REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “SIMÓN RODRÍGUEZ”
CÁTEDRA: SEGUROS
PROF. LIC.  CARMEN CAÑIZALES

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

Integrantes:
CONTRERAS GLENDY C.I.: 15.207.751.
LANDAETA MARIANI C.I.: 13.482.140.                                                                              
ONTIVEROS MARYURI C.I.: 15.947.691.
RIVAS YASMÍN C.I.: 13.069.279
                                               SOLORZANO YUDEISY C.I.: 11.558.102.

Caracas, Marzo  2008
INDICE

	Pág.	
Introducción		
Regulación de la Actividad Aseguradora	5	
La Constitución y la Actividad Aseguradora 	7	
El Seguro y su relación con el Código Civil	8	
Superintendencia General de Seguros	11	
Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros	14	
La actividad aseguradora y el Instituto para la Defensa y educación al Consumidor	18	
La Actividad aseguradora y la Lopcymat	23	
Conclusión	30	
Bibliografía	31	

INTRODUCCIÓN

Pocas industrias en el mundo han logrado, tanto bien para tantas personas, como las organizaciones del seguro. El seguro provee a millones de personas beneficios económicos,  bien sea al asegurado, como a sus beneficiarios, al momento de materializarse el riesgo, con los cuales se podría mermar  el patrimonio familiar o empresarial.

Este mercado crea empleo para millones de personas, directa o indirectamente, a través de su inversión, ayudando a la economía del país con importantes sumas de dinero.
	
El seguro de vida no se considera una inversión, en el sentido estricto de la palabra, no fue diseñado originalmente para ser una inversión de ninguna índole, si no que al correr los años resulto ser una inversión para el asegurado o beneficiario. Sin embargo la iniciativa con la que surgió el seguro, como una forma de apoyo mutuo, para hacer frente a los riesgos a los que están expuestos los seres humanos, en ocasiones se contrapone  a la aplicación legal que en la actualidad, se le a dado a este tipo de negocio.

Pero no podemos perder de vista que el derecho va adaptándose a la realidad social, en la medida que así esta lo exige,  donde la normativa que regula la actividad aseguradora no escapa de ello, el estado establece normas, leyes, códigos, resoluciones, con el objetivo de establecer un sistema asegurador sano y transparente para todos los que en el intervienen.

En Venezuela esta regulación, se encuentra a cargo de la Superintendencia de Seguros, esta tiene a su cargo la inspección, supervisión, vigilancia, fiscalización, regulación y control de la actividad aseguradora, y de los participantes como lo son:
1	Las empresas de seguros y de reaseguros constituidas en el país.
2	Productores de seguros.
3	Ajustadores de pérdidas.
4	Peritos avaluadores.
5	Inspectores de riesgos.
6	Sociedades de corretaje de reaseguros y de las representaciones de empresas de reaseguros constituidas en el exterior.

En el presente trabajo hablaremos del ente regulador, y las leyes que interviene en el mercado asegurador, desde el rango constitucional, pasando por el código civil, la ley de seguro y reaseguro, y la relación existente entre el seguro y el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), como también una de las leyes mas recientes de aplicación como es la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

 

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

La libertad de industria, de comercio y de trabajo se encuentra reconocida y garantizada por el Estado y no tiene más limitaciones que aquéllas que por motivos sociales y de interés nacional impongan las leyes, las cuales deben disponer lo necesario para el mayor estímulo e incremento de la producción.
Las empresas de seguros, constituyen uno de los instrumentos más eficaces para el fomento del ahorro nacional, acumulan cantidades importantes de reservas e influyen por medio de sus inversiones en el desarrollo económico del país; por lo que es conveniente dictar medidas que tiendan al fortalecimiento del mercado nacional de seguros. De aquí la importancia de las normas que regulen y  pongan a todas las empresas de seguros en condiciones de igualdad jurídica y que, a parte de complementar las leyes vigentes sobre la materia, coadyuven a la defensa y desarrollo de la economía del país.
El especialista Urbano Simón  Rodríguez (1) “señala que el derecho en seguros es el conjunto de normas sustantivas que regulan, en primer lugar, el contrato de seguro; en segundo lugar las relaciones entre las partes que intervienen en la institución”.
El seguro hay que verlo desde dos ópticas, una desde el punto de vista del contrato del seguro, que es el documento que contiene las obligaciones de las partes; y hay que verlo también como institución, y como institución son los entes que intervienen, comenzando por las compañías de seguros, compañías de reaseguro, los corredores de seguro, el propio ente regulador. 
(1) ttp://www.ases.com.sv/Revista18/Derechos%20de%20seguros.htm
En cuanto a la regulación del contrato de seguros, existen principios generales que marcan la pauta para garantizar la transparencia del negocio. Se define qué es el contrato de seguros, la póliza, el riesgo, el siniestro, la prima; hay  que regular los principios generales del derecho de seguros, como la subrogación, la caducidad, entre otros.
Además, se cuenta con unos parámetros generales, como la subdivisión del seguro en materias por ramos generales, de vida o personas, responsabilidad civil, aviación, entre otros, y las pólizas, que son el resumen de esas regulaciones, deben llevar como parámetro el marco establecido en la ley.
Para el caso del reaseguro, también puede hablarse de la existencia de un marco regulatorio. Las normas del código de comercio que regulan el derecho de seguro, o en las leyes sustantivas particulares que lo regulan, siempre hay una mención al contrato de reaseguro. La tendencia moderna es que el contrato de reaseguro no se rija por las normas del derecho de seguro, sino por las normas de derecho común.

