La "sociedad de la información" surge originariamente como un modelo conceptual que intenta dar cuenta de las profundas alteraciones experimentadas por la sociedad industrial en las últimas décadas, inducidas, fundamentalmente, por la revolución tecnológica. De este modo, se suele considerar al nuevo modelo informacional como la meta deseada a la cual los países se aproximan indefectiblemente. Sin embargo, las velocidades de transición hacia la sociedad de la información dependen en gran medida del grado de desarrollo y riqueza de los países, dado el bagaje de capacidades, conocimientos e infraestructura necesarios para superar con éxito tal transición. Los países del Sur se encuentran, como consecuencia de ello, nuevamente rezagados con respecto a los más desarrollados, que han comenzado esta transición desde un lugar de partida aventajado.

En este contexto surge la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) como proceso global en el que participan los principales actores vinculados a temáticas de información y comunicación, tales como los gobiernos, la sociedad civil organizada, el sector privado y la academia. El Plan de Acción aprobado en la primera fase de la Cumbre en Ginebra ha sido objeto de variadas críticas, fundamentalmente desde las organizaciones de la sociedad civil. Estas críticas abarcan desde cuestiones organizativas (en la elaboración del mismo no se siguó el marco de trabajo multisectorial propuesto para la organización de la Cumbre) hasta profundos aspectos políticos e ideológicos. Se critica, por ejemplo, el corte tecnicista del Plan de Acción de Ginebra, que prioriza cuestiones de acceso y extensión de infraestructura frente a políticas de desarrollo de capacidades; así como la carencia de aplicabilidad frente a la altísima heterogeneidad de situaciones registradas a nivel mundial. Asimismo, se ha interpretado que el tipo de asociaciones publico-privadas previstas en el plan tiene el riesgo de minimizar la intervención estatal y la batería de políticas públicas necesarias, promoviendo soluciones basadas exclusivamente en el libre mercado, que no aseguran la consecución de los fines de desarrollo social deseados.

A pesar de estas limitaciones en cuanto a sus resultados concretos y pese a la falta de visibilidad de la Cumbre frente a otras instancias globales, ésta cumple con el cometido de introducir la sociedad de la información como temática dentro de las agendas nacionales. De este modo emergen las estrategias nacionales, ciberestrategias o estrategias-e, como marcos de acción que sustentan la construcción de la sociedad de la información en diferentes regiones y naciones. A nivel global, organismos internacionales tales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UN ICT Task Force han sentado precedentes en el diseño y promoción de este tipo de estrategias.

Uno de los factores reconocibles que inciden sobre el éxito de estas estrategias es la implementación de marcos de trabajo multisectoriales en las fases de diseño y aplicación, de modo de lograr perspectivas integrales, sustentadas en las visiones comparadas de todos los actores protagonistas del proceso (incluyendo a la sociedad civil y el sector privado). La participación del sector privado en estos procesos es considerada como útil y necesaria, siempre y cuando sea ejecutada bajo control estatal. El "dejar hacer" al sector privado suele tener la consecuencia indeseada de extensión de infraestructura y conexión solamente en aquellos espacios de mercado rentables. En este sentido, los planes de acción para la sociedad de la información deben lidiar también con la liberalización del sector de las telecomunicaciones, impuesta por las instituciones financieras internacionales en numerosos países y regiones, tales como América Latina. La consecuencia directa de tales reformas ha sido la merma en las regulaciones a la acción del sector privado, que redunda en la desvinculación entre políticas TIC y políticas de derechos humanos y promoción de prácticas ciudadanas.

A esta compleja situación se suma el hecho de que los gobiernos de los países menos desarrollados suelen destinar pocos recursos a la inversión en este tipo de planes. Frente a presupuestos reducidos, estos ocupan un segundo puesto con respecto a prioridades como la salud y educación. Asimismo, una buena parte de estos países carecen en sus gobiernos de cuerpos técnicos capacitados en la temática, lo cual impacta sobre políticas fragmentarias y de corte alcance, y en la falta de protagonismo en instancias globales de decisión, como la CMSI. Urge, de este modo, la consulta e incorporación en el diseño de políticas de organizaciones de la sociedad civil especializadas en temáticas de información y comunicación, capaces de generar, desde su experiencia, aportes valiosos al proceso.

Los planes de acción de aproximación a la sociedad de la información deben ser considerados como políticas de estado y no como programas periféricos o accesorios. El paradigma actual apunta a programas integrales, de coordinación multisectorial, e incorporados activamente a las agendas del desarrollo como los más eficaces para la transición hacia la sociedad de la información. Es necesario hacer hincapié, también, en la conjunción regional de esfuerzos y en las estrategias o planes regionales.