdad, en esto con qué humillar la intolerancia de los fanáticos, que no

pueden oír hablar de una opinión contraria a la suya sin hasta cierto punto horripilarse.

Sepan esos desgraciados que empiezan ellos mismos por ser necesariamente infieles a

su principio, y es toda su fe política un tejido de inconsecuencias; y ¡ojalá que el

poder por su parte deje de ver pensamientos facciosos en la discusión de los diferentes

sistemas de gobierno! Luego que haya entrado el convencimiento de que esos

términos de monarquía, democracia, etc., no expresan sino concepciones teóricas, muy

distantes de las instituciones que parecen realizarlas, ni el realista perderá su

calma al oír las palabras contrato social, soberanía del pueblo, sufragio universal, etc., ni

el demócrata dejará de oír tranquilo y con la sonrisa en los labios al que hable de

dinastía, de poder absoluto o de derecho divino. No hay verdadera monarquía, no hay

verdadera democracia. La monarquía es la forma primitiva, fisiológica y, por decirlo

así, patronímico del Estado: vive en el corazón de las masas y se manifiesta con fuerza

por la tendencia general a la unidad. La democracia bulle a su vez por todas

partes: fascina las almas generosas y se apodera en todos los pueblos de la flor de la

sociedad. Pero exige ya la dignidad de nuestra época que renunciemos por fin a

esas ilusiones que sobradas veces degeneran en mentiras. Hay contradicciones en el

fondo de todos los programas. Los tribunos populares juran sin advertirlo por la

monarquía; los reyes, por la democracia y la anarquía. Después de la coronación de

Napoleón I, leíanse durante algún tiempo las palabras República francesa en una de

las caras de las monedas, que llevaban en la otra la efigie de Napoleón con el título de

Emperador de los franceses. Luis Felipe fue designado por Lafayette como la mejor

de las repúblicas. ¿No se le dio después también el sobrenombre de Rey de los

propietarios? Garibaldi ha prestado a Víctor Manuel el mismo servicio que Lafayette a

Luis

Felipe. Es verdad que más tarde ha parecido que se arrepentían de haberlo hecho

Lafayette y Garibaldi; mas no por esto debe dejarse de consignar que lo hicieron, sobre

todo, cuando toda retractación había de ser ilusoria. No hay un demócrata que pueda

decir de sí que está puro de todo monarquismo, ni un partidario de la monarquía que

pueda lisonjearse de estar exento de todo republicanismo. Queda sentado que no

habiéndole repugnado a la democracia ni la idea dinástica ni la unitaria, lejos de tener

los partidarios de ambos sistemas el derecho de excomulgarse, tienen el deber de ser el

uno para con el tolerantes.

¿Qué es rota la política, si es imposible que una sociedad se constituya exclusivamente

sobre el principio a que dé su preferencia, si, por más que haga el legislador, el

gobierno, acá reputado monárquico, allá democrático, no deja de ser jamás una indecisa

mezcla donde están combinados elementos los más contrapuestos en

proporciones arbitrarias, determinadas sólo por caprichos e intereses; donde las

definiciones más exactas conducen fatalmente a la confusión y a la promiscuidad; donde

son por consecuencia admisibles todas las conversiones y todas las defecciones, y puede

pasar por honrosa hasta la misma volubilidad? ¡Qué campo abierto al

charlatanismo, a la traición, a la intriga! ¿Qué Estado ha de poder subsistir bajo

condiciones tan disolventes? No bien está constituido, cuando lleva ya en la

contradicción

de su misma idea, su principio de muerte. ¡Extraña creación ésta, donde la lógica es

impotente y sólo parece práctica y racional la inconsecuencia!

Capítulo V

GOBIERNOS DE HECHO: DISOLUCIÓN SOCIAL

Siendo la monarquía y la democracia, únicas de que me ocuparé en adelante, dos ideales

que suministra la teoría, pero que son irrealizables en el rigor de sus términos,

ha sido indispensable, como acabo de decir, resignarse en la práctica a transacciones de

todos géneros: de esas transacciones obligadas han nacido todos los gobiernos

de hecho. Obra estos del empirismo y variables a lo infinito, son esencialmente y sin

excepción gobiernos compuestos o mixtos.

Observaré a este propósito que los publicistas se han engañado e introducido en la

política un elemento tan falso como peligroso, cuando por no distinguir la práctica de la

teoría, lo real de lo ideal, han puesto en la misma línea los gobiernos de mera

concepción, irrealizables en toda su sencillez, y los gobiernos mixtos o de hecho. La

verdad

es, repito, que no existen ni pueden existir sino en teoría los gobiernos de la primera

especie: todo gobierno de hecho es necesariamente mixto, llámesele, no importa

cómo, monarquía o democracia. Esta observación es importante: sólo ella nos permite

reducir a un error de dialéctica las innumerables decepciones, corrupciones y

revoluciones de la política.

Todas las variedades de gobierno de hecho; en otros términos, todas las transacciones

gubernativas ensayadas o propuestas desde los tiempos más antiguos hasta

nuestros días, están reducidas a dos especies principales que llamaré, valiéndome de los

nombres hoy en boga, imperio y monarquía constitucional. Esto necesita

explicación.

Habiendo sido desde un principio la guerra y la desigualdad de fortunas la condición de

los pueblos, la sociedad se divide naturalmente en cierto número de clases:

guerreros o nobles, sacerdotes, propietarios, mercaderes, navegantes, industriales,

labradores. Donde hay reyes, forma casta aparte, es la primera de todas, la dinastía.

La lucha de las clases entre sí, el antagonismo de sus intereses, la manera como estos se

coligan, determinan el régimen político, y, por consiguiente, la elección de

gobierno, sus innumerables especies y sus todavía más innumerables variedades. Poco a

poco todas estas clases se refunden en dos: una superior aristocracia,

burguesía o patriciado; y otra inferior, plebe o proletariado, entre las cuales flota la

realeza, expresión de la autoridad, órgano del Poder público. Si la aristocracia se une a

la realeza, el gobierno que de ahí resulte será una monarquía moderada, actualmente

llamada constitucional; si el que se coliga con la autoridad es el pueblo, el gobierno

será un imperio o democracia autocrática. La teocracia de la Edad Media era un pacto

entre el sacerdocio y el imperio; el Califato, una monarquía a la vez militar y

religiosa. En Tiro, en Sidón, en Cartago, apoyáronse los reyes en la clase de los

comerciantes hasta el momento en que se adueñaron estos del poder. En Roma, según

parece, los reyes tuvieron en un principio a raya a patricios y a plebeyos: coligáronse

luego las dos clases contra la corona, y abolida la monarquía, tomó el Estado el

nombre de república. Quedó, sin embargo, preponderante el patriciado. Mas esta

constitución aristocrática fue tan borrascosa como la democracia de Atenas: vivió el

gobierno de expedientes, y al paso que la democracia ateniense sucumbió al primer

choque en la guerra del Peloponeso, la república romana, gracias a la necesidad en

que se encontró el Senado de ocupar al pueblo, dio por resultado la conquista del

mundo. Pacificado el orbe, vino la guerra civil con todos sus estragos, y se enconó y

prolongó hasta tal punto, que la plebe, para concluirla, se dio un jefe, destruyó

patriciado y república y creó el imperio.

Suele causar admiración que los gobiernos fundados bajo los auspicios de una burguesía

o de un patriciado, de acuerdo con una dinastía, sean generalmente más

liberales que los fundados por las muchedumbres bajo el patronato de un dictador o de

un tribuno. El hecho debe parecer, en efecto, tanto más sorprendente cuanto que

en el fondo la plebe está más interesada en favor de la libertad que la burguesía, y en

realidad tiende más a establecerla. Pero esta contradicción, escollo de la política,

viene explicada por la situación de los partidos, situación que en el caso de una victoria

obtenida por el pueblo hace raciocinar y obrar a la plebe como autocrática, y en el

caso de que llegue a prevalecer la burguesía, la hace raciocinar y obrar como

republicana. Volvamos al dualismo fundamental, autoridad y libertad, y lo

comprenderemos

al momento.

De la divergencia de estos dos principios nacen primordialmente, bajo la influencia de

las pasiones y de los intereses contrarios, dos diversas tendencias, dos corrientes

de opiniones opuestas. Sucede esto a causa de que los partidarios de la autoridad tienden

a dejar a la libertad, ya individual, ya local o corporativa, el menor lugar posible,

y a explotar partiendo de ahí el poder, en su propio provecho y en detrimento de la

muchedumbre; y, por el contrario, los partidarios del régimen liberal tienden a restringir

indefinidamente la autoridad, y a vencer a la aristocracia por medio de la incesante

determinación de las funciones públicas, de los actos del poder y de sus formas. Por

efecto de su posición, por lo humilde de su fortuna, el pueblo busca en el gobierno la

libertad y la igualdad; por una razón contraria, el patriciado, propietario, capitalista,

empresario, se inclina más a una monarquía que proteja las grandes personalidades, sea

capaz de asegurar en provecho suyo el orden y dé, por consiguiente, más

campo a la autoridad que a la libertad política.

Todos los gobiernos de hecho, cualesquiera que sean sus motivos o reservas, se reducen

a una de estas dos fórmulas: Subordinación de la autoridad a la libertad, o

subordinación de la libertad a la autoridad.

La misma causa, empero, que levanta una contra otra la burguesía y la plebe, hace

pronto dar media vuelta a entrambas. La democracia, tanto por asegurar su triunfo

como porque ignora las condiciones del poder y es incapaz de ejercerlo, se da un jefe

absoluto ante cuya autoridad desaparezca todo privilegio de casta; la burguesía, que

teme el despotismo tanto como a la anarquía, prefiere consolidar su posición

estableciendo una monarquía constitucional; de modo que al fin y al cabo, el partido que

más

necesita de libertad y orden legal crea el absolutismo, y el del privilegio establece el

gobierno liberal, dándole por sanción las restricciones del derecho político.

Vese por ahí que, hecha abstracción de las consideraciones económicas que dominan el

debate, son cosas equivalentes burguesía y democracia, imperialismo y

constitucionalismo y los demás gobiernos antagonistas, cualquiera que sea el nombre

que se les atribuya; que desde el punto de vista del derecho y de los principios, son

pueriles por demás cuestiones como las siguientes: si no valía más el régimen de 1814

que el de 1804; si no sería más ventajoso para el país dejar la constitución de

1852 y volver a la de 1830; si debería el partido republicano refundiese en el orleanista

o unirse al imperio. Pueriles digo porque, atendidos los datos que conocemos, no

vale un gobierno sino por los hechos que lo han traído y los hombres que le representan,

y toda discusión teórica que sobre este punto se entable es vana y no puede

menos de conducir a aberraciones.

Las contradicciones de la política, los cambios de frente de los partidos, la perpetua

mudanza de los papeles son en la historia tan frecuentes y tienen una tan gran parte

en los negocios humanos, que no puedo dejar de insistir en ellos. El dualismo de la

autoridad y la libertad nos da la clave de esos enigmas: sin esta explicación

primordial, la historia de los Estados sería la desesperación de las conciencias y del

escándalo de la filosofía.

La aristocracia inglesa hizo la Carta Magna; los puritanos produjeron a Cromwell. En

Francia, la burguesía ha sentado las imperecederas bases de todas nuestras

constituciones liberales. En Roma, el patriarcado había organizado la república; la plebe

creó los Césares y los pretorianos. En el siglo XVI, la Reforma es por lo pronto

aristocrática; la masa permanece católica o se da Mesías a la manera de Juan de Leyden;

sucede lo contrario de lo que se había visto cuatro siglos antes, en que los

nobles quemaban a los albigenses. ¡Qué de veces -esta observación es de Ferrari-, qué,

de veces no ha visto la Edad Media a los gibelinos transformados en güelfos y a

los güelfos en gibelinos! En 1813 Francia pelea por el despotismo, la coalición por la

libertad, precisamente lo contrario de lo que en 1792 había sucedido. Hoy los

legitimistas y los clericales sostienen la idea de la federación; los demócratas son

unitarios. No acabaría de citar ejemplos de este género. Esto, con todo, no impide

distinguir las ideas, los hombres y las cosas por sus tendencias naturales y sus orígenes;

esto no hace que los negros no sean los negros, y los blancos siempre los

blancos.