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
La actividad aseguradora al igual que todas las actividades sociales y económicas que se desarrollan en el territorio nacional están enmarcas bajo un marco jurídico, como primer marco encontramos el rango constitucional, se observa que es la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, quien autoriza al Presidente de la República, en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el literal f, del artículo 1 de la Ley N° 4, que para dictar decretos con Fuerza de Ley en las materias que se delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 37.076, de fecha 13 de noviembre de 2000, el cual reza lo siguiente; 
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/noviembre/131100/131100-37076-01.html

“Dictar medidas que regulen la actividad aseguradora con la finalidad de conferir al organismo de control los medios adecuados para el ejercicio de sus funciones; llenar los vacíos normativos en materia de supervisión contable, forma de reposición de capital y asunción de pérdidas de capital, adecuación de capitales mínimos, previsión de sanciones aplicables, establecimiento de responsabilidades de los administradores de las empresas de seguros y reaseguros y sus accionistas, modificación de las garantías previstas y la forma en que deben ser presentadas las reservas. Se establecerá un régimen de fusión de las empresas de seguro y se redimensionará el mercado asegurador con el fortalecimiento institucional del sector.”

Observamos así que todas las leyes, que intervienen el mercado asegurador vienen emanada por el poder legislativo, previa autorización del presidente de la republica, con los finalidad de otorgar a la superintendencia como organismo de control los instrumentos para la aplicación de sus funciones, entre las cuales se pueden mencionar la supervisión contable, la verificación del capital,  así como las sanciones que den a lugar.

EL SEGURO Y SU RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL

El código civil de Venezuela en su articulo 1.133° establece que “El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico” y ciertamente, la bilateralidad constituye un elemento característico del contrato de seguro, esta es entendida como la relación en la cual surgen obligaciones para las partes contratantes, siendo ambas recíprocamente deudoras. 

En este sentido, el contrato de seguro es bilateral perfecto, derivando obligaciones correspectivas para ambas partes desde el momento de su perfeccionamiento, ello en razón del carácter consensual del cual está investido, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley del Contrato de Seguro; por lo que, el tomador, el asegurado o el beneficiario, según el caso, deberá, entre otras obligaciones, pagar la prima en la forma y tiempo convenidos. Por su parte, la compañía de seguros queda obligada a asumir los riesgos y a pagar la suma asegurada o la indemnización que corresponda en caso de siniestro en los plazos establecidos o rechazar, mediante escrito debidamente motivado, la cobertura del siniestro.
El artículo 27 de la Ley del Contrato de Seguro, si bien no prevé expresamente la excepción de contrato de cumplido, otorga a la aseguradora la facultad de resolver el contrato o de exigir el pago de la prima, siendo que, como se señala en su escrito, algunas compañías de seguros deciden continuar el contrato, requiriendo el pago de la prima. Bajo esta última práctica dada la naturaleza bilateral del contrato de seguro nada obsta, para que la compañía de seguros invoque la excepción de contrato no cumplido, prevista en el citado artículo 1168 del Código Civil, aun cuando nuestra legislación sustantiva de seguros nada señala al respecto.
Debe agregarse que el pago de la prima constituye un elemento existencial del contrato de seguro, en tanto que contrato bilateral, pues representa la causa del mismo, por lo que debe verificarse que cada una de las partes haya asumido la prestación que le corresponde; de allí que la falta de pago de la prima implica la ausencia de causa del contrato de seguro, viciando la eficacia de dicho acto jurídico.
En concordancia con lo expuesto, considera esta Superintendencia de Seguros que no existe impedimento jurídico alguno para que las empresas de seguros apliquen la excepción de contrato no cumplido, prevista en el artículo 1168 del Código Civil, en razón del carácter bilateral del contrato de seguro. 
Según el artículo 1.136° del Código Civil, “establece  que el  contrato es aleatorio, cuando para ambos contratantes o para uno de ellos, la ventaja depende de un hecho casual”. Este artículo representa  una de las características del seguro, ya que se dice que los contratos de Seguro son aleatorios porque los mismos se hacen depender de un acontecimiento incierto, fortuito o accidental.

