PRIMEROS GOBIERNOS.  --LA AUDIENCIA. --LA UNIDAD NACIONAL. --LA IGLESIA. 1543 - 1564.

SUCESORES DE LOS QUESADAS: El licenciado Jiménez de Quesada anduvo desafortunado en su visita a la corte, pues con motivo de algún descuido baladí en detalles del protocolo de palacio, se le formó un ambiente en extremo desfavorable y naturalmente su competidor en los derechos al gobierno del Nuevo Reino, don Luis Alonso de Lugo, triunfó sobre él definitivamente, obteniendo el título de Adelantado de dicho dominio y el gobierno del mismo.  En su condición de tal, se presentó en el Cabo de la Vela con 300 hombres y se incautó allí importantes sumas de la ranchería de perlas que pertenecían al tesoro real;  por Valledupar salió al Magdalena, llegando a Vélez por el mes de mayo de 1543, solamente con 65 hombres, unos 30 caballos y algunos ganados de cría.

  En Vélez se hizo reconocer y procedió a declarar nulos los repartos de encomiendas hechos por el capitán Galeano, disposiciones que más adelante extendió o quiso extender a toda la provincia, sin reparar en los medios para imponerse y para sacar provecho en dinero efectivo, convirtiendo al efecto dichas providencias en un negocio de pingües rendimientos.  Ya se vio su proceder con Hernán Pérez de Quesada; lo mismo hizo con Suárez Rendón, con Galeano y con Francisco Quesada, y una vez que el fruto de sus rapiñas montó a 300.000 ducados, se fue a España en 1545, dejando encargado a su pariente Lope Montalvo de Lugo.  Podría decirse de ese ambicioso sujeto, parafraseando a César, que vino, robó y se fue.  En su tiempo el capitán Vanegas Carrillo fundó a Tocaima después de someter a los panches.

  Lope Montalvo de Lugo en 1545 y Pedro de Ursúa de 1545 a 1547, apenas sí dejaron rastros de su paso por el gobierno de Santafé.  El primero destacó al capitán Martínez sobre los indios muzos, quienes le infringieron un violento rechazo; en una insurrección del Guatavita, tuvo Montalvo mejor fortuna, pues la dominó con facilidad.  El segundo, Ursúa, enviado de Cartagena por el visitador Armendáriz, en cuanto se encargó del mando apresó a Montalvo y al alcalde ordinario capitán Lanchero, por achacárseles el incendio de la casa que ocupó Ursúa a su llegada a Santafé.

MIGUEL DÍAZ DE ARMENDÁRIZ: En enero de 1547 llegó a Santafé, después de despachar en Cartagena los asuntos de importancia que allí encontró, en cumplimiento de su misión de visitador y de juez de residencia de gobernadores, a la cual se agregaba la muy necesaria del implantamiento de la llamadas nuevas leyes de protección a los naturales.

  Las quejas de fray Bartolomé de Las Casas y de algunos otros hombres de conciencia, hicieron por fin saber a Carlos V las iniquidades que se estaban cometiendo con los indios.  Ya era tiempo, y como asunto de urgencia, se imponía la defensa de la raza vencida, en trance de dasaparecer en las regiones mineras, con la extorsión de los vencedores.  A este respecto, el doctor José Alejandro Bermúdez, en su compendio de historia, nos dice:  «Sin desconocer los muchos abusos que hubo, sobre todo en el principio, no puede afirmarse que los indios hubieran padecido tanto como lo da a enterder fray Bartolomé de Las Casas.  La prueba mejor en contra de tal acertó nos la da el propio indio, que nunca mostró el menor deseo de propender por su independencia», y cita en seguida el caso de la pertinacia de los pastusos en defensa del rey durante la guerra magna; pero se olvidó monseñor del grito, del clamor unánime de los indios, a la par con los criollos y aun con los negros, durante la revuelta de los comuneros y de las represalias que se tomaron contra éstos, después de haberlos engañado de la manera más inicua.  No, no hubo tal estado de alma en el indio, y si el embrutecimiento en que lo mantuvieron deliberadamente los gobiernos de España y el miedo cerval que éstos le inspiraron, lo hizo callar, no es suficiente argumento para desmentir ni para poner en duda la aserción de un testigo presencial y de toda excepción, como lo era el grande apóstol a quien no en vano consagra la historia con el nombre de Protector de los Indios.