El pueblo, por su misma inferioridad y su constante estado de apuro, formará siempre el

ejército de la libertad y del progreso: el trabajo es por naturaleza republicano; lo

contrario implicaría contradicciones. Pero a causa de su ignorancia, del carácter

primitivo de sus instintos, de la violencia de sus necesidades, de la impaciencia de sus

deseos, el pueblo se inclina a las formas sumarias de la autoridad. No busca garantías

legales -no tiene idea de ellas y no concibe el poder que tienen; tampoco una

combinación de mecanismos ni un equilibrio de fuerzas-, para sí mismo no las necesita;

busca, sí, un jefe cuya palabra le inspire confianza, cuyas intenciones le sean

conocidas, cuyas fuerzas todas se consagren a sus intereses. Da a este jefe una autoridad

sin límites, un poder irresistible. Mira como justo lo que cree ser útil, en

atención a que es pueblo y se burla de las formalidades; no hace caso alguno de las

condiciones impuestas a los depositarios del Poder público. Predispuesto a la

sospecha y a la calumnia, pero incapaz de toda discusión metódica, no cree en definitiva

sino en la voluntad humana, no espera sino del hombre, no tiene confianza sino

en sus criaturas, in principibus, in filiis hominum. No espera nada de los principios,

únicos que pueden salvarle; no tiene la religión de las ideas.

Así la plebe romana, después de setecientos años de un régimen progresivamente liberal

y de una serie de victorias alcanzadas sobre los patricios, creyó atajar las

dificultades todas anonadando al partido de autoridad, y a fuerza de exagerar el poder

tribunicio dio a César la dictadura perpetua, impuso silencio al Senado, cerró los

comicios, y por una fanega de trigo, annona fundó la autoridad imperial. Lo más curioso

es que esta democracia estaba sinceramente convencida de su liberalismo, y se

lisonjeaba de representar el derecho, la igualdad y el progreso. Los soldados de César,

idólatras de su emperador, rebosaban de odio y desprecio por los reyes; y es bien

seguro que si los asesinos del tirano no fueron inmolados al pie de su víctima, fue

porque la víspera se había visto a César ensayando sobre su calva frente la diadema.

Así los compañeros de Napoleón I, que habían salido del club de los jacobinos, a pesar

de ser enemigos de los nobles, los sacerdotes y los reyes, encontraban lo más

sencillo del mundo atiborrarse de títulos de barones, de duques, de príncipes, y hacer la

corte a su ídolo; lo que no le perdonaron fue haber tomado por mujer a una

princesa de Habsburgo.

Entregada a sí misma o conducida por sus tribunos, la multitud no fundó jamás nada.

Tiene la cabeza trastornada: no llega a formar nunca tradiciones, no está dotada de

espíritu lógico, no llega a idea alguna que adquiera fuerza de ley, no comprende de la

política sino la intriga, del gobierno sino las prodigalidades y la fuerza, de la justicia

sino la vindicta pública, de, la libertad sino el derecho de erigirse ídolos que al otro día

demuele. El advenimiento de la democracia abre una era de retroceso que

conduciría la nación y el Estado a la muerte, si éstos no se salvasen de la fatalidad que

los amenaza por una revolución en sentido inverso, que conviene ahora que

apreciemos.

La plebe, como vive al día, sin propiedad, sin empresas, apartada de los empleos

públicos, está al abrigo y se inquieta poco de los peligros de la tiranía. La burguesía, por

el contrario, como posee, comercia y fabrica, y codicia además la tierra y los pingües

sueldos, está interesada en prevenir las catástrofes y asegurarse la devoción del

poder. La necesidad de orden la lleva a las ideas liberales: de aquí las constituciones que

impone a los reyes. Al mismo tiempo que encierra al gobierno en un círculo de

formas legales de su elección y le sujeta al voto de un parlamento, deroga el sufragio

universal y restringe el derecho político a una categoría de censatarios, pero

guardándose bien de tocar la centralización administrativa, estribo del feudalismo

industrial. Si la división de poderes le es útil para contrarrestar la influencia de la corona

y desconcertar la política personal del príncipe; sí por otra parte le sirve igualmente el

privilegio electoral contra las aspiraciones populares, no le es menos preciosa la

centralización, en primer lugar, por los empleos que hace necesarios y proporcionan a la

burguesía participación en el poder y el impuesto y luego por lo que facilita la

pacífica explotación de las masas, Bajo un régimen de centralización administrativa y

de sufragio restringido, donde al paso que la burguesía queda, por su sistema de

mayorías, dueña del gobierno, toda vida local está sacrificada y toda agitación

fácilmente comprimida; bajo un régimen tal, digo, la clase trabajadora, acuartelada en

sus

talleres, está condenada a vivir de un salario. Existe la libertad, pero sólo en la sociedad

burguesa, cosmopolita como sus capitales; la multitud ha hecho dimisión no sólo

ya en lo político, sino también en lo económico.

¿Será necesario añadir que la supresión o la conservación de una dinastía no alteraría en

nada el sistema? Una república unitaria y una monarquía constitucional son lo

mismo: no hay en aquélla sino el cambio de una palabra y un funcionario menos.

Pero si es de poca duración el absolutismo democrático, no lo es menos el

constitucionalismo de la burguesía. El primero era retrógrado, no tenía freno, carecía de

principios, despreciaba el derecho, hostilizaba la libertad, destruía toda seguridad y toda

confianza. El sistema constitucional, con sus formas legales, su espíritu jurídico,

su carácter poco expansivo, sus solemnidades parlamentarias, se presenta claramente al

fin y al cabo como un vasto sistema de explotación y de intriga, donde la política

corre parejas con el agiotaje, donde la contribución no es más que la lista civil de una

casta, y el poder monopolizado el auxiliar del monopolio. El pueblo tiene el

sentimiento vago de ese inmenso despojo: las garantías constitucionales le interesan

poco. Principalmente en 1815 dio de ello muestras queriendo más a su emperador, a

pesar de sus infidelidades, que a sus reyes legítimos, a pesar de su liberalismo.

El mal éxito que alternada y repetidamente tienen la democracia imperial y el

constitucionalismo burgués da por resultado la creación de un tercer partido que,

enarbolando la bandera del escepticismo, no jurando sostener jamás ningún principio, y

siendo esencial y sistemáticamente inmoral, tiende- a reinar, como suele decirse,

por el sistema de tira y afloja, es decir, arruinando toda autoridad y toda libertad; en una

palabra, corrompiendo. Esto es lo que se ha llamado sistema doctrinario. No hace

este sistema fortuna con menos rapidez que los otros. Acógesele en un principio por el

odio y la execración que se siente contra los partidos antiguos: sostiénele luego el

desaliento cada vez mayor de los pueblos; justifícale en cierto modo el espectáculo de la

contradicción universal. Constituye a poco el dogma secreto del poder, que no

podrá jamás hacer públicamente profesión de escepticismo, por impedírselo su pudor y

su decoro: es desde luego el dogma declarado de la burguesía y del pueblo, que,

como no están detenidos por ninguna clase de consideraciones, dejan aparecer a la luz

del día su indiferencia, y hasta hacen de ella un vano alarde. Perdidas entonces la

autoridad y la libertad en las almas, consideradas la justicia y la razón como palabras sin

sentido, la sociedad está disuelta, la nación abajo. No subsiste ya más que

materia y fuerza bruta; no tardará, so pena de muerte moral, en estallar una revolución.

¿Qué saldrá de ella? Ahí está la historia para contestarnos: los ejemplos abundan,

se cuentan por millares. Al sistema condenado sucederá, gracias al movimiento de las

generaciones, de suyo olvidadizas, pero sin cesar rejuvenecidas, una nueva

transacción que seguirá la misma carrera, y gastada y deshonrada a su vez por las

contradicciones de su propia idea, vendrá a tener el mismo término. Y esto continuará

mientras la razón general no haya descubierto el medio de dominar los nos principios y

equilibrar la sociedad, llegando a regularizar hasta sus antagonismos.

Capítulo VI

POSICIÓN DEL PROBLEMA POLÍTICO.

PRINCIPIO DE SOLUCIÓN

Si el lector ha seguido algo cuidadosamente la exposición que acabo de hacer, no podrá

menos de ver en la sociedad humana una creación fantástica llena de asombros

y misterios. Recordemos en breves palabras las diferentes lecciones que hemos

recogido:

a) El orden político descansa en dos principios conexos, opuestos e irreductibles: la

autoridad y la libertad.

b) De esos dos principios se deducen paralelamente dos regímenes contrarios:, el

régimen absolutista y el régimen liberal.

c) Esos dos regímenes son tan diferentes, incompatibles e irreconciliables por sus

formas como por su naturaleza; los hemos definido en dos palabras: indivisión,

separación.

d) Ahora bien: la razón indica que toda teoría debe desenvolverse conforme a su

principio, y toda existencia realizarse según su ley: la lógica les la condición, tanto de la

vida como del pensamiento. En política sucede justamente lo contrario: ni la autoridad

ni la libertad pueden constituirse aparte, ni dar origen a un sistema que les sea

exclusivamente propio: lejos de esto, se hallan condenadas en sus respectivos triunfos a

hacerse perpetuas y mutuas concesiones.

e) Síguese de aquí que no siendo posible en política ser fiel a los principios sino en el

terreno teórico, y habiéndose de llegar en la práctica a transacciones de todos

géneros, el gobierno está, en último análisis, reducido, a pesar de la mejor voluntad de

toda la virtud del mundo, a una creación híbrida y equívoca, a una promiscuidad de

regímenes, rechazada por la severa lógica, ante la cual no puede menos de retroceder la

buena fe. No se salva de esta contradicción ningún gobierno.

f) Conclusión: entrando fatalmente la arbitrariedad en la política, la corrupción llega a

ser pronto el alma del poder, y la sociedad marcha arrastrada sin tregua ni descanso

por la pendiente sin fin de las revoluciones.

Tal es el estado del mundo. No es efecto ni de una malicia satánica, ni de una

imperfección de nuestra naturaleza, ni de una condenación providencial, ni de un

capricho

de la fortuna o de una sentencia del destino. No hay que darle vueltas; así son las cosas.

A nosotros nos toca ahora ver de sacar de esa singular situación el mejor partido.

Consideremos que hace más de ocho mil años -no van más allá los recuerdos de la

historia- todas las especies de gobierno, todas las combinaciones políticas y

sociales, han sido sucesivamente ensayadas, abandonadas, tomadas de nuevo,

modificadas, desfiguradas, agotadas, y que el mal éxito ha venido constantemente a

recompensar el celo de los reformadores y a burlar las esperanzas de los pueblos. La

bandera de la libertad ha servido siempre de abrigo al despotismo; las clases

privilegiadas se han rodeado siempre, en interés de sus mismos privilegios, de

instituciones liberales e igualitarias; los partidos han faltado siempre a sus programas; y

los

Estados, reemplazada siempre la fe por la indiferencia, el espíritu cívico por la

corrupción, han perecido por el desarrollo de las mismas nociones en que habían sido

fundados. Las razas más vigorosas e inteligentes han consumido en ese trabajo sus

fuerzas: la historia está llena de sus luchas.

Alguna que otra vez, gracias a una serie de triunfos que han permitido ilusiones sobre la

fuerza del Estado, se ha podido creer en la excelencia de una constitución o en la

sabiduría de un gobierno, que no existían. Pero restablecida la paz, los vicios del

sistema han saltado a los ojos, y los pueblos han ido a descansar en las luchas civiles

de las fatigas de la guerra extranjera. La humanidad ha ido así de revolución en

revolución; no por otro medio se han sostenido ni aún las naciones más célebres, ni aún

las que más han durado.

Entre todos los gobiernos conocidos y practicados hasta el día, no hay uno que hubiese

podido vivir lo que vive un hombre, si se le hubiese condenado a subsistir por su

virtud propia. Y, ¡cosa extraña!, los jefes de las naciones y sus ministros son, de todos

los hombres, los que menos creen en la duración del sistema que representan;

ínterin no llegue el reinado de la ciencia, los gobiernos están sostenidos por la fe de las

masas. Los griegos y los romanos, que nos han legado sus instituciones con sus

ejemplos, al llegar al Punto más interesante de su evolución desesperaron y se

hundieron; y la sociedad moderna parece haber llegado a su vez a esa hora suprema. No

confiéis en las palabras de esos agitadores que gritan: «¡Libertad, igualdad,

nacionalidad!» No saben nada; son muertos que tienen la pretensión de resucitar a otros

muertos. El público los escucha un instante, como hace con los bufones y los

charlatanes; luego pasa con la razón vacía y desolado el corazón.