	El Artículo 1.137° explica que “el contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte, esta aceptación debe ser recibida por el autor de la oferta en el plazo fijado por ésta o en el plazo normal exigido por la naturaleza del negocio”. Este artículo se relaciona con la actividad aseguradora debido que al momento de la venta de las póliza una persona natural o jurídica suscribe la póliza a través de una solicitud y la misma se hace efectiva vez cancelada la prima por parte del solicitante y a su vez este recibe de la aseguradora la póliza de seguro o cuadro póliza en donde se establecen las condiciones del negocio y la suma asegurada, cerrando de esta manara el contrato.

	El Artículo 1.139° “La revocación hecha con anterioridad debe fundarse en una justa causa y hacerse pública en la misma forma que la promesa, o en una forma equivalente. En este caso, el autor de la revocación está obligado a rembolsar los gastos hechos por aquéllos que, de buena fe y antes de la publicación de la revocación, han comenzado a ejecutar la prestación o el hecho, pero sin que la suma total a reembolsar pueda exceder del montante de la remuneración prometida”

	Lo anteriormente señalado se aplica en la actividad aseguradora de dos forma, la primera se puede dar en el momento en que una de las dos partes da por terminada la póliza ante del tiempo estipulado, en donde la compañía de seguro esta en la obligación de reembolsar la prima no consumida en dicho periodo. Y la segunda  al momento de la cancelación del siniestro la compañía aseguradora cancelara al asegurado o beneficiario solo hasta el monto de la suma asegurada establecida.

Así como también el Artículo 1.142° “establece que el contrato puede ser anulado:
1	Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas.
2	Por vicios del consentimiento.
	También se puede decir que las compañías de seguros pueden anular las pólizas por falta de pago (cancelación de la prima), por falsos testimonios (al momento de la suscripción o al declarar un siniestro) y  así por alta siniestralidad.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS

La Superintendencia de Seguros tendrá a su cargo la inspección, supervisión, vigilancia, fiscalización, regulación y control de la actividad aseguradora y en especial de las empresas de seguros y de reaseguros constituidas en el país, de los productores de seguros, de los ajustadores de pérdidas, de los peritos avaluadores, de los inspectores de riesgos, de las sociedades de corretaje de reaseguros y de las representaciones de empresas de reaseguros constituidas en el exterior.

Antecedentes Históricos
En Venezuela el auge del seguro mercantil es relativamente nuevo, pues su explotación en forma ordenada y progresiva se inicia a partir de 1940, durante la II Guerra Mundial; sin embargo, ya en 1862 aparece el primer código de comercio formal, regulando la actividad aseguradora.
En 1886 se funda en el Estado Zulia la primera aseguradora venezolana que fue "Seguros Marítimos"; en Caracas le siguieron " La Venezolana"(1893), "La Previsora" (1914), "Seguros Fénix" (1925), "La Prudencia" (1932).
El creciente auge de las empresas de seguros hace que el Estado, en 1935, inicie los decretos de la ley para regular la actividad aseguradora en Venezuela, llevando por nombre "Ley de Inspección de Vigilancia de las Empresas de Seguros" (Gaceta N° 18701) y se dicta su Reglamento, donde se establece un órgano rector e interventor estatal, el cual se llamó "La Fiscalía de Empresas de Seguros" y dependía de la dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Fomento.
En 1938 dicha ley fue derogada según Gaceta Oficial No. 19648, elaborándose una nueva ley intitulada "Ley sobre Inspección y Vigilancia de las Empresas de Seguros", y en 1939 su respectivo Reglamento.
En 1948 se dicta un nuevo Reglamento quedando derogados los dos primeros (Gaceta N° 22681 del 02 de agosto de 1948).
Para el año 1958, "La Fiscalía de Seguros", pasa a denominarse "Superintendencia de Seguros", aún adscrita al Ministerio de Fomento, y en 1976 pasa a depender del Ministerio de Hacienda. A partir del mes de agosto de 1999 el Ministerio de Hacienda cambia de nombre denominándose Ministerio de Finanzas.
La actividad fiscalizadora del seguro en Venezuela la realiza el Ejecutivo Nacional por órgano de la Superintendencia de Seguros, servicio autónomo de carácter técnico, sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Finanzas.