  El sistema de las encomiendas,  «institución tipo del régimen colonial»  de la primera época y que se prolongó hasta 1631  --en las instrucciones del virrey Amar se encuentran disposiciones sobre encomiendas, lo que quiere decir que en esa época todavía existía la institución--  cuando declaró el gobierno abolida toda nueva concesión, hubiera acabado con los indios de las regiones mineras, si por fortuna para éstos otro sistema no menos atroz, el de los negros cazados y traídos del África como esclavos, no hubiera venido a reemplazarlo.  Entre tanto, a pesar de las protestas de los encomenderos y de sus reclamaciones a la corte, las nuevas leyes mejoraron, o al menos aliviaron la suerte de los oprimidos, ya que las antiguas disposiciones de los reyes católicos habían sido hasta entonces letra muerta para los conquistadores.

  Estas leyes, cuyo cumplimiento y vigilancia se encargó de manera especial a las audiencias, pueden resumirse así: 

a) Prohibición absoluta de la esclavitud de los indios y su reconocimiento como vasallos de     

    su majestad. 

b) Tratamiento humano y benévolo para los encomendados, con pérdida de la encomienda

     para el infractor.

c) Regulación del tributo del indio al encomendero, con exclusión del trabajo personal.

d) Obligación del encomendero de dar instrucción religiosa a los encomendados.

e) Prohibición de poseer encomiendas a los empleados públicos o a quienes hubiesen tenido

    anteriormente empleos, y así mismo a los conventos, hospitales y cofradías.

f) Prohibición de ocupar a los indios como cargueros en la minería, contra su voluntad y sin

  el pago de sus servicios.

g) Reducción a términos prudenciales de las encomiendas demasiado extensas; finalmente.

h) Prohibición de nuevas concesiones y terminación del derecho de los hijos y de las esposas

   para heredar las encomiendas.

  Naturalmente los encomenderos se sintieron lesionados y en todas partes se suscitaron protestas.  Belalcázar, en su gobierno de Popayán, asumió la responsabilidad de suspender el cumplimiento de dichas nuevas leyes, mientras hacía llegar a la corte sus representaciones, para cuyo efecto envió a España a don Francisco de Rodas; de Santafé se envió al capitán Vanegas Carrillo con el mismo fin, no resultando a los comisionados completamente inocua su misión, pues consiguieron que las leyes protectoras se reformaran en el sentido de que las encomiendas podrían ser heredadas por los hijos y las esposas de los concesionarios, que podrían poseerlas los empleados públicos que hubiesen dejado de serlo, y por último, que podrían hacerse nuevas adjudicaciones en retribución de servicios a la corona.

  El gobierno de Armendáriz tuvo un carácter serio y honorable.  Decidió el conflicto creado por la rapacidad de Luis Alonso de Lugo, declarando propietarios de las encomiendas a quienes las recibieron de los Quesadas; destacó hacia el norte a Pedro de Ursúa y a Ortún Velasco, quenes fundaron a Pamplona en 1549, en tierras de los indios chitareros, que los conquistadores llamaron valle del Espíritu Santo; auxilió con cien hombres al mando del capitán Vanegas Carrillo, la expedición de Belalcázar en apoyo de don Pedro de La Gasca contra Gonzalo Pizarro en el Perú; finalmente, despachó a Sebastián Quintero contra los paeces y tribus vecinas, y durante esa campaña se fundó a San Sebastián de la Plata, cerca de las ricas minas del metal de ese nombre, en el actual departamento del Huila.  Como tenía la orden de residenciar, Belalcázar creyó prudente demorar el juicio, en vista de los importantes servicios que este conquistador prestaba en el Perú.  En 1550 resignó el mando en la real audiencia de Santafé.

  A fines del mismo año regresó de España a su ciudad el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, después de haberse rehabilitado en la corte, lo que se debió, a más de sus méritos personales, a los informes del visitador Armendáriz.  Traía el título de mariscal y adelantado del Nuevo Reino, aunque sin mando efectivo; además el carácter de regidor perpetuo de Santafé.   Le fue asignada una pensión vitalicia de 2.000 ducados y se le otorgó el derecho de levantar una fortaleza de la cual sería alcaide perpetuo.