Una señal cierta de que nuestra disolución está próxima y va a abrirse una nueva era es

que la confusión del lenguaje y de las ideas ha llegado a tal punto, que el primer

recién venido puede llamarse a su antojo republicano, monárquico, demócrata, burgués

conservador, liberal, bien sucesivamente, o todo a la vez, sin temor a que nadie le

acredite de impostor ni de iluso. Los príncipes y los barones del primer imperio habían

dado hartas pruebas de sansculotísmo. La burguesía de 1814, repleta de bienes

nacionales, única cosa que había comprendido de las instituciones del 89, era liberal y

hasta revolucionaria; 1830 la volvió conservadora, y 1848 la ha hecho reaccionaria,

católica, y más que nunca monárquica. Actualmente los republicanos de febrero

trabajan por la monarquía de Víctor Manuel, y los socialistas de junio se declaran

unitarios. Antiguos amigos de Ledru-Rollin se adhieren al imperio, considerándolo

como la verdadera expresión revolucionaria y como la más paternal forma de gobierno.

Verdad es que otros los acusan de estar vendidos, pero desatándose a su vez con furor

contra el federalismo. Esto no es ya más ni menos que el desorden sistemático,

la confusión organizada, la apostasía permanente, la traición universal.

Se trata de saber si la sociedad puede llegar a algo regular, equitativo y estable que

satisfaga la razón y la conciencia, o si estamos condenados por toda una eternidad a

esta rueda de Ixión. ¿Es el problema irresoluble? Un poco de paciencia, lector: si no te

hago pronto salir del embrollo, tendrás derecho a decir que la lógica es falsa, el

progreso una añagaza, la libertad una utopía. Dígnate tan sólo raciocinar conmigo unos

minutos, por más que en negocios semejantes raciocinar sea correr el riesgo de

engañarse a sí mismo y perder con su razón su tiempo y su trabajo.

1. Conviene por de pronto observar que la historia nos presenta, en sucesión lógica y

cronológica, los dos principios autoridad y libertad, de los que procede todo el mal de

que nos lamentamos. La autoridad, como la familia, como el padre, genitor, es la

primera que aparece: toma desde luego la iniciativa, es la afirmación. Viene después la

libertad razonadora, es decir, la crítica, la protesta, la determinación. Resulta este orden

sucesivo de la definición misma de las ideas y de la naturaleza de las cosas: nos

lo atestigua la historia toda. No hay aquí inversión posible; no hay el menor vestigio de

arbitrariedad.

2. No es menos importante observar que el régimen autoritario, paternal y monárquico

se aleja tanto más de su ideal cuanto más numerosa es la familia, tribu o pueblo, y

cuanto más crece el Estado en población y territorio; de suerte que cuanto más extensión

toma la autoridad, tanto más intolerable se hace. De aquí nacen las

concesiones que se ve obligado a hacer a la libertad, su antagonista. Por el contrario, el

régimen de la libertad se acerca tanto más a su ideal y tiene tantas más

probabilidades de buen éxito, cuanto más aumenta en población y territorio el Estado,

cuanto más se multiplican las relaciones cuanto más terreno va ganando la ciencia.

Pídese al principio en todas partes una constitución, y se pedirá más tarde la

descentralización. Espérese un momento y se verá surgir la idea de la federación. De

suerte

que puede decirse de la libertad y de la autoridad lo que de sí y de Jesús decía Juan

Bautista: Illam oportet crescere, hanc autem minui.

Ese doble movimiento, el uno de retrogresión, el otro de progreso, que se resuelve en un

solo fenómeno, resulta igualmente de la definición de los principios, de su

posición relativa y del papel que los dos juegan; en esto no hay aún equívoco posible ni

lugar alguno para lo arbitrario. El hecho es de evidencia objetiva y de certidumbre

matemática; es lo que llamaremos una LEY.

3. La consecuencia de esta ley, que cabe llamar necesaria, se halla en sí misma. Consiste

en que siendo el principio de autoridad el que primeramente aparece, y

sirviendo de materia elaborable a la libertad, a la razón y al derecho, queda poco a poco

subordinada por el principio liberal, racionalista y jurídico. El jefe del Estado, que

empieza por ser inviolable, irresponsable, absoluto, como el padre de familia, pasa a ser

justiciable ante la razón, es luego el primer súbdito de la ley y termina al fin por

ser un mero agente, un instrumento, un servidor de la libertad misma.

Esta tercera proposición es tan cierta como las dos primeras, está también al abrigo de

toda contradicción y todo equívoco, y viene altamente atestiguada por la historia.

En la eterna lucha de los dos principios, la Revolución francesa, lo mismo que la

Reforma, se presenta como una era diacrítica. Marca en el orden político el momento en

que la libertad ha tomado oficialmente la delantera a la autoridad, del mismo modo que

la Reforma había marcado en el orden religioso el momento en que sobre la fe

había prevalecido el libre examen. Desde los tiempos de Lutero, la fe se ha hecho en

todas partes razonadora: la ortodoxia, como la herejía, han querido llevarnos, por

medio de la razón, a la creencia; el precepto de San Pablo: rationabile sit obsequium

vestrum (sea razonada o racional vuestra obediencia), ha sido ampliamente

comentado y puesto en práctica. Roma se ha puesto a discutir como Ginebra; la religión

ha tendido a convertirse en ciencia; la sumisión a la Iglesia ha aparecido rodeada

de tantas condiciones y reservas que, salvo la diferencia en los artículos de fe, no ha

habido ya diferencia entre el cristiano y el incrédulo. Todo está en que son de

distintas opiniones; fuera de esto, pensamiento, razón, conciencia, siguen en ambos la

misma marcha. Una cosa semejante ha sucedido en lo político después de la

Revolución francesa. Ha menguado el respeto a la autoridad; no se ha deferido sino

condicionalmente a las órdenes del príncipe; se ha exigido del soberano reciprocidad,

garantías; ha cambiado el temperamento político; los más fervorosos realistas, a la

manera de los barones de Juan Sin Tierra, han querido una constitución, una carta; y

hombres como Berryer, de Fafloux, de Montalembert, etc., pueden llamarse hoy tan

liberales como nuestros demócratas. Chateaubriand, el bardo de la Restauración, se

vanagloriaba de ser filósofo y republicano; no se había constituido en defensor del altar

y del trono sino por un acto de su libre albedrío. Se sabe a lo que vino a parar el

violento catolicismo de Lamennais.

Así, mientras que la autoridad, de cada día más precaria, está en peligro, el derecho se

precisa, y la libertad, a pesar dé ser siempre sospechosa, adquiere más realidad y

fuerza. Resiste el absolutismo lo mejor que puede, pero al fin abandona el campo; la

REPUBLICA parece, por el contrario, irse acercando, a pesar de estar

constantemente combatida, afrentada, vencida, proscrita. ¿Qué partido podemos sacar

de este hecho capital para la constitución del gobierno?

Capítulo VII

NACIMIENTO DE LA IDEA DE FEDERACIÓN

Puesto que en el terreno de la teoría y el de la historia, la autoridad y la libertad se

suceden como por una especie de polarización;

Puesto que la primera declina insensiblemente y se retira, al paso que la segunda crece y

se presenta;

Puesto que de esa doble marcha resulta una especie de subordinación, por la cual la

autoridad va de día en día quedando sometida al derecho de la libertad;

Puesto que, en otros términos, el régimen liberal o consensual prevalece cada vez más

sobre el régimen autoritario, debemos fijarnos en la idea de contrato, como la más

dominante de la política.

¿Qué se entiende, en primer lugar, por contrato?

El contrato, dice el Código Civil en su artículo 1.101, es un convenio por el cual una o

muchas personas se obligan para con otra y otras a hacer o dejar de hacer alguna cosa.

Art. 1.102. Es sinalagmático o bilateral cuando los contratantes se obligan

recíprocamente los unos para con los otros.

Art. 1.103. Es unilateral cuando una o muchas personas quedan obligadas para con otra

u otras, sin que estas por su parte lo queden.

Art. 1.104. Es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer algo

que se considera equivalente a lo que se le da o a lo que por ella se hace. Cuando este

equivalente consiste en las

probabilidades de ganancia o pérdida que puede haber para cada una de las partes en la

realización de un suceso incierto, el contrato es aleatorio.

Art. 1.105. El contrato de beneficencia es aquel en que una de las partes proporciona a

la otra un beneficio puramente gratuito.

Art. 1.106. Es contrato a título oneroso el que sujeta a cada una de las partes a dar o

hacer algo.

Art. 1.371. Se da el nombre de cuasi-contratos a los hechos voluntarios del hombre, de

los que resulta una obligación cualquiera para con una tercera persona, y a veces una

obligación recíproca entre ambas

partes.

A estas distinciones y definiciones del Código, relativas a la forma y a las condiciones

de los contratos, añadiré yo una concerniente a su objeto.

Los contratos son domésticos, civiles, comerciales o políticos, según la naturaleza de las

cosas sobre que versan y el objeto con que se los celebra.

Vamos a ocuparnos de la última especie de contrato, del contrato político.

La noción de contrato no es enteramente ajena del régimen monárquico, como no lo es

tampoco de la paternidad ni de la familia. Mas por lo que llevamos dicho acerca de

los principios de autoridad y de libertad, y del papel que desempeñan en la formación de

los gobiernos, es fácil comprender que esos principios no intervienen del mismo

modo en el otorgamiento del contrato político; que así, la obligación que une al monarca

con sus súbditos, obligación no escrita, sino espontánea, que resulta del espíritu

de familia y de la calidad de las personas, es una obligación unilateral, puesto que en

virtud del principio de obediencia, está obligado a más el súbdito para con el príncipe

que el príncipe para con el súbdito. De una manera expresa dice la teoría del derecho

divino que sólo ante Dios es responsable el monarca. Puede hasta suceder que el

contrato entre príncipe y súbdito degenere en un contrato de mera beneficencia, cuando

por ineptitud o idolatría de los ciudadanos se solicite del príncipe que se apodere

de la autoridad y se encargue de sus súbditos, inhábiles para gobernarse y defenderse,

como se encarga un pastor de su rebaño. Peor sucede aún donde está admitido el

principio hereditario. Un conspirador como el duque de Orleans, que fue más tarde Luis

XII; un parricida como Luis XI; una adúltera como María Estuardo, conservan, a

pesar de sus crímenes, sus derechos eventuales a la corona. Inviolables desde que nacen,

puede decirse que existe entre ellos y los fieles súbditos del príncipe a quien

han de suceder un cuasi-contrato. En dos palabras: el contrato no es bilateral en el

régimen monárquico, por la misma razón que la autoridad es en él la preponderante.

El contrato político no adquiere toda su dignidad y moralidad sino bajo la condición:

1.º, de ser sinalagmático y conmutativo; 2.º, de estar encerrado, en cuanto a su

objeto, dentro de ciertos límites, condiciones ambas que se supone que existen bajo el

régimen democrático, pero que aun en este régimen no son las más de las veces

sino ficticias. ¿Puede acaso decirse que en una democracia representativa y

centralizadora, en una monarquía constitucional y censataria, mucho menos en una

república

comunista como la de Platón, sea igual y recíproco el contrato político que une al

individuo con el Estado? ¿Puede decirse que ese contrato, que toma a los ciudadanos

la mitad o las dos terceras partes de su soberanía y la cuarta de sus productos, esté

encerrado dentro de justos. límites? ¿No sería más verdadero decir, cosa que la

experiencia sobradas veces confirma, que en todos esos sistemas es el contrato

exorbitante, oneroso, puesto que carece de compensación para una más o menos

considerable parte de ciudadanos, y aleatorio, puesto que el beneficio prometido, ya de

suyo insuficiente, dista de estar asegurado?

Para que el contrato político llene la condición de sinalagmático y conmutativo que

lleva consigo la idea de democracia; para que encerrado dentro de prudentes límites

sea para todos ventajoso y cómodo, es indispensable que el ciudadano, al entrar en la

asociación: 1.º, pueda recibir del Estado tanto como le sacrifica; 2.º, conserve toda

su libertad, toda su soberanía y toda su iniciativa en todo lo que no se refiere al objeto

especial para que se ha celebrado el contrato y se busca la garantía del Estado.

Arreglado y comprendido así el contrato político, es lo que yo Ramo una federación.

