El tema me lo trae a la mente un editorial de Siglo 21 titulado "Cuando educación cierra colegios". Clama, y me parece que con razón, contra el retroceso que significa que el Ministerio cerrar colegios –aún cuando sea con motivo de no respetar cuotas congeladas-, cuando lo que se precisa es educación. Por otra parte, noticias de otros países cuentan, por ejemplo, como en Estados Unidos desde hace algunos años la tendencia es facilitar a las familias una determinada cantidad para que lleven a sus hijos al colegio que prefieran. El movimiento ha cobrado fuerza: desde 1998, se ha implantado en ocho Estados y se proyecta hacerlo en varios más.

Quizá lo primero es aclarar: la llamada educación privada es pública. Hace un servicio público. No ser propiedad del Estado, no significa que no sirva al público, al pueblo. Pero esto ya tiene una implicación: es legítimo –obligado- por parte del Estado, marcar unos parámetros mínimos, para reconocer validez a los títulos que da esa institución. O sea, debe tener un nivel. Pero me parece que es como la intervención del Estado en la calidad de las medicinas: no las está calificando ni clasificando, sólo –y ya es bastante- garantizando que son conforme a la salud, saludables, no nocivas. Similar es la función de un gobierno en la educación: puede señalar qué nivel mínimo debe tener un bachiller para que se considere como tal.

Siguiendo con el símil de las medicinas, el Estado no tiene que poner cuotas límites, congelarlas. A veces se dice que poner un colegio es un buen negocio. No lo se, pero ojalá lo fuera para que se pusieran muchos más. Lo otro es lo del perro del hortelano: que ni come ni deja comer. Comprendo que es tema complejo, pero por lo mismo hay que seguir una política inteligente, no demagógica.

Por otra parte el Estado puede y debe hacer muchas cosas para solucionar el triste problema de la educación –primaria, secundaria, superior, técnica- en Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala los Coeduca parecen ser buena iniciativa. Ponen en manos de los padres, con el dinero del presupuesto público, la responsabilidad de vigilar la educación de sus propios hijos.

Otra línea de solución de qué puede hacer el Estado, es lo que comentaba al comienzo: el cheque escolar. Era precisamente la promesa estrella del programa del gobernador Jeb Bush en las pasadas elecciones de Florida: dar un cheque a los padres, para que puedan elegir colegios para sus hijos. La ley ha sido aprobada sin dificultad en el Parlamento del Estado. El plan empezará a funcionar en septiembre del año 2000. El cheque escolar ya se aplica en Wisconsin y Ohio. En Maine y Vermont se aprobó para las zonas rurales donde no está desarrollada la red pública. El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, también planea introducir el cheque en su ciudad para que las familias con pocos recursos puedan elegir colegio. La ventaja del cheque escolar, es que también entran en la competencia las escuelas estatales: si son buenas, los padres las elegirán, si son deficientes, se quedarán con pocos alumnos… y sobrarán los profesores. Así hicieron en Inglaterra.

La fórmula gana cada vez más adeptos precisamente entre las familias con menos dinero. Según el Joint Center for Political and Economic Studies, el 48,1% de los negros y el 41,3% de los blancos está decididamente a favor del cheque escolar. La mayoría de los negros habían sido tradicionalmente contrarios al cheque escolar. Según Clarence Page (Chicago Tribune, 2-VI-99), la razón del aumento de partidarios se debe a que la población con menos recursos está cada vez más preocupada con dar a "sus hijos" la mejor educación posible.