Misión
La Superintendencia de Seguros es el ente llamado a ejercer, en forma proactiva, las funciones de regulación, supervisión, fiscalización, control y en general las requeridas para lograr un sector asegurador sano, competitivo y responsable. 
El sector asegurador venezolano dispone de una institución que lleva a cabo las funciones generales de protección del asegurado y que posee suficiente flexibilidad para asumir directa o indirectamente roles y responsabilidades adicionales en tiempos de crisis para garantizar el desarrollo de un sector saludable y competitivo.
La misión de esta institución está enmarcada dentro de los siguientes conceptos: 
• Moderación de la actividad aseguradora.
• Protección del asegurado.
• Regulación de la actividad aseguradora según las normas vigentes.
• Control, regulación y fiscalización del sector seguros.
• Organización adecuada de la actividad aseguradora.
• Prevención de distorsiones en el sector.

LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS

Publicada en Gaceta Oficial Nº 5.553 (Extraordinaria) de fecha 12 de noviembre del 2001 y el reglamento,  establecido con la gaceta Oficial  N° 5.339, extraordinaria de fecha 27 de abril de 1999.
	La Ley de empresas de Seguros y Reaseguros tiene como objetivo establecer los principios mediante los cuales el estado, a través del Ministerio de Finanzas por medio de la Superintendencia General de Seguros, regula las actividades aseguradoras, reaseguradotas y conexas relacionadas en el país, en beneficio de los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles, para garantizar la estabilidad del sistema asegurador.
 
Artículo 2. Sólo las personas regidas por este Decreto Ley podrán utilizar en su denominación las palabras seguros y reaseguros. En todo caso los entes controlados deberán tener una denominación social que especifique claramente su naturaleza jurídica. Los productores de seguros y de reaseguros, peritos avaluadores, ajustadores de pérdidas e inspectores de riesgo, en toda su documentación y publicidad deberán indicar su carácter sin usar abreviaturas.
 
Artículo 3. El Estado protegerá la libre competencia en la actividad aseguradora, y velará por el funcionamiento del mercado asegurador, de sus integrantes, productores, auxiliares y los profesionales que sean utilizados en forma frecuente por las empresas de seguros, así como por los derechos de los tomadores, los asegurados y los beneficiarios.
 
Artículo 4. El control, regulación, inspección, supervisión, fiscalización y vigilancia de la actividad aseguradora, reaseguradora, de producción de seguros y reaseguros y demás actividades conexas se ejerce a través de la Superintendencia de Seguros. La intervención del Estado en esta actividad se realizará para la protección de los tomadores, los asegurados o los beneficiarios de los contratos de seguros y en salvaguarda de la estabilidad del sector asegurador.

•	El titulo II nos señala los de los órganos de control de la actividad aseguradora, como lo es la Superintendencia de Seguros punto el cual se especificara su desarrollado según su Ley  contexto del trabajo.

•	Titulo III del ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora y nos presenta todo el contenido relacionado con estas empresas desde sus requisitos para su facultad de realizar operaciones autorización, promoción constitución, funcionamiento, las reservas, su revocacion, disolución y liquidación.

•	Titulo IV  comenta de los ilícitos administrativos y penales.

•	Disposiciones transitorias.

Las empresas de seguros y de reaseguros constituidas en el país, los intermediarios de seguros y de reaseguros, los peritos avaluadores, los inspectores de riesgos y los ajustadores de pérdidas, sólo podrán ejercer sus actividades con la previa autorización del Ministerio de Finanzas, por órgano de la Superintendencia de Seguros, y corresponde a esta, decidir en los casos de duda acerca de la naturaleza de las operaciones que realice una persona natural o jurídica cualquiera, si éstas son operaciones de seguros y quedan sometidas al régimen establecido en la Ley.
Todas las personas mencionadas en el artículo anterior deberán hacer constar en su documentación destinada al público o en la que se refiere a sus actividades, el número bajo el cual han quedado inscritas en la Superintendencia de Seguros. Los agentes de seguros, indicarán además, la compañía de seguros o sociedad de corretaje para la cual intermedien.

