22042001

Despu�s de ocho a�os de tr�mite legislativo, la Ley sobre Libertades de Opini�n e Informaci�n y el Ejercicio del Periodismo, vulgarmente conocida como Ley de Prensa, ha sido aprobada en la c�mara de Diputados tras el veto presidencial que reactiv� su paso por el Congreso.

De no ser porque al menos cuatro restricciones a la libertad de prensa -que clamaban al cielo por injustas y desorbitadas- van a desaparecer, esta ley bien podr�an guard�rsela el Gobierno y las c�maras en las faltriqueras. Tanto el texto que ha sobrevivido como la discusi�n desarrollada vuelven a hacer bueno el axioma de que �la mejor ley de prensa es la que no existe�.

El primer borrador de este proyecto lo conoc� en 1995. Me lo mostr�, con gran entusiasmo, un periodista chileno que pensaba que por este trabajo deb�an ponerle una medalla al m�rito. Cuando vio mi alarma ante el hecho de que alguien abriera la caja de Pandora y enredara a�n m�s el panorama legal de la prensa en Chile, se dio cuenta de que la condecoraci�n no se la iba a poner yo. Sin duda era mejor proceder a la derogaci�n de los art�culos que obstaculizan la acci�n de la prensa que dictar una nueva normativa.

La idea de legislar fue una concesi�n del ex presidente Patricio Aylwin, a quien se le convenci� de la necesidad de retribuir al gremio period�stico por su significaci�n en la recuperaci�n de un r�gimen democr�tico.

Como siempre ocurre, confluyeron en el proceso una multiplicidad de intereses. Pero la responsabilidad de que se lanzara la iniciativa pertenece �nica y exclusivamente a ese coro de periodistas oficiales, de ayer y de hoy, acostumbrados a medrar a la sombra de los pol�ticos, que arrastran sus posaderas de jefatura en jefatura de prensa y que tienen a gala estar afiliados al c�rculo de periodistas de alg�n partido pol�tico. Otro organismo que no puede eludir su responsabilidad, aunque ahora critique parcialmente la ley porque no le concedi� los privilegios que buscaba, fue el Colegio de Periodistas, instituci�n fantasmal y de dudosa representatividad que tiene el m�rito de diluir en su inoperancia colectiva el respeto que merecen algunos de sus miembros individualmente considerados.

Y he aqu� que nos encontramos ante este imbunche de Ley de Prensa, llamado a recordarnos que hasta los mejores prop�sitos se tuercen por el camino. No es preciso poner la ley ante rayos X para darse cuenta de d�nde han metido mano el presidente, el Senado, la c�mara baja, los jueces, los periodistas y las empresas. El texto legal es incoherente, no tiene una filosof�a clara que lo uniforme respecto a las libertades en juego y en su parte penal -que es la menos criticable porque se limita a levantarnos cuatro controles policiales- sigue siendo un compendio de la Ley de Abusos de Publicidad (que derogar�) y del C�digo Penal.

El gran ausente en esta ley es el ciudadano y eso deber�a avergonzar a los responsables de su elaboraci�n. S�lo desde la perspectiva del ciudadano, que es el aut�ntico depositario del derecho a la informaci�n y de la libertad de opini�n, se puede edificar una ley democr�tica. Como magro consuelo, tras ocho a�os de tramitaci�n, alguien en el gobierno de Ricardo Lagos se dio cuenta de esto y el veto presidencial introdujo en el art�culo 1� una peque�a menci�n a los ciudadanos: �Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de inter�s general�.

Conf�rmense ustedes con esa l�nea mezquina y gen�rica, y lim�tense a votar disciplinadamente en las pr�ximas elecciones. Porque el derecho a la informaci�n y la libertad de opini�n pueden pertenecer a los periodistas, a las empresas, a los pol�ticos, a los jueces, a las autoridades militares y eclesi�sticas, pero nunca a los ciudadanos. Y es el ciudadano el titular original del derecho, mientras que los periodistas y los medios de comunicaci�n no somos m�s que sus representantes vicarios.

