CRISIS SOCIALES, CRISIS FAMILIARES
(Siglo 21, 16 diciembre 2000)
Hace unas semanas se celebraba el día del niño. En una entrevista, les preguntaban si le gustaba su país; todos respondían que sí. Y una niña de 8 años, a la pregunta de qué le hacía más feliz contestaba: tengo una familia. Quizá no captaba en toda la profundidad, pero estaba conectando dos aspectos necesariamente unidos: la vida del país y la salud de la institución familiar. Y para ello debe haber una política específica por parte del gobierno. De hecho, se origina un gran daño cuando no existe un definida política familiar, cuyo objetivo primordial debe ser crear un marco legal y un entorno social favorable para que las familias puedan cumplir todas sus funciones sociales. Porque nadie duda que quienes asumen cargas familiares desarrollan una función social indiscutible y no sería justo que el Estado, por ejemplo, no lo tuviera en cuenta a la hora de contribuir, pues no hay duda que las cargas familiares, como atender a un hijo, a un padre anciano, limitan la capacidad de pagar impuestos.
El problema está visualizado actualmente a nivel mundial. Como recientemente declaró Antonio Sempere, catedrático de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, de la Universidad de Navarra, España, "La política de protección a la familia debe ser igual que la política medioambiental, de fomento de empleo u otras; debe estar presente en todas las decisiones", comentó. "Es un error proteger a la familia sólo cuando se adoptan medidas específicas. Hay que hacerlo siempre que se adopta una medida, sea una tabla de impuestos o una tasa municipal de utilización de vehículos".
En otra área cultural, se lo plantean desde otro ángulo. ¿Debe apoyar el Gobierno británico al matrimonio? Es la pregunta que, en las últimas semanas, ha dividido al Partido Laborista de Tony Blair, al discutir la posibilidad de apuntalar al matrimonio como mejor modelo de vida familiar. En respuesta a quienes dudan del valor del matrimonio, Melanie Phillips («The Sunday Times», 19 noviembre) indicaba que su ruptura debe preocupar al Gobierno pues la desintegración familiar constituye un coste enorme para el país. Además de provocar sustanciales gastos extra en seguridad social, sanidad y justicia criminal, el no apoyar el matrimonio destruirá las redes familiares que hacían que las generaciones cuidaran no sólo de sus hijos sino también de sus padres ancianos. Phillips sostenía que es una ilusión imaginar que se puede tener una política familiar neutra en valores. Tal postura neutral «es actualmente un asalto directo al matrimonio y a la libertad de la gente de disfrutar de sus beneficios. De hecho, la neutralidad en valores ha impuesto una penalización financiera al matrimonio durante años». Para el Estado esto no es cuestión indiferente, pues si fracasa el matrimonio al Estado le toca recoger los pedazos.
Sé que en Guatemala tenemos problemas más inmediatos: violencia, corrupción creciente... Pero no podemos dejar que el árbol nos impida ver el bosque. La sociedad no puede sobrevivir sin buenas familias. Pero las directrices económicas y fiscales frecuentemente socavan la familia y se causa así gran daño al crecimiento económico. No puedo detenerme aquí en aspectos que saltan a la vista: dificultad para establecer una familia y tener el número de hijos que se deseen, falta de un salario familiar, vivienda inadecuada, costos de educación, etc.
Sólo quiero terminar con un punto. Las políticas dirigidas a controlar la población están dañando la vida familiar. De hecho, como lo reconocen los expertos, la actitud antifamiliar promovida en las Conferencias de las Naciones Unidas de El Cairo y Pekín reflejan un maltusianismo ingenuo, y esta ideología peligrosa y destructiva obstaculiza a la larga el crecimiento económico y el desarrollo, particularmente en los países del tercer mundo.