LIBERTAD CONTRA LAS LIBERTADES
Hoy en día se da un deseo, correcto, de
evitar injusticias contra las minorías, de evitar cualquier clase de favoritismos.
Es parte de lo que ha venido en llamarse guerra a la impunidad. Cosa correcta,
pero que manejado sin sentido común, da lugar a injusticias, a verdaderos
ataques a la sociedad.
Esto se ha dado con el caso Alioto. Se ha
escrito mucho sobre el tema. Una opinión pública indignada por esta condena. Pregunté ingenuamente a abogados si el
"caso" era tan absurdo como aparecía a un no experto en leyes. Y me
contestaron que sí, pero que con seguridad el caso ya no sería confirmado en
instancia superior. Entonces me preocupé, pues lo peor que puede ocurrir es
que sólo se anulen las sentencias contra los entonces Ministro,
Viceministro y Director de la Policía.
Y la razón es que si sólo se anula la
sentencia, es cierto que se anulará -como debe ser- una injusticia. Pero hay
un daño ya hecho a la sociedad, a la misma seguridad del Estado, que debe repararse
públicamente. De alguna manera, el organismo judicial debe rectificar. No se
cómo, pero debe decir a la opinión
pública: nos equivocamos, estén tranquilos...
No se quienes fueron los jueces. Me
recuerdan de todas formas aquel viejo reproche: te he constituido en autoridad
y te has hecho un tirano. Son las peores tiranías. Cuando personas en nombre
de la justicia -legalmente- hacen esta barbaridad, el daño es terrible,
porque lo hacen en nombre de la libertad. Hacen unos malabarismos con la
verdad, que confunden. Recuerdan las palabras de O.W. Olmes, aquel poeta
norteamericano del siglo pasado: "La mente del fanático es como la pupila
de los ojos; cuanta más luz recibe, más se contrae". Confío que no sea el
caso de nuestros jueces y rectifiquen.
Debe confesarse el error, públicamente, por
diversas razones. La primera muchos la han puesto de relieve: si se sigue la
teoría de la cadena de responsabilidades, no hay razón alguna para llegar
sólo al Ministro: debería condenarse al Presidente de entonces. Esta
consideración no hace sino poner de relieve lo absurdo de la teoría. El punto
es que no basta anular la sentencia: debe dejarse claro lo falso
de la misma teoría. Como se señalaba hace poco en estas mismas columnas, es
ridículo pretender que un ministro -una persona- se haga responsable
del actuar de varios miles de subalternos.
Si no se confiesa publicamente el error, no habrá
en adelante quien mueva un dedo en defensa de la ley. No digo que no pueda y
deba juzgarse al que abusa de la autoridad, como pudiera haber sido el caso
del policía, pero no de las autoridades superiores. Esa confusa "cadena
de responsabilidades" es una aberración lógica, que maniata a cualquier
autoridad.
Si no se confiesa públicamente el error, se
ocasionará un gran debilitamiento a la gobernabilidad del país. Posiblemente se
hará difícil que cualquier persona sensata -honrada- asuma el riesgo de aceptar
un ministerio, si sabe que le pueden imputar los hechos -que no haya ordenado
directamente- de cualquiera de sus subalternos.
Si no se confiesa públicamente el error, la
confianza de la sociedad en el imperio de la ley quedará muy debilitada, porque
no hace falta ser abogado para percibir una absoluta incoherencia en esta
sentencia.
Si no se confiesa públicamente el error, habrá un
recrudecimiento de la violencia, porque cualquier autoridad policiaca cuidará
no ya del orden público, sino fundamentalmente de "sus espaldas"
ante el organismo judicial.
Por mi parte, como todos, lamento la muerte
del estudiante. También la del policía, de la que casi no se habla. Y también
estoy de acuerdo en que se haga un juicio cuando se da un hecho como este,
pero investigando y procediendo con seriedad.
Ahora lo que procede es confesar el error
de esta sentencia. Por el bien de todos.