EL BANCO MUNDIAL ELIGE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

     Me contaban de un amigo de un Ministro de Gobernación fue a verle con la pretensión de que debía privatizar la policía. Pasó el tiempo y, cuando salió de nuevo el tema, el Ministro le preguntó si seguía pensando igual. Y su amigo le contestó que ya no hacía falta que se preocupara del tema, porque ya estaba privatizada: bastaba pasear por la ciudad para ver que la mayor parte de la vigilancia la realizan ya cuerpos privados de policía. La historia requeriría muchas matizaciones, pero sirve para iniciar el tema.

     Hablamos de toda una mentalidad estatalista que ha ido cediendo en todo el mundo. Incluso en Europa. Allí sí que son maestros del tema, al menos desde hace una par de siglos. Sobre todo partir de Napoleón comienza una concepción del Estado que precisamente es calificado de “napoleónico”.

     El Estado se hizo el árbitro de todo. Dirige toda la cosa pública: y si acaso cede algo a otros grupos eso es considerado una concesión que debe regirse por lo que el Estado determine. Es la consolidación de Estados poderosos que, en nombre del bien del pueblo, hace con él lo que desea, lo que le parece bueno.

     Es ignorado el principio de subsidiaridad, en virtud del cual las sociedades mayores -por ejemplo, el Estado- no deben intervenir en hacer aquello que puedan hacer las sociedades menores: por ejemplo, la familia, las asociaciones de padres, etc.

     Es una mentalidad y una concepción de Estado que se ha metido hasta en los menores detalles. Todavía recuerdo hace algunos años apareció el Presidente en la TV amenazando con quitar el permiso a determinado medio de comunicación. Más o menos venía a decir: el gobierno te da el permiso de salir al aire, puedo quitártelo. Y uno se planteaba quien habría dado al gobierno el dominio del aire, de las hondas de radio o TV. Es cierto que debe regular para mayor eficacia, por supuesto, pero no dar permiso. Es como si el permiso de movilizarse dentro del país lo diera el Estado, por el hecho de que tiene obligación de hacer las vías de comunicación y que estén debidamente ordenadas.

     Centrando el problema, el servicio público, tal como se ha concebido históricamente -sobre todo en los dos últimos siglos-, se identificaba con empresas que, a menudo en situación de monopolio, suministraban bienes y servicios esenciales, sujetas a regulación estatal con el pretendido fin de que operasen en el interés público.

     Pero esa concepción ya no se mantiene, dicen los expertos; aunque sigue siendo necesario garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios básicos -como el correo, el transporte, la energía, el agua y las comunicaciones-, así como asegurar que estas prestaciones se ofrezcan a un precio asequible, y que se distribuyan de una manera ordenada por todo el territorio nacional.      No son sólo razones económicas o de eficiencia lo que aconseja este colocar al Estado en su verdadero lugar. Hay de por medio razones de fondo, de la misma concepción de la vida. Porque no es lo más grave para la sociedad que les toquen el bolsillo. Hay cosas peores.

     Nuestros antepasados liberales, siguiendo una concepción “napoleónica” del Estado, determinaron que la educación debía ser suya: por supuesto dejando de lado a la familia. Con excusas de “perseguir el bien común”, la “democratización de la enseñanza” impusieron una política en contra de los derechos natos de la sociedad. Incluso han conseguido que, con frecuencia, principios tal elementales como es el derecho de los padres a la educación de sus hijos hayan sido olvidados por muchos ciudadanos que, frente al poder del Estado, acaban por acostumbrarse -cómoda e irresponsablemente- a ese intervencionismo, renunciando al deber de ejercer efectivamente ese derecho (porque hay derechos que son deberes).

     Se ha llegado a la caricatura del recto orden de la sociedad de entender el derecho de los padres -lógicamente asociados como lo deseen- como una “concesión” del Estado, que permite la existencia de estos centros educativos casi como un mal menor, ante la imposibilidad práctica de abarcar todas las necesidades por medio de organismos oficiales. En definitiva, el polo opuesto al papel subsidiario que en realidad corresponde al Estado. 

     En esta línea, aun sin citarlo expresamente, está un reciente documento el Banco Mundial, sobre Prioridades y Estrategias. En él se insiste en la libertad de elección de programas y de contenidos y una mayor atención a las especificidades éticas y religiosas de cada grupo social; una mayor autonomía de los institutos para adaptar los programas a las exigencias locales. Todo ello dentro de una competencia leal y pluralista entre escuelas públicas y privadas, con una mayor intervención de las familias y en impulsar sistemas innovadores de financiamiento (bonos escolares, préstamos a estudiantes, subvenciones a escuelas y universidades privadas).     Este documento es muy importante porque apuesta fuertemente por la libertad de enseñanza y la protección de los valores éticos y religiosos, necesariamente anclados en la familia.

     Para terminar viene bien recoger una de las conclusiones del Encuentro Familia y Economía, en Roma (abril de 1996), presidido por el premio Nobel de Economía Gary Becker de la Universidad de Chicago.

     “Los padres deberían tener la libertad de escoger una forma de educación para sus hijos que esté de acuerdo con sus propios valores”.

     “Para adquirir un control de padres en la educación, las familias tienen que estar libres del peso financiero de la educación. Algunos medios prácticos son: un sistema de garantías, deducción de impuestos para los padres, becas privadas y prestamos a los estudiantes”.

     “Las familias deberían estar involucradas directamente en la toma de decisiones en la educación de sus hijos en todos los colegios. La participación de los padres en la educación puede desarrollarse  a través de una inversión de los padres en los colegios, colegios propiedad de los profesores y una administración descentralizada”.