Dicen que un integrista en materias religiosas es el que quiere hacer la voluntad de Dios aunque a Dios no le guste. Tal parece que hay ahora unos nuevos integristas que quieren hacer la voluntad del pueblo aunque el pueblo no lo quiera: son los señores del Código del Niño. Que no lo quiere la gente, no hay duda. Jamás ha habido una ley, mucho menos un Código, que haya sido más veces suspendido y parchado. Y no se trata de algo político o que afecte al bolsillo: ha sido un rechazo frontal y mantenido, porque todos han percibido un ataque a un valor vital para la sociedad: la familia. Y es bueno considerar este hecho.

Por otra parte, es notable el bombardeo de informaciones, reportajes y entrevistas, a que hemos sido sometidos, que pretenden hacernos ver lo mal que estamos, lo mal que es tratado en niño dentro de la familia. Nadie duda que haya problemas, como en toda sociedad humana los hay y los ha habido. Desde luego no estamos peor. Y esto lo baso en la realidad de Guatemala, que, a diferencia de otras sociedades llamadas desarrolladas, tiene una realidad familiar, muy especialmente en el área rural y particularmente en donde hay mayoría indígena. Ignorar esto es miope.

Otro punto que no se puede olvidar es que la única forma de proteger al niño es a través de la familia. La más reciente versión del Código, cuida bien de hacer patente su interés por la familia, de ser un instrumento jurídico de integración familiar. Y probablemente esos sus deseos. Pero no pueden lograrlo por ese camino. Hay que decirlo claro: la única manera de proteger al niño es protegiendo a la familia. Y si el Estado entra directamente a proteger al niño, necesariamente lastima a la familia. Valga el ejemplo de las suegras –cuando no son listas-: con el mejor deseo entran a arreglar los problemas matrimoniales, pero no pueden, deshacen. El Estado educador, protector de los niños, ha sido la tentación de todos los gobiernos estatalistas.

La estructura protectora y vigilante de los niños (el libro III del Código) está financiada por la municipalidad, el gobierno central y la cooperación internacional: esta última que sin duda pagará e impondrá sus valores o contravalores. Incluso con gente de buena voluntad: tendrá que hacer cosas, guste o no a los padres; por ejemplo, campañas de educación sexual. Y tendrá que encontrar problemas. Y, si no, los sustituirán por otros. No hace falta tener mucha imaginación para visualizar que pasará en un ambiente pequeño, una aldea por ejemplo, con unos bien pagados protectores de niños.

Se podrían decir más cosas. Quizá sólo esto. El Estado si puede y debe hacer mucho, pero a favor de la familia, dejando en paz al niño. Obviamente no hablo de delitos, que es otro tema y se arregla con buenas leyes penales. Si quiere ayudar al niño, que facilite la vida a la mujer –que es la verdadera campeona de la casa- y que se haga una inteligente política familiar. Se debe considerar una política que tenga el objetivo directo de mejorar el bienestar de la familia, como son las prestaciones por maternidad, por hijo que tiene a su cargo, etc. Pero también hay que tomar decisiones políticas que, aunque no se presentan como políticas familiares, influyen en el bienestar y en el comportamiento familiar: las ayudas a la vivienda, las pensiones de viudedad, beneficios fiscales por hijos, etc. Por otra parte, no menos importante, se trata de hacer más compatible la vida familiar y la profesional. Igualmente, dar o facilitar que se den, con una sensata política fiscal, toda variedad de descuentos y prestaciones en especie concedidos a las familias en determinados productos de consumo de bienes y servicios: reducciones de las tarifas en los transportes públicos, servicios de guardería gratuitos, etc.

Como alguien dijo, si el Estado mete las manos en la familia, la deshace. Y con ella, muere la sociedad. Al menos, muere la sociedad humana, la solidaria, la de los valores humanos, la nuestra de siempre. Y eso no podemos permitirlo.