LA REAL AUDIENCIA:  El establecimiento de la real audiencia de Santafé, creada por cédula de Carlos V --Aún cuando Carlos V, emperador de Alemania y rey de España, en esta última dignidad se llamaba Carlos I,

siguiendo la costumbre general, le conservaremos el primer nombre por ser el más conocido y divulgado--, fechada el 17 de julio de 1549, e instalada formalmente con gran pompa el día 5 de abril de 1550, marca un verdadero progreso en la formación de las nacionalidades.  El régimen arbitrario de los adelantados y de los mariscales cede el campo a fórmulas legalistas y la propio tiempo los componentes precolombinos reciben el primer impulso de las fuerzas que debían congregarlos y ordenarlos:  la provincia de Santa Marta dependiente de Santo Domingo, la de Cartagena, bajo la jurisdicción de Panamó, la de Popayán, sometida a Lima hasta entonces, así como las de Tunja, Antioquia y Pamplona en etapa de formación y hasta las de Panamá y Venezuela, entraron a formar un conjunto homogéneo bajo la jurisdicción de Santafé de Bogotá.

  Tratando de adaptar a la técnica moderna el estudio del régimen gubernativo de la naciente colonia, podría hacerse la siguiente clasificación, hasta cierto punto arbitraria, por cuanto las funciones se entremezclan y confunden y porque no es cosa aceptada aplicar un criterio del siglo XX a lo que sucedía en el siglo XVI.  Con todo, lo hacemos así para la mejor inteligencia de los estudiantes.

--Poder ejecutivo:  El rey, el supremo consejo de Indias, la casa de contratación de Sevilla, el representante real  (virrey o presidente), el gobernador de provincia y los ayuntamientos o cabildos.

--Poder legislativo:  El rey y el supremo consejo de Indias.

-- Poder judicial:  El rey, el supremo consejo de Indias y la real audiencia.

  Las funciones podrían determinarse así:

El rey:  Dueño y señor absoluto en todos los órdenes.  Ejercía el poder por derecho divino, sin más freno que su propia conciencia, así se tratara de personalidades verdaderamente sustantivas como un Carlos V, un Felipe II o un Carlos III, o de seres notoriamente inferiores como un Carlos II, un Carlos IV o un Fernando VII.

El supremo consejo de Indias:  Corporación creada por Fernando el Católico y reorganizada por Carlos V y por Felipe II; integrada por señores de capa y espada, en cuya escogencia se tenía en cuenta ante todo, la nobleza del linaje, el temor de Dios y las sanas costumbres y luego la prudencia aunada a  «conocimientos en letras».  Tenía atribuciones de corte suprema y de consejo de estado, manejaba discrecionalmente todos los asuntos de América como entidad consultiva del rey y a la vez como legisladora.  En suma:  preparaba toda clase de disposiciones y el monarca las firmaba:  «Yo el rey».

Casa de Contratación:  Funcionaba en Sevilla y su creación fue anterior a la del supremo consejo, pero quedó sometida a él.  Era como una cámara de comercio con atribuciones administrativas y policivas, que tenía a su cargo todo el tráfico de las Indias, con facultad para precisar la clase de mercancía que se podía llevar a las colonias, para establecer las tarifas de fletes y para fijar su destinación.

Real audiencia:  Especie de tribunal de justicia bajo la jurisdicción del supremo consejo, con atribuciones ejecutivas en determinados casos, que alcanzaban hasta sobre los mismos mandatarios, a quienes por lo que se vio algunas veces, podía residenciar, destituir y aun reemplazar.  Tenía a la vez cierto carácter de junta asesora y el mandatario debía consultarla en los casos importantes, sin que le fueran obligatorios sus dictámenes.  Los magistrados se llamaban oidores y mantenían el sello real con ceremonioso aparato, como si se tratara de la propia persona del monarca.

Cabildo:  Única entidad de origen popular, estaba constituida por regidores y alcaldes y tenía funciones administrativas y de justicia locales, pudiendo decirse que el régimen democrático tuvo su origen en esa institución.

ORDEN PÚBLICO: En la conservación del estado de cosas que duró cerca de tres siglos, en sus dos primeros tercios, brilló por su ausencia la fuerza armada, como que se reducía a unos pocos cuerpos de tropas en Cartagena y a unos cuantos guardias del virrey, y este caso singular que motiva la admiración de algunos autores y lo abonan a España como mérito indiscutible, no fue sino la natural consecuencia de dos hechos notorios:  la eliminación sistemática de todo elemento peligroso, así se llamara Sagipa o Aquimén, Oyón o Aguirre, Galán o Ambrosio Pisco, Antonio Nariño o José Antonio Ricaurte; y la dosificación de la cultura a indios y colonos, reducida a la doctrina, la gramática, el latín y teología, en la forma en que lo estimaban prudente el supremo consejo de Indias y la santa inquisición de Cartagena.  Prueba palmaria de este aserto es el de que de Carlos III en adelante, cuando se dio un verdadero impulso a los estudios y una auténtica cultura comenzó a dejarse sentir, se empezaron a ver tropas de línea en donde jamás hasta entonces se las conociera.

INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE SANTAFÉ: El personal nombrado para integrar por primera vez la audiencia fue sabiamente escogido en tres togados de alta honorabilidad.  Éstos fueron:  Gutiérrez de Mercado, Juan López de Galarza y Beltrán de Góngora.  Parece ser que Francisco Briceño fue nombrado también en esta ocasión, pero por entonces se ocupaba en el juicio de residencia de Belalcazar.  El primero de los nombrados traía además la comisión de residenciar a Díaz de Armendáriz, pero le sorprendió la muerte en Mompós.  Instalada la audiencia, Armendáriz se apresuró a resignar en ella el mando y poco después llegaba el licenciado Zurita a residenciarlo, pero no habiendo podido efectuarse el juicio, debido a la protección que la audiencia dispensaba al ex-mandatario, se permitió a éste salir para España.  Tuvo, sin embargo, la mala fortuna de encontrar en su camino al oidor Juan de Montaño, quien lo hizo regresar a Santafé y le siguió rigurosamente el proceso, hasta remitirlo a la corte, en donde fue absuelto.

  A tiempo con Montaño llegó a Popayán don Francisco Briceño, complementando así el número de cuatro oidores.  Por esa época se instalaron en Santafé las órdenes religiosas de franciscanos y dominicos, cuya influencia en la vida colonial fue preponderante; la audiencia dispuso que se les adjudicaran sus respectivos solares.

DON JUAN DE MONTAÑO: Además del cargo de oidor, trajo la investidura de visitador y en tal carácter siguió el juicio a Armendáriz primero y luego el de sus colegas Galarza y Góngora, a quienes remitió a España y ya se vio cómo éstos últimos perecieron en el mar junto con don Pedro de Heredia.  La actuación de Montaño en el gobierno se destaca como una de las más sombrías en la colonia, por los muchos atropellos y crímenes que cometió, hasta el punto de que, residenciado y remitido a España, sufrió el último suplicio en Valladolid en 1561.

ÁLVARO DE OYÓN: En tiempo de Montaño, ocurrió en La Plata  (Huila)  una insurrección encabezada por Álvaro de Oyón, quien en la noche del pronunciamiento dio muerte a su protector Sebastián Quintero, e invocando la libertad se declaró en franca revuelta contra España.  Después de una corta campaña sobre Timaná y Neiva, con unos 80 hombres cayó sobre Popayán, y su gobernador Diego Delgado la defendió.  En el furioso ataque, Oyón cayó en poder de los defensores, siendo terriblemente sacrificado con algunos de sus compañeros.  Montaño, que salió en campaña contra el insurrecto, alcanzó a llegar a Cali por la recién abierta vía del Quindío, pero regresó a Santafé a la noticia del triunfo de Popayán.

  No existen suficientes elementos de juicio para apreciar el positivo valor del levantamiento de Oyón.  Los cronistas y mandatarios, con criterio unilateral, lo han juzgado como un acto de bandolerismo, de la misma manera que juzgaron muchos hechos posteriores como los de Galán, Pisco y otros; pero es lo cierto que Oyón proclamó la libertad e independencia de España y ésto, en principio, hace a lo menos pensar si no sería este hombre un vidente que se anticipó algunas centurias a nuestros libertadores.  Prócer o bandido, el de Oyón es un caso que merece especial atención de los historiadores.

LOPE DE AGUIRRE: Otro caso semejante y desde luego más definido, en cuanto a la personalidad del insurrecto, es el de este hombre que, quizás, sin sospecharlo, colmó de espanto a los santafereños en 1561, no obstante la distancia a que los hechos se sucedían.  Aparece Aguirre en el Perú en la insurrección de Gonzalo Pizarro y más adelante en una expedición al Amazonas dirigida por Pedro de Ursúa.  En esta vez asesinó a Ursúa y a su compañera y proclamó a Fernando de Guzmán príncipe del Perú y a sí mismo se tituló mariscal de campo.  Luego asesinó a Guzmán, salió al mar e hizo centro de sus actividades a la isla de Margarita  (Venezuela).  Desde allí dirgió una curiosa carta a Felipe II, en la cual lo trataba de tú por tú, le enrostraba su crueldad y mala fe y le notificaba su rebelión  «fasta la muerte».  En Margarita, además, hizo saber sus planes de conquistar todos los territorios sometidos a España y cometió muchos excesos.

