Las Trabajadoras de la Agro Exportación en el País de las Maravillas

Miguel Calisaya Arangoitia

· "Perú alcanza récords en exportación no tradicional"

· "Exportaciones generan pleno empleo en Ica"

· "Agroexportación genera más de 642 mil puestos de trabajo".

· "Se elevará la competitividad de los productos peruanos"

· "Nuevos productos de exportación no tradicional ingresan al mercado internacional".

Titulares como estos hablan de un verdad oficial, una mirada parcial de una relidad que cada vez se hace más difícl de ocultar.

Es conocida la multiplicación de los récords de exportación en la agroindustria costeña que ha tenido lugar en los últimos años. El Perú es el segundo productor mundial de espárragos, el primer exportador de espárragos frescos y el país con el más alto rendimiento (9.6 TM/ha). En nuestro país las empresas agro exportadoras incrementan año tras año el valor de sus ventas, constituyéndose en uno de los sectores estrellas de las exportaciones no tradicionales.

Sin embargo, sus menores obligaciones tributarias y contributivas al amparo de la Ley que Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, Ley Nº 27360, no son correspondidas con el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Esta Ley establece menos derechos para las y los trabajadores del sector agrario, incluyendo indebidamente a la población laboral de la agroindustria de exportación no tradicional. A pesar que la mencionada ley establece menores estándares de derechos para las y los trabajadores, estos mínimos son violentados de forma sistemática.

El 4 de diciembre de 2005, el diario El Comercio informaba que de 48 empresas inspeccionadas por la Dirección Regional de Trabajo de Ica durante el mes de octubre de 2005, 44 empresas estaban incumpliendo en distinto grado la normatividad laboral. Estudios realizados en el año 2000 por la Federación Provincial de Mujeres de Ica y y la Asociación Aurora Vivar en el 2005, evidencian que a excepción de destacados casos de responsabilidad social empresarial, muchas empresas no están respetando la política laboral vigente para el sector.

Esta situación se ve agravada cuando funcionarios del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales se hacen de la vista gorda o minimizan esta situación, con el probable perjuicio que, de no ser atendida oportunamente, esta situación desencadene en un nuevo factor de conflicto social que tenga que afrontar el actual gobierno.

Algunos funcionarios, como el actual Ministro de Agricultura Juan Salazar García, se han puesto de espaldas a la realidad pretendiendo negar una situación cada vez más denunciada, y se atreve a decir con grave atrevimiento y en tono tajante que "no hay explotación" luego de hacer una visita guiada en dos empresas agroexportadoras de Ica, e ignorar "las denuncias que se acrecientan cada vez en este sector por la mayoría de trabajadores, que al no tener otra opción de trabajo se tienen que someter a las pésimas condiciones de trabajo de estas empresas" (Ica, El Correo, domingo 1 de octubre de 2006).

Esta mirada oficial de la realidad laboral del sector agroexportador está anclada en la parte que quieren mostrar las y los empresarios locales y que no toma en cuenta la voz de las y los trabajadores. Crecimiento de las inversiones, de la rentabilidad y de la productividad nacional, inversionistas extranjeros interesados en el agro nacional, el Perú segundo exportador mundial de espárragos, generación de centenas de miles de puestos de trabajos, es solo un lado de la dinámica que imprime la agroexportación.

Hay una realidad oculta que no por ser ignorada intencionalmente en la política limeña y nacional, no deja de ser grave. Es una realidad dura, injusta e inmoral que afecta a miles de hombres y mujeres trabajadoras de algunas zonas de la faja costera, en la que la política del cholo y de la chola barata se re-edita en un sector boyante de nuestra economía.

Al interior de muchas empresas el abuso empieza en el trato humillante que se da en el centro de trabajo, una jornada que para las y los trabajadores puede empezar a las 3 o 4 de la mañana cuando tienen que alistarse para ser transportadas en omnibuses atestados de otros trabajadores, cuando no en camiones, y persiste cuando tienen que laborar sin los instrumentos y las medidas de protección contra los riesgos derivados de su actividad laboral, con grave perjuicio de su salud, sin la remuneración de las horas extras, sin ejercicio del derecho a la atención en salud, y un larguísimo etcétera, etcétera. Esta situación llega al límite cuando toda la legislación vigente sobre protección de la maternidad es avasallada por algunas empresas, de esta manera el ser madre o tener la capacidad de serlo es un factor de discriminación. Hay casos en que algunas empresas piden una tarjeta de planificación familiar como requisito para acceder al trabajo o las someten a la revisión ginecológica para determinar si están o no embarazadas y según eso contratarlas.

Los funcionarios estatales callan por intereses políticos. Reducidos al espacio metropolitano, más cerca de las cifras y los indicadores económicos que de la gente de carne y hueso, se quiere desconocer una verdad que en Ica y La Libertad es vox populi; interesados en no perjudicar la imagen de las empresas y garantizar la "paz social" prefieren hablar de números y no de derechos humanos en el trabajo. En las regiones las autoridades se hacen de la vista gorda, empezando por las direcciones regionales de trabajo y pasando por los presidentes regionales, les conviene creer en la posición de las empresas y siguen presentándose como incautos.

Las empresas tienen los mecanismos para mostrar otra realidad, así a los ojos de los compradores externos, los inspectores laborales y las autoridades nacionales todo es de maravillas, ignorando el lado oculto y perverso de las prácticas laborales de muchas empresas

Miguel Calisaya