| Una hora antes de que senadores y diputados iniciaran una loca carrera para aprobar en tiempo r�cord una reforma de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios que salvara las candidaturas de la Democracia Cristiana, do�a Mar�a Estelvina Mu�oz Vargas, una humilde madre de 54 a�os, fallec�a a bordo de un peque�o bote en el canal de la isla de Tenglo, a pocos metros del muelle desde el cu�l pod�a ser trasladada al hospital de Puerto Montt. La cadena solidaria de sus vecinos, que la llevaron a primera hora de la ma�ana en una carreta hasta la playa y que buscaron un bote para cruzar el estrecho canal, no sirvi� de nada. La vida de do�a Mar�a Estelvina se apag� cuando su hijo y los dem�s ocupantes casi pod�an tocar la orilla salvadora. La buena voluntad de los habitantes de Tenglo no sirvi� para nada, porque aunque est�n a la vista de la capital regional, no tienen una m�sera lancha r�pida que les permita cruzar el canal y ni hablar de un puente. A mil kil�metros de all�, diputados, senadores y miembros del Tribunal Constitucional protagonizaban su propia cadena solidaria para sacar adelante la reforma presentada por el Gobierno que consist�a en aplazar, mediante una argucia verbal, las elecciones parlamentarias del 11 de diciembre hasta el d�a 16. La crisis que hizo que todas estas instituciones mostraran una desacostumbrada eficiencia tuvo un origen ins�lito. Por un error administrativo de los responsables de la Democracia Cristiana, al parecer una veintena de sus 65 candidatos (las cifras difieren) no entregaron un mandato a su directiva mediante escritura p�blica, como estipula la ley. Una irregularidad incomprensible al tratarse de un tr�mite m�s sencillo que conseguir un bono del Fonasa o que timbrar unas boletas en el Servicio de Impuestos Internos. Como esta vez la DC prefiri� agotar el plazo para la presentaci�n de las candidaturas, cuando se dieron cuenta del error ya no hab�a tiempo para enmendarlo. Tras un primer momento de estupor, en que el presidente de la DC Ricardo Hormaz�bal intent� negar el error y estuvo confiado en que el Servicio Electoral pasar�a por alto el defecto mir�ndolo con buena voluntad, se lleg� a la terrible conclusi�n de que, en diez d�as, la DC pod�a ver impugnadas algunas o todas sus candidaturas. El resto es conocido. Se estudiaron varias f�rmulas, pero finalmente qued� claro que la �nica que ofrec�a garant�as era la reforma de la ley de votaciones. Pero as� como daba seguridades, tambi�n expon�a ante la opini�n p�blica todas las miserias de la clase pol�tica. Y el martes 17, en un ejercicio de calistenia institucional, la c�mara de Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional, hicieron horas extraordinarias para sacar adelante el proyecto para salvar a la DC, cosa que se consigui� el mi�rcoles con la publicaci�n de la norma en el Diario Oficial. Con esta jugarreta, la DC tuvo hasta el jueves pasado para oficializar sus candidaturas. Es verdad que un error formal de un partido pol�tico meti� a la clase pol�tica en una crisis may�scula. Es cierto, tambi�n, que la impugnaci�n de las candidaturas del que hasta ahora es el partido m�s votado supon�a un enorme d�ficit democr�tico en las elecciones de diciembre. Pero tambi�n es cierto que el impacto en la opini�n p�blica ha sido muy negativo, puesto que �sta ya sospechaba que los pol�ticos dan prioridad a sus asuntos y no a los de los ciudadanos y han obtenido una buena prueba de ello. Si ya exist�a una dif�cil relaci�n entre pol�ticos y ciudadan�a, ahora �sta se encuentra bajo m�nimos. Que el problema tuviera mala soluci�n no deber�a obstar para que las autoridades y los pol�ticos, que son los primeros responsables en cautelar la solidez y legitimidad de nuestras instituciones, no midan con exactitud el nefasto alcance de lo sucedido y el da�o que han causado a nuestra todav�a inmadura democracia. En primer lugar, el imperio de la ley ha quedado profundamente devaluado. Por lo visto la ley se aplica con distintas