  Pero lo importante a nuestra historia es el terror que produjo en Santafé, en donde a cada paso se sentían atacados por el Tirano Aguirre, según se le llamaba; se nombró al mariscal Quesada para hacerle frente, y hasta se formaron partidos por asuntos de la estrategia que debía seguirse:  unos opinaban que se debía batir al tirano en el valle de Cúcuta, al paso que otros sostenían que era más conveniente hacerlo en el valle de Cerinza, y a tal punto subió la exaltación de los estrategas criollos, que el mariscal Quesada se vio en la necesidad de prohibir toda discusión sobre el particular bajo pena de muerte.  La calma no volvió a Santafé, sino a la noticia de la muerte de Aguirre, ocurrida en Tocuyo  (Venezuela), lugar en el cual fue atacado por las autoridades venezolanas y en el combate recibió la muerte de sus propios partidarios.

EL GOBIERNO DE LA AUDIENCIA: Sucedió a Montaño la administración directa del gobierno por la real audiencia hasta 1564, y ésta quizás fue más eficiente de lo que algunos autores lo han creído; en efecto:  continuó el sostenimiento de los indios muzos, marquetones  (región de Mariquita), coyaimas y natagaimas; hizo construir el camino de Facatativá a Honda, obra que llevaron a cabo Alonso de Olaya Herrera y Hernando de Alcocer, con el personal de sus encomiendas; lo mismo sucedió con el camino del Quindío que lo construyó Melchor Valdés; estableció la navegación del Magdalena en champanes y, finalmente, fundó varias poblaciones:  Muzo, La Palma, Villeta y Mariquita entre otras.

IBAGUÉ: En la campaña sobre los coyaimas y natagaimas, llegó Andrés López de Galarza que la dirigía a un valle que llamaron de las lanzas, por los indios que lo habitaban, a quienes los españoles encontraron armados de lanzas, lugar que encontró apropiado para cumplir la comisión que diera la audiencia, de fundar una población allende el Magdalena.  La capital de nuestro departamento del Tolima vino así a la historia, en los tiempos de la lucha heróica que sostuvieron los pijaos en defensa de los derechos al territorio que les venían a disputar los españoles, lucha que se prolongó hasta los tiempos del presidente Borja, quien los exterminó.  Parece como si la velentía y altivez de estos indios, que se defendieron como leones, hibieran pasado intactas a los hijos del Tolima, quienes durante la república, en los campos de batalla y en las lides del trabajo, han puesto su nombre en alturas rivales del hermoso nevado que da su nombre al departamento.  Ibagué a la cabeza de ese pueblo valiente, se ha mostrado en todo tiempo digna de sus destinos.  Fundada en el territorio del cacique del mismo nombre en 1550, fue definitivamente establecida en febrero de 1551 donde hoy la vemos.

LA IGLESIA: Casi coincidiendo con la creación de la audiencia, aparece la arquidiócesis de Santafé, erigida por bula de Pio IV el 11 de abril de 1563, y este hecho vino a ser como un nuevo aglutinante de la nacionalidad, contemplando las cosas por su aspecto puramente social.  Así podría decirse que de la fundación de estas dos entidades, la audiencia y la arquidiócesis, parte la etapa generadora de Colombia.

  Fue el primer arzobispo fray Juan de los Barrios, obispo que había sido de Santa Marta desde 1552 y quien en calidad de tal visito a Santafé en 1553, cuando dispuso y llevó a cabo la construcción de una iglesia que debía reemplazar la capilla pajiza de la fundación, en el sitio que ocupa la actual basílica; desgraciadamente la edificación se derrumbó apenas estuvo concluida.  Reunió también en Santafé el primer sínodo diocesano, del cual emanaron normas importantes sobre régimen eclesiástico y sobre cristianización de los indios.  Inició el señor Barrios la serie de 34 arzobispos, hasta la independencia.