FEDERACIÓN, del latín foeedus, genitivo foederis, es decir, pacto, contrato, tratado,

convención, alianza, etc., es un convenio por el cual uno o muchos jefes de familia,

uno o muchos municipios, uno o muchos grupos de pueblos o Estados, se obligan

recíproca e igualmente los unos para con los otros, con el fin de llenar uno o muchos

objetos particulares que desde entonces pesan sobre los delegados de la federación de

una manera especial y exclusiva.

Insistamos en esta definición. Lo que constituye la esencia y el carácter del contrato

federativo, y Hamo sobre esto la atención del lector, es que en esté sistema los

contrayentes, jefes de familia, municipios, cantones, provincias o Estados, no sólo se

obligan sinalagmático y conmutativamente, los unos para con los otros, sino que

también se reservan individualmente al celebrar el pacto más derechos, más libertad,

más autoridad, más propiedad de los que ceden.

No sucede así, por ejemplo, en la sociedad universal de bienes y ganancias, autorizada

por el Código Civil, y llamada por otro nombre «comunidad», imagen en miniatura

del régimen absoluto. El que entra en una sociedad de esta clase, sobre todo si es

perpetua, tiene más trabas y está sometido a más cargas que iniciativa no conserva.

Mas esto es precisamente lo que hace raro el contrato y ha hecho en todos tiempos

insoportable la vida cenobítico. Toda obligación, aun siendo sinalagmático y

conmutativa, es excesiva y repugna por igual al ciudadano y al hombre, si exigiendo del

asociado la totalidad de sus esfuerzos, le sacrifica por entero a la sociedad y en

nada la deja independiente.

En conformidad a estos principios, teniendo el contrato de federación, en términos

generales, por objeto garantizar a los Estados que se confederan su soberanía, su

territorio y la libertad de sus ciudadanos, arreglar además sus diferencias y proveer por

medio de medidas generales a todo lo que mira a la seguridad y a la prosperidad

comunes, es un contrato esencialmente restringido, a pesar de los grandes intereses que

constituyen su objeto. La autoridad encargada de su ejecución no puede en

ningún tiempo prevalecer sobre los que la han creado; quiero decir que las atribuciones

federales no pueden exceder jamás en realidad ni en número las de las autoridades

municipales o provinciales, así como las de estas no pueden tampoco ser más que los

derechos y las prerrogativas del hombre y del ciudadano. Si no fuese así, el

municipio sería una comunidad, la federación volvería a ser una centralización

monárquica; la autoridad federal, que debe ser una simple mandataria y estar siempre

subordinada, sería considerada como preponderante; en lugar de circunscribirse a un

servicio especial, tendería a absorber toda actividad y toda iniciativa; los Estados de

la confederación serían convertidos en prefecturas, intendencias, sucursales,

administraciones de puertos. Así transformado, podríais dar al cuerpo político el nombre

de

república, el de democracia o el que mejor quisierais; no sería ya un Estado constituido

en la plenitud de sus diversas autonomías, no sería ya una confederación. Lo

mismo sucedería con mayor motivo si por una falsa razón de economía, por deferencia

o por cualquiera otra causa, los municipios, cantones o Estados confederados

encargasen a uno de ellos de la administración y del gobierno de los otros. La república

se convertiría de federativo en unitaria y estaría en camino del despotismo.

En resumen, el sistema federativo es el opuesto al de jerarquía o centralización

administrativa y gubernamental, por el que se distinguen ex aequo las democracias

imperiales, las monarquías constitucionales y las repúblicas unitarias. Su ley

fundamental, su ley característica, es la siguiente. En la federación, los atributos de la

autoridad central se especializan y se restringen, disminuyen en número, obran de una

manera menos inmediata; son, si puedo atreverme a hablar así, menos intensos a

medida que la Confederación se va desarrollando por medio de la accesión de nuevos

Estados. En los gobiernos centralizados, por el contrario, las atribuciones del poder

supremo se multiplican, se extienden, se ejercen de una manera más inmediata, y van

haciendo entrar en la competencia del príncipe los negocios de las provincias, de

los municipios, de las corporaciones y de los particulares, en razón directa de la

superficie territorial y de la cifra de población. De aquí esa enorme presión bajo la que

desaparece toda libertad, así la municipal como la provincial, así la del individuo como

la del reino.

Voy a terminar el capítulo por una consecuencia de este hecho. Siendo el sistema

unitario el reverso del federativo, es de todo punto imposible una confederación entre

grandes monarquías, y con mayor razón entre democracias imperiales. Estados como

Francia, Austria, Inglaterra, Prusia, Rusia, pueden celebrar entre sí tratados de

alianza o de comercio; pero repugna que se confederen, primero, porque su principio es

contrario a este sistema y los pondría en abierta oposición con el pacto federal, y

luego, porque deberían abdicar una parte de su soberanía y reconocer sobre ellos un

árbitro cuando menos para ciertos casos. No está en su naturaleza eso de transigir y

obedecer; está, sí, el mandar.

Los príncipes que en 1813, sostenidos por la insurrección de las masas, peleaban contra

Napoleón por las libertades de Europa y formaron luego la Santa Alianza, no

eran a buen seguro confederados; el carácter absoluto de su poder les impedía tomar

este nombre. Eran, como en el 92, meros coligados: no los llamará de otro modo la

historia. No sucede otro tanto con la Confederación germánica, hoy en vías' de reforma:

por su carácter de libertad y de nacionalidad, amenaza con hacer desaparecer un

día las dinastías que son para ella un obstáculo.

Capítulo VIII

CONSTITUCIÓN PROGRESIVA

La historia y el análisis, la teoría y el empirismo, nos han conducido, a través de las

agitaciones de la libertad y del poder, a la idea de un contrato político.

Aplicando luego esta idea y procurando darnos cuenta de ella, hemos reconocido que el

contrato social por excelencia es un contrato de federación, que hemos definido

en estos términos: Un contrato sinalagmático y conmutativo para uno o muchos objetos

determinados, cuya condición esencial es que los contratantes se reserven

siempre una parte de soberanía y de acción mayor de la que ceden.

Es justamente lo contrario de lo que ha sucedido en los antiguos sistemas monárquicos,

democráticos y constitucionales, donde por la fuerza de las situaciones y el

irresistible impulso de los principios, se supone que los individuos y grupos han

abdicado en manos de una autoridad, ya impuesta, ya elegida, toda su soberanía, y

obtenido menos derechos, y conservado menos garantías y menos iniciativa que cargas

y deberes tienen.

Esta definición del contrato federativo es un paso inmenso que va a darnos la solución

tan prolijamente buscada.

El problema político, hemos dicho en el capítulo I, reducido a si más sencilla expresión,

consiste en hallar el equilibrio entre dos elementos contrarios, la autoridad y la

libertad. Todo equilibrio falso produce inmediatamente para el Estado desorden y ruina,

para los ciudadanos opresión y miseria. En otros términos: las anomalías o

perturbaciones del orden social resultan del antagonismo de sus principios, y

desaparecerán en cuanto los principios estén coordinados de suerte que no puedan

hacerse

daño.

Equilibrar dos fuerzas es sujetarlas a una ley que, teniéndolas a raya la una por la otra,

las ponga de acuerdo. ¿Quién va a proporcionarnos ese nuevo elemento superior a

la autoridad y a la libertad, convertido en el elemento dominante del Estado por

voluntad de entramos? El contrato, cuyo tenor constituye DERECHO y se impone por

igual

a las dos fuerzas rivales.

Mas en una naturaleza concreta y viva, tal como la sociedad, no se puede reducir el

Derecho a una noción puramente abstracta, a una aspiración indefinida de la

conciencia, cosa que sería echarnos de nuevo en la ficciones y los mitos. Para fundar la

sociedad es preciso no ya tan sólo sentar una idea, sino también verificar un acto

jurídico, esto es, celebrar un verdadero contrato. Así lo sentían los hombres del 89

cuando acometieron la empresa de dar una Constitución a Francia, y así lo han sentido

cuantos poderes han venido tras ellos. Desgraciadamente, si no les faltaba buena

voluntad, carecían de luces suficientes: ha faltado hasta aquí notario para redactar el

contrato. Sabemos ya cuál debe ser su espíritu; probemos ahora de hacer la minuta de su

contenido.

Todos los artículos de una constitución pueden reducirse a uno solo, el que se refiere al

papel y a la competencia de ese gran funcionario que se llama el Estado.

Nuestras asambleas nacionales se han ocupado a más y mejor en distinguir y separar los

poderes, es decir, en determinar la acción del Estado; de la competencia del

Estado en sí misma, de su extensión, de su objeto, no se ha preocupado gran cosa nadie.

Se ha pensado en la partición, como ha dicho cándidamente un ministro de

1848; en cuanto a la cosa a repartir, se ha creído generalmente que cuanto mayor fuese

más grande sería el banquete. Y, sin embargo, deslindar el papel del Estado es

una cuestión de vida o muerte para la libertad, tanto individual como colectiva.

Lo único que podía ponernos en el camino de la verdad era el contrato de federación,

que por su esencia no puede menos de reservar siempre más a los individuos que al

Estado, más a las autoridades municipales y provinciales que a la central.

En una sociedad libre, el papel del Estado o Gobierno está principalmente en legislar,

instituir, crear, inaugurar, instalar, lo menos posible en ejecutar. En esto el nombre

de poder ejecutivo, por el cual se designa uno de los aspectos del poder soberano, ha

contribuido singularmente a falsear las ideas. El Estado no es un empresario de

servicios públicos; esto sería asimilarle a los industriales que se encargan por un precio

alzado de los trabajos del municipio. El Estado, bien ordene, bien obre o vigile, es

el generador y el supremo director del movimiento; si algunas veces pone mano a la

obra, es sólo para impulsar y dar ejemplo. Verificada la creación, hecha la instalación

o la inauguración, el Estado se retira, dejando á las autoridades locales y a los

ciudadanos la ejecución del nuevo servicio.

El Estado, por ejemplo, es el que fija los pesos y las medidas, el que da el modelo, el

valor y las divisiones de la moneda. Proporcionados los tipos, hecha la primera

emisión, la fabricación de las monedas de oro, plata y cobre deja de ser una función

pública, un empleo del Estado, una atribución ministerial; es una industria que

incumbe a las ciudades, y que nada obstaría que en caso necesario fuese del todo libre,

del mismo modo que lo es la fabricación de las balanzas, de las básculas, de los

toneles y de toda clase de medidas. La única ley es en esto la mayor baratura. ¿ Qué se

exige en Francia para que sea reputada de ley la moneda de oro y plata? Que

tenga nueve décimos de metal fino, uno sólo de liga. No me opongo, antes quiero que

haya un inspector que siga y vigile la fabricación de la moneda; pero sí sostengo

que no va más allá el deber ni el derecho del Estado.

Lo que digo de la moneda, lo repito de una multitud de servicios que se han dejado

abusivamente en manos del Gobierno: caminos, canales, tabacos, correos, telégrafos,

caminos de hierro, etc. Comprendo, admito, reclamo si es necesario, la intervención del

Estado en todas esas grandes creaciones de utilidad pública; pero no veo la

necesidad de dejarlas en sus manos después de entregadas al uso de los ciudadanos.

Semejante centralización constituye a mis ojos un exceso de atribuciones. He

pedido en 1848 la intervención del Estado para el establecimiento de bancos nacionales,

instituciones de crédito, de previsión, de seguros, así como para los ferrocarriles;

jamás he tenido la idea de que el Estado, una vez creados, debiese seguir para siempre

jamás siendo banquero, asegurador, transportista, etc. No creo a la verdad que

sea posible organizar la instrucción del pueblo sin un grande esfuerzo de la autoridad

central; pero no por esto soy menos partidario de la libertad de enseñanza que de las

demás libertades. Quiero que la escuela esté tan radicalmente separada del Estado como

la misma Iglesia. Enhorabuena que haya un Tribunal de Cuentas, del mismo

modo que buenas oficinas de estadística encargadas de reunir, verificar y generalizar

todos los datos, así como todas las transacciones y operaciones de hacienda que se

hagan en toda la superficie de la República; pero ¿a qué hacer pasar todos los gastos e

ingresos por las manos de un tesorero, recaudador o pagador único, de un

ministro de Estado, cuando el Estado por su naturaleza debe tener pocos o ningunos

servicios a su cargo, y, por tanto, pocos o ningunos gastos? ¿Es también de

verdadera necesidad que dependan de la autoridad central los tribunales? Administrar

justicia fue en todos tiempos la más alta atribución del príncipe, no lo ignoro; pero

esto, que es todavía un resto de derecho divino, no podría ser reivindicado por ningún

rey constitucional, y mucho menos por el jefe de un imperio, establecido por el voto

de todos los ciudadanos. Desde el momento en que la idea del Derecho, humanizada,

obtiene, como tal, preponderancia en el sistema político, es de rigurosa

consecuencia que la magistratura sea independiente. Repugna que la justicia sea

considerada como un atributo de la autoridad central o federal; no puede ser sino una

delegación hecha por los ciudadanos a la autoridad municipal, cuando más a la de la

provincia. La justicia es una atribución del hombre, de la cual no se le puede

despojar por ninguna razón de Estado. No exceptúo de esta regla ni aun el servicio

militar: en las repúblicas federales las milicias, los almacenes las fortalezas, no pasan

a manos de las autoridades centrales sino en los casos de guerra y para el objeto especial

de la guerra; fuera de ahí, soldados y armamento quedan en poder de las

autoridades locales.

