RELACIONES IGLESIA Y ESTADO...
Hay cosas que suenan a rancio, a viejo: es el caso del titular de este artículo. Pero no el tema, muy actual. La ocasión: el comunicado, ampliamente difundido, de la Conferencia Episcopal de Guatemala sobre el proyecto "Libres y Triunfadores".
Estamos hablando de un proyecto educativo, patrocinado por la Primera Dama, para inculcar valores religiosos y morales a la niñez y juventud guatemaltecas. Ya ha sido experimentado en algunos institutos nacionales de la capital y ahora se pretende extenderlo al resto del país. Ha surgido por la preocupación hondamente sentida en todo los sectores sociales, de mantener, impulsar y consolidar nuestros valores sociales de siempre. Hasta aquí, merece el aplauso de todos.
Y seguirá mereciendo ese aplauso si esta inquietud se canaliza, se reencamina correctamente. De lo contrario, podría merecer aquella advertencia de Agustín de Hipona, quien advertía a algunos contemporáneos: corres bien, pero fuera del camino. No basta la buena voluntad. Aquí viene la labor positiva del comunicado de la Conferencia Episcopal.
No me detengo a comentar las razones de fondo religioso que da: por lo demás clarísimas. Sólo quiero resaltar la tarea positiva que asume la Conferencia Episcopal al advertir los peligros de ese proyecto y, esto es muy valioso: proponer soluciones positivas.
Lo inconveniente del proyecto, desde el punto de vista de una sociedad pluralista, es que el Estado no puede meterse a dar doctrina religiosa: esto no es su labor; pero sí procurar que se dé por quien puede darla autorizadamente.
Tampoco se puede hacer algo tan aséptico que se reduzca a unas valoraciones genéricas, aconfesionales, aceptables para todos los creyentes, pues fácilmente serían insulsas y carentes de contenido. Entonces, la formación religiosa en las escuelas públicas ¿estará condenada a ser excluyente (es decir, de una confesión sólo y que por tanto excluya a las demás) o trivial, insulsa? No necesariamente. Si los padres quieren que sus hijos que van a una escuela pública tengan formación religiosa, basta confiar esos cometidos a profesores reconocidos por las confesiones religiosas existentes en la zona que se trate.
Así, los alumnos, en vez de escuchar unas clases asépticas o parciales (protestantes, como parece ser el caso del proyecto que nos ocupa) podrían reunirse en diferentes lugares para rezar y recibir cada uno doctrina religiosa de los diferentes credos. El Estado, aunque renunciaría a ofrecer su propia formación, haría un claro pronunciamiento -como debe- de que sí le importa la formación moral, que el hombre reconozca a Dios.
Pienso que esta es la solución que se está pidiendo, que está, además, basada en un Acuerdo Gubernativo de 1958. Solución que, por lo demás, es acorde con lo aires que corren actualmente: no esperar todo del Estado con los leyes y normas.
Los padres: ellos deciden qué formación religiosa se da a sus hijos. Y están en su derecho; y, además, es su obligación.
En el caso de una población mayoritariamente católica, como es la nuestra, es la ocasión también de que todos sintamos la responsabilidad de colaborar en esta tarea: de ser Iglesia.