TRABAJO NO. 7

NEIDA DUQUE

JOAQUINA MORENO

EUDY YANEZ

HID3272

GUIÓN

El Estado.

Siendo el Estado el macro sistema institucional de la sociedad política, creación de la soberanía popular, no puede decirse de manera estricta que “el Estado es soberano”. El soberano es el pueblo, y el Estado es una institución a su servicio. Y como toda institución es una mediación para el ejercicio delegado del poder soberano del pueblo. El Estado, en el mejor de los casos, podría decirse que ejerce delegadamente la soberanía popular, pero no en nombre propio, sino en el del pueblo. El arrogarse el Estado el poder ejercer la soberanía en nombre propio (en aquello tan repetido de que “el Estado es soberano”, que podría aceptarse en un sentido amplio) es lo que se denomina fetichismo del poder3. El poder político, que reside sólo en el pueblo, y que tiene al pueblo como su única sede inalienable, cuando se atribuye a una institución, es decir, cuando el que ejerce delegadamente el poder pretende cumplirlo en nombre propio (y no como representante) se produce la inversión de su sentido en cuanto oculta la verdadera fuente del poder. Una pura apariencia, un fenómeno tapa la esencia. Es un fetiche. Es un “dios hecho de la manos de los hombres” (como indica Marx citando un texto semita). Esta inversión es la corrupción suprema de la política. El político cree ahora ser el soberano, porque pretende tener “el monopolio del poder”. Ha usurpado un lugar que no le pertenece: el ser la sede del poder soberano, que sólo ostenta el pueblo como un todo.

El petróleo.

Los bienes existentes dentro de los límites del territorio, en el cual se ejerce la soberanía del pueblo a través de las instituciones creadas para su servicio, son patrimonio de la comunidad política en su conjunto. Aquellas que quedan bajo el régimen de propiedad común, administradas por el Estado, son bienes públicos. El petróleo, como las riquezas del subsuelo, el agua, la electricidad, etcétera, son igualmente públicos en Venezuela.

El petróleo es un producto orgánico, fruto de millones de años de la vida sobre la Tierra. Es una de las sustancias más valiosas sobre el planeta por sus múltiples usos, y no renovable. En primer lugar, simplemente quemarlo es un crimen, y las generaciones futuras nos lo demandarán. Aniquilarlo por combustión es como echar a la hoguera diamantes, oro o billetes de banco vigentes. Por ello, en segundo lugar, sería racional extraerlo en la menor medida posible, conservarlo en su mayor cantidad, y sólo consumirlo cuando se haya cumplido con una exigencia ético-política: en tanto se hayan inventado y se puedan usar sustitutos energéticos en igual cantidad procedentes de medios renovables. En tercer lugar, vender petróleo en bruto es igualmente irracional. Habría que procesar y comercializar únicamente productos del petróleo con valor agregado (plásticos, aceites, gasolina, etc.).

Pero, y en cuarto lugar, aún es más irracional y falto de ética (lo que indica la corrupción de los gobernantes) el conceder la propiedad del petróleo mismo como pago de servicios a recibir. Como si no pudieran pagarse los mejores servicios técnicos del mundo con el dinero obtenido por la venta de los productos elaborados del petróleo mismo. No hay ninguna necesidad de alienar la propiedad del petróleo. ¡Es de sentido común!

Esta suma de decisiones irracionales sólo puede explicarse por el interés egoísta que no guarda ninguna relación con la justicia ni con la ética por parte de los gobernantes. Es simplemente corrupción política, porque los que ejercen el poder institucional (diputados, presidente, gobernadores, etcétera) han olvidado que no son la sede del poder político, sino simples representantes que ejercen un poder delegado en nombre de la soberanía popular. Olvidándolo, piensan que pueden decidir todo a espaldas del pueblo. Por el contrario, una “consulta popular” se justifica plenamente en tan importante asunto. Pero no lo desean, porque se les desarmaría “todo el juego”.

Sería bueno llamar a una cierta cordura, a imponerse un cierto límite de la simple honestidad ciudadana, y pedir que se “consulte al pueblo” en esta situación tan grave. De lo contrario el pueblo tendrá derecho a entrar en acción.