En una sociedad regularmente organizada, todo debe ir en continuo aumento: ciencia,

industria, trabajo, riqueza, salud pública; la libertad y la moralidad deben seguir el

mismo paso. En ella el movimiento, la vida, no paran un solo instante. Organo principal

de ese movimiento, el Estado está siempre en acción, porqué tiene que satisfacer

incesantemente nuevas necesidades y resolver nuevas cuestiones. Si su función de

primer motor y de supremo director es, sin embargo, continua, en cambio sus obras

no se repiten nunca. Es la más alta expresión del progreso. Ahora bien: ¿qué sucede

cuando, como lo vemos en todas partes y se ha visto casi siempre, llena los

mismos servicios que ha creado y cede a la tentación de acapararlos? De fundador se

convierte en obrero; no es ya el genio de la colectividad que la fecunda, la dirige y la

enriquece sin atarla; es una vasta compañía anónima de seiscientos mil empleados y

seiscientos mil soldados, organizada para hacerlo todo, la cual, en lugar de servir de

ayuda a la nación, a los municipios y a los particulares, los desposee y los estruja. La

corrupción, la malversación, la relajación, invaden pronto el sistema; el Poder,

ocupado en sostenerse, en aumentar sus prerrogativas, en multiplicar sus servicios, en

engrosar su presupuesto, pierde de vista su verdadero papel y cae en la autocracia

y el inmovilismo; el cuerpo social sufre; la nación, contra su ley histórica, entra en un

período de decadencia.

Hemos hecho observar en el capítulo VI que en la evolución de los Estados la autoridad

y la libertad se suceden lógica y cronológicamente; que además la primera está

en continuo descenso, y la segunda asciende; que el Gobierno, expresión de la

autoridad, va quedando insensiblemente subalternizado por los representantes u órganos

de la libertad: el Poder central, por los diputados de los departamentos o provincias; la

autoridad provincial, por los delegados de los municipios; la autoridad municipal, por

los habitantes; que así la libertad aspira a la preponderancia, la autoridad a ser la

servidora de la libertad, y el principio consensual a reemplazar por todas partes el

principio de autoridad en los negocios públicos.

Si estos hechos son ciertos, la consecuencia no puede ser dudosa. En conformidad a la

naturaleza de las cosas y al juego de los principios, estando la autoridad

constantemente en retirada y avanzando la libertad sobre ella, de manera que las dos se

sigan sin jamás chocar, la constitución de la sociedad es esencialmente

progresiva, es decir, de día en día más liberal, hecho que no puede verificarse sino en un

sistema donde la jerarquía gubernamental, en lugar de estar sentada sobre su

vértice, lo esté anchamente sobre su base, quiero decir, en el sistema federativo.

En eso está toda la ciencia constitucional que voy a resumir en tres proposiciones:

1.ª Conviene formar grupos, ni muy grandes ni muy pequeños, que sean

respectivamente soberanos, y unirlos por medio de un pacto federal.

2.ª Conviene organizar en cada Estado federado el gobierno con arreglo a la ley de

separación de órganos o de funciones; esto es, separar en el poder todo lo que sea

separable, definir todo lo que sea definible, distribuir entre distintos funcionarios y

órganos todo lo que haya sido definido y separado, no dejar nada indiviso, rodear por

fin

la administración pública de todas las condiciones de publicidad y vigilancia.

3.ª Conviene que en vez de refundir los Estados federados o las autoridades provinciales

y municipales en una autoridad central, se reduzcan las atribuciones de ésta a un

simple papel de iniciativa, garantía mutua y vigilancia, sin que sus decretos puedan ser

ejecutados sino previo el visto bueno de los gobiernos confederados y por agentes

puestos a sus órdenes, como sucede en la monarquía constitucional, donde toda orden

que emana del rey no puede ser ejecutada sin el refrendo de un ministro.

La división de poderes, tal como era aplicada por la Constitución de 1830, es, a no

dudarlo, una institución magnífica y de grandes alcances; pero es pueril restringirla a

los miembros de un gabinete. No debe dividirse el gobierno de un país solamente entre

siete u ocho hombres escogidos del seno de una mayoría parlamentaria, y que

sufran la censura de una minoría de oposición; debe serio entre las provincias y los

municipios, so pena de que la vida política abandone las extremidades y refluya al

centro, y la nación, hidrocéfala, caiga en completo marasmo.

El sistema federativo es aplicable a todas las naciones y a todas las épocas, puesto que

la humanidad es progresiva en todas sus generaciones y en todas sus razas; y

la política de la federación, que es por excelencia la del progreso, consiste en tratar a

cada pueblo, en todos y cualesquiera de sus períodos, por un régimen de autoridad

y centralización decrecientes que corresponda al estado de los espíritus y de las

costumbres.

Capítulo IX

CAUSAS QUE HAN RETARDADO LA CONCEPCIÓN

Y LA REALIZACIÓN DE LAS CONFEDERACIONES

La idea de federación parece tan antigua en la historia como las de monarquía y

democracia, tan antigua como la autoridad y la libertad mismas. ¿Cómo había de ser de

otra manera? Todo lo que la ley del progreso hace aparecer a la superficie de las

sociedades tiene sus raíces en la misma naturaleza. La civilización camina envuelta en

sus principios, y precedida y seguida del cortejo de sus ideas, que van sin cesar en torno

suyo. Fundada en el contrato, expresión solemne de la libertad, la federación no

podía dejar de acudir al llamamiento. Más de doce siglos antes de Jesucristo se la ve en

las tribus hebraicas, separadas las unas de las otras en sus valles, pero unidas,

al igual que las tribus ismaelitas, por una especie de pacto fundado en la

consanguinidad. Casi en aquel mismo tiempo aparece en la Anfictionía griega (o

confederación

de las ciudades griegas), impotente, es verdad, para apagar las discordias y evitar la

conquista, o lo que viene a ser lo mismo, la absorción unitaria, pero testimonio de la

futura libertad universal y del futuro derecho de gentes. Ni están aún olvidadas las

gloriosas ligas de los pueblos eslavos y germánicos, continuadas hasta nuestros días en

las constituciones federales de Suiza y Alemania, y hasta en ese imperio de Austria,

compuesto de tantas naciones heterogéneas, pero, por más que se haga,

inseparables. Será al fin ese contrato federal el que, constituyéndose poco a poco en

gobierno regular, ponga en todas partes término a las contradicciones del empirismo,

elimine toda arbitrariedad y funde en un equilibrio indestructible la paz y la justicia.

Durante largos siglos, la idea de federación parece como velada y en reserva. La causa

de este aplazamiento reside en la incapacidad primitiva de las naciones y en la

necesidad de irlas formando por medio de una vigorosa disciplina. Ahora bien, tal es el

papel que por una especie de consejo soberano parece haberse dado al sistema

unitario.

Era preciso, ante todo, domar y fijar las errantes, indisciplinadas y groseras

muchedumbres; distribuir en grupos las ciudades aisladas y hostiles; ir formando poco a

poco,

por vía de autoridad, un derecho común, y establecer en forma de decretos imperiales

las leyes del linaje humano. No cabría dar otra significación a esas grandes

creaciones políticas de la humanidad, a las cuales sucedieron los imperios de los

griegos, los romanos y los francos, la Iglesia cristiana, la rebelión de Lutero y, por fin,

la

Revolución francesa.

La federación no podía llenar esa necesidad de educar a los pueblos, primero porque es

la libertad, porque excluye la idea de violencia, descansa en la noción de un

contrato sinalagmático, conmutativo y limitado, y tiene por objeto garantizar la

soberanía y la autonomía a los pueblos que une, y por tanto, a los que en un principio se

trataba de tener subyugados hasta que fuesen capaces de obedecer a la razón y

gobernarse por sí mismos. Siendo, en una palabra, progresiva la civilización, sería

contradictorio suponer que la federación hubiese podido realizarse en los primeros

tiempos.

Otra causa excluía provisionalmente el principio federativo, la escasa fuerza expansivo

de los Estados agrupados por constituciones federales.

Límites naturales de los Estados federativos

Hemos dicho en el capítulo II que la monarquía, por sí y en virtud de su principio, no

conoce límites a su desarrollo, y que otro tanto sucede con la democracia. Esa

facultad de expansión ha pasado de los gobiernos simples o a priori, a los gobiernos

mixtos o de hecho, democracias y aristocracias, imperios democráticos y

monarquías constitucionales, gobiernos todos que en este particular han obedecido

fielmente a su idea. De aquí los sueños mesiánicos y todos los ensayos de monarquía

o república universal.

Donde reinan esos sistemas, la absorción no tiene límites. Allí es donde puede decirse

que la idea de fronteras naturales es una ficción, o mejor una superchería política;

allí es donde los ríos, las montañas y los mares están considerados, no como límites

naturales, sino como obstáculos que debe ir venciendo la libertad de la nación y la

del soberano. Así lo exige la razón del principio mismo: la facultad de poseer, de

acumular, de mandar y de explotar es indefinida; no tiene por límites sino el universo.

El más famoso ejemplo de esa absorción de territorios y pueblos, a pesar de las montañas,

los ríos, los bosques, los mares y los desiertos, ha sido el del Imperio romano,

que tenía su centro y su capital en una península, en medio de un mar dilatado, y sus

provincias hasta donde podían alcanzar los ejércitos y los agentes del fisco.

Todo Estado es por naturaleza anexionista. Nada le detiene en su marcha invasora,

como no sea el encuentro de otro Estado, invasor como él y capaz de defenderse. Los

más ardientes apóstoles del principio de las nacionalidades no vacilan en contradecirse,

si lo exigen los intereses y, sobre todo, la seguridad de su patria. ¿Quién de la

democracia francesa se habría atrevido a reclamar contra la anexión de Niza y Saboya?

No es raro ver hasta las anexiones favorecidas por los anexionados, que hacen de

su independencia y de su autonomía un vergonzoso tráfico.

No sucede así en el sistema federativo. Aunque muy capaz de defenderse si le atacan,

como han demostrado más de una vez los suizos, toda confederación carece de

fuerza para la conquista. Fuera del caso, rarísimo, en que un Estado vecino pidiese ser

recibido en la confederación, puede decirse que por el mismo hecho de existir se

ha privado de todo engrandecimiento. En virtud del principio que, limitando el pacto

federal a la mutua defensa y a ciertos objetos de utilidad común, garantiza a cada

Estado su territorio, su soberanía, su constitución y la libertad de sus ciudadanos, y le

reserva, por otra parte, más autoridad, más iniciativa y más poder de los que cede,

reduce por sí mismo tanto más el círculo de su acción cuanto más van distando unas de

otras las localidades admitidas en la alianza; de tal modo que, de irse

engrandeciendo, llegaría pronto a un punto en que el pacto carecería de objeto.

Supongamos que uno de los Estados de la confederación abrigase proyectos particulares

de conquista, desease anexionarse una ciudad vecina o una provincia contigua a su

territorio, quisiera inmiscuirse en los negocios de otro Estado. No solamente no podría

contar con el apoyo de la confederación, que le diría que el pacto ha sido

exclusivamente celebrado para la mutua defensa y no para el engrandecimiento de

ninguno de los Estados, sino que hasta se vería detenido en su empresa por la solidaridad federal, que no quiere que todos se expongan a la guerra por ambición de uno sólo. De

modo que la confederación es a la vez una garantía para sus propios miembros y para

sus vecinos no confederados.