Tanto las empresas de seguros o de reaseguros como las sociedades de corretaje, domiciliadas en el país, que establezcan oficinas, sucursales, agencias u otras representaciones en el extranjero, deberán obtener autorización previa de la Superintendencia de Seguros, la cual determinará, mediante providencia motivada, los requisitos y documentos que deberán presentar a los fines de obtener dicha autorización. Para la apertura de oficinas, sucursales o agencias en Venezuela no se requerirá autorización previa, pero deberán informarlo a la Superintendencia de Seguros, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de la apertura. 
Perspectivas del mercado mundial de seguros se va a enfrentar con importantes transformaciones en los próximos 15 años. Aparecerán nuevas gamas de productos, servicios y procesos de negocios enfocados en la creación de valor y el crecimiento a largo plazo.
Las actitudes modelos aseguradoras, vigentes durante años, se verán sustituidos por otros basados en nuevos productos de seguros del tipo "pago por uso" que tienen que ver con los sucesos de la vida real, una mayor atención a las acciones preventivas para reducir la siniestralidad y nuevos procesos más optimados en costes. Los nuevos escenarios se apoyan en las tecnologías emergentes vigentes, así como en aquellas que anticipamos para el futuro cercano.
Estas son algunas de las principales conclusiones derivadas del estudio "El sector seguros en 2020" elaborado por IBM para ofrecer una nueva perspectiva sobre los retos con los que van a enfrentar las aseguradoras durante los próximos años para innovar con éxito.
El estudio ha analizado los factores que influirán en la industria en los próximos años, incluyendo tecnología, regulación y competencia. Los cambios demográficos de población, la proliferación de fuentes de información por Internet y el impacto de la globalización están generando nuevos retos para esta industria.

LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Y EL INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO.
El Instituto para la defensa y educación del consumidor y del usuario (NDECU)  es la instancia pública responsable de la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, de la salvaguarda de los derechos de los consumidores y usuarios del país, de su educación y organización, de procurar por la vía de la conciliación y el arbitraje el resarcimiento de daños que pudieran causarles, e imponer sanciones a proveedores de bienes y servicios que infrinjan la Ley.
Este instituto representa una organización garante de los derechos de los consumidores y usuarios del país, especializada en materia de consumo, rectora del Sistema Nacional de Protección al Consumidor y al Usuario conformado por sus Oficinas Regionales y Municipales, Juntas de Sustanciación y Asociaciones de Consumidores. 
Según la ley de empresas de seguros y reaseguros es la Superintendencia de Seguros y el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario,  quienes establecerán las normas y procedimientos a través de los cuales deberán tramitarse y sustanciarse las averiguaciones administrativas abiertas con ocasión de las denuncias interpuestas por los asegurados, contratantes o beneficiarios de las empresas de seguros.
Adicionalmente, según con la ley del INDECU en su  Título III, de la protección contractual, capítulo I, del contrato de adhesión. Establece en su Artículo 81, “el Concepto de Contrato de Adhesión. Se entenderá como contrato de adhesión, a los efectos de la Ley, aquel cuyas cláusulas han sido aprobadas por la autoridad competente o establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor pueda discutir o modificar substancialmente su contenido al momento de contratar. La inserción de otras cláusulas en el contrato no altera la naturaleza descrita de contrato de adhesión”, y en su artículo 82, establece la  claridad de los contratos, el cual indica que “todo contrato de adhesión deberá encontrarse a la disponibilidad del público, bien de manera impresa o a través de la utilización de medios electrónicos con caracteres legibles a simple vista”.
Es importante mencionar que las compañías de seguros, no escapan de las normativas vigentes, su mercado se basa en ofrecer servicios por medio de las pólizas, y es a través de condiciones generales y particulares que se dan los lineamientos para indemnizar los posibles riesgos, de igual manera estas, se encuentran sujetas a la ley para la venta y promoción de sus servicios, y todos los servicios adicionales que están pueden ofrecer. Para dar a conocer de manera mas precisa la relación existente entre el INDECU  y el seguro se establece el siguiente ejemplo: 
Fuente:http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00035-17107-2007-2004-2181.html

En fecha 29 de abril de 2002, el ciudadano Filip Doumat Antoni, titular de la cédula de identidad N°4.427.846, denunció ante la Dirección de Inspección y Fiscalización (Recepción de denuncias) del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), a “Seguros La Seguridad, C.A.”, por la negativa de ésta a indemnizarle los gastos médicos en que incurrió con ocasión a “un accidente cardiovascular” que, según alega, sufrió el 16 de noviembre de 2001. Posteriormente se admitió la denuncia cuanto ha lugar en derecho por parte del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU). 
Concluida la sustanciación del procedimiento administrativo, con la intervención de la empresa recurrente, el Presidente del INDECU, dictó en fecha 13 de marzo de 2003 la Providencia Administrativa s/n mediante la cual sancionó a la sociedad mercantil -hoy recurrente-, con multa por la cantidad de diez millones ciento treinta y siete mil seiscientos bolívares (Bs. 10.137.600,00), en virtud de haber transgredido el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos. 

Artículo 15 (INDECU): Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario para la entrega del bien o la prestación del servicio. Si el proveedor incumpliere con las obligaciones antes mencionadas, el consumidor o usuario tendrá el derecho de desistir de la compra o de la contratación del servicio, quedando el proveedor obligado a reembolsarle el pago recibido.