Desgraciadamente hay muchas otras liberalidades e imprecisiones en la normativa como su exagerada intromisi�n en la organizaci�n profesional y administrativa de los medios de comunicaci�n, su absoluto desprecio hacia los avances tecnol�gicos (los medios en Internet no existen), su falta de rigor a la hora de describir los m�todos de trabajo y los productos period�sticos o su incapacidad para discriminar entre medios absolutamente privados (prensa, Internet, TV por cable) y medios que utilizan bienes comunes como el espacio radioel�ctrico (radio y TV anal�gica y digital).

Y hay cuestiones cr�ticas, como la asignaci�n de la publicidad regional a medios locales que es una medida l�gica, pero que se convierte en un art�culo timorato si consideramos que no hay una sola menci�n a la forma y criterios con que el Estado chileno adjudica sus campa�as publicitarias o de comunicaci�n, cap�tulo que siempre est� sometido a escrutinio en democracias m�s avanzadas, sobre todo cuando hablamos de la nada despreciable cantidad de cuatro millones de d�lares anuales.

Se dir� que la ley recoge el secreto profesional del periodista, pero �ste ya exist�a en el mismo C�digo Penal y aunque el periodismo dej� de estar taxativamente protegido por esa norma, la jurisprudencia sigui� reconoci�ndolo.

Otro avance que pod�a haberse introducido era la cl�usula de conciencia, la cual queda apenas esbozada en un art�culo en el que se sanciona la manipulaci�n de un texto firmado, aspecto que no refleja exactamente la famosa cl�usula. Parece que nadie se molest� en pensar que ese acto configura o un delito de suplantaci�n de personalidad o de falsificaci�n de documento privado y menos acudieron a analizar los p�rrafos concomitantes que incluye la Ley del Derecho de Autor. Hay tantas leyes en Chile que es inevitable que los delitos comiencen a repetirse.

No se puede pasar por alto tampoco el gran logro de mi gremio, los periodistas. Buscando restablecer la colegiatura obligatoria y la restituci�n de unos privilegios que malgastaron en el pasado, el Colegio de Periodistas ha conseguido que la ley defina quienes somos periodistas. Dice el texto legal: �Son periodistas quienes est�n en posesi�n del respectivo t�tulo universitario reconocido v�lidamente en Chile, y aquellos a quienes la ley reconoce como tales�.

Perfectamente se podr�a haber recogido la definici�n de la Real Academia que dice que periodista es "la persona que, profesionalmente, prepara o presenta las noticias en un peri�dico o en otro medio de difusi�n". Pero no. Era necesaria una definici�n restrictiva, no fuera a ser que a un historiador, m�dico o abogado con gusto por las letras se dedicara al periodismo. As� se ha contentado a un Colegio medroso y a 37 escuelas que, con muy honrosas excepciones, apenas son cajas recaudadoras de las ilusiones de unos j�venes.

Esta demanda muestra tambi�n un profundo desconocimiento del cambiante panorama profesional. Hay que favorecer la formaci�n universitaria, pero no cegarse ante el hecho de que las nuevas tecnolog�as han puesto muchos contenidos informativos en manos de personas que han tenido formaciones t�cnico-profesionales y no de rango universitario. Para ellos se reserva el apelativo de �comunicadores sociales�, seguramente una casta inferior seg�n la ley.

Afortunadamente, el �nico efecto pr�ctico del intenso "lobby" del Colegio de Periodistas es que la ley obligar� al Estado a contratar a periodistas con todas las de la ley y no a comunicadores sociales. Y como es sabido por todo el mundo, el mejor periodismo, el m�s libre, el m�s independiente y el m�s cabal que hay en el mundo es el que se ejerce en la Administraci�n de un Estado. Es una pena que sea m�s propio llamarlo relaciones p�blicas que periodismo.