Así, al revés de lo que pasa en los demás gobiernos, la idea de una confederación

universal es contradictoria. En esto se revela una vez más la superioridad moral del

sistema federativo sobre el unitario, sujeto a todos los inconvenientes y a todos los

vicios de lo ideal, de lo indefinido, de lo ilimitado, de lo absoluto. La Europa sería

demasiado grande para una sola confederación; no podría formar sino una

confederación de confederaciones. Con arreglo a esta idea, indicaba en mi última

publicación,

como el primer paso que se había de dar en la reforma del derecho público europeo, el

restablecimiento de las confederaciones italiana, griega, bátava, escandinava y

danubiana, preludio de la descentralización de los grandes Estados y, por consecuencia,

del desarme general. Recobrarían entonces la libertad todas las naciones, y se

realizaría la idea de un equilibrio europeo, previsto por todos los publicistas y hombres

de Estado, pero de realización imposible con grandes potencias sometidas a

constituciones unitarias.

Condenada así a una existencia pacífica y modesta, y no representando en la escena

política sino el papel más oscuro, no es de extrañar que la idea de federación haya

permanecido hasta nuestros días como eclipsada por los resplandores de los grandes

Estados. Hasta nuestros días, las preocupaciones y los abusos han pululado y se

han cebado en los Estados federales con tanta intensidad como en las monarquías

feudales o unitarias; ha habido preocupaciones de nobleza, privilegios de burguesía,

autoridad de la Iglesia, y como resultado de todo, opresión del pueblo y servidumbre del

espíritu; así que la libertad estaba como metida en una camisa de fuerza, y la

civilización hundida en un statu quo invencible. Manteníase la idea federalista

inadvertida, incomprensible e impenetrable, ya por una tradición sacramental, como en

Alemania, donde la confederación, sinónima de Imperio, era una coalición de príncipes

absolutos, unos legos, otros eclesiásticos, bajo la sanción de la Iglesia de Roma,

ya por la fuerza de las cosas, como en Suiza, donde la confederación se componía de

algunos valles, separados unos de otros y protegidos contra el extranjero por

cordilleras infranqueables, cuya conquista no habría valido por cierto la pena de repetir

la empresa de Aníbal. Era una especie de planta política detenida en su medro, que

nada ofrecía al pensamiento del filósofo, ningún principio presentaba a los ojos del

hombre de Estado, nada dejaba esperar a las masas y, lejos de ayudar a la Revolución

en lo más mínimo, esperaba de ella el movimiento y la vida.

Es ya un hecho histórico inconcuso que la Revolución francesa ha puesto la mano en

todas las constituciones federales existentes, las ha enmendado, les ha

comunicado su propio aliento, les ha dado todo lo mejor que tienen, las ha puesto, en

una palabra, en estado de desenvolverse sin haber hasta ahora recibido de ellas

absolutamente nada.

Habían sido derrotados los norteamericanos en veinte encuentros y parecía ya perdida

su causa, cuando llegada de los franceses cambió la faz de los negocios, y en 19

de octubre de 1781, hizo capitular al general inglés Cornwallis. Tras este golpe,

Inglaterra consintió en reconocer la independencia de sus colonias, que pudieron ya

entonces ocuparse en formular su constitución. Y bien, ¿cuáles eran entonces en política

las ideas de los americanos? ¿Cuáles fueron los principios de su gobierno? Un

verdadero barullo de privilegios; un monumento de intolerancia, de exclusión y de

arbitrariedad, donde brillaba como una siniestra estrella el espíritu de aristocracia, de

reglamentación, de secta y de casta; una obra que excitó la reprobación general de los

publicistas franceses, y les arrancó las más humillantes observaciones para los

americanos. Lo poco de verdadero liberalismo que penetró entonces en América fue,

podemos decirlo, obra de la Revolución francesa, que pareció preludiar en tan lejanas

playas la renovación del mundo antiguo.

La libertad en América ha sido hasta ahora más bien un efecto del individualismo

anglosajón, lanzado en aquellas inmensas soledades, que el de sus instituciones y

costumbres: lo ha revelado sobradamente la guerra que hoy sostiene.

La revolución es también la que ha arrancado a Suiza del poder de sus viejos prejuicios

aristocráticos y burgueses, y ha refundido su confederación. La constitución de la

República helvético fue ya retocada por primera vez en 1801: al año siguiente acabaron

sus desórdenes, gracias a la mediación del primer cónsul, que habría concluido

más tarde con su nacionalidad si hubiese entrado en sus miras reunirla al Imperio. Pero

«no os quiero», les dijo. De 1814 a 1848, no ha dejado de estar agitada Suiza por

sus elementos reaccionarios: tan confundida estaba allí la idea federativo con la de

aristocracia y privilegio. Sólo en 1848, en la Constitución del 12 de septiembre, fueron

al fin clara y terminantemente sentados los verdaderos principios del sistema federativo.

Aun entonces fueron tan poco comprendidos, que se manifestó al punto una

tendencia unitaria, que llegó a tener hasta en el seno de la asamblea federal sus

representantes.

En cuanto a la confederación germánica, todo el mundo sabe que el edificio antiguo se

vino abajo por la mediación del mismo emperador, que no fue muy afortunado en

sus planes para restaurarla. En este momento el sistema de la confederación germánica

es nuevamente objeto de estudio para los pueblos. ¡Ojalá pueda al fin Alemania

salir libre y fuerte de esta a nación como de una saludable crisis!

En 1789 no estaba aún, por tanto, hecha la prueba del federalismo, no era una idea

inconcuso, no tenía nada que deducir de ella el legislador revolucionario. Era preciso

que las pocas confederaciones que palpitaban en algunos rincones del viejo y del nuevo

mundo, animadas por el espíritu de nuestros tiempos, aprendiesen a andar y a

determinarse; era preciso que su principio, fecundado por su propio desarrollo, ostentase

la riqueza de su organismo; era al mismo tiempo preciso que bajo el nuevo

régimen de la igualdad se hiciese otro nuevo experimento, el último, del sistema

unitario. Sólo bajo esas condiciones podía argumentar la filosofía, concluir la

revolución y,

generalizándose la idea, salir al fin la república de su misticismo bajo la forma concreta

de una confederación de confederaciones.

Los hechos parecen dar hoy nuevo vuelo a las ideas, y podemos, creo, sin presunción ni

orgullo, por una parte, arrancar a las masas del pie de sus funestos símbolos; por

otra, revelar a los hombres políticos el secreto de haberse engañado en sus previsiones y

sus cálculos.

Capitulo X

IDEALISMO POLÍTICO.

EFICACIA DE LA GARANTÍA FEDERAL

Una observación general hay que hacer sobre las ciencias morales y políticas, y es que

la dificultad de sus problemas nace principalmente de la manera figurada como la

razón primitiva ha concebido los elementos de que se componen. En la imaginación del

pueblo, la política, del mismo modo que la moral, es una mitología. Todo es para

ella ficción, símbolo, misterio, ídolo. Los filósofos han adoptado luego confiadamente

este idealismo como expresión de la realidad, y se han creado con esto muchas y

grandes dificultades.

El pueblo, en la vaguedad de su pensamiento, se contempla como una gigantesca y

misteriosa existencia, y no halla a la verdad en su lenguaje nada que no le afirme en

la opinión de su indivisible unidad. Se llama a sí mismo el pueblo, la nación, es decir, la

multitud, la masa; es el verdadero soberano, el legislador, el poder, la dominación,

la patria, el Estado; tiene sus asambleas, sus escrutinios, sus tribunales, sus

manifestaciones, sus declaraciones, sus plebiscitos, su legislación directa; algunas veces

sus juicios y sus ejecuciones, sus oráculos, su voz parecida al trueno, la gran voz de

Dios. Cuanto más innumerable, irresistible e inmenso se siente, tanto más horror

tiene a las divisiones, a las escisiones, a las minorías. Su ideal, su más deleitable sueño,

es unidad, identidad, uniformidad, concentración; maldice como atentatorio

contra su majestad todo lo que puede disgregarse, dividir su voluntad, crear en él

diversidad, pluralidad, divergencia.

Toda mitología supone ídolos, y el pueblo no deja nunca de tenerlos. Como Israel en el

desierto, se improvisa dioses cuando nadie se toma el trabajo de dárselos; tiene

sus encarnaciones, sus mesías, sus dioses. Ya lo es el caudillo levantado en alto sobre

un escudo, ya el rey glorioso, conquistador y magnífico parecido al sol, ya

también el tribuno revolucionario: Clodoveo, Carlomagno, Luis XIV, Lafayette,

Mirabeau, Garibaldi. ¡Cuántos, para subir al pedestal, no esperan más que un cambio de

opinión, un aletazo de la fortuna! El pueblo se muestra hasta celoso por esos ídolos, la

mayor parte tan vacíos de ideas y tan faltos de conciencia como él mismo; no

tolera que se los discutan ni se los contradigan, y, sobre todo, no les regatea el poder.

No toquéis a sus ungidos, o vais a ser tratado de sacrílego.

Lleno el pueblo de sus mitos y considerándose una colectividad esencialmente indivisa,

¿cómo había de coger de buenas a primeras la relación que une al individuo con la

sociedad? ¿Cómo, bajo su inspiración, habían de poder dar los hombres de Estado que

le representan la verdadera fórmula de gobierno? Donde reina en su cándida

sencillez el sufragio universal, se puede asegurar de antemano que todo se hará en el

sentido de la indivisión. Siendo el pueblo la colectividad en que está encerrada toda

autoridad y todo derecho, el sufragio universal, para ser sincero en sus manifestaciones,

deberá ser también indiviso en cuanto quepa, y las elecciones se deberán hacer

por lo tanto por provincias. Ya hubo unitarios, en 1848, que pretendieron hacer de la

nación entera un solo colegio electoral. De esa elección indivisa sale naturalmente una

asamblea indivisa, que delibera y legisla como un solo hombre. Ya que los votos se

dividan, la mayoría representa sin disminución alguna la unidad nacional. De esa

mayoría sale a su vez un gobierno indiviso, que habiendo recibido sus poderes de la

nación indivisible, está también llamado a administrar colectiva e indivisamente sin

espíritu de localidad, ni intereses de grupo. Así es como deriva del idealismo popular el

sistema de centralización, de imperialismo, de comunismo, de absolutismo,

palabras sinónimos; así es como en el pacto social, tal como lo concibieron Rousseau y

los jacobinos, el ciudadano se desprende de su soberanía, y el municipio, el

departamento y la provincia, absorbidos sucesivamente en la autoridad central, no son

más que agencias puestas bajo la inmediata dirección del ministerio.

Las consecuencias no tardan en dejarse sentir: despojado de toda dignidad el ciudadano

y el municipio, se multiplican las usurpaciones del Estado y crecen en

proporción las cargas del contribuyente. No es ya el gobierno para el pueblo, sino el

pueblo para el gobierno. El poder lo invade todo, se apodera de todo, se lo arroga todo

para siempre jamás: guerra y marina, administración, justicia, policía, Instrucción

pública, obras y reparaciones públicas; bancos, bolsas, crédito, seguros, socorros,

ahorros, beneficencia, bosques, canales, ríos; cultos, hacienda, aduanas, comercio,

agricultura, industria, transportes. Y coronado todo por una contribución formidable,

que arranca a la nación la cuarta parte de su producto bruto. El ciudadano no tiene ya

que ocuparse sino en cumplir allá en su pequeño rincón su pequeña tarea,

recibiendo su pequeño salario, educando a su pequeña familia, y confiándose para todo

lo demás a la providencia del gobierno.

Ante esa disposición de los ánimos y en medio de potencias hostiles a la Revolución,

¿cuál podía ser el pensamiento de los fundadores de 1789, amigos sinceros de la

libertad? No atreviéndose a desatar el haz del Estado, debían principalmente

preocuparse de dos cosas: primera, de contener al poder, siempre dispuesto a la

usurpación;

segunda, de contener al pueblo, siempre dispuesto a dejarse arrastrar por sus tribunos y

a reemplazar las costumbres de la legalidad por las de la omnipotencia.

Hasta el día, en efecto, los autores de constituciones, Sieyès, Mirabeau, el Senado de

1814, la Cámara de 1830, la Asamblea de 1848, han creído, no sin motivo, que el

punto capital del sistema político era contener el poder central, dejándole, sin embargo,

la mayor libertad de acción y la mayor fuerza. Para conseguir este objeto, ¿qué se

ha hecho? Se ha empezado, como se ha dicho, dividiendo el poder por categorías de

ministerios, y se ha distribuido luego la autoridad legislativa entre la Corona y las

Cámaras, a cuya mayoría se ha subordinado además la elección que el príncipe ha de

hacer de sus ministros. Las contribuciones han sido por fin votadas anualmente por

las Cámaras, que han aprovechado esta ocasión para examinar los actos del gobierno.