Para el momento en que ocurre el siniestro la analista del seguro se Negó a dar la clave de cobertura o atención para el ingreso. El paciente fue dado de alta y cancela la suma de 9.113.233 Bs. Dirigió comunicación con los respectivos informes médicos para la correspondiente indemnización pero la aseguradora, se niega al pago alegando que es una enfermedad previa desconocida por su persona la cual no tiene cobertura. Solicito por este medio la indemnización.
Luego se cito al propietario y/o representante de “SEGUROS LA SEGURIDAD”, para que rindiera declaración, promoviera y evacuara pruebas respecto de los hechos señalados de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente para ese momento.
“Se trata de una Póliza de HPI-N° 4510119600478, suscrita con vigencia 07 de Agosto del 2001 al 07 de Agosto del 2002; el reclamo presentado por el denunciante ocurrió en fecha 17 de Noviembre del 2001, habiendo transcurrido únicamente tres (3) meses y diez (10) días de vigencia de la póliza. Motivo por el cual mi representada no otorgó clave de emergencia, ya que la póliza no superaba los plazos de espera contemplados en las Condiciones Generales de la póliza en su cláusula N°13 Derecho a Indemnización.

De acuerdo a lo anteriormente transcrito el caso denunciado no tiene derecho a indemnización, debido a que la póliza fue emitida en 07/08/2001 y el siniestro ocurrió en fecha 17/11/2001, no habiendo cumplido con los plazos estipulados. El derecho a indemnización establecido en los apartes b) y d) se da cuando la enfermedad es contraída u originada después de cuatros (sic) (4) meses de la fecha de comienzo de la póliza o durante los primeros cuatro (4) meses de la fecha de comienzo de la póliza conocida y diagnosticada después de un (1) año, contado a partir de esta fecha”. 

Asimismo, manifiestan que el Ministro de la Producción y el Comercio (hoy Industrias Ligeras y Comercio), no incurrió en falso supuesto de hecho  “por cuanto los supuestos fácticos que dieron origen al acto impugnado ocurrieron tal y como fueron apreciados”, toda vez que la recurrente negó la clave solicitada por la Clínica Metropolitana, y el pago de los gastos ocasionados por la hospitalización, exámenes y tratamientos médicos al ciudadano Filip Doumat Antoni, señalando que el “accidente” sufrido por el asegurado era una enfermedad preexistente.
            Agregan, que en el informe expedido por el médico Elías Najas C., Cardiólogo de la mencionada clínica, se dejó constancia que se trataba de “un paciente masculino de 60 años SIN ANTECEDENTES CARDIOVASCULARES CONOCIDOS (…) lo que evidencia que el referido paciente no tenía ninguna enfermedad preexistente”
Tomando en cuenta lo anteriormente, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, debe considerarse que el siniestro ocurrido al ciudadano Filip Doumat Antoni en fecha 16 de noviembre de 2001, encuadra dentro de la definición de enfermedad, toda vez que se trató de un trastorno de salud y no a una acción repentina de un agente externo, en forma súbita, violenta, fortuita y ajena a la voluntad de la persona que sufre las lesiones corporales, esto último que se corresponde a la definición de accidente…..
 …La multa impuesta a la sociedad mercantil recurrente por el INDECU se efectuó conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, conforme al cual  “Los proveedores que no respeten las estipulaciones a que se refiere el artículo 15 serán sancionados con multa, equivalente en bolívares, de veinte (20) a dos mil (2.000) días de salario mínimo urbano”.

            Así, dicha multa ascendía al monto de diez millones ciento treinta y siete mil seiscientos bolívares (Bs. 10.137.600,00), equivalente -según indica el INDECU- a mil seiscientos (1.600) días de salario mínimo urbano, cifra que no sólo se encuentra por debajo del límite máximo determinado por el artículo 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, vigente para ese momento, sino que al tratarse de un caso donde la actora se negó a cubrir una emergencia bajo parámetros que no se ajustaron a lo dispuesto en la ley, era proporcionado imponer la multa en la cantidad estimada por el INDECU.

            En virtud de las referidas consideraciones, la sala constitucional concluye forzosamente en la racionalidad del criterio empleado por el INDECU para la determinación del monto de la multa impuesta y declarar SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil SEGUROS LA SEGURIDAD, C.A., ahora MAPFRE La Seguridad C.A. de Seguridad.

LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Y SU RELACION CON LA LOPCYMAT Y EL INSASEL 
Es importante ante de hacer, mención de la lopcymat, dejar claro lo que es el Instituto Nacional de Presesión, Salud, y Seguridad Laborales, ya que este es organismo establecido por el estado para ser garante del cumplimiento de las normas establecidas en la lopcymat. 
 El INSASEL, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Trabajo, creado según lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, promulgada en el año 1986.
Entres sus principales funciones encontramos:
1	Vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas
2	Prestar asistencia técnica a empleadores y trabajadores
3	Substanciar informes técnicos
4	Promoción, educación e investigación en materia de salud ocupacional
De igual forma se establecen las funciones asignadas por la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo y la Ley del Sistema de seguridad Social, las cuales son:
1	Ejecutar la Política Nacional en materia de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo
2	Asesorar a empleadores y trabajadores en el área de la salud ocupacional
3	Dictar las Normas Técnicas que regulan la materia
4	Aplicar las sanciones a los que violen la Ley en esta materia 
5	Gestionar el nuevo régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se puede observa que este instituto, para cumplir con las funciones indicadas anteriormente, tiene como base jurídica la lopcymat,  esta ley tiene como objetivo, garantizar, proteger y promover a los trabajadores el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, así como prevenir toda causa que pueda ocasionar daño a la salud de los trabajadores, procurando al trabajador un trabajo digno, adecuado a sus actitudes y capacidades.

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, puede ser analizada de la siguiente manera:
	Establece en el art. 01 del capitulo I,  de la misma ley, que su  objetivo primordial es, hacerle llegar a las instituciones y entes, los  lineamientos de las políticas que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras, las condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado, y regular la responsabilidad del empleador y de la empleadora, junto con sus representantes  ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional siempre y cuando existiera  dolo o negligencia de su parte, para así favorecer a las empresas.  En el artículo 2 del mismo capitulo, indica que toda disposición que se realice debe de estar en concordancia con lo escrito en al constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Sistema de Seguridad Social.
	Los contratos que realice las Empresas a sus trabajadores podrán establecer beneficios, derechos y acuerdos, que sean contemplados en materia de seguridad y salud, donde estos lineamientos son establecidos en el art. 3 de la ley orgánica de  prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, siempre y cuando no modifiquen lo estipulado en el régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo, dictados  a sus empleadores y empleadoras.
	En la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en el titulo  IV del capitulo I, se habla de los derechos y deberes de los  trabajadores y trabajadoras, donde indica en el art. 53, los derechos de los  trabajadores y trabajadoras,  aquí a  ellos se les deben de informar el inicio de su actividad a desarrollar, formación teórica y practica para su ejecución de la función en la empresa.
	 Podrán denunciar las inseguras o insalubres condiciones de trabajo ante el comité de seguridad y salud laboral, ante el instituto nacional de prevención, salud y seguridad laboral, y a su vez, recibir respuesta de las mismas. Para así desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y que garantice condiciones de seguridad, salud, y bienestar adecuadas.
	En el titulo IV de dicho capitulo en el art.54, indica que los deberes de los trabajadores y trabajadoras,  es que deben de hacer uso adecuado y mantener en buenas condiciones de funcionamiento los sistemas de control, buenas condiciones los equipos de protección personal y cumplir con las normas e instrucciones del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido por la empresa.  Ante todo, denunciar al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, cualquier violación a las condiciones y medio ambiente de trabajo.
	Ante todo ejercer las labores derivadas de su contrato de trabajo establecido por la empresa,  con sujeción a las normas de seguridad y salud en el trabajo por la empresa,  no sólo en defensa de su propia seguridad y salud sino también con respecto a los demás trabajadores y trabajadoras.
	En la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en el titulo  IV del capitulo II, se habla de los derechos y deberes de los  empleadores y empleadoras, donde indica en el art. 55, que tienen derecho, a exigir de sus trabajadores y trabajadoras el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, de las políticas de prevención y sobre todo participar activamente en los Comités de Seguridad y Salud Laboral, propuestos por la empresa. 
	Proponer ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral las amonestaciones a los trabajadores y trabajadoras que incumplan con los deberes establecidos en el artículo 54 de la presente Ley. 	
	En el titulo IV de dicho capitulo en el art.56, indica que los deberes de los empleadores y empleadoras, de la empresas, deben de organizar el trabajo con los avances tecnológicos permitiendo su ejecución en condiciones adecuadas a la capacidad física y mental tanto del trabajador como del empleado, e informar por escrito los principios de la prevención a las condiciones inseguras o insalubres que presente la empresa y elaborar el Programa de Seguridad y Salud de Trabajo en las empresa. Sus  políticas, compromisos y los reglamentos internos relacionados con la materia así como planificar, organizar y mantener los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en esta Ley. 
	Se realizan estos deberes para así adoptar las medidas necesarias y  garantizar a los trabajadores y trabajadoras  sus condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo.
	En el titulo  VIII, capitulo I, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, art. 116, Indica que el  incumplimiento de los empleadores o empleadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo, dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y civiles derivadas de dicho incumplimiento. Este artículo le es favorecido a las empresas para el cumplimiento de las normas y leyes establecidas en dichas empresas.
	En el titulo  IX, capitulo III de dicha ley establece como disposiciones finales que el Ejecutivo Nacional establecerá una política de créditos destinada al financiamiento de las inversiones para mejorar las condiciones y ambientes de trabajo, favoreciendo a los entes (empresas) las normas y lineamientos establecidas tanto por al constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Sistema de Seguridad Social. La presente Ley comenzará a regir a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con excepción de las disposiciones relativas a las prestaciones dinerarias del Régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Sección Primera, Capítulo Primero del Título VII de esta Ley, que entrarán en vigencia a partir de la puesta en funcionamiento de la Tesorería de Seguridad Social.

