Los atentados contra Nueva York y Washington del pasado 11 de septiembre y la respuesta de EEUU contra Afganistán marcan un nuevo orden político a escala internacional para el siglo XXI. Su línea principal debe ser la de definir nuevos esquemas para escuchar y satisfacer las reivindicaciones de los excluidos, así como para resolver los asuntos pendientes de la actualidad internacional, los conflictos enquistados, las injusticias y las diferencias sociales entre Occidente y las regiones periféricas. En este nuevo trazado político que debe surgir tras los acontecimientos que estamos viviendo hoy es donde van a encuadrarse la evolución de problemas políticos y sociales hasta ahora sin resolver, como el que nos ocupa: el conflicto del Sáhara Occidental. 

El próximo 30 de noviembre será una fecha clave. El mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental (MINURSO), tantas veces prorrogado, finaliza entonces. Sabremos si se mantiene el statu quo, que pospone infinitamente una decisión final, o si por el contrario se aprovecha para dar un nuevo impulso en la resolución del conflicto. Este se encontraba estancado por causa de la falta de acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario para establecer un censo de votantes hasta junio de 2001. En esta fecha, la ONU asumió el llamado Plan Baker, un proyecto para construir una autonomía en Marruecos para el Sáhara Occidental  que ya ha sido aceptado por Rabat, pero rechazado por Argelia y el Frente Polisario. El nuevo informe del secretario general de la ONU nos dará nuevas pistas sobre el estado de las negociaciones sobre la tercera vía. Veremos entonces si, a pesar de las diferencias, la ONU ahonda en esta propuesta –que responde a los intereses de EEUU y Francia en la zona–  o si evoluciona en su postura y decide por fin aplicar el Plan de Paz que ella misma elaboró en 1991.

Los acontecimientos que vivimos hoy demuestran también que ni EEUU ni ningún otro gobierno puede tomar decisiones sin contar con la comunidad internacional y viceversa. Washington no puede seguir imponiendo su hegemonía en el mundo a costa de la democracia y de los derechos de las minorías y creando injusticias sociales. La comunidad internacional no debe permitírselo. Entre tanto, la ONU ha de asumir de una vez por todas su papel, como organización que representa a todos los países del mundo y empezar a imponer con más fuerza políticas que contribuyan a eliminar la brecha entre países ricos y pobres. Compartir la democracia y los derechos humanos es la única vía para erradicar problemas como el subdesarrollo o el terrorismo. No es válido el doble rasero que permite levantar sanciones a regímenes que violan los derechos humanos sólo porque EEUU necesite una coalición de consenso para luchar en pro de sus intereses. Tampoco es lícito invocar la democracia en un lado del mundo y olvidarla en el otro.

Por su parte, la Unión Europea debe elaborar una política exterior común independiente de las directrices de EEUU. Sus campos de actuación más importantes deben ser el Norte de Africa y Oriente Próximo. Europa debe colaborar activa y eficazmente con nuestros vecinos para tratar de paliar las causas del descontento que alimenta la inestabilidad social, la violencia, el atraso económico y político. Resolver la situación de saharauis y palestinos es indispensable para facilitar la convivencia de las sociedades multiétnicas en el viejo continente. 

Y dentro de la UE, como país que aspira a estar en la vanguardia de Europa, España debe asumir sin reparos sus responsabilidades históricas. El Gobierno español no puede dejar que el pueblo de una antigua colonia, reconocida incluso como provincia española en su día, permanezca olvidado en medio del desierto. Al mismo tiempo, los ciudadanos españoles exigen, cada vez más, que sus dirigentes se impliquen como lo hace la población a favor del pueblo saharaui, equiparando la actuación del Estado al nivel de solidaridad y compromiso de los españoles. España tiene una deuda histórica con los saharauis que aún no ha saldado y que empaña los más de 25 años de democracia de los que presume orgullosa.

Asimismo, esta es la oportunidad del pueblo saharaui para reivindicar sus derechos con más fuerza, para no ser excluidos de la comunidad internacional y para que no se tomen decisiones sin contar con sus representantes. Los dirigentes saharauis deben hacer ver a la ONU por qué la tercera vía que preconiza no es una solución duradera. No ayuda a resolver el problema en el sentido en que lleva, a la larga, a la anulación de una identidad cultural propia y distinta de la marroquí. El Plan Baker elimina un derecho fundamental de los saharauis: el derecho a la autodeterminación. Destierra la idea de un referéndum prometido por la ONU desde la elaboración del Plan de Paz, lo que por supuesto no ayudará a la democratización y al desarrollo económico del Magreb.

El pueblo saharaui debe además exigir a su Gobierno que se comprometa en ahondar aún más en su democracia. Sólo así estará mejor legitimado para presionar en la comunidad internacional con el fin de lograr que se celebre el referéndum. Los dirigentes del Frente Polisario saben que la celebración de la consulta y la resolución del conflicto condicionan la implantación de una democracia verdadera en Marruecos, que obligará al régimen de Mohamed VI a reformar el majzén (el vetusto aparato del Estado), y a garantizar los derechos fundamentales de sus súbditos. No hay que olvidar que Marruecos es un país donde el 22% de la población se encuentra en el paro y donde el analfabetismo afecta a más de la mitad de los ciudadanos. La pobreza aumenta (casi el 20% de los marroquíes viven hoy por debajo del umbral de pobreza, cifra que en 1991 era del 13%) mientras su monarca posee una fortuna personal calculada en 86.000 millones de pesetas. Frente a un régimen obsoleto y que no garantiza el bienestar de sus ciudadanos, la democracia será la mejor arma en el exterior del Frente Polisario. 

A mediados de este año, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizaban un llamamiento urgente a la comunidad internacional. Necesitan 1,2 millones de dólares al mes para garantizar las necesidades alimentarias de los más de 180.000 refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf. El propio PMA advertía del riesgo de que la penuria alimentaria fuera alarmante a finales de año. Hoy, meses después de este requerimiento, el ACNUR y el PMA deben atender a nuevas emergencias, como el masivo éxodo de refugiados afganos provocado tras el bombardeo de EEUU o la crisis humanitaria causada por la sequía en Centroamérica. La acción de estos organismos en los campamentos saharauis se ha visto, pues, mermada. Y esta debe ser, precisamente, una nueva razón para impulsar la aplicación del Plan de Paz de la ONU. Si no es así, los refugiados corren el peligro de verse desasistidos por unas organizaciones que pronto no dispondrán de fondos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

No cabe duda de que Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas han cambiado tras los acontecimientos que sobrecogen al mundo estos días. En sus posturas cabe apreciar un mayor apego a la democracia. Será, pues, un buen ejercicio para la comunidad internacional el proveer una solución justa, pacífica y duradera para la cuestión del Sáhara Occidental.