Mas al paso que se organizaba el parlamento de las Cámaras contra los ministros, al

paso que se daba a la prerrogativa real por contrapeso la uniciativa de los

representantes del pueblo, y a la autoridad de la Corona la soberanía de la nación; al

paso que se oponían palabras a palabras y ficciones a ficciones, se confiaba al

gobierno, sin reserva de ninguna clase y sin más contrapeso que una vana facultad de

censurarle, la prerrogativa de una administración inmensa; se ponían en sus manos

todas las fuerzas del país; se suprimían para mayor seguridad las libertades locales; se

aniquilaba con frenético celo el espíritu de lección; se creaba, finalmente, un poder

formidable, abrumador, al cual se divertían luego en hacer una guerra de epigramas,

como si la realidad fuese sensible a las personalidades. Así, ¿qué sucedía? La

oposición acababa por dar al traste con las personas: caían unos tras otros los

ministerios, derribábase una y otra dinastía; levantábase imperio sobre república, y ni

dejaba de menguar la libertad ni de crecer el despotismo centralizador, anónimo. Tal ha

sido nuestro progreso desde la victoria de los jacobinos sobre la Gironda.

Resultado inevitable todo de un sistema artificial, donde se ponían a un lado la

soberanía metafísica y el derecho de crítica, y al otro todas las realidades del patrimonio

nacional, todas las fuerzas activas de un gran pueblo.

En el sistema federativo no caben tales temores. La autoridad central, más iniciadora

que ejecutiva, no posee sino una parte bastante limitada de la administración

pública, la concerniente a los servicios federales; y está supeditada a los demás Estados,

que son dueños absolutos de sí mismos y gozan para todo lo que

respectivamente les atañe de la autoridad más completa: legislativa, ejecutiva y judicial.

El Poder central está tanto mejor subordinado cuanto que está en manos de una

Asamblea compuesta de los representantes de los Estados, que a su vez son casi siempre

miembros de sus respectivos gobiernos, y ejercen por esta razón sobre los

actos de la Asamblea federal una vigilancia escrupulosísima y severa.

Para contener a las masas no es menor el embarazo de los publicistas, ni menos

ilusorios los medios que emplearon, ni menos funesto el resultado.

El pueblo es también uno de los poderes del Estado, el poder cuyas explosiones son más

terribles. Tiene esté poder también necesidad de contrapeso: se ha visto

obligado a reconocerlo la democracia, puesto que, por no tenerlo, entregado el pueblo a

los más peligrosos estímulos y hecho el Estado blanco de las más formidables

insurrecciones, ha caído dos veces en Francia la República.

Se ha creído encontrar un contrapeso a la acción de las, masas en dos instituciones, la

una gravosa para el país y llena de peligros, y la otra penosísima para la

conciencia pública, sin ser menos arriesgada: el ejército permanente y la limitación del

derecho de sufragio. Desde 1848, el sufragio universal es ya ley del Estado; mas

por lo mismo, habiendo crecido en proporción la agitación democrática, ha sido forzoso

aumentar el ejército y dar más nervio a la acción militar. De suerte que, para

precaverse contra las insurrecciones populares, ha sido necesario, en el sistema de los

fundadores de 1789, aumentar la fuerza del poder en el momento mismo en que

por otro lado se tomaban contra él graves precauciones. Así las cosas, ¿qué ha de

suceder el día en que pueblo y poder se den. la mano, sino venirse abajo todos los

andamios? ¡Extraño sistema éste en que el pueblo no puede ejercer la soberanía sin

exponerse a destrozar al gobierno, ni el gobierno usar de su prerrogativa sin ir al

absolutismo!

El sistema federativo apaga la efervescencia de las masas y pone coto a todas las

ambiciones y excitaciones de la demagogia; es el fin del régimen de plaza pública, de

los triunfos de los tribunos, del predominio de las capitales. Haga en hora buena París

dentro de sus murallas las revoluciones que quiera. ¿De qué le han de servir sí no la

siguen los departamentos, si no la secundan Lyon, Marsella, Tolosa, Burdeos, Nantes,

Ruán, Lille, Estrasburgo, Dijon, etc.? Suyos habrán sido los gastos y ninguno el

provecho. La federación viene a ser así la salvación del pueblo: dividiéndolo, lo salva a

la vez de la tiranía de sus pretendidos conductores y de su propia locura.

La constitución de 1848, quitando, por una parte, al presidente de la república el mando

del ejército y declarándose, por otra, susceptible de reforma y de progreso, había

probado de conjurar ese doble riesgo de la usurpación del poder central y la insurrección

del pueblo. Pero esa constitución no decía ni en qué consistía el progreso, ni bajo

qué condiciones había de efectuarse. En el sistema que había fundado subsistía siempre

la distinción de clases: la burguesía, el pueblo; demostrólo claramente la

discusión del derecho al trabajo y de la ley de 31 de mayo, que restringió el sufragio. La

preocupación por la unidad era entonces más viva que nunca: dando 'París el

tono, la idea, la voluntad, a los departamentos, era fácil ver que en el caso de un

conflicto entre el presidente y la asamblea, el pueblo seguiría más a su elegido que a sus

representantes. Los sucesos vinieron a confirmar esas previsiones. La jornada de 2 de

diciembre ha demostrado lo que valen garantías puramente legales contra un poder

que al favor popular une los recursos de la administración, y también su derecho. Mas

si, por ejemplo, al mismo tiempo que se escribió la constitución republicana de

1848, se hubiese hecho y puesto en práctica la organización del municipio y del

departamento; si las provincias hubiesen aprendido a vivir de nuevo de su propia vida;

si

hubiesen tenido una buena parte del poder ejecutivo; si la multitud inerte del 2 de

diciembre hubiese entrado por algo en el poder, el golpe de Estado habría sido a buen

seguro imposible. Limitado el campo de batalla entre el Elíseo y el Palacio Borbón, el

alzamiento del poder ejecutivo habría arrastrado, a lo más, la guarnición de París y

al personal de los ministerios.

No terminaré este párrafo sin citar las palabras de un escritor cuya templanza y

profundidad ha podido apreciar el público algunas veces en El Correo del Domingo, de

monsieur Gustavo Chaudey, abogado de la Audiencia de París. Servirán para hacer

comprender que no se trata aquí de una vana utopía, sino de un sistema actualmente

en vigor, cuya idea viva se va diariamente desenvolviendo:

«El ideal de una Confederación sería un pacto de alianza, del cual pudiera decirse que

no impone a la soberanía particular de los Estados federales, sino restricciones que en

manos de la autoridad central

pasan a ser un aumento de garantía para la libertad de los ciudadanos, y de protección

para su actividad, ya individual, ya colectiva.

»Por esto sólo se comprende la enorme diferencia que existe entre una autoridad federal

y un gobierno unitario, por otro nombre, un gobierno que no representa sino una

soberanía.»

La definición de monsieur Chaudey es perfectamente exacta: lo que él llama ideal no es

otra cosa que la fórmula dada por la más rigurosa teoría. En la federación la

centralización es parcial, está limitada a ciertos objetos especiales quitados a los

cantones para serle más tarde devueltos, en el gobierno unitario, la centralización es

universal, se extiende a todo, y no se desprende jamás de nada. La consecuencia es fácil

de prever.

«En el gobierno unitario -prosigue monsieur Chaudey-, la centralización es una fuerza

inmensa puesta a disposición del poder, que viene empleada en muy diversos sentidos,

según las diversas voluntades

personales que componen el gobierno. Cambiadas las condiciones del poder, cambian

las de la centralización. Liberal ésta hoy con un gobierno liberal, será mañana un

formidable instrumento de usurpacion

para un poder usurpador, y después de la usurpación un formidable instrumento de

despotismo, sin contar que por esto mismo es para el poder una tentación perpetua, para

la libertad de los ciudadanos una

perpetua amenaza. Dadas estas condiciones, la centralización es, propiamente hablando,

el desarme de una nación en provecho de un gobierno, y la libertad está condenada a

una incesante lucha con la

fuerza.»

«Sucede lo contrario con la centralización federal. Esta, en vez de armar el poder con la

fuerza del TODO contra la parte, arma la PARTE de la fuerza del todo contra sus

propios abusos. Un cantón suizo que

viese mañana amenazadas sus libertades por su gobierno, podía oponerle no sólo su

fuerza, sino también la de los veintidós cantones. ¿No vale esto el sacrificio que del

derecho de insurrección hicieron los

cantones en su nueva Constitución de 1848?»

Ni reconoce menos el escrito que cito la ley del progreso, que tan esencial es a las

constituciones federales y tan imposible de aplicar bajo una constitución unitaria.

«La Constitución federal de 1848 reconoce a los cantones el derecho de revisar y

modificar las suyas, pero con dos condiciones: con la de que se hagan las reformas

según las reglas prescritas por cada

constitución cantonal, y con la de que constituyan siempre un adelanto, no un retroceso.

»Quiere que un pueblo modifique su constitución, no para ir hacia atrás, sino para

marchar hacia adelante. Dice a los pueblos suizos: Si no queréis cambiar vuestras

instituciones para aumentar vuestras

libertades, señal es de que no sois dignos de las que tenéis: permaneced guardándolas; si

para aumentar vuestras libertades, señal es de que sois dignos de ir adelante: marchad

bajo la protección de toda

Suiza.»

La idea de garantir y asegurar una constitución política casi del mismo modo que se

asegura una casa contra incendios o un campo contra el granizo, es, en efecto, la

idea más importante y por cierto la más original del sistema. Nuestros legisladores de

1791, 1793, 1795, 1799, 1814, 1830 y 1848 no han acertado a invocar en favor de

sus constituciones sino el patriotismo de los ciudadanos y la abnegación de los guardias

nacionales: la constitución del 93 iba hasta el derecho de insurrección y el

llamamiento a las armas. La experiencia ha demostrado cuán ilusorias son esas

garantías. La Constitución de 1852, en el fondo la misma del consulado y del primer

Imperio, no está garantizada: y no seré yo por cierto quien lo censure. ¿Qué garantía

podría haber contenido estando fuera del contrato federativo? Está todo el secreto en

distribuir la nación en provincias independientes, soberanas, o que, al menos,

administrándose a sí mismas, dispongan por lo menos de una fuerza, una iniciativa y

una influencia suficiente, y en hacer luego que las urnas se garanticen a las otras.

Se encuentra una excelente aplicación de estos principios en la organización del ejército

suizo.

«La protección -dice monsieur Chaudey- aumenta en todas partes; la opresión no

constituye en ninguna un peligro. Al pasar al ejército federal

los contingentes cantonales, no olvidan el suelo paterno; lejos de esto, obedecen a la

Confederación sólo porque su patria les manda que

la sirvan. ¿Cómo han de poder temer los cantones que sus soldados lleguen a ser en

ningún tiempo contra ellos instrumentos de una

conspiración unitaria? No sucede otro tanto en los demás Estados de Europa donde se

separa al soldado de la masa del pueblo de la que

se le extrae y se le convierte en cuerpo y alma en hombre del gobierno.»

Domina el mismo espíritu en la constitución americana, a cuyos autores se puede, sin

embargo, acusar de haber multiplicado fuera de medida las atribuciones de la

autoridad federal. Las facultades otorgadas al presidente americano son casi tan

extensas como las que dio a Luis Napoleón la Constitución de 1848, exceso de

atribuciones que no ha dejado de contribuir a la idea de absorción unitaria que apareció

primero en los Estados del Sur y hoy arrastra a su vez a los del Norte.

La idea de federación es a buen seguro la más alta a que se haya elevado hasta nuestros

días el genio político. Deja muy atrás las constituciones francesas que a

despecho de la Revolución se han promulgado en estos últimos sesenta años;

constituciones cuya corta duración honra tan poco a nuestra patria. Resuelve todas las

dificultades que suscita la idea de armonizar la libertad y la autoridad. Con ella no hay

ya que temer ni que nos perdamos en el fondo de las antinomias gubernamentales,

ni que la plebe se emancipe proclamando una dictadura perpetua, ni que la burguesía

manifieste su liberalismo llevando la centralización al extremo, ni que el espíritu

público se corrompa por el nefando consorcio de la licencia y el despotismo, ni que el

poder vuelva sin cesar a manos de los intrigantes, como los llamaba Robespierre,

que la Revolución, como Danton decía, esté siempre en poder de los más malvados. La

eterna razón queda al fin justificada, el escepticismo, vencido. No se acusará ya

de nuestros infortunios, ni la imperfecta Naturaleza, ni nuestro contradictorio espíritu; la

oposición de los principios se presenta al fin como la condición del universal

equilibrio.