Comité de Lopcymat en las  Organizaciones

Se eligen de acuerdo al número de trabajadores que laboren en la empresa:

Número de
trabajadores
	Delegados de
prevención
	Representantes
del patrono
	
10	1	1	
11 hasta 50	2	2	
50 hasta 250	3	3	
250 hasta 500	4	4	
501 en adelante	5	5	

Puede ser elegido como delegados de prevención, todo trabajador que no sea representante del patrono, empleado de dirección, trabajador de confianza; las personas que tengan vínculos por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, ascendentes o colateral con el patrono; el amigo (a) íntima del patrono o la persona que mantenga amistad manifiesta con el patrono. 

Los trabajadores o sus organizaciones deberán notificar a la Inspectoría del Trabajo su voluntad de elegir los delegados de prevención, esto da origen a inamovilidad laboral. La designación de los delegados deberá hacerse por escrito, así como la aceptación de la ésta.

Para el registro del Comité se exigen los siguientes requisitos:

1. Presentar la solicitud en formulario elaborado por INPSASEL.
2. Carta con los integrantes del Comité, con anexo, originales y copias.
3. Presentación de los libros de actas del Comité debidamente foliados para ser sellados por el Instituto y minutas del Comité.

El Comité debe:
1. Reunirse al menos una vez por mes.
2. Las reuniones podrán ser ordinarias y extraordinarias
3. Deben convocarse personalmente y por escrito con 3 días de anticipación
4. El quórum será de 2/3 de cada una de las partes. 
5. Se levantará un acta suscrita por los asistentes y los libros no tendrán tachaduras o enmendaduras y, para que éstas tengan validez deberá colocarse “vale lo enmendado” y luego firmarse por los miembros del comité.
6. Los primeros 5 días de cada mes, debe presentarse un informe mensual sobre las actividades del Comité ante el INPSASEL, utilizando el formulario elaborado por el Instituto.

CONCLUSIÓN

El contrato de seguros puede definirse como aquel por el cual una parte llamada asegurador asume frente a otra, mediante el pago de una prima, la obligación de indemnizar total o parcialmente, daños que de forma casual y fortuita puedan sufrir los asegurados. Este contrato no hay que verlo de manera aislada, ya que la actividad aseguradora no solo se limita a emitir contratos, si no que es una actividad compleja.

La actividad asegurador brinda a las colectividad garantías acumulativas de capitales de inversión, creando no solo fuentes de trabajos, si no que mejora las relaciones del mercado no solo con empresas de su mismo estilo, si no que también con sus proveedores y el estado.
 
Es por esto que su regulación es de vital importancia la actividad aseguradora al igual que todas las actividades sociales y económicas que se desarrollan en el territorio nacional están enmarcas bajo un marco jurídico, como primer marco encontramos el rango constitucional, en donde el estado tiene que dictar medidas que regulen la actividad aseguradora con la finalidad de conferir al organismo de control los medios adecuados para el ejercicio de sus funciones.

Y a su vez la Superintendencia de Seguros tendrá a su cargo la inspección, supervisión, vigilancia, fiscalización, regulación y control de la actividad aseguradora y en especial de las empresas de seguros y de reaseguros constituidas en el país, con la finalidad brindar protección al asegurado y sus beneficiarios.

BIBLIOGRAFÍA

Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y su Reglamento.
http://www.leyesvenezolanas.com (Consulta, Marzo 2007)
http://www.sudeseg.gov.ve  (Consulta, Marzo 2007)
http://www.cvc.com.ve/portal/docs_revistas/383/lopcymat.pdf (Consulta, Marzo 2007)
Diccionario© Espasa Calpe, S.A.