varas de medir y cuando estorba, se cambia, dependiendo, eso s�, de la categor�a y condici�n de quien ha vulnerado la norma. Unos poderes legislativo, ejecutivo y judicial acomodaticios son malos para un Estado de Derecho, pues socavan la ley y prefiguran la autocracia o el despotismo. Si mal no recuerdo fue esta misma Concertaci�n de Partidos y casi los mismos protagonistas quienes, en otros tiempos, reconoc�an r�pidamente los feos rasgos de una dictadura. Por eso se opusieron rotundamente a las leyes ad hoc. Fue as� como se cuestion� el articulado transitorio de la Constituci�n hecho a imagen y semejanza del general Pinochet y otras numerosas leyes dictadas por los militares y sus colaboradores, como la famosa �Ley Canessa�. Pues ahora tenemos la �Ley Hormaz�bal�, manufacturada a la medida de las chapuzas de la Democracia Cristiana. En segundo lugar, las autoridades han puesto de manifiesto que s�lo se mueven con agilidad cuando el tema afecta su forma de vida. Desgraciadamente, nunca hemos visto al Gobierno, al Congreso y al Tribunal Constitucional actuar con tanta celeridad cuando se trataba de cautelar otros intereses nacionales. No ha ocurrido, por ejemplo, cuando se han descubierto manejos fraudulentos de fondos p�blicos, indemnizaciones escandalosas y ni siquiera cuando se descubri� el famoso agujero de Codelco. Nada de eso se ha resuelto en nueve horas que es el tiempo que les tom� aprobar la modificaci�n de la ley. Por �ltimo, el apoyo de la UDI a la reforma, saludada por el oficialismo como un gesto de Estado, tambi�n ha conseguido extender la especie de que los pol�ticos son un gremio que se mueve exclusivamente por sus intereses de grupo, lo cual es leg�timo en cierto tipo de asociaciones, pero no entre personas que son mandatarios de sus electores. A ello se suma la muy chilena convicci�n de que aqu� se han intercambiado favores que a�n no somos capaces de avizorar. La evidencia de que se enviar�an estos tres humillantes y antidemocr�ticos mensajes a la ciudadan�a es la que motiv� que el presidente Lagos recibiera con rabia y frustraci�n la noticia de que iba a tener que sacrificar parte de su capital pol�tico promoviendo una salvaci�n impresentable ante la opini�n p�blica. Le debe doler al jefe de Estado que, hasta el momento, la crisis institucional m�s grave de su mandato no haya sido un �ejercicio de enlace�, un �boinazo�, ni la detenci�n de Pinochet, sino la que origin� la torpeza burocr�tica de un partido. �Signo de los tiempos? �Se habr� acabado la tan mentada transici�n chilena? �Habr� empezado la era de las chapuzas pol�ticas? �De los "boinazos" de Hormaz�bal? Sin duda se trata de un escenario excelente para enfrentarse a una campa�a electoral en medio de una crisis de la participaci�n c�vica. Este a�o el padr�n electoral ser� m�s peque�o que en la �ltima elecci�n. O sea, se inscribe menos gente que la que fallece estando registrada. Lo ocurrido no entusiasmar� a los j�venes que no han querido apuntarse en los registros y que rondan ya el mill�n y medio de personas. Eso es malo para Chile y para su democracia. Y con relaci�n a los inscritos, est� claro que los partidos conf�an en que de aqu� a cinco meses la gente se habr� olvidado de esto. Veremos. Quiz�s la lecci�n es que ha llegado la hora de una renovaci�n profunda de los actores pol�ticos, algunos de los cuales llevan dando la lata 40, 50 � 60 a�os. Lo que es patente es que entre la clase pol�tica y los ciudadanos se ha abierto un abismo y se han separado tanto las aguas que Mois�s y el pueblo de Israel podr�an transitar por ese atajo sin mojarse los pies. Quiz�s en el canal de Tenglo es donde ten�an que haberse abierto las aguas para que do�a Mar�a Estelvina hubiera conseguido llegar con vida hasta un hospital sorteando as� la falta de infraestructuras, el desinter�s y el poco respeto para con el pueblo que hemos tenido que soportar, abochornados, estos d�as |
| El "boinazo" de Hormaz�bal |
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