Capítulo XI

SANCIÓN ECONÓMICA.

FEDERACIÓN AGRÍCOLA-INDUSTRIAL

Sin embargo, no está dicha la última palabra. Por justa y severa que sea en su lógica la

constitución federal, por garantías que en su aplicación ofrezca, no se sostendrá

por sí misma mientras no deje de encontrar incesantes causas de disolución en la

economía pública. En otros términos, es preciso dar por contrafuerte al derecho político

el derecho económico. Si están entregadas al azar y la ventura la producción y la

distribución de la riqueza; si el orden federal no sirve más que para la protección y el

amparo de la anarquía mercantil y capitalista; si por efecto de esa falsa anarquía la

sociedad permanece dividida en dos clases, la una de

propietarios-capitalistas-empresarios y la otra de jornaleros, la una de ricos y la otra de

pobres, el edificio político será siempre movedizo. La clase jornalera, la más

numerosa y miserable, acabará por no ver en todo sino un desengaño; los trabajadores

se coligarán a su vez contra los burgueses, y éstos, a su vez, contra los

trabajadores; y degenerará la confederación, sí el pueblo es el más fuerte, en democracia

unitaria; si triunfa la burguesía, en monarquía constitucional.

Para prevenir esa eventualidad de una guerra social se han constituido, como se ha

dicho en el capitulo anterior, los gobiernos fuertes, objeto de la admiración de los

publicistas, a cuyos ojos no son las confederaciones sino bicocas incapaces de defender

el poder contra las agresiones de las masas, o, lo que es lo mismo, la obra del

gobierno contra los derechos del pueblo. Porque, lo repetiré otra vez, no hay que

hacerse ilusiones: todo poder ha sido establecido, toda ciudadela construida y todo

ejército organizado, tanto contra lo de dentro como contra lo de fuera. Si el Estado tiene

por objeto hacerse dueño de la sociedad, y el pueblo está destinado a servir de

instrumento a sus empresas, preciso es reconocerlo, el sistema federal no es comparable

con el unitario. En él, ni el poder central a causa de su dependencia, ni la

multitud a causa de su división, pueden nada contra la libertad pública. Los suizos,

después de haber vencido a Carlos el Temerario, fueron durante mucho tiempo el

primer poder militar de Europa. Mas como formaban una confederación, aunque capaz

de defender e contra el extranjero, como se ha visto, inhábil para la conquista y los

golpes de Estado, han sido una república pacífica, el más inofensivo y el menos

emprendedor de los pueblos. La confederación germánica ha tenido también bajo el

nombre de Imperio sus siglos de gloria; pero como el poder imperial carecía de centro y

de fijeza, la confederación ha sido destrozada y dislocada, y la nacionalidad

puesta en grave peligro. La confederación de los Países Bajos se ha disuelto a su vez al

contacto de las potencias centralizadas. Es inútil mencionar la confederación

italiana. Sí, de seguro, si la civilización, si la economía de las sociedades debiese

permanecer en el statu quo antiguo, valdría más para los pueblos la unidad imperial que

la federación.

Todo, empero, anuncia que los tiempos han cambiado, y que tras la revolución de las

ideas ha de venir como su consecuencia legítima la de los intereses. El siglo XX

abrirá la era de las federaciones, o la humanidad comenzará de nuevo un purgatorio de

mil años. El verdadero problema que hay que resolver no es en realidad el político,

sino el económico. Por su solución, nos proponíamos en 1848, mis amigos y yo,

continuar la obra revolucionaria de febrero. La democracia estaba en el poder; el

gobierno

provisional no tenía más que obrar para salir airoso; hecha la revolución en la esfera del

trabajo y de la riqueza, no había de costar nada realizarla después en el gobierno.

La centralización, que habría sido necesario destruir más tarde, habría sido por de

pronto de poderosa ayuda. Nadie, por otra parte, en aquella época, como no sea el que

escribe estas líneas y se había declarado anarquista ya en 1840, pensaba en atacar la

unidad ni en pedir la federación.

Las preocupaciones democráticas hicieron que se siguiese otro camino. Los políticos de

la antigua escuela sostuvieron y sostienen todavía que la verdadera marcha que

hay que seguir en materia de revolución social es empezar por el gobierno y ocuparse

después a su sabor de la propiedad y del trabajo. Negándose así la democracia,

después de haber suplantado la clase media y arrojado a los reyes, sucedió lo que no

podía menos de suceder. Vino el Imperio a imponer silencio a esos charlatanes sin

plan; después de lo cual se ha hecho la revolución económica en sentido inverso de las

aspiraciones de 1848, y la libertad ha corrido grandes peligros.

Se comprenderá que no voy, a propósito de federación, a presentar el cuadro de las

ciencias económicas, ni a manifestar al pormenor todo lo que debiera hacerse en.

este orden de ideas. Diré simplemente que el gobierno federativo, después de haber

reformado el orden político, ha de emprender necesariamente, para completar su obra,

una serie de reformas en el orden económico. He aquí, en pocas palabras, en qué

consisten estas reformas.

Del mismo modo que, desde el punto de vista político, pueden confederarse dos o más

Estados independientes para garantirse mutuamente la integridad de sus territorios

o para la protección de sus libertades, bajo el punto de vista económico cabe

confederarse, ya para la protección recíproca del comercio y de la industria, que es la

que se

llama unión aduanera, ya para la construcción y conservación de las vías de transporte,

caminos, canales, ferrocarriles, ya para la organización del crédito, de los seguros,

etc. El objeto de esas confederaciones particulares es sustraer a los ciudadanos de los

Estados contratantes a la explotación capitalista y bancocrática, tanto de dentro

como de fuera; forman por su conjunto, en oposición el feudalismo económico que hoy

domina, lo que llamaré federación agrícola-industrial.

No desenvolveré este asunto desde ningún punto de vista. Sobrado sabrá lo que quiero

decir el público que sigue hace quince años el curso de mis trabajos. El feudalismo

mercantil e industrial se, propone consagrar por medio del monopolio de los servicios

públicos, del privilegio de la instrucción, de la extremada división del trabajo, del

interés de los capitales, de la desigualdad del impuesto la degradación política de las

masas' la servidumbre económica o el salario; en una palabra, la desigualdad de

condiciones y de fortunas. La federación agrícola-industrial, por el contrario, tiende a

acercarse cada día más a la igualdad por medio de la organización de los servidos

públicos hechos al más bajo precio posible por otras manos que las del Estado, por

medio de la reciprocidad del crédito y de los seguros, por medio de la garantía de la

instrucción y del trabajo, por medio de una combinación industrial que permita a cada

trabajador pasar de simple peón a industrial y artista, de jornalero a maestro.

Es evidente que una revolución de esta índole no puede ser obra ni de una monarquía

burguesa ni de una democracia unitaria; lo puede ser tan sólo de una federación. No

resulta del contrato unilateral o de beneficencia, no de instituciones de caridad, sino del

contrato sinalagmático y conmutativo.

Considerada en sí misma, la idea de una federación industrial que venga a servir de

complemento y sanción a la política está ostensiblemente confirmada por los

principios de la economía política. Es la aplicación en su más alta escala de los

principios de reciprocidad, de división del trabajo y de solidaridad económica,

principios

que resultarían entonces convertidos en leyes del Estado por la voluntad del pueblo.

Enhorabuena que el trabajo permanezca libre; enhorabuena que se abstenga de

tocarlo el poder, que le es más funesto que el comunismo. Pero las industrias son

hermanas, son las unas parte de las otras, no sufre una sin que las demás no sufran.

Fedérense, pues, no para absorberse y confundirse, sino para garantirse mutuamente las

condiciones de prosperidad que les son comunes y no pueden constituir el

monopolio de ninguna. Celebrando un pacto tal, no atentarán contra su libertad; no

harán sino darle más certidumbre y fuerza. Sucederá con ellas lo que en el Estado con

los poderes, y en los seres animados con sus órganos, cuya separación es precisamente

lo que constituye su poder y su armonía.

Así, ¡cosa admirable!, la zoología, la economía y la política están aquí de acuerdo para

decimos: la primera, que el animal más perfecto, el que está mejor servido por sus

órganos, y, por consiguiente, el más activo, el más inteligente y ¿I mejor constituido

para dominar a los otros, es aquel cuyas facultades y cuyos miembros estén más

especializados, más seriados, más coordinados; la segunda, que la sociedad más

productiva, más rica, más preservada de la hipertrofia y del pauperismo, es aquella en

que el trabajo está mejor dividido, la competencia es más completa, el cambio más leal,

la circulación más regular, el salario más justo, la propiedad más igual, y las

industrias todas están mejor garantidas las unas por las otras; la tercera, por fin, que el

gobierno más libre y más moral es aquel en que los poderes están mejor divididos,

la administración mejor distribuida, la independencia de los grupos más respetada, las

autoridades provinciales, las cantonales, las municipales, mejor servidas por la

autoridad central; en una palabra, el gobierno federativo.

Así, del mismo modo que el principio monárquico o de autoridad tiene por primer

corolario la asimilación o la incorporación de los grupos que se van agregando en otros

términos, la centralización administrativa, lo que podría aún llamarse la comunidad de

la familia política; por segundo corolario, la indivisión del poder, por otro nombre el

absolutismo; por tercer corolario, el feudalismo territorial e industrial; el principio

federativo, liberal por excelencia, tiene por primer corolario la independencia

administrativa

de las localidades reunidas; por segundo, la separación de los poderes en cada uno de

los Estados soberanos; por tercero, la federación agrícola-industrial.

En una república sentada sobre tales cimientos se puede decir que la libertad está

elevada a su tercera potencia y la autoridad reducida a su raíz cúbica. La primera, en

efecto, crece con el Estado; es decir, se multiplica a medida que aumenta el número de

los pueblos confederados; la segunda, subordinada de grado en grado, no

aparece en su plenitud sino en el seno de la familia, donde está aún templada por el

amor conyugal y el paterno.

Necesitábase indudablemente, para adquirir el conocimiento de esas grandes leyes, de

una larga y dolorosa experiencia; necesitábase quizá también, antes que llegara a

la libertad, que pasara nuestra especie por las horcas caudinas de la servidumbre. A cada

edad, su idea; a cada época, sus instituciones.

Pero ha llegado la hora. La Europa entera pide a grandes voces la paz y el desarme. Y

como si nos estuviese reservada la gloria de tan gran beneficio, vuelve todo el

mundo los ojos a Francia y espera de nuestra nación la señal de la felicidad común.

Los príncipes y los reyes, tomados al pie de la letra, son ya de otros tiempos: los hemos

constitucionalizado, y se acerca el día en que no sean sino presidentes

federales. Habrán concluido entonces las aristocracias, las democracias y todas las

cracias posibles, verdaderas gangrenas de las naciones, espantajos de la libertad.

¿Tiene ni siquiera idea de la libertad esa democracia que se llama liberal y anatematiza

el federalismo y el socialismo, como lo hicieron en 1793 sus padres? Pero el

período de prueba debe tener un término. Empezamos a razonar ya sobre el pacto

federal: no creo que sea esperar mucho de la estupidez de la presente generación

pensar que al primer cataclismo que la barra ha de volver a reinar en el mundo la

justicia.

En cuanto a mí, cuya palabra ha tratado de ahogar cierta parte de la prensa, ya por

medio de un calculado silencio, ya desfigurando mis ideas e injuriándome, sé bien que

puedo dirigir a mis adversarios el siguiente reto:

Todas mis ideas económicas, elaboradas durante veinte años, están resumidas en esas

tres palabras: Federación agrícola-industrial;

Todas mis miras políticas, en una fórmula parecida: Federación política o

Descentralización;

Y como yo no hago de mis ideas un instrumento de partido ni un medio de ambición

personal, todas mis esperanzas para lo presente y lo futuro están también resumidas

en este tercer término, corolario de los dos anteriores: Federación progresiva.

Desafío a quien quiera que sea a que haga una profesión de fe más limpia, de mayor

alcance ni de más templanza; voy más allá: desafío a todo amigo de la libertad y del

derecho a que la rechace.
 
 

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