La matanza ocurrida esta semana en Rucama��o ha conmocionado al pa�s y especialmente a los osorninos. Muchos estereotipos que exist�an sobre nuestra comunidad mapuche han ca�do por los suelos y deber�n ser revisados en los pr�ximos d�as. Todos los que en alguna ocasi�n hemos tenido que describir a la comunidad huilliche de Osorno utilizando palabras como "pac�fica" y "dialogante" nos hemos quedado at�nitos ante el despliegue de violencia del mi�rcoles pasado.

De pronto, un Afganist�n, con sus guerras tribales y sus "se�ores de la guerra" ha surgido a nuestras espaldas. Y digo espaldas porque San Juan de la Costa ha sido hasta ahora el patio trasero de un Osorno que prefiere mirar hacia el volc�n y hacia los lagos.

Hace apenas unos d�as este diario daba cuenta de la apertura de un nuevo camino a una apartada comunidad costera. Sospecho que con esta nueva interacci�n que generan las v�as p�blicas comenzaremos a conocer mejor a las comunidades ind�genas que habitan all� y a las que s�lo ve�amos de refil�n cuando se aventuraban a los mercados rahuinos, el punto donde se encontraban nuestro Chile formal y nuestro Chile real.

No ser�a extra�o que durante d�cadas los problemas de tierras en esa zona se hallan estado solucionando por medio de la violencia sin que nos di�ramos por enterados. De hecho esta falta de informaci�n es la que permiti� en el pasado que individuos inescrupulosos realizaran compras fraudulentas de terrenos ind�genas, reduciendo de manera dram�tica la superficie de las tierras ancestrales de los mapuches�huilliches.

En diversas ocasiones, los gobiernos chilenos han intentado abordar el problema de la propiedad de las tierras ind�genas con distinta suerte, lo cual ha ido generando una superposici�n de derechos. Los t�tulos de dominio han ido pasando de mano en mano, pero los mapuches�huilliches siempre han estado all�. Ocurri� con la ley de Propiedad Austral de 1930 donde quienes reclamaban la titularidad de grandes fundos inscrib�an como inquilinos o trabajadores a las familias huilliches que viv�an en sus tierras desde tiempos inmemoriales. La ley, afortunadamente, descubri� muchos de estos intentos de fraudes.

Ahora, sin embargo, una acci�n afirmativa del gobierno como es la reconstituci�n de comunidades que lleva a cabo la Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena (Conadi) se ha encontrado con que, por pura ineficacia, asign� en 1999 a la Comunidad Choroy�Traigu�n una extensi�n de tierras donde habitaba una familia (los Lefi�n�Marileo) que no se consideraba parte de esa comunidad.

El conflicto se halla subj�dice, la Conadi ha fracasado en dos ocasiones en sus intentos de conseguir un avenimiento entre las partes y hab�a numerosos signos de que la violencia se pod�a desatar en cualquier momento, pero nadie fue capaz de escapar a la modorra de la can�cula osornina y evitar un densenlace sangriento.

Las vacaciones mentales de algunos pol�ticos y funcionarios son tan profundas que un hecho absolutamente indicativo de lo que iba a ocurrir �la violenta expulsi�n de su vivienda de un miembro de los Lefi�n el 2 de enero�, que incluso apareci� en este diario con caracteres de denuncia, fue soslayado, mirando para otro lado.

Se puede estar de acuerdo o no en que la violencia estructural que padece la poblaci�n ind�gena se ha manifestado en este horrible crimen. Se pueden considerar tambi�n otros muchos aspectos que inciden en �l, como el expolio y acorralamiento progresivo de los ind�genas en superficies cada vez m�s peque�as, como los problema de desempleo y alcoholismo que en la zona se han hecho casi end�micos o como los desaf�os que plantea a la ley ind�gena el hecho de que sus propiedades no se pueden subdividir hasta el infinito a medida que crece el n�mero de descendientes de un clan.

Pero lo que no se puede discutir es que se debe aplicar todo el rigor de la ley a los autores �sean mapuches o no mapuches� materiales o intelectuales de estos deleznables cr�menes. No pueden existir contemplaciones de orden cultural o sociol�gicas en este sentido. La ley s�lo es ejemplo de civilizaci�n cuando es igual para todos.

Resulta ins�lito que el jefe de una comunidad organizada, a quien se le suponen ciertas dotes de liderazgo y cultura, las emprenda a palos al frente de una muchedumbre contra una familia que desea hacer valer sus derechos. El incidente deja seriamente tocada la idea de que los mapuches prefieren la propiedad colectiva de sus tierras frente al dominio individual como ocurre con otros particulares y pone de manifiesto las caracter�sticas autocr�ticas y demag�gicas del sistema de cacicados que muchos defienden como un signo de progresismo cuando se trata de un puro retraso institucional y cultural.
Rucama��o
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