| Autor: Liga Española Pro-Derechos Humanos |
Liga Española Pro-Derechos Humanos Texto
de Francisco José Alonso Rodríguez
El conflicto político en el Sáhara Occidental
El Plan de Paz del Sáhara Occidental se encuentra completamente bloqueado. El Referéndum de Autodeterminación del pueblo saharaui ha sido pospuesto “sine die”, sin que podamos albergar demasiadas esperanzas en su definitiva celebración, dado el actual contexto en el que se desarrolla el conflicto. La razón de que la aplicación del Plan de Paz se encuentre –quizá irremediablemente– paralizada no es otra que el altísimo número de apelaciones presentadas por Marruecos a la lista provisional de votantes en el Referéndum de Autodeterminación: concretamente, más de 130.000 apelaciones sobre una base de 86.386 personas incluidas en dicha lista. La actitud de las Naciones Unidas, a través de los sucesivos informes de su Secretario General, ha dejado traslucir la intención (de dudosa legitimidad jurídica) de tramitar dichas apelaciones, convirtiendo la fase de apelaciones en una segunda ronda de identificación de votantes, circunstancia claramente favorable tanto a los intereses del Reino de Marruecos, como de las potencias occidentales que le apoyan. Existen
razones sobradas para considerar la presentación de tales apelaciones
como un fraude a la letra y al espíritu del Plan de Paz. Como el
mismo Secretario General sostiene en su último informe de 20 de
febrero de 2001 (S/2001/148), la mayoría de las apelaciones presentadas
impugnan la exclusión de la lista provisional en base a la aportación
de nuevas pruebas de las que la Comisión de Identificación
no tuvo conocimiento en primera instancia. Sin embargo, en el mismo informe
se señala que estos apelantes “han presentado uno o dos testigos
para apoyar su reclamación y sólo algunas pruebas documentales”.
Teniendo en cuenta el número de apelantes (más de 130.000),
y el hecho de que sus apelaciones se sustentan en la presentación
de nuevos testigos, ¿cómo es posible que los nuevos testigos
(que ascienden a más de 200.000) puedan avalar la inclusión
de estos apelantes en la lista provisional de votantes, si ellos mismos
no han sido incluidos en dicha lista? (Recordemos que la lista provisional
de votantes está formado por 86.386 personas.)
“También
quisiera expresarle nuestra inquietud y extrañeza de que Naciones
Unidas no haya llevado a cabo ninguna acción para salvaguardar y
proteger los recursos mineros (fosfatos) y de pesca, que están siendo
explotados salvajemente por parte del país ocupante (Marruecos),
cuando la doctrina de Naciones Unidas defiende y protege esos recursos
como bienes pertenecientes al pueblo del Sáhara Occidental que deben
ser salvaguardados hasta que se celebre el Referéndum de Autodeterminación.
En este sentido, el silencio de las Naciones Unidas, la no implicación
de la MINURSO, así como la falta de denuncia de este saqueo no sólo
es una violación del Derecho Internacional, sino que impide o retrasa
el cumplimiento por parte de Marruecos del Referéndum. Pues la actitud
más racional sería impedir y condicionar la explotación
de esos recursos a la aplicación del Plan de Paz.
Desde un tiempo a esta parte, tras el último aplazamiento del Referéndum de Autodeterminación, se están diseñando escenarios alternativos que se salen fuera del marco del Plan de Paz, como por ejemplo, la llamada “tercera vía”. Esta propuesta, de tendencia asimilacionista, que viene apadrinada por EE.UU., Francia y España, supondría convertir el Sáhara Occidental en una provincia marroquí con una “cierta autonomía”. Desde la Liga Española Pro-Derechos Humanos consideramos que la única resolución legítima del conflicto saharaui debe provenir de un Referéndum de Autodeterminación. De esta manera, rechazamos plenamente la tercera vía, ya que niega el Derecho a la Autodeterminación aceptado en la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, de 14 de diciembre de 1960, y en la Carta constitutiva de la Organización de la Unidad Africana, que proclama y defiende, en su artículo II, la erradicación de cualquier forma de colonialismo en África. Igualmente queremos manifestar nuestra preocupación por la calificación que últimamente suele otorgarse a Marruecos (por ejemplo, en los últimos informes del Secretario General de las Naciones Unidas) como “potencia administradora del Sáhara Occidental”, cuando sabido es que Marruecos únicamente puede ser considerado como potencia ocupante, siendo el Sáhara Occidental un territorio con una “condición jurídica internacional” propia, en este caso de “Territorio No Autónomo” pendiente de descolonización. Teniendo en cuenta este oscuro horizonte que se avecina para los legítimos derechos del pueblo saharaui, de obstáculos, dificultades y tramposería internacional, las preguntas surgen casi espontáneamente: ¿Por qué las Naciones Unidas actúa contra sus propias actos, lesionando expectativas legítimas y paralizando sin fundamento claro un procedimiento aceptado por la Comunidad Internacional? ¿Cuáles son las razones de fondo que explican los últimos informes del Secretario General de las Naciones Unidas, cuando (desde 1965) no ha habido un año sin resolución de las Naciones Unidas sobre este proceso de autodeterminación: en total más de 30 resoluciones de las Naciones Unidas a favor de dicho proceso? ¿Por qué no son examinadas con carácter de urgencia las apelaciones presentadas a lista provisional de votantes y rechazadas todas aquellas que carezcan del apoyo jurídico suficiente? ¿Qué papel están jugando España y Francia en el conflicto? ¿Qué papel están jugando los intereses comerciales –la lógica mercantil– en este conflicto? ¿Por qué las Naciones Unidas no lleva a cabo una presión real y efectiva sobre Marruecos al objeto de que cumpla los compromisos adquiridos voluntariamente, al dar su consentimiento al Plan de Paz? ¿Hace falta el “permiso” de Marruecos para que pueda aplicarse el Derecho Internacional? ¿Tendremos que ver, nuevamente, cómo una norma de Derecho imperativo, como es el derecho a la libre determinación de los pueblos, es violada impunemente por un Estado? ¿Es legítimo abocar a todo un pueblo a un callejón sin salida: o anexión a Marruecos o reanudación de la guerra? ¿Es tolerable la continua postergación de la resolución de este conflicto? ¿Tan negativo sería para la región africana permitir al pueblo saharaui que se exprese libremente sobre su futuro político? Es más, y esto es lo más grave: ¿qué otra salida real le queda al pueblo saharaui más que una reanudación de la guerra, como elemento de presión ante la comunidad internacional? Preguntas que nos llevan a pensar que nos encontramos bastante lejos de un orden internacional basado en el orden jurídico; más bien parece un desorden internacional basado en la lógica mercantil más vulgar. El pueblo saharaui y sus legítimos dirigentes han dado muestras sobradas de respeto a la legalidad internacional, incluso han cedido en numerosas ocasiones en sus posiciones con el fin de desbloquear los obstáculos tramposos del Reino de Marruecos, como sucedió con la aceptación de las tribus H41, H61 y J51/52. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? En
cualquiera de los casos, debemos entender que la resolución del
conflicto político en el Sáhara Occidental supondría
algo más que el comienzo de una situación justa y digna para
el pueblo saharaui; supondría, también, un símbolo
de esperanza para millones de seres humanos que ven diariamente mutilados
sus derechos fundamentales, en conflictos eternizados por la inoperancia
de la comunidad internacional; un símbolo de esperanza en la dinamización
de sus enquistados conflictos.
Francisco
José Alonso Rodríguez
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