Las expropiaciones, ¿ herramienta de progreso o negocio político ?

Gabriel Hinojosa Rivero                           24 enero 2005                               El Sol de Puebla

Introducción

Hace unos días terminó con éxito la movilización de vecinos de las colonias La Paz y Amor de esta ciudad de Puebla para oponerse a la posible expropiación por parte del Ayuntamiento de las propiedades cercanas al distribuidor vial Juárez-Serdán, obra insignia del Saliente Ayuntamiento. Los vecinos se opusieron de manera firme, inteligente y comprometida lograron que el presidente municipal entrante, Enrique Doger, ofreciera revertirla al entrar, en caso de darse. Un día después, el presidente municipal saliente, Luis Paredes, se comprometiera a no presentar en sesión de Cabildo la iniciativa correspondiente; ¿estamos viendo el fin de las expropiaciones arbitrarias?

La expropiación debe existir como una figura que permite al Estado la adquisición de bienes indispensables para el bien común, llamado en este caso ‘Utilidad Pública’. Estoy de acuerdo en que tenga esa facultad, ya que de otra manera no sería posible construir carreteras, presas y vialidades que nos benefician a todos, pero debemos tener mucho cuidado de que nuestros ingeniosos malos políticos no sigan abusando de esta figura como en el pasado, en el que disfrazando de utilidad pública sus intenciones, han despojado a propietarios y ejidatarios de tierras que después convierten en jugosos negocios para ellos y algunos empresarios políticos.

La definición de utilidad pública es muy importante para evitar los abu­sos, pero como sucede seguido, nuestras leyes son poco precisas y permiten a los gobernantes convertir casi cualquier razón o proyecto en utilidad pública. Yo diría que sólo se puede usar la expropiación cuando el gobierno no tenga otra alternativa para cumplir la funciones que le son propias.

El precio que debe pagar el gobierno por la propiedad expropiada debería ser siempre igual o mayor al valor comercial, así lo entienden en las sociedades verdaderamente democráticas y se deriva de que el soberano, o sea la sociedad, no puede justificar empobrecer a los ciudadanos afectados, ahorrando así a la comunidad un poco del costo de la obra. Pagar sobre valores catastrales y otras tonterías puede ser una conducta normal en conquistadores o imperios que despojaban a otros pueblos para enriquecer al propio, pero en una República, como somos desde la lndependencia, no es más que una corrupción que demuestra que el gobernante no ha entendido quién es el soberano y se sigue comportando como representante del rey de España esa época.

Recuerdo que con motivo del conflicto surgido en 1996 entre el primer ayuntamiento de alternancia en la ciudad que me tocó encabezar y el gobierno del estado que encabezaba Manuel Bartlett alrededor del tema de la expropiación de la zona de San Francisco para la construcción de un centro de convenciones -Que no es be Utilidad Pública porque pudo haberse construido en muchos otros lugares sugerí al gobernador que tomara un poco del dinero del pueblo y adquiriera, pagando generosamente, las propiedades en conflicto; nunca lo hizo y prefirió recurrir a todo tipo de jugadas jurídicas y de intimidación para forzar a los propietarios a ceder, algunos continúan en una lucha solitaria que debiera merecer nuestro  respeto y apoyo. Otro ejemplo de la torpeza de los gobernantes es la expropiación, por parte del gobierno federal de Vicente Fox, de los terrenos de Atenco para la construcción de un aeropuerto -ésta si es claramente una causa de utilidaad pública- y después de sacar el decreto y en la más pura tradición histórica de despojo, ofrecieron sus operadores, casi todo los mismos del antiguo régimen, siete pesos por metro a los campesinos propietarios de esas tierras ya urbanas o rodeadas por ciudad, lo cual equivale a ofrecer cuentas de vidrio por su oro a los campesinos, naturalmente que el pueblo se indignó, sacó los machetes y defendió lo suyo, de nada sirvió que al final subieran la oferta a un precio justo y ofrecieran educación y trabajo a los afectados, el asunto estaba politizado y sólo lo podría resolver el uso de la fuerza, lo cual afortunadamente no se dio.

           Los grandes negocios políticos inmobiliarios, como el que se dio en Puebla con la expropiación de 1,084 hectáreas de la zona Ángelopolis Momoxpan en los tiempos de Carlos Salinas y Piña Olaya, produjeron ganancias de mas de 10,000 millones de pesos (Si, DIEZ MIL MILLONES), que son el producto de expropiar a siete pesos metro, invertirle importantes cantidades de nuestros impuestos en infraestructura, y después venderlos a 20 pesos a algunos empresarios-políticos que hoy los fraccionan y los venden a 2,000 pesos metro, son una vergüenza para nuestra sociedad y no deberíamos permitir que se repi­tan. Hay muchas otras formas de promover el desarrollo respetando la propiedad privada.

           Parece que Atenco, Milenio y Juárez-Serdán son ejemplo de que la sociedad organizada no permitirá despojos disfrazados de expropiación para utilidad pública, pero estoy seguro de que algunos vivaces y rapaces políticos y empresarios políticos lo intentarán de nuevo en otro punto de nuestro municipio, estado o país, ojalá que todos seamos solidarios con los afectados y hagamos que el mal gobierno se tope contra la pared. Algún día LOS GOBIERNOS DE SEGUNDA GENERACION tendrán regidores y diputados de calidad, independencia y fuerza suficiente para representarnos dignamente y no permitir la aprobación de estos despojos que les proponen los jefes del ejecutivo, mientras tanto, vaya mi reconocimiento para los vecinos de las colonias Amor y La Paz que se desviaron un poco de su camino para defender lo suyo y nos demostraron la fuerza del poder ciudadano. Mejor sociedad para mejores gobiernos es la solución y me parece que vamos por buen camino.