  Durante el régimen colonial y en los comienzos de la república, el patronato fue la norma reguladora de las relaciones del gobierno español con la iglesia católica, y consistía en el derecho del monarca de presentar a Roma los candidatos a las sillas episcopales, canongias, prioratos y demás prebendas eclesiásticas.  De ellos resultaba prácticamente que no se movía un solo cargo eclesiástico, ni se hacía nada en asuntos de la administración de la iglesia, sin el consentimiento y la intervención directa o indirecta del rey.  En las instrucciones reales al virrey Amar, por ejemplo, puede apreciarse la importancia suma  que la corte atribuia a este derecho, y no le faltaban razones, pues que el sistema del patronato, del cual abusó la realeza en el sentir de tirios y troyanos, se explotó hasta en un sentido policivo, de lo cual puede citarse, entre otros, casos concretos como la actuación del arzobispo Caballero y de los padres capuchinos en la revuelta de los comuneros y las misiones y predicaciones que ordenó Ezpeleta cuando el proceso por los derechos del hombre.

  Por la autoridad del autor en materias eclesiásticas, y sobre todo en este asunto del patronato real, cedemos la palabra a monseñor José Alejandro Bermúdez, de quien son los siguientes conceptos:  «Por desgracia la corona española no comprendió muy bien el mérito de la obra de la iglesia  (la obra en América, análoga a la de los primeros tiempos de la iglesia) y quiso sujetarla.  Lo logró en parte por medio del regio patronato, al cual se debe el mal que a la iglesia sobrevino; de suerte que muchos de los defectos que los adversarios de la iglesia han descubierto en ella, son casi en su totalidad obra del patronato, que fue una de las instituciones más nocivas para la iglesia y para la corona española.....  es manifiesto que la iglesia en las Indias estaba practicamente subordinada a los reyes, sin que de ello se hubiera desprendido ventaja alguna ni para la iglesia, ni para el estado que se vio envuelto en una multitud de litigios que no eran de su incumbencia.  De este abuso del derecho del patronato por parte de los monarcas españoles, nacieron vejámenes continuos que la iglesia padeció en ese tiempo; los deseos inmoderados de algunos seglares de vivir entrometiéndose en asuntos puramente religiosos, y por parte del clero una natural tendencia a mezclarse en asuntos netamente políticos, so pretexto de intervención a su vez que el poder civil tenía en cuestiones religiosas».

  Aceptado pues como verdad histórica el abuso que hacía el gobierno español del patronato regio, es de justicia descartar del apostolado de la iglesia en la evangelización de los indios, ese otro abuso que fue el régimen de las encomiendas, con el cual se ha querido solidarizarla, probablemente haciendo pie en el hecho de que los indígenas recibían la enseñanza de la doctrina, como a manera de una retribución por los servicios que de ellos derivaban los encomenderos, según éstos lo entendían.  La verdad es que tanto la iglesia como los indios fueron los explotados y si aquélla supo sacar partido del estado de cosas, para cumplir su misión evangelizadora, lo hizo con sabiduría y obró un gran bien, o de lo contrario la doctrina del Crucificado no representaría nada sobre la creencia en Chiminigagua.  Siembargo, es evidente que hubo naturalmente abusos por parte de los misioneros en sus relaciones con los indígenas, según se puso de bulto en las capitulaciones que en su hora impusieron los comuneros del Socorro, abusos que fueron la lógica consecuencia del sistema del patronato.

  Son, pues, notoriamente, injustas apreciaciones como las siguientes de la Geografía económica de Colombia, Caldas, cuando al tratar de la encomienda como institución dice:  «La encomienda.....  tiene una proyección religiosa, la misión....  La misión es el arbitrio para recoger lo escapado de la explotación de la encomienda, misión y encomienda son dos brazos del sistema feudal».

  En la encomienda, o en la misión propiamente dicha, el hecho de la cristianización del indio, debe apreciarse como un altísimo bien, así se miren las cosas solamente bajo el punto de vista sociológico.  La unidad religiosa en una nación es en sí misma un dón inapreciable, que evita muchos problemas de carácter grave, como los que contemplan algunas naciones de rancia cultura, pero con minorías religiosas: ahora, si tal unidad se realiza a base de cristianismo, ya se tendrá más de un motivo para que considere dicha unidad como una dádiva del cielo.

  Con ese criterio, cuando menos, debe agradecerse a los misioneros, llámense dominicos o franciscanos, mercedarios o agustinos, o jesuitas, en fin, esa obra enorme de la unidad religiosa y cristiana, y así no debe olvidarse que desde fray Juan de Quevedo, primer obispo de la Antigua, hasta los sacerdotes y frailes que actuaron en favor de la independencia, dejaron obligado nuestro reconocimiento, siendo nuestra deuda con ellos algo que nadie podría desconocer.

.