TYSON, MINISTROS, DIPUTADOS Y OTRAS COSAS POR EL ESTILO

   Todo el mundo parece estar de acuerdo en rechazar las mordi­das de Tyson a las orejas de Holyfield. Y nadie ha tomado en serio que sea excusa el que éste último sacó de sus casillas a Tyson al darle unos buenos cabezazos. Porque hay reacciones que no se pueden tole­rar y menos justificar.

   Sin embargo, en otras cosas más serias que el boxeo, algunas personas parece que se rigen por otras categorías. Basta leer algunos titulares y comen­tarios de prensa. Me llamó recienteme­nte la atención -penosa­mente- la portada de un matutino: "Veci­nos de Totonicapán crean un tribunal popular". La fotografía depri­mente: "Lin­chan a presunto delincuente y vapulean a dos más". Como con­traste cruel, señalaba allí mismo: "Descenso del Pathfinder a Marte marca nueva era"...

   El problema que trato de señalar es que los comentarios de pren­sa y, más espe­cífi­camente, las declaraciones de algunas per­sonas cons­tituidas en autoridad pueden ser realmente desmoraliza­dores. Lite­ralmente desha­cen la moral pública, falseando los valores en que se debe mover una sociedad, y hacen así un daño tremendo. Por supues­to, no favorecen un clima de paz. Paso a deta­lles con­cre­tos.

  No se puede decir que se "Crea un tribunal popular". Esa cosa creada así no es tribunal, no es un órgano de adminis­tra­ción de justicia: por la senci­lla razón de que los tribunales los crea el Organismo Judicial. Jamás pueden hacerlo las personas particu­la­res, por muchos que sean. Será siempre un engendro jurí­dico y un instru­mento peligrosísimo pre­cisamente para hacer injusticias en nombre de la ley. En este sentido, son de esas medias verdades que son más peligrosas que las falsedades tota­les. Un tribunal popu­lar así, es peor que los mismos delitos que trata de evitar.

   Todavía podría uno disculpar -y ese es mi punto concreto- el que gente ignorante y acalo­rada por lo que fuera, se confunda en esto. Pero es inadmisible en un órgano de opinión pública o en la auto­ridad, que se asume tiene cierto peso al dar opiniones.

   Más penoso es la declaración de un antiguo funcionario de la Corte de Constitucionalidad, que los justifica. Una verdadera abe­rración jurídica.

   En lo relativo a los llamados linchamientos, la superficiali­dad de los comentarios aterra, porque usan expre­siones que dan coar­tada para hechos futu­ros. Es el caso de dipu­tados que decla­ran que "las ejecuciones se están dando casi a diario porque el pueblo se está tomando la justicia por su propia mano". Volvemos a los mismo: son afirmaciones irresponsables, diría que apo­logía del delito. En una socie­dad la jus­ticia es legal, o no exis­te. Estos hechos son asesinatos cla­ros. No les demos otro nom­bre. El actuar en grupo, con ensañamiento, escondiendo la respon­sabilidad y asegurándose la propia impuni­dad son más que simples agravan­tes. Son circunstancias que con­figuran un asesina­to.

   Por esto es inadmisible otro titular, referido a un ministro: "Lentitud en aplicación de justicia obliga a la población a optar por linchamiento". Esto es todavía peor que los llamados lincha­mientos, porque los justifica y los alienta la misma auto­ri­dad. 

   Algunos diputados -no todos- todavía son más irresponsables: "Lo que queremos es que el Ejecutivo demuestre su capacidad para con­trolar la violencia y que garantice la seguridad pública. Sólo de esta forma evitaremos ver nuevos hechos ilícitos como los de Toto­nicapán, Sololá y Baja Verapaz". Frases como: "la justicia camina con lentitud y es comprensible que la gente prefiera cami­nos más cortos para resolver sus problemas" po­drían admitir­se al calor de unos tragos, pero no se pueden decir en serio. Di­chas por la auto­ridad, corrompen la misma autoridad.